Pues los trabajadores académicos, así como los administrativos y manuales, decidieron por mayoría no irse a la huelga, aunque hay asuntos pendientes diferidos hasta otra oportunidad. Las mejoras en las condiciones laborales y el acento en las reivindicaciones salariales y contractuales bien pueden esperar a que las aguas políticas alcancen un nivel tal que permita que la derrama de beneficios llegue, por gravedad, a las bases dispuestas a hacer postgrados en faquirismo, en salto de mata, en evasión de acreedores y en insuficiencia alimentaria.
En la vida loca neoliberal, las condiciones laborales pueden ser negociadas hasta que los excesos patronales se traduzcan en conmiseración y complicidades cupulares. Las burocracias bien pueden estar tranquilas recostadas en el mullido edredón de la política de austeridad que se traduce en topes salariales y en ninguneos legislativos a la demanda de mayor presupuesto a la educación superior. Sucede que en el país y, por ende en la entidad federativa, el gasto corriente que corresponde a sueldos es anatemizado por su esencia demoniaca, por la evidente manirrotez de los patrones que corren el riesgo de explotar menos de lo debido a sus empleados; por la absurda pretensión de dar menos a quienes hacen posible que la institución exista y funcione, que justifican el prestigio de la universidad y que hacen el trabajo que le da sentido al lema de: “el saber de mis hijos hará mi grandeza”.
Sí, los universitarios decidieron no irse a la huelga y las buenas conciencias legislativas pueden respirar con alivio; la tranquilidad que proporciona el poder hacer declaraciones pedestres aunque con visión de largo plazo (PAN), se complementa con el apoyo a la autoridad universitaria (PRI), en una cuatachez fascinerosa y ñoña, productora de pena ajena y lejana, a su vez, de las funciones de representatividad popular que sugiere el poder legislativo local (PRD). Con ello, el fantasma de la huelga no recorre la universidad, porque fue excluido de acceder a la educación superior por insuficiencia de méritos.
El seguir soportando una masa burocrática obesa y acomodaticia, emanada de las cloacas del neoliberalismo en educación, hace de este país uno que reporta rendimientos decrecientes, que depende de las importaciones científicas y tecnológicas por incapacidad para producir conocimiento aplicable al desarrollo económico independiente. En México no se avanza tecnológicamente y las posibilidades de desarrollar ciencia parecen limitadas por una política acomplejada que privilegia la maquila antes que la industrialización nacional; acoge amorosamente al capital extranjero y deja al margen al nacional; fomenta la dependencia no sólo tecnológica sino política y cultural, despreciando lo propio en aras de adoptar lo ajeno como una muestra de modernidad y progreso, aunque se tenga que sacrificar el talento y la creatividad nacionales.
La Universidad de Sonora padece del trauma de ser demasiado grande para lo pequeño de las entendederas de sus administradores, simples continuadores de una política diseñada desde fuera y acatada e implementada mecánicamente por burócratas dueños de un esquematismo palurdo, reduccionista y bastante ignorante de las causas y consecuencias educativas y políticas de sus acciones. Perdida la dimensión social de la educación superior, lo que queda es el discurso de la “competitividad” y la “innovación”, la cultura del formato y la preeminencia de la administración sobre la academia. El modelo no incluye, desde luego, la creatividad de los universitarios bajo premisas de libertad de iniciativa, ya que el formato y la reacción pavloviana a los estímulos económicos hace las veces de camisa de fuerza voluntaria para la inteligencia. La libertad es un bien escaso y sólo se accede a él mediante la rebelión hacia cualquier forma de subordinación al modelo vigente, cuestión que deja fuera las posibilidades de acceder a las bolsas de dinero que se otorgan a los convenencieros y sumisos, de acuerdo al código de ética institucional que inhibe el pensamiento independiente y la libertad de hacer trabajo académico al margen del modelo impuesto.
Estamos ante una institución que se ha plegado en exceso al absurdo de la política educativa federal, que a su vez refleja el dogma que imponen los organismos financieros internacionales, sin que la asista algún tipo de justificación, más allá de invocar la necesidad de acceder a recursos económicos extraordinarios por vía de los programas que para tal fin ha diseñado la SEP y que se establecen en el Programa Nacional de Educación.
En los hechos, esta política interna de ser simplemente una universidad-reflejo de la política federal, no permite que la institución reivindique su autonomía, se incorpore al trabajo de contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de la región, ni mucho menos que represente una alternativa real para el abatimiento de la marginación y el mejoramiento de las condiciones sociales y nivel de vida de la población. Asimismo, se genera un sentimiento de minusvalía entre los miembros de la comunidad universitaria que deviene apatía por las luchas sindicales y la exigencia del mayor respeto que merece el trabajo académico respecto al burocrático; pero, como consecuencia de esta claudicación solapada a principios y valores, el lenguaje cambia el contenido de la acción o inacción de los actores y el sacrificio del bienestar personal se ofrece por el sindicato en el altar de la contención salarial, pasando por ejercicio de madurez y lealtad institucional.
Si se tiene personal bien portado, se tendrán organizaciones gremiales bien portadas también, dispuestas a servir de peldaño político a quienes encabezan la administración. Esto repercute en el buen desempeño percibido de los funcionarios de gobierno, de suerte que no estallar una huelga no es necesariamente mérito de los sindicalistas, sino del funcionario que “la evitó”. Lo anterior explica el protagonismo de ciertos actores políticos en el período de pre-huelga, en ejercicios de oportunismo de bastante mala factura. Las explicaciones de lo que pudo haber sido y no fue, forman parte del anecdotario siniestro de un sindicalismo secuestrado en los chucatosos márgenes de lo políticamente correcto.
¿Qué queda por hacer? Prepararse psicológicamente para futuras revisiones salariales y contractuales, donde la administración, como ya es costumbre, llevará la agenda y la línea de solución a conflictos que ella misma ha contribuido a generar. Desde luego que siempre existe la posibilidad de que se reconstituya el sindicalismo universitario y estén dispuestos sus actores a afrontar los riesgos de una lucha que es, hoy por hoy, desigual aunque justificada y liberadora, por cuanto rescata el valor y la importancia de la academia y el derecho de los académicos de incidir en el destino de su institución, actualmente secuestrada por una burocracia caricaturesca.
En la vida loca neoliberal, las condiciones laborales pueden ser negociadas hasta que los excesos patronales se traduzcan en conmiseración y complicidades cupulares. Las burocracias bien pueden estar tranquilas recostadas en el mullido edredón de la política de austeridad que se traduce en topes salariales y en ninguneos legislativos a la demanda de mayor presupuesto a la educación superior. Sucede que en el país y, por ende en la entidad federativa, el gasto corriente que corresponde a sueldos es anatemizado por su esencia demoniaca, por la evidente manirrotez de los patrones que corren el riesgo de explotar menos de lo debido a sus empleados; por la absurda pretensión de dar menos a quienes hacen posible que la institución exista y funcione, que justifican el prestigio de la universidad y que hacen el trabajo que le da sentido al lema de: “el saber de mis hijos hará mi grandeza”.
Sí, los universitarios decidieron no irse a la huelga y las buenas conciencias legislativas pueden respirar con alivio; la tranquilidad que proporciona el poder hacer declaraciones pedestres aunque con visión de largo plazo (PAN), se complementa con el apoyo a la autoridad universitaria (PRI), en una cuatachez fascinerosa y ñoña, productora de pena ajena y lejana, a su vez, de las funciones de representatividad popular que sugiere el poder legislativo local (PRD). Con ello, el fantasma de la huelga no recorre la universidad, porque fue excluido de acceder a la educación superior por insuficiencia de méritos.
El seguir soportando una masa burocrática obesa y acomodaticia, emanada de las cloacas del neoliberalismo en educación, hace de este país uno que reporta rendimientos decrecientes, que depende de las importaciones científicas y tecnológicas por incapacidad para producir conocimiento aplicable al desarrollo económico independiente. En México no se avanza tecnológicamente y las posibilidades de desarrollar ciencia parecen limitadas por una política acomplejada que privilegia la maquila antes que la industrialización nacional; acoge amorosamente al capital extranjero y deja al margen al nacional; fomenta la dependencia no sólo tecnológica sino política y cultural, despreciando lo propio en aras de adoptar lo ajeno como una muestra de modernidad y progreso, aunque se tenga que sacrificar el talento y la creatividad nacionales.
La Universidad de Sonora padece del trauma de ser demasiado grande para lo pequeño de las entendederas de sus administradores, simples continuadores de una política diseñada desde fuera y acatada e implementada mecánicamente por burócratas dueños de un esquematismo palurdo, reduccionista y bastante ignorante de las causas y consecuencias educativas y políticas de sus acciones. Perdida la dimensión social de la educación superior, lo que queda es el discurso de la “competitividad” y la “innovación”, la cultura del formato y la preeminencia de la administración sobre la academia. El modelo no incluye, desde luego, la creatividad de los universitarios bajo premisas de libertad de iniciativa, ya que el formato y la reacción pavloviana a los estímulos económicos hace las veces de camisa de fuerza voluntaria para la inteligencia. La libertad es un bien escaso y sólo se accede a él mediante la rebelión hacia cualquier forma de subordinación al modelo vigente, cuestión que deja fuera las posibilidades de acceder a las bolsas de dinero que se otorgan a los convenencieros y sumisos, de acuerdo al código de ética institucional que inhibe el pensamiento independiente y la libertad de hacer trabajo académico al margen del modelo impuesto.
Estamos ante una institución que se ha plegado en exceso al absurdo de la política educativa federal, que a su vez refleja el dogma que imponen los organismos financieros internacionales, sin que la asista algún tipo de justificación, más allá de invocar la necesidad de acceder a recursos económicos extraordinarios por vía de los programas que para tal fin ha diseñado la SEP y que se establecen en el Programa Nacional de Educación.
En los hechos, esta política interna de ser simplemente una universidad-reflejo de la política federal, no permite que la institución reivindique su autonomía, se incorpore al trabajo de contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de la región, ni mucho menos que represente una alternativa real para el abatimiento de la marginación y el mejoramiento de las condiciones sociales y nivel de vida de la población. Asimismo, se genera un sentimiento de minusvalía entre los miembros de la comunidad universitaria que deviene apatía por las luchas sindicales y la exigencia del mayor respeto que merece el trabajo académico respecto al burocrático; pero, como consecuencia de esta claudicación solapada a principios y valores, el lenguaje cambia el contenido de la acción o inacción de los actores y el sacrificio del bienestar personal se ofrece por el sindicato en el altar de la contención salarial, pasando por ejercicio de madurez y lealtad institucional.
Si se tiene personal bien portado, se tendrán organizaciones gremiales bien portadas también, dispuestas a servir de peldaño político a quienes encabezan la administración. Esto repercute en el buen desempeño percibido de los funcionarios de gobierno, de suerte que no estallar una huelga no es necesariamente mérito de los sindicalistas, sino del funcionario que “la evitó”. Lo anterior explica el protagonismo de ciertos actores políticos en el período de pre-huelga, en ejercicios de oportunismo de bastante mala factura. Las explicaciones de lo que pudo haber sido y no fue, forman parte del anecdotario siniestro de un sindicalismo secuestrado en los chucatosos márgenes de lo políticamente correcto.
¿Qué queda por hacer? Prepararse psicológicamente para futuras revisiones salariales y contractuales, donde la administración, como ya es costumbre, llevará la agenda y la línea de solución a conflictos que ella misma ha contribuido a generar. Desde luego que siempre existe la posibilidad de que se reconstituya el sindicalismo universitario y estén dispuestos sus actores a afrontar los riesgos de una lucha que es, hoy por hoy, desigual aunque justificada y liberadora, por cuanto rescata el valor y la importancia de la academia y el derecho de los académicos de incidir en el destino de su institución, actualmente secuestrada por una burocracia caricaturesca.
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