Conspiración en Pémex

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jueves, 1 de mayo de 2014

Política de portazo y zancadilla

Como el culto lector estará enterado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ha negado la prórroga al sindicato STAUS de la Universidad de Sonora (Unison), con lo que los académicos se encuentran en una posición complicada ya que, al parecer, no se podrá estallar la huelga emplazada. La decisión se apoya en la negativa de la administración universitaria de aceptar la prórroga. Al respecto, los maestros han promovido un amparo contra la decisión de la JLCA que permita conjurar esta amenaza a la vida sindical.

Mientras son peras o son manzanas, la situación al interior de la Universidad parece aligerarse gracias al nuevo ofrecimiento (integral y definitivo, dice) de la rectoría, mediante oficio de fecha 30 de abril. Llama la atención que se ofrece el 50 por ciento de los salarios caídos y, “por esta única ocasión, una cantidad de recursos, equivalentes al 25 % de los salarios caídos, para que sean destinados de común acuerdo a prestaciones de monto fijo no regularizables (de una sola vez) tales como el Fondo Complementario de Pensiones y Jubilaciones STEUS-UNISON; Fondo de Estímulo a la Jubilación; Fondo Revolvente de Vivienda y Fondo de Préstamos”.

Aquí, la pregunta que surge es: ¿Por qué se regatea el pago de los salarios caídos? El otro 25 por ciento, ¿qué no es dinero de los trabajadores? ¿Por qué la administración destina estos recursos para que sean aplicados a prestaciones? Huele como que la rectoría juega a negociar y ofrecer pero con los propios recursos de los sindicalizados.

Si bien es cierto que las posturas radicales no son afortunadas en una negociación, tampoco lo son aquellas que exhiben ante la opinión pública una buena voluntad y disposición que no necesariamente existe en los hechos. Jugar con la apariencia parece ser la marca de la casa en el “Nuevo Sonora” y, lamentablemente, en las instituciones que bajo el influjo de la mentalidad neoliberal pugnan por la desaparición de los derechos laborales.

Algunos opinantes podrán argüir que existe corrupción en los sindicatos y que las dirigencias presentan puntos oscuros que hay que señalar; otros pueden postular que los sindicatos no sirven y que deben desaparecer. Quizá tengan algo de razón y seguramente existen prácticas que suponen discrecionalidad en la toma de decisiones y el manejo de los asuntos gremiales. Seguramente hay renglones torcidos en las organizaciones sindicales que deberán de enderezar sus propios integrantes, en aras de la transparencia y la certidumbre de respeto a las normas estatutarias y a la legislación vigente. Esto es tan cierto como lo es la peligrosidad de la crítica oficial y oficiosa contra la organización de los trabajadores, que aparece como tarea sistemática de la parte patronal y del gobierno neoliberal, apoyada de manera consciente o no por ciertas fracciones de trabajadores.

En el caso de éstos, volverse en contra de su propia organización por rencillas entre grupos o corrientes sindicales es una actitud suicida en determinados momentos políticos. En una situación de huelga, la unidad es fundamental y la crítica y autocrítica se debe desarrollar al interior de las organizaciones, con madurez y altura de miras, en el momento en que las condiciones lo permitan. No es posible que los trabajadores se conviertan en instrumentos de la parte patronal cuando lo que está en juego es la sobrevivencia del gremio. Aquí aplica eso de que la ropa sucia se lava en casa. En todo caso, la unidad de todos es lo que garantiza un mejor control de daños. Dejar de lado las diferencias es lo más recomendable puesto que ya se tendrá tiempo para el ajuste de cuentas al interior así como de la validación o no de los cuadros dirigentes.

Mientras que la vida en los sindicatos supone la libre confrontación de ideas y formas de acción porque se parte del principio de que es democrática, la administración sigue otra lógica y sus intereses a veces no coinciden con los de éstos. Las diferencias se tienen que dirimir y formalizar en las revisiones salariales y contractuales y cuyos acuerdos temporales se incorporan a la normativa institucional. En la Unison ambos sindicatos periódicamente se encuentran en este proceso y a nadie debiera extrañarle que surjan diferencias y enfrentamientos entre las partes, hasta alcanzar un nuevo equilibrio entre ellas. Mientras esto ocurre, las declaraciones, denuncias, críticas de diverso calado e incluso diatribas, pasan a formar parte del bagaje histórico de la relación institucional.

Si esta es la normalidad, habría que valorar los cambios que sufre bajo la influencia de su contexto. En nuestro país se tiene pruebas claras y suficientes de que la política laboral ha sufrido un retroceso en cuanto a la valoración y el respeto a la vida de las organizaciones de los trabajadores. Desde Salinas, pasando por los sexenios panistas hasta el actual, la lucha sindical ha cambiado su acento de los logros en las negociaciones a la defensa de su autonomía y su sobrevivencia. Sonora no es la excepción y valdría la pena reflexionar sobre lo que plantea Chomsky sobre las universidades (http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-universidades-noam-chomsk-articulo-480438).

Así las cosas, la lucha pasa de ser laboral a ideológica y política, en un contexto institucional donde los académicos quizá estén más preocupados por sus puntajes en el programa de estímulos y los estudiantes en el promedio para obtener descuentos en las cuotas semestrales. El debate sobre la Universidad, su modelo curricular, su marco normativo y su financiamiento pueden esperar. Las prioridades están en otra parte.

En estos tiempos que corren, la defensa de la administración por el hecho de serlo suena un tanto kafkiana, a juzgar por su facilidad para adecuarse  al discurso económico dominante, a la pérdida de piso en cuanto a los aspectos esenciales de la vida institucional. Por el lado de los sindicatos, eventualmente se da el despiste organizacional al centrarse en los aspectos atinentes a lo económico y dejar de lado los aspectos políticos de la relación. Lo anterior permite que sea fácil aprovechar la desinformación e inmadurez de los estudiantes para manipularlos en beneficio de los opositores al sindicalismo y prohijar una actitud histérica en la comunidad donde hasta algo tan elemental como la recalendarización del semestre, se puede convertir en objeto de una lucha cuya energía bien pudiera tener otros objetivos. La paranoia inducida recorre los pasillos de las instituciones en huelga.

Estamos en tiempo de política de portazo y zancadilla por parte del gobierno neoliberal de Padrés, amigo de aprovechar la coyuntura laboral universitaria para golpear a los trabajadores y hacerlos tanto chivos expiatorios como distractores del desorden financiero que existe en la administración estatal. Lo lamentable del caso es que el rector de la Unison da muestras de haber caído en este tipo de esquema. De ahí la inconformidad de los trabajadores y el sentimiento de traición que muchos experimentan. La irritación de profesores, empleados administrativos y manuales y de estudiantes es efecto de una causa común: la aplicación de un modelo absurdo y antiuniversitario que lesiona a las familias sonorenses y ofende la dignidad de los trabajadores.


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