Conspiración en Pémex

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martes, 13 de mayo de 2014

Después de la huelga.

Como sabrá, el jueves 8 concluyó la huelga del STEUS en la Universidad de Sonora. Decir que concluyó es parte de la autocomplacencia a la que pueblo y gobierno estamos acostumbrados, gracias a la educación basada en el uso de eufemismos, palabras consagradas por lo políticamente correcto, por el afán de decir las cosas a medias (o no decirlas) por razones de complicidades oficiales y oficiosas. Somos un pueblo amante de la apariencia, del maquillaje que chorrea de los actos de gobierno, de la mano, el rostro y la corporeidad toda de eso que llamamos poder.

Lo anterior viene a colación porque, como usted debe saber, al gobierno del Estado se le hizo bolas el engrudo, tanto como a sus instrumentos institucionales que fueron, por un lado, la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y, por otro, el rector de la Universidad. Padrés, como capo panista de Sonora, tejió una maraña de recursos legaloides que lograron la culminación del movimiento en forma inédita: a los 67 días se declara existente una huelga en tanto se condena a la parte patronal a pagar lo ofrecido al sindicato, a la vez que se “ordena” al sindicato entregar las instalaciones bajo su resguardo. El curioso asunto llama la atención porque el ofrecimiento de rectoría estaba condicionado al levantamiento de la huelga, lo cual no se cumplió y, en esa lógica, la parte patronal retiró lo ofrecido que incluía el 50 por ciento de los salarios caídos.

En este tenor, el sindicato actor recibirá lo ofrecido que fue retirado y que en ningún momento se había reclamado puntualmente por parte de los trabajadores. Aun por sentido común, usted verá que el laudo de la JLCA carece de fundamento lógico. Por otra parte, el término de 24 horas establecido en el laudo para la entrega de las instalaciones universitarias no existe ni en la actual ley del trabajo ni en la anterior, y solamente encuentra la explicación de que al gobierno le interesaba “resolver el problema” de la suspensión de actividades universitarias “haiga sido como haga sido”, toda vez que quien estaba facultado para pedir el arbitraje, el STEUS, no lo hizo.

Para cualquiera que tenga idea de los procedimientos legales en caso de huelga, el caso de la Unison es altamente aleccionador de cómo se pueden hacer las cosas con total prescindencia del derecho. Fue una decisión política ajena a la legalidad, en consecuencia, la solución del fondo de la huelga aún no se ha dado. En este juego de encuentros y desencuentros, de farsa y sainete, la fobia oficial a los trabajadores comprometió la tranquilidad de las familias y los jóvenes estudiantes, además de los prestadores de servicios que rodean las instalaciones universitarias. El drama económico de vendedores de hot-dogs, tacos, tortas y hamburguesas; de copias fotostáticas y papelería es digno de tomarse en cuenta.

Ahora que el regreso a clases no tiene impedimentos formales, el panorama de los primeros días resulta sobrecogedor. Aulas vacías o semi-desiertas, servicios sanitarios sin funcionar, espacios cerrados, que dan cuenta de que algo falta, más allá de las cuentas alegres del gobierno y las autoridades administrativas universitarias.

La cruda realidad es que la universidad no puede funcionar sin los trabajadores manuales, administrativos y académicos. Sin el concurso de éstos, los pocos o muchos alumnos que asisten no encontrarán las condiciones que hagan posible su estudio, de manera que la permanencia en aulas, sin las condiciones adecuadas, será una simulación más en una institución que se ha especializado por años en acatar las normas de la apariencia y la verticalidad, arropadas en la política educativa neoliberal. La verdadera normalización de las actividades no es la que decretan las administraciones estatal y universitaria, sino la que hacen posible los trabajadores. Aunque se quiera negar o desvirtuar, el prestigio de la Unison no depende de su administración per se sino del trabajo de su personal que, en las diferentes áreas, hacen realidad los fines que inspiraron su fundación.

Me consta que en los días previos al levantamiento, pasaban carros frente a la Universidad, para gritar a los trabajadores en guardia improperios, burlas y calificativos groseros. En los espacios de opinión de El Imparcial, como en las redes, era frecuente leer opiniones corrosivas contra el sindicalismo, contra los propios estudiantes que respetuosamente esperaban la solución mediante el diálogo. No fue raro ver expresiones de odio faccioso contra el derecho de huelga y hacer llamados a la violencia estudiantil.

En el colmo del absurdo, algunos “estudiantes” llegaron a decir que los trabajadores eran sus empleados porque ellos les pagaban, que deberían desparecer los sindicatos, correrlos a todos y contratar a otros bajo nuevas reglas; ha trascendido que algunos sirvieron a consignas del gobierno para desacreditar insidiosamente la lucha del STEUS. El repulsivo despliegue de comentarios da la idea de que somos una sociedad proclive a la injusticia, a la cancelación de derechos y libertades, a la opresión de los patrones contra los trabajadores y a la desprotección social. Vivimos en una sociedad de asalariados, desempleados y microempresarios miserables pero con mentalidad de latifundista del siglo XIX, conformistas y parasitarios.

Es increíble el desaseo de las autoridades laborales e institucionales en el manejo del problema, y asombra la falta de respeto a la ley. La hipócrita preocupación por los estudiantes y el prestigio de la institución resultaron falsos y manipuladores, dado que en los hechos se postergaba la solución del conflicto y se buscaban formas de agredir al movimiento, de condicionar a la opinión pública a favor de las vías de hecho, como pudo haber sido el desalojo por la fuerza de los huelguistas si no fuera por la prudencia de los trabajadores que evitó el enfrentamiento. Para eso era el laudo. Le apostaron a la rebeldía que justificara el desalojo por la fuerza pública pero, sus intentos de hacer caer en provocaciones al sindicato, fracasaron.

Hoy el STEUS se ve unido, fortalecido internamente y confiado en la inteligencia y solidaridad de muchos estudiantes que sí entendieron la importancia de su lucha. Los trabajadores no la abandonan sino que toman un respiro para hacer valer sus demandas. El asunto está en manos de otras instancias legales.

Lo sorprendente de esto es que en Sonora se ultraja a los trabajadores, se violan sus derechos, se ignora la legalidad y, aun así, el gobierno se complace en declarar que gozamos de “paz laboral”, en todo caso paz porfiriana. Tales niveles de autismo, no son los esperados por una sociedad que merece y reclama el cumplimiento estricto de las responsabilidades constitucionales que tienen los funcionarios del “Nuevo Sonora”, como las legales que debieran regir a la administración universitaria, la cual no deja pasar la oportunidad  de ningunear a los trabajadores. Ilustro lo anterior con este ejemplo: En el contrato colectivo de los académicos se establecen los períodos vacacionales que, en el caso de este semestre, van del 3 de julio al 1 de agosto. La administración publicó un ajuste de calendario para cubrir el tiempo perdido durante la huelga, quedando las vacaciones del 15 de julio al 13 de agosto, pero sin acordar la modificación con el sindicato de académicos. ¿Qué problema hubiera sido tomar en cuenta al sindicato, por respeto al contrato colectivo de trabajo suscrito con el STAUS, y acordar bilateralmente esta medida? ¿La legalidad no importa? (http://www.staus.uson.mx/noticia.php?id=317).

Los trabajadores de Sonora y sus familias merecen respeto, lealtad y entrega de parte del gobierno. Si no cumple, tarde o temprano recibirá el castigo que las leyes establecen y que la voluntad popular reclama porque, a pesar de todo, la sociedad da muestras de cansancio, de hartazgo por tanta leperada.


Aquí, caben las preguntas: ¿por qué en las dependencias de gobierno no hay ni para clips?, ¿por qué se ha disparado la deuda en el tiempo que lleva este gobierno?, ¿qué razón hay para que no se pague a los proveedores?, ¿por qué desaparecieron y quién es responsable del desfondo de más de 2 mil millones de pesos que debiera tener el Isssteson para el pago de las pensiones y jubilaciones? ¿Por qué la diputación panista se opuso a la comparecencia de la directora del Isssteson, Teresa Lizárraga? (Para ilustrar el asunto de los servicios del Isssteson, comparto el siguiente material: http://noticieros.televisa.com/mexico/1405/salud-quebrada-caso-isssteson/), ¿por qué el gobierno no entrega a la Universidad los recursos que el propio Congreso del Estado ha aprobado en apoyo a las pensiones y jubilaciones universitarias? ¿Por qué se viola tan frecuentemente la ley por parte de quienes deberían vigilar su cumplimiento?

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