Viacrucis ciudadano

Ya ve usted que la Semana Santa invita a reflexionar acerca de la futilidad de la vida, pero así mismo sobre su sentido trascendente, quizás sobre lo que pudo haber sido y no fue de acuerdo a la muy particular valoración que cada cual hace de su propia existencia. Como se sabe, nos empeñamos en empedrar el camino y hacer más amable nuestra ruta hacia tal o cual objetivo; nos persuadimos de que las cosas han de mejorar y que la vida debe tener también un espacio de satisfacciones reservado para nosotros; procuramos conservar viva la fe en las instituciones y que la justicia no es una abstracción sino algo que se concreta merced a la visión y acción de las autoridades.

Suponemos que los partidos políticos representan opciones ideológicas cuyas prácticas están orientadas por principios claros y distintos y que están animados en llevar a cabo un proyecto que beneficie a sectores importantes de la población nacional; que son, cada uno a su manera, expresiones de la pluralidad que cabe en el gran saco de la democracia y el nacionalismo.

Asimismo, pensamos que el gobierno trabaja para todos, que es la expresión concreta del poder del Estado y que lleva a cabo su práctica de acuerdo al modelo político que se plasma en la Constitución. No se nos ocurre establecer una diferencia tajante entre el Estado y el gobierno que lo representa, porque en los hechos debieran ser lo mismo, o más bien, congruentes con el marco normativo que empieza con la Carta Magna y termina con los reglamentos y circulares que se emiten en los tres órdenes de gobierno. Como somos seres productores de normas (personales o sociales), pensamos que su acatamiento es socialmente encomiable: pensamos en función de esquemas conductuales producto de la sociabilidad humana, que se formalizan y se observan casi automáticamente. Hacemos propias las normas y condicionamientos del grupo social al que pertenecemos y logramos su coexistencia con aquellas de observancia general expresadas en las leyes y reglamentos. Así, nuestra existencia formal está en constante lucha con la realidad personal y contextual en la que vivimos.

Recientemente, la ciudadanía que acostumbra leer la prensa empezó a darse cuenta de que las leyes y normas en general también tienen fecha de caducidad y que su vigencia está determinada por esquemas de referencia más amplios que la simple procuración del bien común. En este sentido, el derecho puede estar en franca oposición con la justicia o, cuando menos, las leyes pueden estar en contradicción con el derecho, como lo atestigua cierta legislación secundaria relacionada con el ramo energético mexicano, donde se hace posible la participación de capital privado en áreas reservadas al sector público. Esto se documenta con la creciente influencia de los intereses privados en el ramo petrolero, de electricidad y, entre otros, salud, alimentación y educación.

Si bien es cierto que los anteriores aspectos pueden ser escandalosos, más lo es el relacionado con la seguridad pública, donde la influencia del extranjero se ve representada por los intereses de policía hemisférica de EE.UU., a través de iniciativas como la Mérida, en el marco del llamado TLC plus que se pasea con el nombre de ASPAN (algo así como acuerdo para la seguridad y prosperidad de América del Norte), lo que bien puede traducirse en la prosperidad y seguridad de Estados Unidos a costa de sus vecinos.

Como le decía al principio de mi aburrido ─lo sé, pero así son las cosas─ comentario, el ciudadano cree que el gobierno federal, estatal y municipal son ordenes de gobierno dedicados a ver por el bienestar de la comunidad, bajo el supuesto de que hay una comunidad que no sea la exclusivamente integrada por Estados Unidos y los intereses geoestratégicos de las grandes corporaciones donde destaca la industria petrolera-militar, que pasa por las finanzas, el tráfico internacional de drogas y la manipulación o exclusión informativa, para vender la imagen de que la democracia y las libertades sólo pueden estar asociadas a los intereses comerciales de ellos, expresados como el conjunto de estrategias, mecanismos, acciones y omisiones que garantizan el control de los gobiernos periféricos y que permiten absurdos como el que la seguridad pública mexicana (ahora colombianizada) quede prácticamente en manos de un comando gringo, además de la visita de supervisión de la dama cornuda que ocupa la secretaría de estado y un puesto relevante en el comando de las acciones intervencionistas de EE.UU. en el hemisferio y más allá.

Pudiéramos considerar exagerada la sospecha de que el caos y la desconfianza al interior de un país, acicateada por un repunte espectacular del crimen organizado, con su cauda de secuestros, asesinatos, decapitaciones, mensajes amenazantes, son parte de la estrategia de desestabilización requerida para evaporar el supuesto de la soberanía nacional en los hechos, a fin de que la intervención de las fuerzas armadas en la vida civil y, sobre todo, la asesoría y financiamiento de Washington por la vía de la iniciativa Mérida, clon maquillado del famoso Plan Colombia, puedan obrar el milagro de convertir a un país independiente en una especie de protectorado gringo, sin que se levanten, con efectos importantes, oportunos y generalizados, voces patrióticas que reclamen y exijan respeto a las instituciones nacionales y a la Constitución que nos rige.

Pudiera pensarse que las voces de alarma son síntomas de la paranoia nacionalista y que se trata de un padecimiento mental trasnochado, porque las relaciones con el norte industrializado y altamente militarizado son armoniosas, justas y benéficas para ambos lados de la frontera, suponiendo que los tiburones pueden llevar una buena relación con las sardinas; pero existen elementos de juicio que perfilan una especie de “trabajo interno” a favor del sueño infantil oligofrénico de Estados Unidos de ser el policía mundial y la versión magnificada del imperio romano. México, desde el gobierno de Salinas de Gortari, siguiendo con el de Zedillo y culminando con los de Fox y Calderón, ha descrito la curva del desarrollo neoliberal en la que cada sexenio significa un incremento en la dependencia respecto a los vecinos del norte, y así, una menor soberanía y una mayor injerencia externa en los asuntos nacionales.

Sin embargo, existen elementos ciertos y objetivos para pensar que nuestro país, al igual que Colombia y algunos otros de América Latina, han disminuido sustancialmente sus defensas contra la penetración extranjera y han sustituido el nacionalismo por el entreguismo. Al respecto, resulta muy ilustrativo el material que presenta la revista Contralínea (http://www.contralinea.com.mx/) sobre los alcances que tiene el llamado Proyecto México 2030 de Felipe Calderón.

Nos encontramos frente a la peor amenaza que ha sufrido México desde los aciagos tiempos de Antonio López de Santa Anna, cuando el país perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. En el Proyecto de Gran Visión México 2030, se consideran cinco ejes que nos llevarán por la venturosa ruta de la anexión económica, política y cultural. Vea usted si no:

El proyecto expresa la claudicación del gobierno en materia de la vigencia del estado de derecho, toda vez que la criminalidad ha logrado penetrar no sólo las policías sino también a las fuerzas armadas (Eje 1. “Estado de derecho”), con lo que el gobierno de Calderón justifica plenamente la injerencia de Estados Unidos en la provisión de recursos financieros y asistencia técnica y operativa para el combate al narcotráfico, olvidando que esto afecta directamente a la soberanía nacional.

Los esfuerzos privatizadores de los gobiernos neoliberales anteriores se verán fortalecidos mediante la figura de reciente creación de las “asociaciones público-privadas”, con las que Calderón piensa entregar a la iniciativa privada ramas esenciales de actividad estatal como son las de educación, salud, telecomunicaciones, ciencia y tecnología; así como el agua, ambiente y patrimonio cultural (Eje 2. “Economía competitiva y generadora de empleo”). De esta suerte, la educación se privatizará y la cultura estará a expensas de un “tratado de libre comercio artístico”, además de la subrogación absoluta de los servicios de salud, con la desaparición de las instituciones de seguridad social a cargo del gobierno (ISSSTE, IMSS, red hospitalaria de PEMEX), a lo que se agregará la reforma constitucional de los artículos 3 y 4 y la desaparición de los sindicatos de los sectores involucrados (Eje 3. “Igualdad de oportunidades”).

Otra novedad es la relativa a la privatización del espacio, señalando la intención de dar a la iniciativa privada nacional y extranjera el control territorial de las costas, mar, biósfera, mediante la figura de “área natural protegida” y la de “unidad de conservación para la vida silvestre”, con lo que México se puede despedir de la riqueza de la biodiversidad como recurso estratégico que apoye el desarrollo cultural, científico, tecnológico y económico nacional (Eje 4. “Desarrollo sustentable”).

Por si fuera poco, la propuesta de Calderón profundiza en la desaparición de la soberanía y el dominio de la nación, a través de conceder a Estados Unidos la facultad de diseñar las políticas públicas mexicanas, integrando mediante “instituciones compartidas” la nación al vecino del norte, lo que permitirá la participación del ejército y la marina en operaciones conjuntas por la “seguridad hemisférica”, además de que “mexicoamericanos” detenten el poder público. Con ello se supera por mucho la cuota del 50 por ciento nacional concedido en el siglo XIX por Santa Anna, en un proyecto anexionista a lograr en el año 2030 (Eje 5. “Democracia efectiva y política exterior responsable”).

Si lo anterior no mueve su conciencia patriótica y no considera que Calderón sea un peligro para México, entonces, habremos clavado el último clavo a nuestra cruz ciudadana, en este viacrucis por la abyección y los horrores del neoliberalismo mexicano.