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jueves, 21 de julio de 2011

Gobierno e imagen pública

Qué bonito es que los funcionarios públicos se movilicen por el territorio sonorense y entreguen obras que benefician a los habitantes de pueblos y lugares, en un ejercicio que pone frente a todos el cumplimiento de deberes y obligaciones que están debidamente normados en la legislación correspondiente. Sí, el servicio público es satisfactorio cuando se separa de cualquier cosa que huela a pujos patrimonialistas, a uso del cargo y el presupuesto para fines de promoción personal y construcción de imagen.


Sin duda, la estricta obediencia a las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas evita las complicaciones de verse en medio de una parodia donde el propio funcionario quema incienso en su honor y aparenta que la obra pública es una especie de gracia o favor que concede a sus potenciales electores. La repugnante representación da cuenta de la ignorancia supina de los candidatos precoces y la desfachatez con que el desempeño del puesto público se transforma en coto de caza privado y en herramienta de autosatisfacción política y patrimonial.

El funcionario puede actualmente pararse frente a una asamblea de barrio o de vecinos de alguna localidad, y pavonearse sobre lo que es, estrictamente, el cumplimiento de su obligación pública. Aquí entra la manipulación de imagen y la falta de educación cívica de todos: de quien protagoniza el bochornoso acto y de quienes son espectadores llevados por el interés personal de recibir alguna dádiva o de apoyar a cargo del erario la ambición particular de quien se pasa por el arco del triunfo la sobriedad republicana. La prensa, por su parte, registra el hecho y completa (quizá de manera involuntaria) el tramo necesario para que la obra pública se convierta en acción privada.

Se antoja inimaginable una nota donde al reportar algún acto de entrega de obra pública, el medio informativo señale que tal cosa se hace en estricto cumplimiento de las obligaciones del cargo que ostenta fulano de tal, y que no debe malinterpretarse la inauguración, entrega o puesta en marcha como algo atribuible al funcionario de marras por ser él, sino porque las obras estuvieron proyectadas, aprobadas y ejecutadas de acuerdo a tal o cual programa de gobierno. Es decir, no es milagro de tal o cual santo, sino las labores propias del gobierno.

Si la prensa y sus lectores exigieran que los servidores públicos se atuvieran a la ley y entendieran lo que es el sector gobierno, seguramente se ahorraría mucho dinero en carteles, anuncios espectaculares, campañas en los medios electrónicos, gastos de agencias publicitarias y de diseño de imagen. Desde luego que el mérito de un funcionario de gobierno radica en su capacidad de gestión, en el cumplimiento de las labores de su cartera, en la claridad y oportunidad de los informes que rinda, en su capacidad de escuchar a los usuarios de los servicios públicos, en llevar una vida modesta y frugal durante el ejercicio de su cargo, a la vista de todos. Bastaría con una conferencia (y/o boletín) de prensa semanal o mensual en la que presente avances y metas cumplidas, problemas y soluciones.

Una sociedad cívicamente educada tendría medios de comunicación más dispuestos a contribuir al mejoramiento de la vida política y administrativa del gobierno, lo que incluiría la exigencia del cumplimiento de deberes y obligaciones públicos y, en caso de omisión o falla, la aplicación de las sanciones a que haya lugar. Como verá usted, no es difícil imaginar por qué la impunidad prospera mientras la justicia trabaja de noche y ficha en las mesas de los ricos o de los que ostentan apellidos ligados al poder.

Lo cierto es que todos, de una u otra manera, contribuimos a crear una inmensa zona de tolerancia en el sector público nacional, en los órganos legislativos, en los cabildos, en las asambleas sindicales, en los movimientos sociales, los comités de vecinos, y en el seno de las propias familias cuando se opta por disimular en vez de reconocer los problemas y llamarlos por su nombre, para encontrar soluciones que unifiquen a los implicados en la búsqueda de soluciones y fortalezcan los lazos de unión sin complicidades y con honestidad.

El actual gobierno parece no entender lo que es el sector público y la trascendencia de sus funciones, quizá porque tampoco sabe lo que es la iniciativa privada, sus alcances y sus responsabilidades sociales. Queda claro que el neoliberalismo trivializa tanto a una como a otra esfera de las responsabilidades sociales y las subordina al mercado, con lo que el progreso y el bienestar dejan de ser sociales y pasan a figurar en la nómina de los conceptos vacíos de significado, manipulables a conveniencia de los dueños del sistema financiero internacional. Pero qué triste papel.

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