Policía única

Desde los tiempos de la cursilería hecha gobierno, se ve cada vez más frecuentemente la presencia del sector privado en los asuntos que no hace mucho eran de la exclusiva competencia del sector público. El proceso de privatización va de la mano de la injerencia de los gringos en nuestros asuntos.

En la actualidad, tenemos que, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey se coló hasta la cocina en el diseño de políticas gubernamentales, en la creación, en las supresiones o fusiones de dependencias y en su forma de operar. Sean proyectos de desarrollo industrial o medidas de innovación gubernamental, la iniciativa privada se hace presente con la ramplonería típica del empresariado “administrando” los asuntos públicos.

Llama la atención la sospechosa tendencia a ceder al sector privado espacios que requieren alta tecnología como es la industria aero-espacial, con el consiguiente andamiaje de relaciones internacionales entre gobiernos y empresas que debe establecerse; pero más llamativo resulta la insistencia en convertirlo en protagonista de reformas político-administrativas del gobierno. Tal es el caso del diseño de la policía única, que desde Los Pinos se promueve entre los gobernadores y que los diputados del PAN, se empeñan en favorecer dedicando tiempo para el insistente cabildeo entre presidentes municipales y otros actores involucrados.

En la propuesta elaborada por el ITSM y el CIDE para la policía única, se pasan por el arco del triunfo disposiciones constitucionales, en particular el artículo 115 de la Carta Magna. El desparpajo de la iniciativa privada se ve compensado con una ligera capa de barniz académico cuando se involucran instituciones privadas de educación superior y se las convierte en actores privilegiados en los proyectos de reforma públicos.

El truco de asegurar la disminución de la corrupción si se centraliza el mando policiaco, parece no tomar en cuenta que la policía única solamente centralizaría la corrupción en cada estado de la república, reforzaría el burocratismo y permitiría un alejamiento entre ese mamotreto oficial y el ciudadano que, como cualquier vecino municipal, vería lejana y temible la nueva cara de la privatización hecha gobierno.

Mejor idea sería hablar de coordinación, de mecanismos de comunicación modernos que faciliten el intercambio de información entre las diversas policías de la entidad y la república. No se necesita para nada que desaparezcan las policías municipales, toda vez que hay institutos o academias que forman policías y que bien pudieran, en todo caso, mejorar dicha formación, atendiendo las diferentes especialidades de la fuerza pública y las necesidades de los municipios donde irían a prestar sus servicios. La palabra clave no es centralización sino educación y coordinación.

El panismo hecho gobierno ha impulsado al “Tec” de Monterrey por el prurito de la formación empresarial como la panacea, pasando de lado ante la evidencia de que en México, al menos, la iniciativa privada ha demostrado ser no sólo mediocre sino propensa al abandono de sus obligaciones para conformarse con ser gerente o empleado del capital extranjero. Pero, a pesar del fracaso del empresariado mexicano a favor de los inversionistas extranjeros en donde el mejor ejemplo es la liquidación de la banca nacional, el panismo enloquecido por el enervado neoliberalismo de guarache que insiste en defender, impulsa políticas administrativas sin acabar de entender cómo y para qué funciona el sector público.

La tragedia de México, bajo el neoliberalismo periférico, es que el daño que hace el modelo y su ideología se ve multiplicado al estar el gobierno empeñado en desaparecer, cambiar o mover lo que no necesariamente debe moverse sino, en todo caso, mejorarse o adecuarse. Las reformas a la constitución y leyes secundarias (sobre todo estas) han dado al traste con sectores que merecían prosperar, como son los de energía, salud, seguridad social, educación, política salarial, obras públicas, industria, agricultura, pesca, entre otros. La obsesiva imitación de modelos, procedimientos y estructuras ajenas es un signo evidente de locura institucional. Los resultados están a la vista.

La consigna panista de la policía única es tan poco afortunada que resulta inconcebible que ponga en manos de instituciones privadas (dedicadas a la formación de un empresariado perdedor y parasitario) el diseño de la seguridad pública estatal y nacional, con total desparpajo, con la irresponsabilidad propia del ignorante en el poder.

En el sector público hay personas con una gran experiencia, conocimientos y capacidades que hasta hoy han sido peligrosamente ignoradas. En el gobierno federal como en el estatal de Sonora, las oficinas se ven colmadas de parientes, amigos y correligionarios políticos, sin idea de lo que van a hacer, sin entender lo que es la planeación del desarrollo, la importancia de los diagnósticos sectoriales, de los programas de mediano plazo, y en cambio, se habla de un “nuevo Sonora”.

El desbarajuste gubernamental es compensado con la publicidad comercial, con la apariencia de honestidad, de eficiencia, de compromiso, mientras que surgen como hongos empresas privadas ligadas a tal o cual programa de la actual administración. Si hablamos de negocios privados a la sombra del cargo público, ¿dónde está la novedad? Probablemente en el cínico desparpajo con que lo hacen.