
Ahora nos enteramos de que en el Distrito Federal se aprobó por mayoría PRD-PT la unión de parejas homosexuales en “matrimonio” civil, lo que permite suponer que podrán adoptar hijos. Usted recordará que en esa misma ciudad ya se había aprobado la figura de “sociedad de convivencia”, que permitía a parejas homosexuales unirse para, se dijo, poner a salvo su patrimonio y heredar sus bienes comunes al sobreviviente.
Al parecer, el argumento legal de carácter patrimonial no fue suficiente para la beligerancia homosexual y reclamaron el derecho de ser, sin serlo, una pareja capaz de “tener” hijos, con lo que se acercarían a la imagen de un matrimonio legal y legítimo de carácter “tradicional”, es decir, aquellos en el seno de los cuales fueron engendrados una mayoría de los seres humanos que puebla la tierra.
La mayoría en el seno de la asamblea legislativa del DF, decidió, en un acto de clientelismo político, aprobar una medida que no por ser legal es necesariamente legítima.

Si dos personas del mismo sexo deciden tener relaciones, pues es asunto suyo, porque está situado en el terreno de su intimidad. El ámbito privado debe respetarse y ahí no necesariamente tiene por qué intervenir el estado. Una relación privada y consentida, es asunto de la competencia de los que la sostienen, si esto no afecta a terceras personas. Basta recordar que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Lo que considero problema de moral pública es consagrar un tipo de relación que implica un ejemplo para otros, en este caso los menores de edad que estén bajo la tutela de dos hombres o dos mujeres que cohabiten.

Quienes tan empeñosamente defienden el derecho de los homosexuales de tener los mismos derechos de los que no lo son, debieran haber reflexionado acerca de la paternidad, o si se quiere, la maternidad. Hubieran encontrado imposible que una relación entre individuos de igual sexo resulte en el embarazo de alguna de las partes. Entonces, ¿de qué se trata? Un acto político no necesariamente altera la realidad del origen de la vida, sino que, en todo caso, debiera protegerla y ampararla mediante las leyes. En el caso de las relaciones homosexuales formalizadas, ¿a quién se protege?
Desde luego que las agresiones a homosexuales son condenables, que debe imperar la tolerancia y el respeto tanto como a cualquier ciudadano. La discriminación es indeseable por razones de las inclinaciones sexuales, ya que es un asunto privado que no tiene por qué ser juzgado públicamente, salvo que altere el orden y la paz social. Pero de esto a aceptar como legítima una ficción legal, sin correlato natural y social, es cuestionable y francamente irracional.
Me parece lamentable que el órgano legislativo del Distrito Federal se incline por el aplauso fácil de una parte de la comunidad ciudadana. Aquí se confunde el ámbito de lo público con lo privado, se afecta el entorno familiar y se socaban los fundamentos de la institución matrimonial. Mientras que el PRD y el PT han tenido aciertos significativos en las propuestas económicas y políticas, en el DF acaban de demostrar una ligereza clientelar no solo criticable sino preocupante.
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