Campanas al vuelo

Una costumbre inexplicable es la de lanzar las campanas de los medios de comunicación al vuelo  con frecuencia pasmosa desde que el funcionario con bigote mejor recortado del estado tomo posesión de su cargo. ¿Para qué el aire festivo y triunfalista de lo que es, simplemente, el posible cumplimiento de las obligaciones que la Constitución señala como propias del gobernante? ¿Para qué desplegar los medios informativos en una campaña que parece dedicada a magnificar hechos y personas? ¿Tiene sentido contradecir con los hechos una política de austeridad que sólo se ve en el papel? Pienso que no. La cotidianidad sonorense permite suponer que este gobierno es de mucho ruido y pocas nueces.

Antes que animarlos las obras y acciones constructivas en bien de la paz social y la armonía entre los diversos sectores, la sombra de la incredulidad y desconfianza se cierne sobre los cariacontecidos votantes que creyeron en “el cambio” o, de plano, se fueron con la finta mercadotécnica que, como ya es costumbre, da gato por liebre en las lides electorales donde la base es el dinero disponible para hacer campaña. No es raro que grupos sociales se queden con las ganas de un diálogo franco y confiable con el gobernador, porque la experiencia reciente justifica la expresión de que “nos vieron la cara”.

Así, los “malnacidos” y otros opositores al alza de impuestos, quedan persuadidos de la inutilidad de las promesas de campaña y la necesidad de buscar alternativas de organización ante la cerrazón del Ejecutivo. Hasta el mismo Congreso se encuentra en estado de semi-parálisis presupuestal, corriendo el riesgo de eventualmente carecer  de los servicios de agua y electricidad necesarios para su operación. Ante el deterioro de las instituciones de la democracia sonorense, el gobernador insiste en que aquí no se dará “ni un paso atrás”.

El descuido o el desaseo oficial en aspectos esenciales apenas se ven compensado con una especie de populismo de derecha desmañado y cursi, de ahí que el “gober” se complazca en acudir a espacios universitarios a “entregar becas” y hacer de conferencista ante auditorios obligadamente respetuosos. El placeo postelectoral, que incluye barrios y colonias, sólo puede indicar la apremiante necesidad de aparecer como solucionador de problemas, como actor de cambios positivos, como el que puede hacer cosas, lo cual es triste y entraña una profunda soledad gubernativa que en términos coloquiales puede expresarse como que se quedó “colgado de la brocha”. La apariencia le quiere ganar a la realidad con un elemento a su favor: la publicidad y escenografías que convierten en circo la acción pública.

Gobernar desde las portadas de los periódicos o las pantallas de televisión es hacerlo desde la mentira y la manipulación. Una imagen dice más que mil palabras, siempre y cuando quien la vea esté informado del contexto, las condiciones, la validez  y la pertinencia de la acción que se muestra; en caso contrario, la ignorancia o la parcialidad del que juzga sólo puede producir una cadena de errores que pasan por la desinformación y llegan a la pérdida de espacios democráticos al deformar la conciencia ciudadana. Quizá por eso en el mundo democrático se exige la transparencia y veracidad en las acciones y declaraciones de los funcionarios. En el caso que nos ocupa, es notoria la opacidad y simulación con que se manejan los asuntos públicos, lo que nos lleva a considerar que tenemos un gobierno que funciona como si fuera una empresa familiar dirigida arbitraria e irresponsablemente. Por desgracia, el “Nuevo Sonora” resulta abrumadoramente errático y deficiente.

Mientras que se impulsan obras como la del acueducto, también aparecen decisiones como la de cobrar impuestos nuevos o disfrazados, aumentando la carga tributaria de los ciudadanos que, por las condiciones estatales y nacionales, están muchos al borde de un ataque de insolvencia. Lo positivo que pudiera tener la obra hidráulica contrasta con lo negativo de una carga impositiva torpemente manejada.

Por si fuera poco, se acercan fechas fatales para el posible desencadenamiento de conflictos ligados al presupuesto: el emplazamiento a huelga en la Universidad de Sonora, pero ejemplo. De entrada, nadie puede decir que las demandas de los universitarios sean injustas, aunque par su satisfacción debe existir un verdadero ánimo de resolver el pliego petitorio, tanto por parte del gobierno como por la administración universitaria, ya que por el lado sindical la sociedad sonorense tiene muestras de que existe buena voluntad y seriedad en las decisiones. Los sindicatos universitarios han dado repetidas muestras de madurez y compromiso, sólo falta que las autoridades estatales y universitarias actúen con la misma responsabilidad y buena voluntad, en estricta reciprocidad con su contraparte. La moneda está en el aire y la frivolidad sale sobrando.

Sorpresa universitaria

La comunidad universitaria rompe en bostezos al conocer el resultado del proceso electoral de rector: que fue reelecto Heriberto Grijalva Monteverde, ya que –dice el presidente de la junta, Ángel Rangel Guerra- los otros tres candidatos estuvieron de acuerdo con el programa de trabajo de éste, según entrevista a Dossier político, 4/03/2013: “Fue una reunión en la que escuchamos a todos los aspirantes a rector y a todos los integrantes de la junta. Y en todos se mantuvo la idea de que el proyecto de trabajo de Grijalva Monteverde es un documento con la virtud de comprender la nueva realidad de la universidad y proyectarla a los años futuros”.

. De la anterior declaración surgen las preguntas: ¿Si los candidatos concuerdan con los planteamientos de Grijalva, coinciden en cuál debe ser el destino de la institución? ¿Aplauden la excesiva burocratización en la que está inmersa?  ¿No hay plan ni programas alternativos al de Grijalva? ¿No hay nada que les mueva a proponer cambios de forma y fondo en la vida universitaria? ¿Cuál fue el verdadero propósito de su registro como aspirantes a rectoría?

Como el agudo lector puede suponer, existen mil y una preguntas más que se pueden formular pero (siempre hay un pero) estarían condenadas a fluir por el caño de la indiferencia de la Junta Universitaria (sic), ya que: “Nuestra obligación, como Junta Universitaria, es respetar la ley. La ley se ha cumplido cabalmente en todos y cada uno de sus artículos. Son justificables y entendibles las inquietudes en torno a la democracia, pero no está contemplado en la línea académica de la Universidad de Sonora, que se proceda de manera democrática” (Rangel dixit).

El proceso articulado mediante la publicación de la convocatoria, registro, auscultación, presentación de programas, entrevistas y elección, protagonizado estelarmente por la Junta Universitaria y teniendo como actores secundarios a tres de los cuatro “candidatos” a rector, más una pequeña multitud de extras y empleados de reparto, culminó con una repetición, pleonasmo electoral o invitación al bostezo institucional: el nuevo rector es el viejo rector, para tranquilidad de la inercia y la inamovilidad de un grupo que, con ánimo de propietario, decide los cuatro próximos años el rumbo unidimensional de la institución. La cucaracha en el frasco podrá seguir avanzando sin interrupciones hacia su meta circular.

Por el lado positivo, la aclaración clara y contundente de Rangel Guerra sobre el status universitario despeja dudas, ya que tiene la virtud de exorcizar los demonios de la democracia en la realidad intrauterina institucional: la ley orgánica protege a la institución de distracciones inútiles y perniciosas como pueden ser los juegos electorales y sus posiblemente imprevisibles resultados, porque sus objetivos son académicos (docencia, investigación, extensión y difusión) no políticos.

La verticalidad y el burocratismo resulta ser la más natural y propia de las conductas administrativas y académicas, porque la ley universitaria no prevé la participación activa y decisiva de los profesores, investigadores, estudiantes y personal manual y administrativo en las decisiones que afectan la vida universitaria. Los varios miles de universitarios son un cero a la izquierda, y no deben ser tomados en cuenta salvo para exigirles el cumplimiento de las normas, el llenado de formatos, la rendición de informes y la observancia de los rituales administrativos en uso.

Sin embargo,  la creencia en el monopolio de la inteligencia burocrática inducida por la ley, establece una tendencia, una conducta que se generaliza entre los estratos universitarios como subproducto de la verticalidad imperante: el cinismo se convierte en una defensa de la acción o de la inacción, basada en la todopoderosa observancia de la norma. La iniciativa personal, la creatividad, la imaginación al servicio de la academia no son necesariamente funcionales en el llenado de los formatos, porque la inexistencia de rubros que los capturen exactamente supone la necesidad de dejar fuera del programa y del informe lo que pudo haber sido y no fue, por causa de respetar los ítems, márgenes y formas.

La reelección del rector por parte de la Junta Universitaria significa exactamente eso, por lo que suponer que es la comunidad la que reelige, ratifica y avala la gestión y el rumbo institucional es una idea falsa de lo que es la vida universitaria. No es lo mismo el taller del inventor que la línea de producción en una maquiladora, y queda claro que la institución universidad en Sonora no puede aspirar a generar conocimiento sino a reproducirlo, a maquilar “productos” y no formar seres pensantes, ciudadanos críticos y democráticos, porque la norma o “línea académica” no lo propicia aunque en el discurso se diga lo contrario. En ese sentido, los derechos universitarios excluyen la capacidad de decisión y participación de los universitarios sobre los asuntos que los afectan, salvo en la pueril y limitada esfera de las relaciones profesor-estudiante en el marco de lo establecido en el Reglamento Escolar.

La idea de universidad autónoma riñe con la realidad de organismo educativo dependiente de los órganos certificadores y evaluadores que pululan y prestan sus servicios mediante el pago de cuotas y compensaciones, ya que la institución ahora ha dado en pagar dinero por ello para que se le “certifique”, y la búsqueda del ISO y la constancia de buen comportamiento institucional son el objetivo claro de la administración que declara buscar la “mejora de productos”.

Educación neoliberal

La responsabilidad académica y moral para con el estudiante deja de ser un imperativo que se sustituye fácilmente por la búsqueda de la “satisfacción del cliente”, así, los hilos envenenados de la privatización de la conciencia universitaria se ciñen en la cintura normativa de la institución y tejen la camisa de fuerza del neoliberalismo educativo. Por ello, buscar la democratización de la vida universitaria suena a anarquía, a conducta pecaminosa que distrae y aleja del ideal aséptico de la universidad administrativa que el sistema necesita. 

La elección cerrada y excluyente del rector es una expresión autoritaria que el sistema permite. Su eliminación supone un cambio hacia propósitos antagónicos a la lógica burocrática pero afines a las necesidades de crecimiento académico y desarrollo social. Quizá el cambio esté en manos de los propios universitarios en la medida en que su organización permita el diseño de estrategias y acciones hacia un cambio de normas con sentido social, que realmente enfoquen el esfuerzo académico hacia el progreso de lo local y regional, a partir del fortalecimiento de la  identidad institucional y la corresponsabilidad en el mantenimiento de la calidad académica.  

El bostezo universitario

Cada cuatro años, desde que se implantó la ley 4 (Orgánica de la Universidad de Sonora, llamada también Ley Beltrones), se observan curiosos movimientos entre las parvadas grillas al interior del Campus, que insinúan un cierto residuo democrático aunque sus características apuntan más bien al acarreo y al palerismo tan socorrido en las esferas del autoritarismo legislativo panista de los últimos tiempos. Cada temporada de “elección de rector” supone un gasto de saliva, tinta e histrionismo que se despliega por pasillos, oficinas y cubículos, así como por antros, lugares de moda y medios de comunicación de alcance local y regional. Los esfuerzos desplegados no son, ni por asomo, producto de convicciones académicas sino de motivaciones más vulgares: cumplir con encargos, encomiendas, misiones o consignas ligadas estrechamente a la pedestre versión universitaria del acarreo que la gente grande practica en los espacios de corrupción político-electoral a que el sistema trata de acostumbrarnos.

Las huestes de jilgueros universitarios alineados se lanzaron a convencer a otros de apoyar a “su” candidato a rector, porque habían recibido el honroso encargo de llamar a cuates y compañeros de andanzas burocráticas a “hablar a favor de…”, que es, para cualquier efecto, “el bueno”; pero, ¿quién ha dicho que la comunidad universitaria participa en el proceso de elección del rector? Nadie que conozca mínimamente la legislación universitaria vigente.

Tan peculiar actividad fue desplegada en la etapa de “auscultación” que realizó la Junta Universitaria (sic) mediante convocatoria interna que fue recibida como un decreto que debe cumplirse hasta la ignominia. Así las cosas, se puso en la página de la institución una liga para que quienes estuvieran interesados “sacaran cita” para hablar a favor de alguno de los candidatos registrados ante ese cuerpo.

El ejercicio, más mediático que democrático, contribuyó a abrir un tanto más la llaga de la ignominia que sufre la comunidad universitaria de ser marginal en su propia casa. Sucede que esta neurona social llamada universidad no tiene vela en el entierro en eso de elegir a sus autoridades. Los universitarios son, para cualquier efecto, menores de edad electoral y carecen de toda capacidad de decisión en los asuntos importantes de su casa de estudios. Así pues, lo mismo da que sea un aspirante interno que externo, por lo que no hay compromiso real con la comunidad que supuestamente representará, sino simplemente llenará las formalidades del caso y quedará en manos del órgano electoral que es la Junta Universitaria. En este sentido, resulta ociosa cualquier alusión a “campañas” por la rectoría, ya que únicamente a quienes tienen que convencer son a los integrantes de la citada Junta.

La pregunta que surge es ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué hacer el papel de acarreado ante un grupo de personalidades que bostezan cuando no ríen tras escuchar los argumentos a favor de tal o cual “candidato”?

Al parecer, los universitarios siguen con la inercia de los procesos sucesorios de la década de los 80, cuando sí tenían voz y se les reconoció voto en la elección de rector, lo que terminó con la imposición de la actual ley orgánica que es, entre otras cosas, un monumento a la burocratización y al autoritarismo. La actual Universidad de Sonora es un ente paraestatalizado que niega su carácter autónomo en cada una de las decisiones que toman sus autoridades, de ahí que la simulación democrática resulta inquietante por su incongruencia con la realidad que configura el actual marco normativo. La auscultación es demasiado parecida a la vieja “consulta popular” porque simula interesarse en las demandas ciudadanas para, al final, imponer el proyecto previamente concebido.

Lo que se debe entender es que a partir de la ley 4 la UniSon se ha visto en un proceso gradual de changarrificación que abarca todas las esferas de su actividad. Por ejemplo, ahora los académicos dependen de la llamada tortibeca para compensar la pérdida de su capacidad adquisitiva vía salario. La tortibeca consiste en acumular un determinado número de puntos en una escala de méritos ligados a una idea de “productividad” para traducirlos en  salarios mínimos, con lo que se compromete la calidad académica en aras de cubrir cuotas de puntaje a cambio de algunos pesos adicionales al salario. Así, la lucha por obtener mejores condiciones laborales y salariales pasa por la acumulación de papeles intercambiables por migajas, por la subordinación vergonzosa a los requerimientos de una calidad que viene dictada por políticas educativas ajenas a las necesidades formativas reales de los estudiantes, pero diseñadas conforme los compromisos que hace el gobierno de acatar los modelos propuestos por los organismos financieros internacionales.

La alegría de enseñar y de aprender pasa por el filtro de los formatos y las prácticas de la subordinación ideológica y política operativizadas en la estructura del currículo, deformándolas y convirtiéndolas en una faramalla triste, burocrática y perversa, que compensa la simulación mediante “estímulos”. La vida cotidiana de las universidades se ve pautada por rituales huecos en los que el bostezo es una reacción a la cortedad de miras y ausencia de aliento transformador.

En la Universidad de Sonora se aprestan para designar rector un pequeño grupo de notables, por encima y a distancia de la comunidad que, cuando mucho, “participa” en el ritual auscultatorio con una opinión carente de espontaneidad, aburrida hasta el tuétano por la certeza de que la línea ya está dada, que las palabras y los enojos sobran en un ambiente signado por la verticalidad y la opacidad. Pero son cosas de la ley orgánica vigente. Otra cosa sería adjetivada como anarquía y ¡Dios nos libre!

Malnacideces y exabruptos varios

La Serie del Caribe 2013 no pasará a la historia porque la población sonorense y de lugares cercanos o remotos sea memoriosamente beisbolera, sino porque la verbosidad del gobernante decidió calificar de lesa patria cualquier atentado contra el lucro esperado en estas fechas de crecido flujo turístico con motivo de la actividad deportiva.

Los negocios se llevan bien con los turistas y el gobierno es el proveedor esencial de la parafernalia mercantil, al cacarear las maravillas del estadio y sus soñadas instalaciones. La sociedad entera es convocada a rendir pleitesía al cemento y a la varilla, al cableado eléctrico y a las maravillas de la comunicación visual plasmadas en las pantallas, los artilugios mediáticos y la extensión de los cajones de estacionamiento, sin olvidar la inversión que supone y los mecanismos de apropiación inmobiliaria que sugiere.

El gobierno se declara beisbolero y sus esfuerzos están encaminados a fungir como gestor y guía turístico de propios y extraños, como corresponde a un anfitrión que desempeña la función pública y la privada en una mezcla sui generis que no deja de asombrar ni confundir. Sin embargo, la bola inicial fue lanzada por la mano firme y experta del gigante de Etchohuaquila quien sin sudoraciones impositivas hizo lo que supo y pudo. Elegante mutis padresista que supone su ocupación en altas y complejas operaciones tendientes a traer inversiones y acomodar inversionistas, en estratégico destino del país del norte, donde tienen claro lo que aquí se confunde: la maquiladora no es igual a la industria, ni el hecho de tener el 60 por ciento del empleo manufacturero representado por maquilas supone algún proceso de industrialización para Sonora.

Pero el gobierno beisbolero de Padrés, con la mirada puesta en los ingresos, camina firme por los caminos sinuosos de la intransigencia, sorteando con base en la diplomacia de los granaderos y cuerpos anti-motín, las rugosidades de un terreno pringado de ciudadanos beligerantes y de voluntades crispadas. “¡Malnacidos”!, escupe Padrés en la cara de la conciencia cívica, bautizando con tino involuntario al movimiento que ahora levanta la bandera de los derechos fiscales atropellados y el exceso de voracidad sobre los bolsillos de los causantes. “Que no se realicen trámites a los ciudadanos que adeuden la tenencia disfrazada de impuesto al fortalecimiento municipal”, amenaza el gobierno, con lo que parece una medida de torcer la mano al causante dueño de voluntad propia. “Que es para el bien de los ayuntamientos”, refiere el aparato hacendario padresista, con una ignorancia supina rayana en broma obscena y maliciosa, como si la gente no pagara impuestos y como si ésta no se diera cuenta del despilfarro electoral y el jolgorio de hacer negocios privados a la sombra del cargo público; como si no supiera el calvario de los proveedores de bienes y servicios que tiene que pagar del 20 al 50 por ciento del costo de factura nomás por ser considerados para “trabajar” con el gobierno.

El “Nuevo Sonora” quedó como una estampa beisbolera donde los personajes juegan a gobernar en un escenario fuertemente resguardado por la fuerza pública, y donde el pueblo que festeja resulta ser producto del adocenamiento salarial y la manipulación partidista que excluye las libertades propias de una democracia, aunque en los medios se manejen inserciones pagadas en perpetua alabanza al generoso patrocinador oficial. Por más que se quiera e insista, lamer las partes pudendas del poderoso sexenal no redunda en el crecimiento de las instituciones ni en la civilidad de los pueblos, sino en ahondar los baches de una comunidad bombardeada por la vulgaridad, falta de oficio y venalidad convertida en gala y divisa de quien gobierna.

Los Malnacidos son, ahora, un movimiento ciudadano que ha trascendido las fronteras estatales y nacionales. Ahora es oportuno reafirmar su vocación justiciera y no dejarse amedrentar por las llamadas telefónicas, la vigilancia policiaca con “marcaje personal”, los eventuales tropiezos ocasionados por provocadores salariados y sectarios, o los posibles choques con los uniformados. Desde luego que debe imperar la prudencia, la mesura que ennoblece y dignifica a los movimientos pacíficos, aunque sin ignorar que la civilidad no corre por el lado de la cancha del gobierno que medra en Sonora. Sin duda el logro mayor del movimiento es su penetración y alcance local y ahora nacional, que forma opinión y que pone contra la pared a la sordera oficial sobre el tema de los impuestos y los excesos del poder.

En un gobierno donde las manifestaciones populares se reciben con las bocinas palaciegas con volumen atronador, es claro que hay que hablarle con el lenguaje de los signos y los símbolos del que juega para ganar en la novena entrada. La razón asiste a los “malnacidos”, que antes que el estadio nuevo y la parafernalia de alegría por encargo, son un auténtico valor y orgullo sonorense. Ánimo y adelante.

El debido proceso

• Florence Cassez
• La tenencia en Sonora
• La elección de rector en la UNISON

La expresión que titula estas líneas está de moda gracias a la liberación de la francesa Florence Cassez, presunta secuestradora que sirvió de actriz involuntaria a la PGR bajo el mando de Genaro García Luna, ingeniero mecánico con pujos de director cinematográfico que puso al servicio de Televisa sus pretensiones histriónicas. Cuando el caso se revisó de nuevo ahora “sin presiones”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió concederle el amparo “liso y llano” en vez de “para efectos”, con lo que se da carpetazo a la justicia en aras de guardar las apariencias de respeto a la ley al momento de dejar de reponer el procedimiento para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, resarciendo del daño a las víctimas.

Queda claro que la pesadilla que se vive en los escenarios judiciales de Estados Unidos pintados de mil colores en las series de televisión ahora tiene un aterrizaje tercermundista en México, porque los juzgadores se apegan a las formas dejando de lado el contenido: la justicia es secundaria mientras se observen los procedimientos. La forma es fondo y la legalidad no tiene que ver con el afán de encontrar la verdad, ahora sujeta al juego de poderes y conveniencias bajunas que suelen ser los grades motores de las decisiones políticas nacionales, refugiados ahora en los tecnicismos legales esgrimidos por la SCJN.

Las evidencias en contra de la francesa quedaron en el basurero de los juzgados y las víctimas y testigos del cargo de secuestro y asociación delictiva pasaron a formar parte del anecdotario de un gobierno que finge legalidad y legitimidad, aunque simplemente hace su trabajo en eso de cumplir los designios del capital y atraer inversiones extranjeras, tal como su antecesor panista también neoliberal e igualmente pringado de ilegitimidad y usurpación. Ayer se hacían montajes para impresionar a los gringos y ganar credibilidad ciudadana, hoy se allanar los caminos de la impunidad y el tráfico de influencias con dedicatoria a un gobierno extranjero que gusta de hacer inversiones en condiciones ventajosas tanto como bombardear e invadir países pequeños y miserables de la periferia.

El gobierno de México así como le da carpetazo a la justicia, puede hacer que cambie sus estatutos el partido del presidente, con lo que se demuestra que el afán formalizador subordina a los escrúpulos de congruencia y legitimidad. Ahora el PRI declara estar por aplicar IVA a alimentos y medicinas y abrir PEMEX a la inversión privada. Es claro que las trasnacionales francesas podrán respirar tranquilas ante el doble beneficio de tratar con un país gobernado por la complacencia lacayuna a los intereses del capital extranjero y con la flexibilidad debida para adecuar su marco normativo al gusto del cliente, sea el gobierno o la iniciativa privada de Francia u otros interesados empresariales, como pudiera suponerse el trasfondo en el caso de la francesa secuestradora Cassez y las promesas de apertura y garantía de inversiones en sectores estratégicos. Aquí, en el colmo del absurdo, se le declaró libre, pero no inocente.

Pero no sólo hay botaderos legales que acaban en anécdotas de sobremesa en el plano internacional, a juzgar por el despiporre fiscal que padece Sonora al gravar no sólo tenencias vehiculares sino de burros y caballos, así como alzas en los precios de las actas de nacimiento, matrimoniales o de defunción, entre otros servicios a la comunidad que el gobierno debe proporcionar pero que ahora lo hace con criterios de empresa privada, cacahuatera y gandalla, como es el origen y la mentalidad de quienes ocupan los puestos importantes en la administración de Padrés Elías. Parece que el mal ejemplo de acomodar la función pública a los límites de la ignorancia y voracidad de sus actores, cunde y se generaliza abarcando todos los niveles de las relaciones sociales sonorense.

Al absurdo de pretender aumentar los impuestos costa de afectar a las familias sonorenses de manera injustificada y grosera, ha respondido la comunidad mediante manifestaciones de protesta y propuestas alternativas para captar recursos, que pasan por un verdadero plan de austeridad exento de simulaciones mediáticas, aunque no se debe excluir la pertinencia de buscar el amparo contra el paquete fiscal 2013, así como medidas que transparenten el presupuesta estatal, actualmente enfermo de opacidad y discrecionalidad.

Otro caso de indigestión burocrática lo tenemos en la Universidad de Sonora, donde se ha lanzado la convocatoria para el registro de candidatos a rector, a pesar de contar con una ley que niega e inhibe la libre manifestación de las ideas y la equidad en los procedimientos sucesorios de las autoridades. El marco normativo de la Universidad la define como una entidad antidemocrática y altamente corruptible por su verticalidad y su evidente exclusión en la toma de decisiones de órganos colegiados paritarios. Aquí es la administración la que predomina sobre la comunidad académica y, por consecuencia, es la cabeza de la administración la que decide y controla los procedimientos “electorales”, por lo que el anuncio de que el rector actual procedió a registrar su candidatura sólo debe ser interpretado como una reelección declarada desde la cúpula administrativa.

Lo curioso del caso es que cualquier candidatura donde participe algún miembro de la actual administración está por necesidad preñada de ilegitimidad por tener el marco normativo que se tiene, ya que sería “más de lo mismo”. Solamente tendría sentido y credibilidad una elección donde participaran todos los miembros de la comunidad mediante el voto universal y secreto, sea por departamentos, divisiones o unidades regionales, pero bajo el supuesto de que cada voto vale lo mismo y todos los votos cuentan para decidir quién habrá de ocupar el cargo de rector. Esto es posible siempre y cuando haya un acuerdo interno que, sin cambiar la ley, haga posible la libre participación de los interesados, tal como ocurrió durante las últimas elecciones celebradas bajo la anterior ley orgánica. Lo cierto es que en la actualidad universitaria se puede afirmar que la administración es un lugar donde las aguas de la institucionalidad que procura y defiende del progreso académico y humano son aguas estancadas, pútridas y fétidas. Urge el cambio en la institución, por el bien de Sonora, y justamente en ese sentido es que se han manifestado recientemente en forma pacífica y respetuosa, frente a las escalinatas del edificio principal, un grupo de universitarios que demandan democracia y transparencia en la elección de rector. Nada más justo.

Tirar la piedra y esconder la mano

A pesar de que es pública y notoria la responsabilidad del gobierno en la parálisis legislativa que azotó Sonora el año próximo pasado, gracias al berrinche del poder Ejecutivo motivado por la resistencia de algunas fracciones parlamentarias en el seno del Congreso del Estado a aprobar nuevos impuestos y alzas en los ya existentes, ahora resulta que la decisión corresponde únicamente a los señores diputados. El año pasado prácticamente se secuestró al congreso por parte del gobierno y la fracción panista, al boicotear las sesiones e impedir que se tratara el tema del presupuesto estatal.

La apuesta panista fue dejar pasar el tiempo y las elecciones para que al contar con mayoría legislativa, el PRI y otras fracciones opositoras no significaran un estorbo al cumplimiento de los deseos del gobernador, de aprobar con maquillaje el recientemente eliminado impuesto federal de la tenencia vehicular. El en ese entonces Secretario de Hacienda estatal, López Caballero, fue claro al señalar que la oposición le podía hacer como quisiera, que el gobierno estaba por esperar las elecciones, según han referido algunos diputados en su momento opositores; mientras tanto, el panismo desató una anticipada, costosa y abrumadora campaña electoral que incluyó comilonas populares, amplio despliegue en cruceros, transporte público y medios de comunicación, donde corrieron “cheques, billetes y pesos” en favor de sus candidatos.

A pesar de ser público y notorio el afán electoral con fines aviesos, donde hubo de todo lo imaginable en cuanto a recursos, coacción incluida, ahora la hipocresía panista nos regala la perla de señalar que es el congreso el que decide sobre los impuestos, en lo que a todas luces se trata de una verdadera acción concertada con premeditación, alevosía y ventaja contra los intereses populares. Como sabemos, el panismo se salió con la suya electoralmente en Sonora, estado reaccionario por antonomasia, y ahora el gobierno del estado insiste en su vieja pretensión de cargar sobre los lomos de la población su ineptitud administrativa y su falta de oficio económico.

Las medidas recientemente tomadas y abaladas incondicionalmente por la fracción panista en el congreso dan cuenta de lo importante que es para ellos el cumplir los caprichos del gobierno, sin buscar alternativas viables y simplemente contentándose con las manidas explicaciones del secretario de economía estatal, verdadero monumento a la ignorancia y, para ser directo, un verdadero peligro para Sonora.

Urge el debate parlamentario, público, abierto a todas las opiniones, urgen estudios serios e informados que protejan la economía familiar y permitan superar la actual situación. En estos momentos el opinante menos autorizado es el gobierno del estado debido a su parcialidad en materia de impuestos, demostrada desde el año pasado. Lamentablemente optó por la vía fácil, por la aparentemente más accesible, sin pensar en las consecuencias que tendría el alza de impuestos en la precaria economía familiar.

Tan torpe y ciego es, que aún ahora insiste en que nada de lo aprobado afectará a los sonorenses, como si el incremento en los costos de los bienes y servicios no fuera parte de nuestra carga cotidiana y no agravara el alto costo de los bienes de consumo popular.

Es claro que no tiene el gobernador, ni el secretario de economía, la más ligera idea de lo que es la economía pública en su dimensión local y regional; resulta evidente que los miles de pesos que regalan por concepto de asesorías, proyectos y demás, son un gasto inútil que sólo favorece a camarillas de mercenarios sin conocimientos ni escrúpulos. Se ha convertido en negocio privado lo que debe ser función sustantiva del gobierno, lo que demuestra que la economía de mercado acaba por destruir la credibilidad del gobierno cuando se convierte en modelo de pensamiento y acción pública.

¿A quién se le puede ocurrir decir que la economía estatal se desacelera porque no aumentan los impuestos? Solamente a un imbécil babeante que no conoce el poder de la inversión productiva en la generación de empleo permanente e ingreso digno que reporte impuestos al estado. ¿Cuántos establecimientos comerciales o industriales gozan de exenciones fiscales y cuántos pagan lo que debieran por concepto de sus ingresos? ¿Cuántos patrones generan empleos permanentes y decentes, y están al corriente en sus cuotas a la seguridad social? ¿Cuántos usuarios de los servicios públicos cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales? ¿Cuántas empresas vigilan y controlan el uso eficiente del agua en sus instalaciones y desarrollan programas de ahorro? ¿Cuántos negocios se generan localmente y cuántos de ellos están regularizados desde el punto de vista de sus obligaciones con los empleados y con el estado? ¿Cuántos proyectos productivos se presentan y apoyan cada año y cuáles son sus resultados? ¿Cuál es la cantidad y la calidad del empleo generado por año? ¿Qué hace la secretaría de economía además de gastar dinero en promociones empresariales, sin derrama local de recursos ni apoyo real a actividades productivas?, entre otras interrogantes.

En Sonora, urge un gobierno que no sólo sea experto en promesas sino que cumpla. Que hable menos y que haga más. Que no gaste cantidades millonarias en anunciarnos en los medios de comunicación las maravillas del desempeño económico del estado, contrarias a lo que parece ser la cruda realidad. Por lo pronto, los ojos están puestos en el congreso del estado. ¿Servirá para algo, o es parte de la broma pesada neoliberal que padecemos?

Año nuevo, ¿vida nueva?

Supongo que la adquisición  de un nuevo calendario de pared proporciona la sensación de renovación, cambio o arreglo en nuestros asuntos, aunque en la medida en que van desprendiéndose las hojas cobramos conciencia de que los planes o propósitos se alejan al ritmo en que se nos aproximamos a las fechas planteadas para su complimiento. Programamos para reprogramar casi de inmediato y una nueva fecha nos impone la renovada carga de esperanzas y buenos propósitos, para al poco tiempo volver a empezar. Se hace necesario pararse a pensar en lo que estamos haciendo, y el tan traído y llevado “alto en el camino” parece que puede cortar una cadena de errores si miramos con ojos desapasionados nuestra propia posibilidad de cumplimiento, reflexionamos sobre las alternativas y nos quedamos, no con la más fácil, sino con la que tenga menos defectos, es decir, con la que sea más responsable.

Si usted y yo pasamos por ese filtro nuestras decisiones, parece que el gobierno se maneja en otra realidad, donde la opinión ciudadana es irrelevante o se da por descontada su aceptación y aplauso a las medidas que las autoridades se sirvan tomar, como parece ser el caso de los aumentos a los impuestos estatales en Sonora.

Da la impresión de que el gobierno elaboró un presupuesto de ingresos desde una perspectiva egoísta, ya que no tocó en términos reales el excesivo ingreso de los funcionarios, los gastos superfluos y los ingresos extraordinarios que seguramente tiene por concepto de renta petrolera por ser un estado no productor de hidrocarburos, según algunos han señalado. Cabe señalar también el abrumador gasto en publicidad oficial que hace felices a los diarios pero miserable al erario. Baste señalar las planas que se publican a diario sobre los logros posibles del gobierno en materias de su responsabilidad: habitación, urbanización, empleo y seguridad, entre otros.

Tenemos un gobierno que se auto-promueve, que se echa porras y presume que piensa resolver los problemas de la comunidad a fuerza de planas publicitarias donde, paradójicamente, en algunas se anuncia la austeridad en el gasto. Suena a burla, cuchufleta, broma estudiantil, tomadura de pelo y pitorreo contra el sentido común y la necesidad del ciudadano de ver realidades y no payasadas en el desempeño de los cargos públicos.

Como usted sabe, el domingo 6 iniciaron las acciones contra el alza en los impuestos. La capital del estado pasó una tarde de bocinazos al colmar las vialidades previamente señaladas por los organizadores miles de vehículos en señal de protesta contra o que es a todas luces un abuso y una agresión contra la economía de las familias sonorenses. Los ciudadanos en los diferentes rumbos de la entidad se organizan y algunos señalan que la huelga general es posible. El horno sonorense no está para bollos fiscales, por más que el gobierno de Padrés insista en desplegar propaganda a favor de la impopular medida.

Las medidas que se cocinan en el nivel federal no necesariamente son tendientes a fortalecer la economía de las entidades y municipios, ya que el hecho de depender de las participaciones y aportaciones federales en un altísimo porcentaje de sus ingresos los convierte en simples oficinas de trámite y nulifica su capacidad de gestión y toma de decisiones en el aspecto económico. No hay tal soberanía estatal ni autonomía municipal, sino vulgar dependencia de un ente central que distribuye los recursos que previamente concentra.

El problema de la centralización fiscal tiene solución, siempre y cuando se empiece por devolver las facultades económico-coactivas a las entidades y reconocer la capacidad de éstas de decidir su rumbo económico. En todo caso, el apoyo de los fondos federales debiera ser para cubrir eventualidades y tener un efecto contra-cíclico y no como ahora ocurre, que la absurda dependencia centralista ata de manos a los gobiernos y los obliga a rascarse con sus uñas mediante el alza de impuestos que, por otra parte, no tienen justificación por cuanto que no consideran la verdadera situación de los causantes. Entonces, ¿dónde van los recursos captados mediante los impuestos ya establecidos, si no a la bolsa federal que se distribuye con criterios en los cuales nada tiene que ver la opinión ni el bienestar de las entidades?

Peor asunto es cuando el gobierno local dilapida recursos, fomenta negocios privados a la sombra del poder público e incumple su deber constitucional, y pretende cargar los costos de su ineptitud y voracidad a los ciudadanos, de por sí agotados por los peligros sociales de una legislación laboral absurda, la carencia de oportunidades reales de empleo y el alza constante en gasolinas, alimentos y servicios. La economía está en ruinas y se pretende extraer sangre de ciudadanos anémicos, económicamente hablando. 

En Sonora se pretende exprimir el limón ciudadano hasta la cáscara, lo cual no fácilmente lo van a permitir las familias, a juzgar por los movimientos ciudadanos que surgen en todos los rumbos de la geografía estatal. La moneda está en el aire.