De educación y civilidad

Como se sabe, el gobierno de la república ha tratado, por todos los medios a su alcance, de sepultar bajo una montaña de consideraciones burocráticas de corte eficientista un hecho histórico central para la vida institucional mexicana: la revolución de 1910-17 y sus consecuencias económicas, políticas y sociales.

La derecha parece ser selectiva con las fechas a eliminar, eligiendo aquellas que ponen en serios aprietos su discurso entreguista a Estados Unidos y la idea de que la pérdida de soberanía es simplemente una ventana de oportunidades de negocios con quienes tienen dinero para invertir, pocos escrúpulos para hacerlo y alta capacidad destructiva para movilizar fuerzas que eliminen adversarios. Así las cosas, tenemos un gobierno pusilánime y alcahuete del prostíbulo de puertas abiertas que se ha dado en llamar libre comercio entre desiguales, inaugurado por Salinas de Gortari mediante la firma apresurada del Tratado de Libre Comercio y la no menos apresurada incorporación a la órbita de los intereses estratégicos de EEUU en Latinoamérica, mediante la militarización de la seguridad pública y el paso franco a la operación de sus agencias en territorio nacional.

La vida civil mexicana se encuentra atada a las conveniencias del Departamento de Estado y la investigación y persecución de delitos se mastica en inglés y se digiere en español con las deficiencias propias de un modelo estandarizado que no reconoce las diferencias digestivas del organismo social en que se aplica. En este sentido, somos una sociedad indigesta por estar sometida a una dieta rigurosa de ineptitud e irresponsabilidad, que ha cobrado víctimas por decenas de miles por sudar calenturas ajenas, lo que no concluirá con el sexenio sino que amenaza continuar con su labor destructiva después del 1 de diciembre.

Mientras las instituciones políticas caen en picada al fondo del sótano económico donde nos encontramos, la educación corre en línea paralela con la debacle social. En este rubro también el discurso triunfalista y esperanzador del gobierno se pierde en las trivialidades de una modernidad prestada y sin fundamentos nacionales que nos convierte en colonia de empresas trasnacionales y en campo de pruebas del imperialismo económico y militar de Estados Unidos, por lo que el modelo educativo que se decreta ni permite el crecimiento económico ni el desarrollo social, y sí una convicción morbosa de dependencia hacia otra política y otros intereses. El resultado es palpable, porque en el nivel básico se chatarriza la formación para que el nivel superior decrezca en calidad y pertinencia, obligando al estudiante a realizar estudios de postgrado que intentan enmendar las fallas y debilidades de la licenciatura.

Tenemos como resultado una educación enferma de raquitismo crónico, un profesorado atento a la cosecha de puntos meritocráticos que huelen a simulación y autocomplacencia, una calidad formativa que apunta hacia el discurso y la práctica del engaño y la corrupción, al trivializarse los aspectos sociales del ejercicio profesional, ahora changarrificado por una ideología inmediatista e intrascendente por su acento en el logro económico como forma de realización personal “haiga sido como haiga sido” (Calderón dixit).

Si en la docencia es patética la situación, en materia de investigación no se puede decir otra cosa que difiera radicalmente. Muchos investigadores se convierten en expertos en el llenado de formatos institucionales en procura de apoyos financieros, se ven obligados a abandonar el laboratorio y el cubículo para lanzarse a la calle en pos del recurso necesario para pagar los costos del proyecto en curso: “Si no salgo a buscar, ¿quién pagará a los becarios?” Tocan puertas y venden imagen, resultados y aplicaciones al postor mejor dispuesto a comprar; sacrifican principios y acallan conciencias; dejan embarrada la dignidad en las antesalas y en las oficinas públicas; maquillan resultados en aras de acatar la demanda del patrocinador; hacen trajes a la medida del gobierno en turno mediante asesorías o presentación de proyectos, visten de galas académicas las decisiones ya tomadas y ven como negocio el esfuerzo que huye de la academia y cae en la sordidez de los sótanos de la política y los negocios.

El investigador promedio actual, obligado por la mercantilización institucional a la renuncia de la dignidad y el compromiso con la verdad, termina aceptando el papel de fichera académica en el prostíbulo de los apoyos y reconocimientos neoliberal. Así, el proyecto, la asesoría o la propuesta de cortar y pegar, como las horas de antesala y de negociación con los funcionarios constituyen su actividad primordial, y la búsqueda de la verdad, el afán de investigar como forma de mejorar el mundo en que vivimos queda en el pasado de sus años pre-doctorales.

Los mismos sistemas de estímulos a la carrera docente y de apoyos a la investigación perfilan y propician el carácter simulador y prostibulario del ejercicio indagatorio, donde predomina la forma y no el contenido porque el logro se mide por la cartera de clientes y los depósitos bancarios y no por el impacto social transformador de los hallazgos. Aquí, la labor investigativa acorta su distancia y se confunde con los azares de la vida galante, dependiente de las exigencias, generosidad y asiduidad de sus usuarios. El científico inadvertidamente se convierte en mercenario y sus productos adquieren calidad mercadotécnica, simplemente justificadora de decisiones gubernamentales o de conveniencias privadas.

El deterioro de la docencia y la mercantilización de la investigación son las coordenadas ideales de la dependencia y el atraso académico, económico y político, que hacen en los hechos que el país siga siendo una colonia. Lo anterior explica la creciente presencia extranjera en los asuntos internos del país y el escaso interés del gobierno en apoyar tanto a la educación como al desarrollo científico. También explica la escasa civilidad con que se conducen los asuntos públicos y los privados.

Los nuevos arreglos

Fue horrible. Las imágenes pasan de la infamia a la enervante sensación de que apenas estamos en el principio de una pesadilla laboral de proporciones inéditas. Usted lo vio: el supervisor coreano de la maquiladora se abalanzó contra el empleado mexicano y le propinó una patada, para insistir luego en el ataque, que no fue respondido. La prudencia nacional contrasta fuertemente con la prepotente agresividad extranjera.


Se siente el corazón estrujado ante la vileza del coreano, que hace gala del desprecio que la mayoría de los extranjeros sienten por la fuerza de trabajo mexicana, que hace posible que sus empresas funcionen a bajo costo y con alta eficiencia. Somos un país condenado a la explotación foránea de los recursos naturales, de la fuerza de trabajo, de las ventajas de exportación, de los aranceles bajos, de las extensiones de impuestos y del olvido gubernamental a la hora de cobrar impuestos, los que se pueden devolver por aquello de premiar al causante cumplido.

Nos complacemos en obsequiar nuestra energía laboral al extranjero, por querer llamar a la inversión y generar empleo; sin embargo, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en condiciones porfirianas de trabajo semi-forzado, la baratura de los salarios y la ausencia de garantías laborales son, a juicio del gobierno, las mejores cartas a jugar para fortalecer la economía e impulsar el libre comercio.

Las reformas que exigen los organismos financieros internacionales y el ominoso Consenso de Washington, permiten regresar el reloj de la historia laboral mexicana al siglo XIX, donde tener trabajo era cosa de someterse al despotismo y la explotación de los patrones, con al aval del gobierno que privilegiaba los intereses extranjeros en vez de los propios. Tal situación fue lo que encendió la mecha de la huelga de Cananea y una de las páginas más luminosas de la lucha por los derechos de los trabajadores y de la Revolución. Pero nosotros, los mexicanos del siglo XXI, parecemos empeñados en regresar a los tiempos de la dependencia exagerada del capital extranjero para mover la economía y generar empleo. En estas condiciones, el ingreso deberá ser por fuerza precario, sujeto a eventualidades, sin derechos adquiridos y sin cobertura social para el trabajador y sus dependientes.

Los políticos neoliberales están empeñados en convencernos de que son “las reformas que el país necesita” en su marco laboral, por aquello de la “competitividad”. Lamentablemente, este concepto se traduce en una precarización del empleo, la ausencia de garantías para el trabajador y de obligaciones para el patrón. Una nueva esclavitud l servicio de un sistema económico que ya ha demostrado de manera suficiente el fracaso de sus supuestos básicos, la descarnada explotación laboral que requiere para funcionar, la obscena acumulación desigual sectorial del ingreso que conlleva y la deshumanizada hipocresía que impone a sus defensores.

Tanto el PRI como el PAN son reos del delito de complicidad con el sistema económico mundial en su etapa depredadora más salvaje. En ese carácter, hace el trabajo sucio al imperialismo gringo a través de su poder de decisión en el Poder Legislativo nacional, ahora al servicio de los intereses de las trasnacionales, ya sin competencia real en el empresariado mexicano sumido en una incompetencia asombrosa, con vocación adquirida de simples gerentes de maquiladora, de gatilleros camerales de las trasnacionales.

Al empresariado venal e incompetente, se le añade un gobierno apátrida y anodino que funciona por inercia, sin empuje nacionalista, sin compromiso patriótico, en aras de quedar bien con “los inversionistas que generan empleo”, aunque a costa de la economía y la seguridad nacional. La dupla perversa que rige la economía nacional a nombre del extranjero desde luego que trata de legalizar la explotación laboral, de ahí la urgencia, el trato preferente, a una iniciativa que huele a traición al pueblo de México: la reforma laboral calderonista, ahora adoptada por Peña Nieto, el futuro protagonista del segundo espuriato nacional.

En estas condiciones, debe haber un nuevo arreglo entre los trabajadores, entre las fuerzas sociales que aun aspiran a un México libre y próspero, incluyente y con justicia para todos. Un arreglo que tienda a rescatar lo esencial de las luchas del pueblo mexicano a lo largo de su historia, que se oponga a cualquier forma de explotación, de indignidad en el trato a los trabajadores, que diluya las diferencias y que resalte las afinidades de las diversas facciones y que logre unificar a todos en un solo gran movimiento nacional por el rescate de la República y contra la injerencia imperialista en nuestros asuntos.

Los nuevos arreglos entre las fuerzas sociales y políticas deben ser enfocados al bien nacional, no individual o de grupo; deben ser generosos y absolutamente entregados a la tarea de reconstrucción nacional, sin egoísmos ni sectarismos. Deben abandonar los protagonismos individualistas y convertirse en engranajes de la gran maquinaria política y social nacional que trabaja para el futuro transformando el presente. La unión de las fuerzas es, hoy, un acto de legítima defensa.

Renglones torcidos de la UNISON

El lunes 29 de octubre es la fecha programada para la manifestación que promueve el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), a partir de las 09:00 horas frente al edificio principal de la Máxima Casa de Estudios, en el marco de la XLIII asamblea ordinaria de ANUIES.


Al parecer la autoridad administrativa de esta casa se ha adelantado a las medidas represivas y restrictivas de la vida sindical que promete la reforma neoliberal caldero-peñanetiana y sienta precedente en la violación de los derechos laborales al eliminar de un plumazo un mes en la antigüedad de los académicos, ya que el mes de huelga no fue computado.

La administración ha llegado a extremos insólitos al confundir la magnesia con la gimnasia en una obvia y espeluznante maniobra de represión laboral que sienta precedentes indeseables para la buena marcha de la institución. Usted dirá si es lógico descontar un mes de antigüedad si la propia Constitución consagra el derecho a huelga y la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones para su legalidad. En este caso, lo que está haciendo la administración de Heriberto Grijalva es violar la ley al desconocer el derecho que asiste a los académicos y afectar su antigüedad.

Es patético el papel de la administración al borrar por capricho, ya que no tiene sustento legal, un período de tiempo laboral que se computa para efectos de la jubilación y el reconocimiento que la propia institución se complace en otorgar el día del maestro de cada año. Si no fuera cierto, sería una broma de mal gusto que envilece el rectorado que, por fortuna, está en vías de concluir.

Otro renglón torcido de la institución universitaria es la adecuación a los planes de estudio en la que está empeñada con ánimos más burocráticos que académicos y para la que se han creado comisiones exprofeso nombradas por las direcciones divisionales respectivas. Al parecer, el problema de fondo es adecuar los planes de estudio de acuerdo al enfoque de competencias y para que se parezcan en todo lo posible a la visión curricular de los organismos acreditadores y evaluadores externos.

Resulta extraño que una institución que se dice autónoma no sea capaz de adecuar sus curricula de acuerdo a su propia idea de la excelencia académica y pertinencia social. No menos extraño es la obsequiosa actitud de quienes la dirigen para plegarse a las instrucciones que emanan de la autoridad gubernamental que sea, como si el presupuesto universitario no fuera un derecho ganado y reconocido por el Estado que lo obliga a satisfacer las demandas de crecimiento y mejora de la institución educativa, bajo la certeza de que el mejoramiento universitario redunda en beneficio de las expectativas de progreso y bienestar de Sonora y el país.

Queda claro que entre más incompetente sea una administración, más es propensa a cometer errores y omisiones que rayan en la cesión de autonomía y la sujeción innecesaria y gratuita a los intereses de instancias ajenas y muchas veces opuestas al cumplimiento leal y puntual de las altas funciones universitarias.

Hoy, los trabajadores universitarios enfrentan los pujos fascistoides de una administración que más parece depender de las autoridades estatales o de negocios privados como lo es Ceneval, que de la propia ley orgánica y de su propia conciencia universitaria. Se tiene el caso de una administración que dejó de estar al servicio de la Universidad para cumplir con los triviales propósitos de los gobiernos neoliberales que en el plano federal y estatal se empeñan en arruinar y vulgarizar la economía y la política nacionales, entregándola a las trasnacionales y destruyendo las posibilidades de actuar con apego a la soberanía nacional y estatal. Lo anterior permite suponer que la idea de Universidad como conciencia crítica de la sociedad no pasa por las estrecheces mentales e ideológicas de la administración actual.

La ley vigente, ignora a la comunidad universitaria e ignora la riqueza intelectual y capacidad de sus académicos. Es una institución que agrede y desprecia a sus trabajadores; si no fuera así, se hubiera tomado en cuenta en primer lugar a las academias para ver la necesidad y la conveniencia de cualquier tipo de reforma curricular, y sin embargo, no lo hizo. Se prefirió la vía burocrática, la verticalidad burocrática, el establecimiento de plazos fatales, la coacción autoritaria que pasa por alto la lógica de los programas académicos y recurre a la sebosa indiferencia de una autoridad que actúa de manera servil con el exterior y de manera prepotente y grosera hacia su propia comunidad.

Si se ha optado por la vía de la represión solapada que adquiere la forma de eliminar antigüedad laboral a quienes ejercen sus derechos constitucionales, ¿se borrará también el día lunes de la manifestación frente a rectoría de su historial laboral?

Ser peatón en Hermosillo

Recientemente algunos sectores universitarios se quejaron de la total desprotección que sufre el transeúnte hermosillense en los alrededores de la Universidad de Sonora. Me di a la tarea de observar in situ este tema y situé mi puesto de observación en el cruce de Luis Encinas y Rosales, a la sombra del edificio del Museo y Biblioteca y lo primero que se me vino a la cabeza fue la pregunta: ¿por qué algunos automovilistas dan vuelta a la derecha desde la esquina y no siguiendo la desviación que se diseñó para estos efectos, cuando los conductores circulan de poniente a oriente y se dirigen al sur por la calle Rosales?

En este cruce existe un muy visible paso peatonal marcado con franjas amarillas, de acuerdo con los criterios internacionales de señalización que, se supone, los automovilistas conocen y deben respetar, ya que de ello depende la vida de los viandantes.

El ciudadano de a pie espera pacientemente en el cruce su oportunidad de pasar al otro lado de la calle, sea en la isleta triangular entre la plaza Zubeldía y el Museo, o en las esquinas de estos dos puntos de referencia, al cambio de luz en el semáforo que les permita seguir su camino, con la certeza de que los automovilistas que circulan de norte a sur deben hacer alto. Tal cosa no necesariamente ocurre.

Invito al agudo lector a situarse un día en ese punto neurálgico de la capital de Sonora para que vea con sus propios ojos la irracionalidad de muchos automovilistas y su falta de respeto hacia la integridad física y emocional del peatón que, confiado, cruza por la esquina y va por la línea trazada en el pavimento cumpliendo con las disposiciones de la autoridad municipal. Verá que mientras hay peatones que se apegan a las reglas, hay bestias peludas (o depiladas) que ignoran para qué sirven los cruces peatonales y las áreas que en forma de isletas triangulares se encuentran en las vialidades, lo cual constituye un auténtico peligro. Los accidentes resultantes deben ser atribuidos a la estupidez motorizada y la falta de consideración hacia los ciudadanos de a pie, quienes ven seriamente afectado su derecho al cruce seguro, en ocasiones de manera irreparable.

Lo más triste del caso es que durante mi observación en el terreno pude enterarme de que 9 de cada 10 automovilistas que no toman la desviación hacia el sur y que dan vuelta en la esquina afectando el paso peatonal de quienes transitan a pie entre el Museo y la Universidad, son mujeres. Asimismo, pude ver que es muy raro el automovilista que detiene la marcha y da el paso a los peatones que intentan cruzar de la isleta a la plaza Zubeldía y viceversa.

También en el cruce de Pino Suárez y Luis Encinas, la franja peatonal es frecuentemente invadida por los carros que hacen alto, con lo que se impide el paso a los peatones que cruzan, obligándolos a aproximarse a la zona donde circulan los vehículos. Aquí los conductores irrespetuosos parecen ignorar la existencia de las franjas amarillas que van de una esquina a otra y a los mismos viandantes que intentan cruzar cuando el semáforo así lo indica.

Ser peatón en Hermosillo y, particularmente, en las cercanías de la Universidad de Sonora es, por decir lo menos, una especie de deporte extremo que se practica todos los días, en este caso mayoritariamente por estudiantes de diversos niveles educativos y por trabajadores universitarios. Al parecer, no ha surtido efecto los avisos fijados en los postes de las inmediaciones, ya que los automovilistas siguen ignorando las más elementales normas de cortesía ciudadana y el derecho que asiste a los peatones de cruzar la calle con seguridad.

Se requiere de un esfuerzo extraordinario por parte de las autoridades competentes para que vigilen y hagan sentir su presencia en los lugares conflictivos, no sólo mediante la colocación de cámaras de vigilancia sino mediante la asignación de personal de tránsito que, en efecto, se comprometa a evitar accidentes y poner orden en una vialidad altamente sensible y problemática. Esperemos que así sea.

Otra vez, el otoño

El cambio de estación implica un esfuerzo de adecuación de los habitantes de estas arideces geográficas y conceptuales. La atonía consume los restos del sudor acumulado durante las largas jornadas de julio y agosto y, finalmente, cancelamos toda esperanza en el dantesco agujero en el que se encuentra, postrada y agónica, nuestra democracia. Sabemos que somos ciudadanos, pero la duda es grande cuando se tocan aspectos tales como el de la plenitud de derechos que, se supone, son inherentes a la calidad de mexicano.

Nadie puede dejar de sentir esa fea sensación de estar abandonado a su suerte, sabiendo que ésta es mala, negra, horripilante y espantable. Las elecciones pasaron cual ventarrón que insiste en soplar en un solo lugar, a una sola gente, como si la redundancia fuera el destino: el ciudadano que vota es un ser que tiende a la minusvalía factual, aunque alguien le cuelgue la medallita de bien portado aunque así ignorado. La certidumbre de que las televisoras son las que mandan invita a apagar el televisor, aunque al final, la inercia llame a sentarse con botanas y bebidas a ver el partido de fútbol, protestando entre comerciales por los fraudes y ninguneos que los hacedores de milagros mediáticos.

Quien dice que no vale la pena votar, en forma inconsciente avala el ocultamiento de la pestilencia política mediante el desodorante de la abstención. En cambio, quien defiende el derecho y la obligación de participar cívicamente en los procesos electorales, pone el dedo en el renglón que debemos enderezar y que se ha torcido gracias a la apatía ciudadana y a los llamados poderes fácticos, que son las excrecencias del sistema corrupto y agónico que nos atosiga. Señalar los defectos y los horrores del sistema es, cívica y políticamente, un imperativo categórico.

Considerando los últimos acontecimientos, podemos afirmar que México es el lugar donde un rayo puede caer dos veces seguidas sin que cause asombro, dado el muy cultivado sentido de la fatalidad que adorna nuestra idiosincrasia. Así, el contrasentido de impulsar una reforma laboral cuando lo correcto era aplicar la ley vigente, apenas puede superar el absurdo de una democracia que admite la compra de votos y los gastos sin límite, ampliamente adobada por corruptelas y trapacerías; así las cosas, somos un pueblo con arraigadas costumbres antidemocráticas y con síndrome de Estocolmo.

Lo curioso de este asunto es que las fuerzas más favorecidas, tanto por la elección presidencial como por la reforma laboral, se revelan como perseguidoras de cada vez más prerrogativas que en nada se relacionan con el interés nacional, y sí con los del extranjero. En este sentido, la oposición a ellas es un acto de legítima defensa del patrimonio nacional y familiar. A estas alturas, es improbable que alguien pueda negar la crisis de credibilidad en la que se han sumido las instituciones nacionales, particularmente las electorales, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo federal.

Aquí, como en España, entre otros pueblos azotados por el neoliberalismo, no falta quién llame a la unidad nacional, como una forma chapucera de aplacar los ánimos oposicionistas, ignorando que los llamados a la unidad sólo proceden cuando el interés supremo de la nación está en juego, y no los mezquinos y deleznables de los sectores oligárquicos y sus representantes legislativos.

El otoño no debe ser una estación para enfriar los ánimos, sino una etapa de calentamiento para las luchas que se habrán de librar en diciembre y los meses por venir. Ocurre que somos un pueblo en tránsito hacia sus grandes definiciones, en busca del ideal de país democrático, progresista y libre. Insisto: el otoño también es un buen tiempo para ver hacia el sur y compartir sus luchas por una Latinoamérica unida, independiente y próspera. Así sea.

La contrarreforma laboral y otros delirios

A estas alturas, ya se ha escrito mucho sobre el tema de la reforma laboral que con la etiqueta de preferente ha impulsado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en su carácter de titular del Espuriato federal en el sexenio que agoniza. En esa virtud, solamente subrayaré algunos detalles.

El gobierno federal advierte contra los horrores de la estabilidad en el empleo, como si no fuera ese uno de los objetivos que persigue todo trabajador. La evidente dislocación entre los intereses de los trabajadores y los del gobierno, permite suponer que seis años no fueron suficientes para que el panista Calderón aprendiera sobre las obligaciones del presidente de la república, de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Se pasa por el arco del triunfo la obligación del Estado de propiciar el desarrollo integral de la población y mantener la armonía entre los sectores productivos; en este caso, hace descansar el costo de la incompetencia privada y el desastre público sobre los hombros de los trabajadores asalariados. Al pretender eliminar la estabilidad en el empleo, propicia la inseguridad y, por ende, la lucha por la sobrevivencia de los empleados y la desesperación de los desempleados, lo que nos lleva a una verdadera bomba de tiempo social que, aun sin reforma, ya tiene estallidos en forma de aumentos en la criminalidad y la disfuncionalidad familiar.

El trabajo fraccionado y eventual permite una mayor explotación de la fuerza de trabajo, la que deja de tener la protección del Estado y puede ser despedida sin responsabilidad patronal. Afirmar que la reforma va a traer mayor empleo formal es tan absurdo como suponer que los incrementos en el diesel y las gasolinas no repercuten en el alza de los precios de los productos de consumo familiar, o anunciar que los aumentos en las remesas significan otra cosa distinta al fracaso del empleo y la falta de oportunidades en nuestro país.

El gobierno opone la productividad a la antigüedad en forma mañosa e inexacta, ya que obedecen a categorizaciones y condiciones distintas. La productividad depende de la forma en que se organice la producción y el programa de estímulos que se establezca como complemento al salario; la antigüedad está relacionada con la permanencia del trabajador en el empleo. El gabinete antieconómico de Calderón supone que la productividad se elevaría al desconocer los derechos de los trabajadores, lo que no deja de ser una cínica propuesta emanada de las más calenturientas mentes neoliberales: un mercado laboral sin responsabilidades para el patrón, resucita el cadáver de la esclavitud y las formas forzadas y semi-forzadas de empleo en tiempos de Porfirio Díaz.

Con relación a la transparencia sindical, el gobierno parece ignorar que las demandas de los trabajadores han sido referidas a la transparencia al interior de las organizaciones y no necesariamente poner bajo la lupa del poder público o patronal los asuntos internos del sindicato. Por el contrario, debiera propiciarse una mayor autonomía sindical y una mayor capacidad de decisión de los agremiados por vías democráticas, lo que, en todo caso, debiera rescatarse en los documentos normativos internos de cada organización, con la garantía de respeto absoluto por parte del gobierno a la vida interna de las organizaciones. Una auditoría externa implicaría una evidente pérdida de autonomía sindical, lo cual resulta inadmisible por tratarse de recursos que no son públicos sino deriva de las cuotas que voluntariamente aportan sus miembros.

El tratar de limitar el cobro de los salarios vencidos a un año, supone limitar el derecho a huelga y la vigencia de los derechos laborales de los huelguistas. La solución de los conflictos no depende necesariamente de la parte trabajadora sino de las reticencias de la parte patronal de cumplir con el pliego de violaciones al contrato colectivo de trabajo. Con esta propuesta de reforma, el gobierno da de antemano la razón a la empresa y hace pagar los platos rotos a los trabajadores.

Es verdad sabida que la administración expedita de la justicia no depende de las partes implicadas, sino de la probidad y responsabilidad de las autoridades. La modernización de la justicia laboral debiera empezar por los tribunales, al dotarlos de funcionarios conocedores de la ley que, con respeto y responsabilidad hagan su trabajo, y no personal corruptible que se limita a actuar por consigna de autoridad superior o de acuerdo a los intereses del capital, a costa del bienestar de los trabajadores.

La reforma caderonícola que recoge Peña Nieto es, por decir lo menos, un ejercicio de cinismo antilaboral, que resuma injusticia y agresividad contra los trabajadores y sus derechos. La presente es una reforma claramente antiobrera, que supone la eliminación de los derechos históricos de las clases trabajadoras mexicanas y sus formas de organización. En tal sentido, la iniciativa del Ejecutivo no debe prosperar, por razones de elemental justicia.

Las fiestas patrias del 2012

Las llamadas fiestas patrias llaman a la puerta con insistencia publicitaria, con la necedad insidiosa de un cobrador telefónico, con el empeño intrusivo de un fanático religioso a domicilio, con la inercia de los festejos que sirven para hacer pasarela a los personajes de la política y al pueblo que requiere de la escenografía oficial para sentirse parte de algo. La proximidad de las fechas sugiere este comentario.

Somos un pueblo que tiende a la autoflagelación y al estoicismo cómplice, ya que podremos protestar y hacer añicos con la lengua a nuestros opresores, lanzar encendidos alegatos bajo el ala protectora del alcoholismo socialmente aceptado de la cantina o el patio casero, en medio de amigos y parientes, de compañeros de trabajo, estudio o vagancia cuya función es la de ser auditorio complaciente y acrítico de nuestros desahogos. El hado chacotero que a todos acompaña se encarga de los efectos coreográficos de una disidencia de fin de semana, de pasillo, de cafetería, de las variadas formas en que la impotencia se puede reflejar sin dar aviso a la autoridad competente.

El ciudadano oprimido y el burócrata explotado sacian sus sueños libertarios en aquellos campos en los que no se pone en riesgo su adhesión a la institucionalidad: “¿qué pasaría si López Obrador llegara a la presidencia?” “Ya me veo con un gobierno parecido al de Venezuela”. El miedo al futuro y la inconformidad por el presente son dos variables donde la primera termina poniéndose en la mesa de las votaciones como la segura ganadora. “Primero está la estabilidad”.

Pero, situándonos en el presente, podemos observar que esa “institucionalidad” ha avanzado a pasos agigantados hacia otra categoría, la de ser cómplice de fraude. De ahí la compra de votos mediante tarjetas y otras menudencias como despensas y regalos varios, típicos de las campañas publicitarias que regalan chatarra y compran espacios publicitarios en los medios electrónicos y los tradicionales de comunicación. La Operación Jorge (ver Proceso No. 1871, del 9 de septiembre de 2012), da cuenta de lo segundo mientras que de lo primero se tienen múltiples constancias, testimonios y elementos probatorios toda vez que es verdad evidente.

En medio de esa enorme masa poblacional corruptible, se encuentra la parte activa de la ciudadanía que se distingue del resto por el simple hecho de que no se dejó engañar, que no dejó que alguien la convirtiera en prostituta electoral y voto según su conciencia. Los votos a favor del Movimiento Progresista entran en esta categoría. Esta porción poblacional no es pequeña. Ha crecido a lo largo de los años y llegado a constituir una poderosa fuerza de cambio que se manifiesta libremente y que rompe con la inercia del ciudadano timorato que se pliega a los imperativos del poder. Ahora tenemos una oposición ciudadana que veló sus armas por primera vez en 2006 y que ahora sabe que las puede usar de manera contundente. Esos son los que toman las calles, los que se expresan y organizan por los diferentes medios que nos ofrece la tecnología, los que dijeron “¡ya basta!” y se sostiene a pesar de las críticas e insultos de los que siguen defendiendo al opresor, de esos pequeños masoquistas que no pueden vivir sin su dosis de corrupción real o virtual. El año 2012 es el de la liberación de las conciencias y el inicio de la transformación nacional desde su base fundamental: el pueblo organizado en torno a la figura y propuesta de López Obrador.

Si el objetivo fundamental es la transformación del país, entonces, ¿quién no podría estar de acuerdo en cambiar el estado de cosas que nos mantiene al margen de una vida laboral y personal decente? ¿Quién se opondría válidamente a la construcción de una sociedad libre e incluyente, en la que el empleo de calidad y el ingreso digno fueran las notas características? ¿Quién se opondría a que los conceptos “democracia” y “justicia social” ahora vacíos de contenido recuperaran su sentido original? ¿Quién no quisiera que su patria fuera “ordenada y generosa” para sus ciudadanos y no sólo para los extranjeros que depredan nuestros recursos y toman por asalto las instituciones nacionales? ¿Quién no estaría de acuerdo en que México recuperara la imagen internacional que alguna vez tuvo, sobre todo entre nuestros hermanos de Latinoamérica?

Debemos entender que el país se encamina hacia una nueva recolonización por parte del capital extranjero y que la pérdida de soberanía ha sido la tónica de los últimos gobiernos neoliberales. La actual lucha no es sólo por la democracia electoral sino por la defensa de la patria. En estas condiciones, ¿qué mensaje pueden ofrecer los gobernantes a un pueblo ofendido, burlado y empobrecido? ¿Qué sentido tienen las loas a los héroes que nos dieron patria y libertad si ambas nos son regateadas por los extranjeros a ciencia, paciencia y colaboracionismo de los gobiernos neoliberales y apátridas que padecemos? El festejar algo perdido o en vías de perderse sería un acto de patética alienación, fingir que aquí no está pasando nada, que tenemos derecho al festejo por ser algo vivo, actuante, lleno de contenido heroico que nos enorgullece e identifica sería un acto de extrema incongruencia. La muerte de la República no se celebra.

Más apropiado sería una ceremonia luctuosa por lo que hemos perdido, y el compromiso irrenunciable de recuperarlo. En este sentido, la propuesta sería la de realizar una ceremonia de desagravio a nuestros héroes por haber perdido lo que nos otorgaron, y hacer el firme compromiso de luchar, según su ejemplo, por la independencia y libertades a que tenemos derecho histórico. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Así las cosas, estos días de fiestas patrias deja solos a los traidores que ocupan el gobierno y celebra con el pueblo libre el compromiso de ser mexicano.