La temporada de huracanes sociales
azota las costas políticas de Sonora y el pronóstico es reservado. Los
enjuagues padresistas que trataron de
contener lo que es, a todas luces, una verdadera ola de reclamos justicieros
enraizados en la necesidad urgente de los ciudadanos trabajadores de ver
satisfechas sus aspiraciones de una vida digna y un trato justo, han fracasado
rotundamente. Nada podrá contener el avance del pueblo organizado en sindicatos,
en la ruta por la mejora de sus condiciones de trabajo y salariales.
La risible triquiñuela de emitir un
laudo sin que hubiera solicitud de arbitraje válida fue un tiro que le salió
por la culata a los pillos que se ostentan como funcionarios de la actual
administración y el gobernador no podrá evadir la responsabilidad política de
un manejo desaseado, ilegal y arbitrario de la justicia laboral que hizo
víctimas a los dos sindicatos de la Universidad de Sonora, STEUS y STAUS, de
manuales y administrativos y de académicos, respectivamente.
El golpe de audacia se convirtió
rápidamente en ataque de risa cuando la torpe medida del laudo que ordenaba el
levantamiento de la huelga del STEUS y al mismo tiempo obligaba a la parte
patronal a pagar una parte de los salarios caídos durante el tiempo de
suspensión de actividades, se vio bajo la luz de la legalidad y la justicia. Al
momento de redactar esta nota, todo indica que el amparo es procedente, de
suerte que las banderas rojinegras podrán legalmente volver a ser instaladas.
Por el lado del sindicato de
académicos STAUS, la justicia federal se ha concedido la suspensión provisional
de los efectos de la absurda negativa de su derecho a prórroga. Es decir, que
el sindicato con todo derecho puede prorrogar la fecha de estallamiento de
huelga, quedando fechado para el día 17 de junio.
Como se ve, son dos reveses a sendas
metidas de pata protagonizadas por el gobierno e instrumentadas por una cada
vez más cuestionable autoridad laboral que parece estar anclada en los
anchurosos tiempos de Porfirio Díaz. La realidad es muy distinta a la diseñada
por el gobierno onírico de Padrés, adobada por el profundo cretinismo de una
autoridad universitaria que cambió su primogenitura académica por un plato de
lentejas burocráticas.
Tales desaciertos permiten suponer que
tanto el gobierno del estado como la administración universitaria actuaron
dolosamente, apoyándose mutuamente en la chucatosa demagogia y el berrinche
caprichoso de una posición de autoridad que ya huele a chamusquina. Si tras estos
acontecimientos no ruedan cabezas, será que a la sociedad le vale gorro la
justicia y la ley, con tal de satisfacer el vaporoso costo de las apariencias,
de los efectos mediáticos, la emponzoñada y patética farsa de la eficiencia
maquillada, del logro espurio que se teje en los sótanos de las complicidades
palaciegas y las cloacas financieras donde se recurre a las reconducciones
presupuestales, las desincorporaciones inmobiliarias y los caprichos suntuarios
a cargo del erario.
Por lo pronto, se tienen en el estado múltiples
emplazamientos a huelga por parte de las huestes cetemistas de diversos ramos
laborales, jaloneos en materia de transporte que huelen a distractor por
aquello de los 600 millones que se evaporaron, broncas relativas al abasto de
agua potable, una serie de obras fotogénicas frente a la realidad de las
colecciones de baches y banquetas de alto riesgo, centenares de indigentes en
las calles que documentan el progreso a costa de la realidad y un ambiente
enrarecido por pestes de diverso origen que concurren en un solo concepto:
suciedad urbana.
En este contexto, resulta una
verdadera excentricidad hablar del progreso de Hermosillo y de Sonora y
adornarse con obras que, siendo hechas con recursos federales, no pueden razonablemente
ser atribuidas al impulso constructor del “Nuevo Sonora”.
Independientemente de la ridícula
farsa del progreso con base en maquillajes publicitarios, Sonora y sus
instituciones han llegado a un nivel de deterioro que en mucho se pude atribuir
a la sórdida y comodina apatía de sus ciudadanos, usuarios pasivos de los
servicios, pero sobre todo a la inopinada voracidad de sus actuales
funcionarios. La corrupción no es una fuerza excepcional que mueve la
maquinaria estatal, sino que es la normalidad que inunda la función pública. Lo
anterior se puede ilustrar claramente con el caso del Isssteson.
¿Por qué la diputación panista se
niega a la comparecencia en el congreso del estado de Teresita Lizárraga,
directora del Isssteson? ¿Quién es el responsable del desfondo de más de 2 mil
millones de pesos correspondientes a pensiones y jubilaciones? ¿Dónde están las
cuotas que los trabajadores han pagado puntualmente al Isssteson y que han
desaparecido? ¿Por qué los servicios de salud a cargo del estado son cada vez
menos eficientes, confiables y oportunos? ¿Por qué se pagan planas completas de
publicidad anunciando logros que solamente existen en el papel? ¿Por qué en el
gobierno no hay dinero ni para clips en las oficinas? ¿Por qué existe una
“secretaría del trabajo del gobierno del estado” siendo que la materia laboral
es de competencia federal? ¿Por qué se subordina la Junta de Conciliación y
Arbitraje a los caprichos e ilegalidades del gobierno del estado? ¿Por qué el interés
en afectar la imagen y prestigio de la Universidad de Sonora a través de manoseos
y medidas absurdas y claramente nocivas para la vida institucional?
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