Conspiración en Pémex

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lunes, 22 de diciembre de 2014

¿Tras el 2014, podemos esperar algo mejor?

En estos tiempos que corren, el pensamiento y la acción neoliberales nos persuaden de que la luna puede ser de queso y que la economía funciona muy bien, a pesar de que la objetividad sugiere lo contrario. Así las cosas, el ingreso y la calidad de vida pueden disminuir en términos reales, pero la noticia de que las ganancias suben, ayuda a que los organismos encargados del arreglo estadístico nacional nos alegren la vida con promedios que presentan alguna imagen alentadoramente borrosa en materia de empleo e ingreso. ¿Qué sería de nuestra existencia si la realidad se nos presentara sin los siempre imaginativos colores y sabores oficiales? Algo similar ocurre con las siempre opresivas cifras de las muertes por causas ajenas a lo natural. 

Actualmente, tenemos una gran expansión de los asuntos funerarios, que abarcan minas, como Pasta de Conchos, así como la agreste campiña guerrerense donde un día sí y otro también se encuentran nuevas fosas con restos humanos, lo que da cuenta de una prolífica compulsión criminal que mata y entierra para ocultar temporalmente sus víctimas. A cualquiera le da la impresión de que en México la versión del Plan Colombia llamada Iniciativa Mérida (aprobada por el Congreso de EE.UU. el 30 de junio de 2008), contribuye eficientemente para acrecentar la inseguridad que carcome al país, particularmente en las zonas campesinas con gran biodiversidad en las que la economía rural y la organización comunitaria pueden ser un obstáculo cultural para el avance trasnacional a que se subordina el gobierno.

Tras los terribles sucesos ocurridos en Nueva York el 11 de septiembre 2001, que algunos expertos han calificado como un autoatentado, se desató una histeria que respondía al fantasma del terrorismo en el suelo patrio. Los medios de comunicación instalaron en la mente del gringo común la idea de ser la próxima víctima de un bombazo, de una fea y letal bacteria en el agua, el aire y hasta en el papel higiénico. A consecuencia de ello, el mediocre gobierno de Bush se reposicionó gracias al terror inducido y nuevas leyes hicieron de camisa de fuerza para las garantías constitucionales que protegen las libertades e intimidad del ciudadano gringo, quedando todo mundo en calidad de posible sospechoso de sedición. El Gran Hermano se convierte en realidad gracias al militarismo de la ultraderecha republicana encaramada en el poder, y la sórdida tarea de dominación mundial tiene sus mejores páginas. Atacan e invaden Afganistán, Irak y Libia, mientras que otras naciones de la región caracterizada por su riqueza petrolera, ven pisoteada su soberanía y disminuidas sus expectativas de paz  y progreso.

La maquinaria de guerra occidental liderada por EE.UU., hace funcionar la economía gracias a la destrucción y muerte de los ciudadanos de las naciones intervenidas, a la par que se crean empresas de asesores y de compañías constructoras que pronto las controlan política y económicamente, cercando la producción petrolera y expandiendo redes de dominación geopolítica.

En México, no hay un teatro de guerra convencional pero, en aras de un torpe colaboracionismo, bajo la cobertura de la Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte (ASPAM) creada el 23 de marzo de 2005, Felipe Calderón emite una declaratoria de guerra “contra el crimen organizado”, dejando una estela inacabada de sangre tanto en el medio urbano como en el rural. El número de muertes asociadas a la guerra de Calderón es de aproximadamente 116 mil 100 personas. En los primeros 20 meses de su gobierno se registraron 18 mil 451 asesinatos intencionales, mientras que con Enrique Peña  Nieto la cifra alcanzó los 29 mil 417 homicidios dolosos en el mismo período.

La intervención del Ejército y la Armada nacionales en funciones propias de las autoridades policiales, han añadido un elemento preocupante en la ecuación del terror, ya que se han convertido en activos protagonistas del drama que vive la población civil en las zonas de conflicto, figurando como agresores y no como salvaguarda de la seguridad de los pobladores. Lo triste del asunto es que, cada vez con mayor frecuencia, la población civil es víctima de agresiones y ejecuciones extrajudiciales, tanto por elementos de las fuerzas de seguridad como por miembros de las fuerzas armadas.

Sin el ánimo de ser exhaustivo, señalaré algunos acontecimientos relevantes que ilustran el terrorismo que ha inducido el Estado, sea por omisión o por comisión.

En 1993 iniciaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas eran jóvenes de clase trabajadora de entre 12 y 25 años de edad. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, el auge de la industria maquiladora ocasionó una expansión de la ocupación de fuerza de trabajo femenina y, al mismo tiempo, una escasa valoración de la misma bajo la idea de ser fácilmente sustituible y, por tanto, prescindible. Desde mediados de la década del 2000, la atención se ha desviado hacia el narcotráfico.

El 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, un grupo de campesinos demandaba la libertad de Gilberto Romero Vásquez que se encontraba desaparecido, además de agua potable, escuelas, caminos y hospitales. La manifestación  fue reprimida duramente por la policía con el resultado de 17 campesinos muertos y 21 heridos.

El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chiapas, un grupo de paramilitares equipados con armas de uso exclusivo del ejército disparó contra indígenas tzotziles de la comunidad de “Las Abejas”, resultando 45 muertos, entre los que se encontraban niños y mujeres embarazadas. Existen testimonios que declaran que los militares armaron y animaron a los agresores a atacar a los indígenas, con el fin de acabar con la base social de los zapatistas.

El 15 de septiembre de 2008, estallan dos granadas durante la celebración de la ceremonia del grito, en Morelia, Michoacán. En los hechos, mueren tres personas y en la madrugada del 16, fallecen cuatro heridos graves; se reportan oficialmente 132 heridos, entre los cuales varias personas perdieron las extremidades. Tres ciudadanos declarados sospechosos de los atentados son secuestrados, torturados y obligados a confesar su participación en el atentado. Según el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la “Familia Michoacana” fue la que entregó a los tres inculpados a la PGR. 

El 31 de enero de 2010, en una residencia del fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se celebraba una fiesta en la que se encontraban reunidos alrededor de 60 estudiantes de secundaria y bachillerato. A ella llegó un grupo de al menos 20 paramilitares fuertemente armados y masacró a 16 estudiantes y dejó heridos a 12. El gobierno se apresuró a anunciar que se había debido a un “ajuste de cuentas” entre grupos dedicados al narcomenudeo. El 11 de febrero, Felipe Calderón se presentó para encabezar el acto oficial llamado “Todos somos Juárez” con el propósito de reevaluar la estrategia contra el crimen organizado, que no convenció a los familiares de las víctimas quienes protestaron y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

El 16 de julio de 2010, explota un coche-bomba en Ciudad Juárez, encontrándose en el lugar restos del explosivo C4 (fabricado en EE.UU.) y de un celular. El atentado dejó  cuatro personas muertas y un número indeterminado de heridos.

En Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, un grupo armado de 22 civiles fue ubicado en una bodega que pronto estuvo bajo el control del ejército. Los ocupantes se rindieron y, aun así, los soldados ejecutaron a 15 civiles desarmados, eliminando a los heridos con tiros de gracia en una clara ejecución extrajudicial.

En Ayotzinapa, municipio de Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurre la represión policial, captura y desaparición de 43 normalistas rurales, hecho que  derrama el vaso de la pasividad del pueblo mexicano y horroriza al mundo. Las protestas y reclamos de justicia recorren México y el extranjero en una ola imparable de indignación, mientras que el gobierno cae en contradicciones respecto los avances de la investigación, lo que refuerza la sospecha de que fue un crimen de Estado, con el añadido de que se criminaliza la protesta y se legisla para amordazar las voces ciudadanas. 


¿Estaremos en presencia de una estrategia de dominación trasnacional cobijada por los gobiernos neoliberales? ¿El gobierno de México obra en beneficio de los planes de control de los recursos naturales donde el petróleo, el gas, el agua y la biodiversidad ocupan un lugar central? ¿Tenemos un gobierno que agrede y expulsa a los pobladores rurales para allanar el terreno de los inversionistas extranjeros? ¿Tenemos un gobierno que acata consignas del exterior y despliega acciones que infunden terror y confusión en la población? ¿Es un gobierno que mata? En este contexto, ¿será posible hablar de una feliz Navidad? ¿De seguir igual, podrá ser un próspero año nuevo? 

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