La contrarreforma laboral y otros delirios

A estas alturas, ya se ha escrito mucho sobre el tema de la reforma laboral que con la etiqueta de preferente ha impulsado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en su carácter de titular del Espuriato federal en el sexenio que agoniza. En esa virtud, solamente subrayaré algunos detalles.

El gobierno federal advierte contra los horrores de la estabilidad en el empleo, como si no fuera ese uno de los objetivos que persigue todo trabajador. La evidente dislocación entre los intereses de los trabajadores y los del gobierno, permite suponer que seis años no fueron suficientes para que el panista Calderón aprendiera sobre las obligaciones del presidente de la república, de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Se pasa por el arco del triunfo la obligación del Estado de propiciar el desarrollo integral de la población y mantener la armonía entre los sectores productivos; en este caso, hace descansar el costo de la incompetencia privada y el desastre público sobre los hombros de los trabajadores asalariados. Al pretender eliminar la estabilidad en el empleo, propicia la inseguridad y, por ende, la lucha por la sobrevivencia de los empleados y la desesperación de los desempleados, lo que nos lleva a una verdadera bomba de tiempo social que, aun sin reforma, ya tiene estallidos en forma de aumentos en la criminalidad y la disfuncionalidad familiar.

El trabajo fraccionado y eventual permite una mayor explotación de la fuerza de trabajo, la que deja de tener la protección del Estado y puede ser despedida sin responsabilidad patronal. Afirmar que la reforma va a traer mayor empleo formal es tan absurdo como suponer que los incrementos en el diesel y las gasolinas no repercuten en el alza de los precios de los productos de consumo familiar, o anunciar que los aumentos en las remesas significan otra cosa distinta al fracaso del empleo y la falta de oportunidades en nuestro país.

El gobierno opone la productividad a la antigüedad en forma mañosa e inexacta, ya que obedecen a categorizaciones y condiciones distintas. La productividad depende de la forma en que se organice la producción y el programa de estímulos que se establezca como complemento al salario; la antigüedad está relacionada con la permanencia del trabajador en el empleo. El gabinete antieconómico de Calderón supone que la productividad se elevaría al desconocer los derechos de los trabajadores, lo que no deja de ser una cínica propuesta emanada de las más calenturientas mentes neoliberales: un mercado laboral sin responsabilidades para el patrón, resucita el cadáver de la esclavitud y las formas forzadas y semi-forzadas de empleo en tiempos de Porfirio Díaz.

Con relación a la transparencia sindical, el gobierno parece ignorar que las demandas de los trabajadores han sido referidas a la transparencia al interior de las organizaciones y no necesariamente poner bajo la lupa del poder público o patronal los asuntos internos del sindicato. Por el contrario, debiera propiciarse una mayor autonomía sindical y una mayor capacidad de decisión de los agremiados por vías democráticas, lo que, en todo caso, debiera rescatarse en los documentos normativos internos de cada organización, con la garantía de respeto absoluto por parte del gobierno a la vida interna de las organizaciones. Una auditoría externa implicaría una evidente pérdida de autonomía sindical, lo cual resulta inadmisible por tratarse de recursos que no son públicos sino deriva de las cuotas que voluntariamente aportan sus miembros.

El tratar de limitar el cobro de los salarios vencidos a un año, supone limitar el derecho a huelga y la vigencia de los derechos laborales de los huelguistas. La solución de los conflictos no depende necesariamente de la parte trabajadora sino de las reticencias de la parte patronal de cumplir con el pliego de violaciones al contrato colectivo de trabajo. Con esta propuesta de reforma, el gobierno da de antemano la razón a la empresa y hace pagar los platos rotos a los trabajadores.

Es verdad sabida que la administración expedita de la justicia no depende de las partes implicadas, sino de la probidad y responsabilidad de las autoridades. La modernización de la justicia laboral debiera empezar por los tribunales, al dotarlos de funcionarios conocedores de la ley que, con respeto y responsabilidad hagan su trabajo, y no personal corruptible que se limita a actuar por consigna de autoridad superior o de acuerdo a los intereses del capital, a costa del bienestar de los trabajadores.

La reforma caderonícola que recoge Peña Nieto es, por decir lo menos, un ejercicio de cinismo antilaboral, que resuma injusticia y agresividad contra los trabajadores y sus derechos. La presente es una reforma claramente antiobrera, que supone la eliminación de los derechos históricos de las clases trabajadoras mexicanas y sus formas de organización. En tal sentido, la iniciativa del Ejecutivo no debe prosperar, por razones de elemental justicia.