Sorpresa universitaria

La comunidad universitaria rompe en bostezos al conocer el resultado del proceso electoral de rector: que fue reelecto Heriberto Grijalva Monteverde, ya que –dice el presidente de la junta, Ángel Rangel Guerra- los otros tres candidatos estuvieron de acuerdo con el programa de trabajo de éste, según entrevista a Dossier político, 4/03/2013: “Fue una reunión en la que escuchamos a todos los aspirantes a rector y a todos los integrantes de la junta. Y en todos se mantuvo la idea de que el proyecto de trabajo de Grijalva Monteverde es un documento con la virtud de comprender la nueva realidad de la universidad y proyectarla a los años futuros”.

. De la anterior declaración surgen las preguntas: ¿Si los candidatos concuerdan con los planteamientos de Grijalva, coinciden en cuál debe ser el destino de la institución? ¿Aplauden la excesiva burocratización en la que está inmersa?  ¿No hay plan ni programas alternativos al de Grijalva? ¿No hay nada que les mueva a proponer cambios de forma y fondo en la vida universitaria? ¿Cuál fue el verdadero propósito de su registro como aspirantes a rectoría?

Como el agudo lector puede suponer, existen mil y una preguntas más que se pueden formular pero (siempre hay un pero) estarían condenadas a fluir por el caño de la indiferencia de la Junta Universitaria (sic), ya que: “Nuestra obligación, como Junta Universitaria, es respetar la ley. La ley se ha cumplido cabalmente en todos y cada uno de sus artículos. Son justificables y entendibles las inquietudes en torno a la democracia, pero no está contemplado en la línea académica de la Universidad de Sonora, que se proceda de manera democrática” (Rangel dixit).

El proceso articulado mediante la publicación de la convocatoria, registro, auscultación, presentación de programas, entrevistas y elección, protagonizado estelarmente por la Junta Universitaria y teniendo como actores secundarios a tres de los cuatro “candidatos” a rector, más una pequeña multitud de extras y empleados de reparto, culminó con una repetición, pleonasmo electoral o invitación al bostezo institucional: el nuevo rector es el viejo rector, para tranquilidad de la inercia y la inamovilidad de un grupo que, con ánimo de propietario, decide los cuatro próximos años el rumbo unidimensional de la institución. La cucaracha en el frasco podrá seguir avanzando sin interrupciones hacia su meta circular.

Por el lado positivo, la aclaración clara y contundente de Rangel Guerra sobre el status universitario despeja dudas, ya que tiene la virtud de exorcizar los demonios de la democracia en la realidad intrauterina institucional: la ley orgánica protege a la institución de distracciones inútiles y perniciosas como pueden ser los juegos electorales y sus posiblemente imprevisibles resultados, porque sus objetivos son académicos (docencia, investigación, extensión y difusión) no políticos.

La verticalidad y el burocratismo resulta ser la más natural y propia de las conductas administrativas y académicas, porque la ley universitaria no prevé la participación activa y decisiva de los profesores, investigadores, estudiantes y personal manual y administrativo en las decisiones que afectan la vida universitaria. Los varios miles de universitarios son un cero a la izquierda, y no deben ser tomados en cuenta salvo para exigirles el cumplimiento de las normas, el llenado de formatos, la rendición de informes y la observancia de los rituales administrativos en uso.

Sin embargo,  la creencia en el monopolio de la inteligencia burocrática inducida por la ley, establece una tendencia, una conducta que se generaliza entre los estratos universitarios como subproducto de la verticalidad imperante: el cinismo se convierte en una defensa de la acción o de la inacción, basada en la todopoderosa observancia de la norma. La iniciativa personal, la creatividad, la imaginación al servicio de la academia no son necesariamente funcionales en el llenado de los formatos, porque la inexistencia de rubros que los capturen exactamente supone la necesidad de dejar fuera del programa y del informe lo que pudo haber sido y no fue, por causa de respetar los ítems, márgenes y formas.

La reelección del rector por parte de la Junta Universitaria significa exactamente eso, por lo que suponer que es la comunidad la que reelige, ratifica y avala la gestión y el rumbo institucional es una idea falsa de lo que es la vida universitaria. No es lo mismo el taller del inventor que la línea de producción en una maquiladora, y queda claro que la institución universidad en Sonora no puede aspirar a generar conocimiento sino a reproducirlo, a maquilar “productos” y no formar seres pensantes, ciudadanos críticos y democráticos, porque la norma o “línea académica” no lo propicia aunque en el discurso se diga lo contrario. En ese sentido, los derechos universitarios excluyen la capacidad de decisión y participación de los universitarios sobre los asuntos que los afectan, salvo en la pueril y limitada esfera de las relaciones profesor-estudiante en el marco de lo establecido en el Reglamento Escolar.

La idea de universidad autónoma riñe con la realidad de organismo educativo dependiente de los órganos certificadores y evaluadores que pululan y prestan sus servicios mediante el pago de cuotas y compensaciones, ya que la institución ahora ha dado en pagar dinero por ello para que se le “certifique”, y la búsqueda del ISO y la constancia de buen comportamiento institucional son el objetivo claro de la administración que declara buscar la “mejora de productos”.

Educación neoliberal

La responsabilidad académica y moral para con el estudiante deja de ser un imperativo que se sustituye fácilmente por la búsqueda de la “satisfacción del cliente”, así, los hilos envenenados de la privatización de la conciencia universitaria se ciñen en la cintura normativa de la institución y tejen la camisa de fuerza del neoliberalismo educativo. Por ello, buscar la democratización de la vida universitaria suena a anarquía, a conducta pecaminosa que distrae y aleja del ideal aséptico de la universidad administrativa que el sistema necesita. 

La elección cerrada y excluyente del rector es una expresión autoritaria que el sistema permite. Su eliminación supone un cambio hacia propósitos antagónicos a la lógica burocrática pero afines a las necesidades de crecimiento académico y desarrollo social. Quizá el cambio esté en manos de los propios universitarios en la medida en que su organización permita el diseño de estrategias y acciones hacia un cambio de normas con sentido social, que realmente enfoquen el esfuerzo académico hacia el progreso de lo local y regional, a partir del fortalecimiento de la  identidad institucional y la corresponsabilidad en el mantenimiento de la calidad académica.