El gobierno de la república nuevamente
nos asombra con la redundancia creativa que la aqueja en estos tiempos de
coyuntura política y preelectoral que vive el país. El empeño ecológico de
reciclar para protección del ambiente burocrático salta a la vista cuando
resucita el tema de la policía única, entre otros asuntos, la voz e imagen del
titular del Ejecutivo federal.
Con los labios resecos, el joven Peña, pálido
y tembloroso, recientemente se plantó trente a los teleprompter para endilgar a la nación una perorata de 40 minutos cuyo
contenido era un decálogo de propósitos reformistas y de refrito del marco
legal que tiene que ver con la seguridad pública, el combate a la corrupción y
la administración de justicia.
La novedad radica en querer hacer pasar
como nuevas una serie de medidas que se han venido anunciando desde los tiempos
de la trivialidad panista en el gobierno de la nación, en las que el gobierno
pitufo puso su mayor empeño pero sin llegar a concretarlas del todo debido a
que conservó algo del respeto a las formas, pero tiempos traen tiempos y ahora,
vuelta la “normalidad” del PRI, tenemos que los postulados políticos del PAN se
han traducido en propuestas e iniciativas del ley del propio partido de Peña
Nieto, con lo que está más que justificada la expresión panista de que las
reformas actuales son “una victoria cultural” del partido pitufo.
Desde luego que en la colección de
retazos normativos planteados por el primer copete de la nación hubo aspectos
que llamaron la atención de manera particular. Por lo pronto mencionaré dos: el
911 como número de emergencias y la obligatoriedad del mando de policía
único.
Todo mundo sabe (salvo Enrique, el de
Los Pinos) que en México el número de emergencias es el 066, por lo que resulta
sospechoso y chocante que se tenga que adoptar el número de emergencias de
Estados Unidos y Canadá. En Europa, son 27 estados que a iniciativa de España
han adoptado a partir de 2008 el número 112, sin que países como el Reino Unido
(999) dejen de usar el propio. En América Latina, tenemos, por ejemplo, a
Ecuador y Costa Rica, que usan el 112, mientras que Colombia el 123, Cuba el 106
y Paraguay el 141.
Esta imitación extralógica de los usos
extranjeros huele tan mal como la absurda imposición del mando único de
policía, que remite a estructuras ajenas al país y que en buena medida traen a
la mente escenarios donde la mano gringa está más que presente, como por
ejemplo Colombia, lugar de donde procede el general de policía Oscar Naranjo,
agente de la CIA que enturbió las aguas políticas y enderezó una campaña de
terrorismo contra la población de su país so pretexto de combatir al crimen
organizado, aunque su función fue la de hacer de brazo ejecutor de los gringos
y el gobierno pelele contra las fuerzas nacionalistas y revolucionarias de ese
narco-estado protegido por Washington. Usted recordará que el tal general
Naranjo fue asesor de Peña Nieto al inicio del sexenio, por lo que seguramente
las ideas de terrorismo contra la población en general y la disidencia en
particular no vienen por casualidad.
La torpe e irrelevante imposición de un
número de emergencias nacional usado por EE.UU. deja, por lo menos, la sospecha
de que nuestros políticos no guardan la formas ni por casualidad, y que el muy
sensible tema de la soberanía nacional ha dejado de serlo gracias a la
aceptación implícita de que somos una colonia, un vil traspatio de esa nación.
La explicación de Peña Nieto de que el 911 es el más reconocido “a nivel internacional”
es tan cuestionable como ridícula.
En cambio, la obligación de instaurar
mandos únicos de policía, amenazando con sanciones a los presidentes
municipales que se resistan, es la más simple y llana renuncia al modelo
federal mexicano, debido, principalmente, a que con ella borra del mapa la
autonomía municipal y afecta seriamente la soberanía de los estados.
Si la Carta Magna, en su artículo 115,
dispone que los estados tendrán como base de su división territorial,
administrativa y política al Municipio Libre, y que estará gobernado por un
ayuntamiento de elección popular, y que no habrá ninguna autoridad intermedia
entre éste y el gobierno estatal, entonces, ¿cómo se debe interpretar que
directamente del gobierno federal se dispongan las medidas para desaparecer
ayuntamientos? ¿Qué no existen en la Constitución los supuestos atinentes al
tema? Siendo los municipios materia correspondiente al régimen interno de los
estados, ¿cómo es posible que el gobierno federal intervenga directamente en
ellos pasando por alto la soberanía estatal y el pacto federal que nos une y
obliga? ¿No habrán oído hablar del régimen de distribución de competencias
entre los tres órdenes de gobierno? ¿Habrán leído alguna vez el artículo 124
constitucional?
El hecho de obligar a los ayuntamientos
a renunciar a una de sus obligaciones, como la prestación de servicios de
policía preventiva, afecta gravemente la autonomía municipal, lo que alcanza
niveles escandalosos cuando se prometen sanciones a los alcaldes que se
resistan a este evidente proceso de centralización de funciones. El mando de la
policía y tránsito municipales recae en el presidente municipal, lo que supone
las asignaciones presupuestales propias de la función. Con la obligación que
plantea Peña Nieto desaparecen las policías y se centralizan en un mando
estatal único, ajeno a las circunstancias particulares del municipio de que se
trate, dependiente de instrucciones y lineamientos estandarizados, como en una
especie de embudo funcional que desemboca en la figura del gobernador de la
entidad.
La iniciativa ignora que el municipio se
basa en la relación de vecindad, y que cada ayuntamiento es distinto y obedece
a su propia dinámica. Las soluciones de éste no son necesariamente las de aquél,
debido a sus diferentes potencialidades económicas, territoriales, culturales,
históricas, de oportunidades de progreso y bienestar. Nuestro país es un
conjunto heterogéneo de municipalidades, y cada estado posee singularidades
derivadas de su riqueza municipal. La idea de homogenizar lo que es por
naturaleza diferente es ajena a la realidad.
Pero, independientemente de los
argumentos de carácter histórico y doctrinario sobre estados y municipios,
sobresale la idea de que lo que en realidad está proponiendo el presidente es
la renuncia al estado federal, para pasar a un modelo centralizado en dos
dimensiones: la política y la administrativa. Esto afecta a los estados en su
soberanía y al municipio en su autonomía. Es un golpe de estado desde el poder
ejecutivo y con la complicidad del legislativo.
Lejos de ser una reforma que apunta
hacia adelante, pareciera que los empeños son dar marcha atrás a los avances en
materia municipal y regresar al estado en que nos encontrábamos antes de la
Revolución. Actualmente la ausencia de respeto a las garantías individuales,
las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento por delitos fabricados nos
pone en la tesitura del México porfiriano, ya que para medianamente justificar
el retroceso legislativo y de derechos humanos, el gobierno ha propiciado un
clima de inseguridad y miedo que ha visto en los hechos de sangre y
envilecimiento institucional de los últimos tiempos su pretexto o justificación
para imponer medidas de carácter represivo.
Tlatlaya y Ayotzinapa son los más
recientes hechos de terrorismo contra la población que equivalen al ataque a
las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, que justificó la
suspensión de las garantías individuales, permitió la criminalización de
cualquier sospechoso, la vigilancia por todos los medios de la vida de los
ciudadanos del vecino del norte. Lo que se vive en la actualidad mexicana es un
proceso de criminalización de la disidencia que será rematado con una
legislación que coarte y sofoque la manifestación ciudadana.
Si hay un orden de gobierno cercano a la
gente, capaz de dar solución a los problemas en el lugar donde se generan, es
el municipio. Esta institución ha sido la base del modelo federal mexicano,
célula de la democracia y base de la descentralización nacional. Con Peña
¿vamos para atrás, o con rumbo a una dictadura donde la soberanía estatal
carezca de significado? Si hay delitos del fuero federal, basta con que se
persigan de acuerdo a las leyes correspondientes, sin tomarlos de pretexto para
emprender procesos de centralización superados históricamente.
Los legisladores locales y federales
deben decir no a la liquidación de nuestros avances legislativos. Las únicas
reformas con sentido son aquellas que tiendan a fortalecer la institución
municipal en su autonomía y recursos. La democracia debe defenderse por el bien
de México. Basta de contrarreformas ridículas y entreguistas.
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