Conspiración en Pémex

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martes, 6 de mayo de 2014

Trampa perversa

¿Se enteró del impresionante despliegue de trabajadores que hubo el día 1 de mayo? ¿Vio cuál contingente encabezó el desfile? ¿Tiene noticia de los reclamos que se hicieron frente al  templete ocupado por las autoridades? ¿Notó que una vez más el señor gobernador estuvo ausente en la conmemoración del Día del Trabajo? ¿Sabe que a los trabajadores de la Universidad de Sonora (Unison) en huelga se les ofreció el 50 por ciento de sus salarios caídos? ¿Está informado que el rector retiró los ofrecimientos porque no se discutieron en una asamblea? ¿Sabe usted que los procedimientos internos son de la competencia exclusiva de los sindicalistas y que la administración universitaria no tiene por qué decirles cómo hacer las cosas y menos condicionar sus ofrecimientos?

Muchos ciudadanos no están enterados de estos detalles, a pesar de que son asuntos que se han manejado en los espacios de noticias, como es probable que también ignoren que los recursos correspondientes a los salarios caídos no suponen un esfuerzo extraordinario para las autoridades estatales y universitarias por el simple hecho de que ya están depositados, según recientemente puntualizó el diputado Carlos Navarro (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=142690&relacion=&tipo=Sonora&categoria=1).

A los jaloneos mediáticos sobre la situación del sindicato STEUS y la huelga de la Unison se suma la triste circunstancia de que al sindicato de académicos, STAUS, le fue negada la prórroga a su estallamiento de huelga que había acordado en asamblea para dar margen a las negociaciones. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) decidió con cuestionable legalidad negar la prórroga, por no haber “estado de acuerdo” la autoridad universitaria. Con la anterior decisión, la JLCA contribuye al clima de crispación y encono que sufren los universitarios, lo que demuestra que las autoridades del trabajo hacen lo imposible por apoyar al gobierno de Padrés en sus afanes por aniquilar los sindicatos e imponer una nueva ley universitaria ajena y contraria al espíritu que desde sus inicios ha animado a la institución.

Lo anterior parece más claro si se recuerda la actitud del gobierno desde el inicio del conflicto. A pocos días de iniciada la huelga, empezaron las descalificaciones al ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores, calificando la huelga casi como un crimen de lesa humanidad porque los estudiantes se quedarían sin clases sin que hubiera, desde la óptica oficial, razón suficiente y necesaria para la suspensión de labores. El gobernador la calificó de irracional, y como demostrando las cualidades del eco, el rector hizo lo mismo, pero más barato.

Seguramente usted recuerda que de inmediato, en voz del secretario Romero, se ofrecieron soluciones “de emergencia”: se abrirían espacios para que los alumnos pudieran seguir estudiando, porque el gobierno, en su inmensa sabiduría, habilitaría aulas para tales fines. De pronto, un grupo de “madres de estudiantes” saltó a la palestra para desplegar una pírrica lucha “en defensa del derecho” de sus críos. Últimamente, los ataques contra los trabajadores toman la forma de desplegados en periódicos locales, firmados por la burocracia universitaria bajo las órdenes de rectoría, o de personajes de la iniciativa privada, así como una ola de diatribas en las redes sociales con formato sospechosamente parecido.

Hasta aquí, los aspavientos y “propuestas” de solución no han tocado el origen del problema. No se razonó sobre el derecho que asiste a los huelguistas y se antepuso el argumento del interés estudiantil, no por ser superfluo, sino para envilecer ante la opinión pública y los propios alumnos el ejercicio del derecho de huelga, aunque en reiteradas ocasiones los dirigentes sindicales manifestaron su preocupación por el tiempo perdido en el semestre, insistieron en el diálogo y la necesidad de que el rector se presentara en la mesa de las negociaciones. Se organizó un foro público donde asistieron integrantes de los dos sindicatos, estudiantes y personas interesadas, siendo evidente la ausencia y el desinterés del rector que ni siquiera mandó representante. Los reclamos fueron ignorados hasta llegar a un inocultable nivel de exigencia social y, hasta entonces, el rector apareció fugazmente para de inmediato alejarse y seguir cavando la trinchera de las diferencias.

Muchos se ha llegado a preguntar cuál es el trasfondo de la actitud del rector para con los sindicalistas. ¿A qué se debe su desprecio, cerrazón, soberbia e insidia?, ¿por qué propiciar campañas de opinión contra el movimiento?, ¿por qué habiendo recursos ya presupuestados, ofrece solamente la mitad de los salarios caídos?, ¿por qué tanta coincidencia con el gobierno de Padrés, alérgico y enemigo de los trabajadores?

El diputado local Carlos Navarro, al proponer en el Congreso un punto de acuerdo para establecer una mesa de diálogo entre las partes involucradas, expresó que: “el ala dura del Gobierno estatal está llevando a las autoridades y a los trabajadores a una trampa perversa para golpear  unos y destruir a otros; además de cocinar una nueva ley universitaria ilusa y más autoritaria”. Lo anterior aclara algunas cosas sobre lo que, a estas alturas, parece una comedia de enredo cuando no un drama con ribetes de tragedia, donde el villano se oculta tras bambalinas y maneja los hilos de una trama donde sirve de pararrayos el personaje que parece ser el más débil, torpe y manipulable, en este caso el rector.

Por si los enredos al servicio de la viciosa idea que sobre educación superior y sindicalismo tiene el actual gobierno fueran pocos, nos enteramos de que el rector ha decidido retirar los ofrecimientos al STEUS, “porque no los sometieron a discusión en asamblea”. Es decir, los ofrecimientos con los salarios caídos a la mitad resultaron estar  condicionados al procedimiento que indicaba, exigía, la autoridad administrativa universitaria. Si no me equivoco, el concepto “autonomía sindical” acaba de ser borrado del vocabulario de la administración. Tan desaseada y burda forma de interlocución con el sindicalismo universitario no tiene parangón, como tampoco lo tiene el desastre financiero que exhibe el gobierno de Padrés.

El diputado Navarro señala que el conflicto artificialmente prolongado puede estar sirviendo como un distractor de otros “temas espinosos”. Aquí las preguntas obligadas son, ¿por qué en las dependencias de gobierno no hay ni para clips?, ¿por qué se ha disparado la deuda en el tiempo que lleva este gobierno?, ¿qué razón hay para que no se pague a los proveedores?, ¿por qué desaparecieron y quién es responsable del desfondo de más de 2 mil millones de pesos que debiera tener el Isssteson para el pago de las pensiones y jubilaciones? ¿Por qué la diputación panista se opuso a la comparecencia de la directora del Isssteson, Teresa Lizárraga?, ¿por qué no se entregan a la Universidad los recursos que el propio Congreso del Estado ha aprobado?


En este orden de ideas, resulta que la Universidad de Sonora es víctima de las maniobras perversas de una administración estatal que propicia el caos, la parálisis institucional y el enfrentamiento social, lo cual se ve complementado con  la reciente participación de un segmento privado acomodaticio que se convierte en cómplice de la cruzada antisindical. Lo triste y lamentable de este asunto es que quienes encabezan la administración universitaria están sirviendo de instrumentos dóciles, de patéticas marionetas de un gobierno desleal y traidor al pueblo de Sonora. En su salud lo hallarán.

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