Comentario sobre la posible reforma al plan de estudios de Economía

“Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres” (José Luis Sampedro, 1917-2013).

Al parecer, la tendencia nacional a sacudir estructuras y generar cambios que se formalizan en leyes, acuerdos y programas, no sólo abarca la dimensión gubernamental sino que desciende a niveles domésticos mediante la adecuación de leyes y reglamentos, implantación de sistemas y homogenización de procedimientos y lenguajes. Lo anterior es explicable a partir de que una reforma, para ser exitosa, debe penetrar no sólo estructuras sino mentalidades, porque de su aceptación depende el éxito de su implantación. 

Así como el frenesí de la homogenización y homologación en la esfera del sector público federal avanza y abarca la estatal y la municipal, también se puede observar este fenómeno de réplica y adecuación vertical en el ámbito de la educación. La lucha por garantizar una educación pública gratuita y de calidad que se libra actualmente en los espacios académicos y políticos no sólo se da en la sede de los poderes federales, sino que también se da a lo largo y ancho del país. No sólo contiene demandas y reivindicaciones histórico-sociales, sino que toca el contenido y la forma de impartir conocimientos; no se queda en la organización y la gestión escolar, sino que toca las estructuras curriculares y las modalidades didácticas, en una interacción constante que penetra y conmueve a los formadores y a los sujetos en formación.

Estamos hablando de la confrontación de dos visiones de la educación, una signada por los imperativos y el pragmatismo del mercado y otra, caracterizada por sustentar una posición crítica, propositiva, socialmente pertinente y respetuosa de los valores nacionales. Desde luego que en el terreno de la práctica docente, cabe distinguir el interés de las burocracias escolares y el de quienes desde el aula trabajan para hacer posible lo necesario, habida cuenta las estrecheces presupuestales y la lentitud de los trámites que permiten la operación de los programas. A ello hay que agregar las deficiencias formativas de los docentes y directivos, una idea punitiva y no formativa de la evaluación tanto para alumnos como para profesores.

Para desgracia de la educación, la visión dominante de corte neoliberal dependiente es impulsada por el gobierno e instrumentada afanosamente por el aparato burocrático nacional, sin que sea tomada en cuenta la opinión y la experiencia de especialistas y maestros en el ejercicio de sus labores. La trivialización de contenidos y el crecimiento de aparatos no sólo fiscalizadores sino que cumplen una función ideológica evidente, prosperan bajo el membrete de comités evaluadores, de capacitación docente, de impuso a nuevas estructuras curriculares, de homogenización de procedimientos y contenidos, en un contexto en el que el profesional de la educación parece ser el elemento no deseado en la fiesta reformista neoliberal.

Dubai por Ayotzinapa octubre 2015

Aquí el maestro y el estudiante son los sujetos a vencer y a convencer por la fuerza o de grado, de las bondades y la fuerza irresistible del sistema económico y político que nos convierte como país en la variable dependiente de las trasnacionales; son los objetivos de la represión selectiva y sistemática y el ninguneo permanente en los órganos de decisión corporativa que invaden las instituciones educativas dependientes de subsidios públicos bajo el supuesto de la autonomía universitaria; son los “nuevos modelos curriculares” que aparentan modernidad sin preocuparse de la pertinencia de los contenidos ni de la didáctica, y menos de la especialización y experiencia de   los docentes. El neoliberalismo en educación contamina y trivializa el sistema educativo en su conjunto, del cual es parte importante la educación superior.

Sin duda alguna, Economía es una carrera universitaria eminentemente social que tiene fundamentos sólidos en la historia del crecimiento y desarrollo de las sociedades, y que cuenta con un marco teórico e instrumental que no sólo caracteriza sino explica y establece tendencias en los fenómenos que estudia, gracias a que su análisis y teorización produce leyes que explican la ocurrencia de los fenómenos sociales de carácter económico objeto de su estudio, dándole capacidad predictiva y permitiendo al estudioso ahondar en sus causas y efectos, sin dejar de lado las características de su evolución y alcance espacio-temporal.

El estudio científico de la Economía, en su ámbito mundial, continental, nacional, local y municipal, cuenta con la Economía Política, la Teoría Económica, la Historia Económica, las Matemáticas y la Estadística como pilares fundamentales sobre los cuales se ha levantado el edificio de las distintas especialidades y acentos de la Economía académica. Cada una de las construcciones teóricas e instrumentales refleja las diversas experiencias acumuladas en el largo camino que conduce, no sin esfuerzos, a la comprensión del funcionamiento del sistema económico y los elementos germinales de sus transformaciones. En este sentido, la Ciencia Económica es una construcción histórico-factual de la evolución de la capacidad productiva de los seres humanos y las formas que ha revestido la organización productiva, así como los efectos que esto ha tenido en la organización socio-política de las sociedades.

Así las cosas, tratar de excluir del análisis económico la aportación teórica de la Economía Política y de la Historia Económica, para quedarse con la explicación que proporciona la teoría económica neoclásica, es como pretender analizar un fenómeno económico real sin tomar en cuenta su ubicación espacio-temporal, la dinámica interna y externa de sus cambios y los efectos sociales y políticos de su trayectoria; dicho en otras palabras, es como ignorar el expediente clínico de un enfermo: el conocimiento de los antecedentes clínicos, personales y familiares, ambientales y laborales, el estado general de salud y predisposición genética, entre otros indicadores, permiten sin duda un buen pronóstico y, en consecuencia, el tratamiento adecuado al tipo de padecimiento.

Un economista que no analice la información cuantitativa y cualitativa de su objeto de estudio y que se conforme solamente con los resultados que arrojen sus herramientas cuantitativas, difícilmente penetrará en la esencia de los fenómenos y solamente hará interpretaciones de “violinista”: aquí bajó y aquí subió la producción de cobre, por ejemplo, pero no llegará a una propuesta de solución pertinente al problema en estudio si excluye las variables asociadas a la dinámica social, política y laboral del proceso productivo. No es lo mismo describir que explicar y comprender un fenómeno social de carácter económico. La economía como la medicina, para ser socialmente útil, debe pensar holísticamente, su visión y abordaje de los problemas debe ser integral, situada en la lógica objetiva del problema a resolver.

Actualmente se lleva a cabo un “Foro de consulta y transformación académica del programa de licenciado en Economía” de la Universidad de Sonora. En la semana del 9 al 13 de noviembre, opinarán los profesores, los estudiantes y los empleadores. Me parece que se debe centrar la atención en el fortalecimiento de las áreas correspondientes a la Historia Económica, la Economía Política, la Teoría Económica, las Matemáticas y la Estadística, por su gran valor explicativo y formativo. Son el núcleo básico de la preparación académica del profesional de la Economía. Excluir la visión del cómo, el cuándo, el por qué y para qué de la evolución económica de la sociedad sería un suicidio intelectual que reduciría al egresado a una calidad meramente instrumental, técnica, alejada de la posibilidad de proporcionar un servicio profesional necesariamente integral y no sólo explicativo sino propositivo, transformador de nuestra economía.

Una buena reforma no consiste en reducir las áreas o las asignaturas, sino en reforzarlas guiados por su pertinencia, más que su homogeneidad con los planes de otras instituciones. Cada institución se debe a la sociedad a la que sirve, y cada estado de la república posee característica y particularidades físicas y culturales que lo distinguen del resto de las entidades.  Las instituciones que cuentan con programas de Economía fallarían si estructuraran sus planes de estudio dejando de lado las áreas del núcleo básico de la formación del economista, así como soslayando la vocación productiva real y potencial del estado y municipio al que pertenecen.

En resumen, una buena reforma debe ser pertinente desde el punto de vista académico y contextual. Sonora y el país requieren de un profesional con sensibilidad social y política capaz de dar respuestas a los problemas económicos presentes y futuros, que entienda que su deber profesional es responder prioritariamente a las necesidades del pueblo, de las grandes mayorías que padecen de marginación económica y social y cuya voz se ignora cuando no se silencia, y es responsabilidad de nuestra institución formarlo.

   

El uso lúdico de la ley

       “Huir del vicio es virtud y la primera condición para ser sabio es no ser necio” (Horacio).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rebasado, el miércoles 04/11/2015, sus propios límites para despertar el asombro, júbilo, expectación y jolgorio en la comunidad marihuanera nacional, al conceder histórico amparo de la justicia federal a cuatro personas (¡cuatro!) para que puedan cultivar y consumir droga con fines lúdicos, es decir “actividades relacionadas con el juego, como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura” (Diccionario en línea Deconceptos.com). Sin embargo, la SCJN sigue reconociendo que la droga es dañina para la salud personal y pública.

En este interesante asunto, los ministros concedieron el amparo a partir de su “respeto a la decisión individual” de hacer de su cuerpo y, en consecuencia, su salud, lo que les viniera en gana, por la suprema razón de que no se debe coartar la autodeterminación ni obstaculizar el “desarrollo de la personalidad” de los cuatro adultos promoventes.

Curiosamente, la SCJN no desconoce que la mariguana es una droga que produce distorsiones en la percepción de la realidad y que genera problemas psiquiátricos en los consumidores, con lo que el tema de la libertad individual y “el desarrollo de la personalidad” chocan frontalmente con la responsabilidad de las autoridades en materia de bienestar y salud pública.

Siendo como lo es un asunto que reviste importancia nacional, parece que los magistrados actuaron llevados por un arranque de frivolidad, pasando por alto al Poder Legislativo y a la comunidad científica, así como la experiencia del sector salud, con lo que ponen frente al interés de más de 100 millones de mexicanos el de cuatro personas que quieren producir y quemar mota libremente para divertirse. ¿Es legítimo el interés de los adictos, de cara a una posible legalización del consumo de enervantes para fines “lúdicos”, en oposición a una población de consumidores potenciales cada vez más joven y vulnerable? ¿Qué interés defendieron los magistrados en realidad?

La noticia del fallo no puede menos que despertar dudas acerca de las bondades de una argumentación basada en el hedonismo más pedestre, carente de sentido si se considera que el uso de una droga sólo puede justificarse por sus beneficios y potencialidades terapéuticas. ¿Cuándo se consultó a los psiquiatras y psicólogos clínicos? ¿Por qué no se tomó en cuenta a los profesionales que trabajan en la rehabilitación de adictos? ¿Consideraron irrelevante la amplia experiencia de los Centros de Integración Juvenil; de los cuerpos y programas especializados en orientación a estudiantes y jóvenes en general? ¿Les pareció ocioso considerar los riesgos e impactos de las drogas en los niños y adolescentes, sobre todo de familias de escasos recursos, víctimas tanto de la marginación económica como educativa?

El argumento de la libertad, la autodeterminación y el desarrollo de la personalidad no puede tener sustento sin considerar el entorno social, los valores y principios que la sociedad reconoce y postula como trascendentes, habida cuenta que no son valores absolutos, sino sujetos a determinantes socio-históricos que los fundamentan y dan contenido y vigencia. No somos entidades robinsonianas (aisladas, como Robinson Crusoe) sino sujetos interactuantes en y con el conjunto, en relaciones cotidianas intra e intersubjetivas. La función del Estado es el bien común, no la autosatisfacción privada de vicios y compulsiones. Sin duda, las adicciones son problemas de salud, y en este sentido la Corte debió ser prudente y reflexiva.

Las puntadas de Fox

Es inevitable recordar el interés de Vicente Fox en el tema, visto como una promisoria oportunidad de negocios a costa de la adicción de sujetos que pagarían por su consumo de droga en locales legalmente establecidos y sujetos a la vigilancia fiscal. ¿El eventual cobro de impuestos justifica generar un espacio económico formal cuya materia prima es un enervante que, como tal, afecta los sentidos del consumidor y genera distorsiones que pueden ser graves en su conducta? ¿Les parece que defienden derechos humanos al permitir que algunos se intoxiquen “lúdicamente”? ¿No consumir droga afecta el desarrollo de la personalidad? ¿La drogadicción es expresión de la libertad individual? ¿Qué tipo de “personalidad”  es la que fomenta y protege la SCJN en un país con gravísimas carencias?

Tanto la planta del cáñamo como la amapola tienen cualidades terapéuticas que el país  bien puede aprovechar como alternativa a otros medicamentos en beneficio de quienes padecen alguna enfermedad dolorosa, pero autorizar en un caso particular su uso “recreativo” es ridículo. La intervención de la SCJN aunada al interés de personajes como Aspe, Castañeda o Aguilar Camín sugiere que la posible legalización está dentro de las expectativas comerciales de los satélites del oportunismo salinista.

En el caso de Sonora, la posición del gobierno estatal debiera ser firme, en defensa de la salud pública de los sonorenses, antes que declarar una neutralidad ficticia ante decisiones no sólo de dudosa responsabilidad sino socialmente problemáticas. Es trágicamente incongruente hablar de educación para la salud de nuestros jóvenes sin al menos cuestionar, como gobierno de un estado “libre y soberano”, el criterio de la Corte. ¿Cómo es posible que se trivialice la observancia de la ley? ¿Las normas pueden tener un uso lúdico?

Represión legislativa

                      “Los estados que son más corruptos son los que más leyes tienen” (Tácito).

México parece competir en materia de iniciativas legislativas que afectan los supuestos de la democracia y el respeto a los derechos humanos. En el seno del poder legislativo se cocinan los bodrios que más tarde darán sustento a las más absurdas formas de represión ciudadana, haciendo saltar por los aires la fama lograda por otros países, como España, que han logrado convertir la ley en garrote que se bate contra los derechos y la dignidad de sus habitantes.

En evidente y ridícula imitación al régimen de derecha fascista español, el legislador priista Omar Fayad impulsa una iniciativa de ley que pretende amordazar la actividad de las redes sociales y medios alternativos de información a través de Internet. La absurda Ley Mordaza cibernética mueve a risa cuando no a justísima indignación, ya que se trata de un instrumento con meses de maduración inspirado en defensa de la imagen presidencial y del actual régimen, pero que por su esencia sólo mueve al rechazo más enérgico de todos cuantos valoran la libertad de expresión para la construcción de una verdadera democracia. La iniciativa nació muerta y, en consecuencia, ya apesta. Sólo resta darle cristiana sepultura, o ser cremada.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) insiste en aparecer en la primera de los periódicos con pronunciamientos y jurisprudencia que permiten dudar de la cordura y probidad de sus integrantes. Antes se hizo famosa por su aprobación del anatocismo, ese perverso cobro de intereses sobre intereses que le hizo el día a la banca extranjera en México; ha avalado la constitucionalidad de verdaderos absurdos disfrazados de “reformas constitucionales” cuyas consecuencias son las de atacar derechos laborales y sociales de los trabajadores y a favor del saqueo nacional por parte de entidades extrajeras; ha manoseado la institución matrimonial sin que haya de por medio un objetivo social entendible; ha permitido la injerencia extranjera en asuntos de la exclusiva competencia de los mexicanos, como son los atinentes a la seguridad nacional y la impartición de justicia; ha solapado el deterioro del ingreso y patrimonio de los trabajadores al avalar recientemente el “embargo salarial”. Ahora nos dice que solamente el salario mínimo será inembargable y cualquier salario que lo rebase podrá ser embargado hasta un 30 por ciento.

Al respecto, nadie puede afirmar válidamente que $70.10 pesos diarios sean suficientes para los gastos familiares y para ahorrar en previsión de necesidades futuras. En este caso, la SCJN ha dado por legal el saqueo y la represión económica de los trabajadores a manos de sus acreedores, que pueden ser bancos, comercios o particulares. La indefensión laboral resulta ser más evidente si recordamos las desastrosas reformas en materia de trabajo y seguridad social, que han sido fuertes contribuyentes a la miseria de los actores fundamentales del proceso productivo, en el marco del deterioro creciente de la capacidad adquisitiva del salario. Hoy no es posible comprar la canasta básica con un día de salario mínimo, menos lo es proveer el mobiliario y equipo necesario para atender las necesidades operativas del hogar (enseres domésticos, por ejemplo), de la salud y la educación de los hijos, entre otros que supuestamente satisface la definición de “salario mínimo”.

Lejos de proteger el salario de los trabajadores como la cantidad de ingreso necesaria para resolver primariamente su calidad de vida, el gobierno parece empeñado en socavar los cimientos económicos de la estabilidad social, y generar las condiciones para la ingobernabilidad que, como se sabe, ya ha pasado facturas sangrientas al país.  

Los problemas que el modelo económico provoca, ahora se pretenden sofocar  con medidas legislativas que solamente alcanzan a subrayar la percepción pública de un gobierno fallido. A través de las normas, se formalizan conductas que tienen un fuerte componente ideológico que defiende usos y costumbres ajenos a nuestra idiosincrasia, a los lazos de unión histórico-sociales que nos dan identidad y coherencia social. Se puede suponer que existe interés de desestabilizar social y políticamente al país mediante la represión económica, la marginación política y la privación o regateo de libertades fundamentales, como parecen documentarlo las recientes reformas y la impresentable actuación de la SCJN.

Diputada Gómez Cabrera del PVEM-Sonora
que, en su momento propuso castigar la publicación
de memes en internet.

Las decisiones de los diputados, senadores y ministros de la Corte dan pie a considerar heridas de trivialidad las instancias legales nacionales, de suerte que no sea exagerado señalar que en el país todo aquello que no se pueda resolver desde una óptica inteligente que tome en cuenta los valores e intereses de las familias y las instituciones al servicio de éstas se convierte en iniciativa de ley, por ejemplo, el consumo de enervantes.

La legalidad en México perdió rumbo, dejó su asidero social e histórico para anclarse en modas impulsadas por intereses que no cuentan con la legitimidad de ser nuestros. Es un eslabón más de la cadena de enajenación política y económica que aprisiona el ser nacional, que manosea y deforma la defensa de los derechos humanos, que reprime y nulifica la familia, las tradiciones y costumbres que nos hacen ser singulares dentro de la comunidad  de intereses históricos de la Patria Grande  hispanoamericana. Urge el rescate de la República.

Entre desastres te veas

                                                              “La naturaleza provee tanto como exige” (Séneca).

Pasó la fase de alerta por el huracán “Patricia” que dio ocasión para el despliegue de medidas de seguridad ante el impacto de un fenómeno que sería, según se dijo, de consecuencias potencialmente desastrosas. El recuento de daños resultó menor a lo previsto y sus efectos aparentemente sólo se dejaron sentir en las vías de comunicación, casas, edificios, árboles y miles de personas desplazadas a refugios temporales situados en la ruta del meteoro. Muchos respiran con alivio ante las pérdidas que sólo fueron materiales, mientras que otros se declaran decepcionados del poco espectáculo que dio “Patricia” a los amantes del morbo necrológico.

No han faltado comentarios en las redes sociales que, prácticamente, exigen que se devuelvan las entradas del espectáculo catastrófico que quedó en promesa incumplida de sangre, muerte y devastación. Por fortuna nuestro país salió relativamente bien librado del “huracán más peligroso de la historia” y la cauda de los “por qué” será una actividad que ocupará el tiempo de los estudiosos de este tipo de fenómenos naturales, tratando de explicar lo que pudo haber sido y no fue.

Lo que sí requiere explicación inmediata es el por qué las autoridades “competentes” han permanecido con las cabezas bajo tierra como avestruces oficiales en el actual y preocupante desastre ecológico más grande de la historia nacional, que se debe a la sebosa negligencia de Grupo México. El derrame tóxico del que todo mundo habla sigue demostrado su peligrosidad en un horizonte de largo plazo, pero que se manifiesta ya en forma de enfermedades asociadas a la piel de no pocos habitantes ribereños en la región del Río Sonora.

Según se ha manejado en diversos medios informativos, la cuota de metales contenida en el agua supera estratosféricamente la aceptada nacionalmente como tolerable para las personas, lo que nos coloca en una posición de zona de desastre ecológico que, según el laxo criterio oficial no existe. ¿Será posible que el gobierno minimice, diluya o disfrace el desastre con alguna intención nefasta? ¿Podrá dejar de lado las responsabilidades públicas expresadas en la Constitución y las leyes relativas, para plegarse a los intereses de Grupo México? ¿Valdrá más el ridículo chantaje y pretexto de la inversión y la generación de empleos, más que la preservación del ambiente y la salud? Al respecto, los investigadores universitarios Castro Longoria y Romo Paz han puesto el dedo en la llaga y lanzado la voz de alarma a tiempo y apremiado, con toda responsabilidad cívica, que se tomen las medidas sanitarias y legales del caso.

Cabe suponer que los aspectos ambientales y su relación con la salud de personas y animales distan mucho de estar al alcance de la comprensión y las prioridades de los funcionarios ambientales y de salud, como parece documentarlo con precisión el caso del derrame minero, aunque habría que agregar la ligereza con que fue tratado en su momento el asunto del confinamiento de desechos tóxicos Cytrar, la destrucción del parque de Villa de Seris y la actual campaña de fumigación aérea contra el mosquito propagador del dengue.

En casos, la acción ciudadana puede solamente servir para despertar la conciencia social, en otros impedir una acción desafortunada del gobierno en complicidad con agentes privados, pero es claro que siempre deja huella en la memoria de las luchas sociales por una mejor calidad de vida.

En todo movimiento existe la posibilidad del éxito o el fracaso, pero es claro que la acción y presencia ciudadana sienta precedentes importantes en la conformación de una ciudadanía comprometida y democrática. La movilización y resistencia civil puede, en no pocos casos, impedir o desalentar la comisión de delitos ambientales, siempre y cuando la sociedad se involucre y no deje solos a los defensores del ambiente y la salud de la comunidad.

Veneno en el aire

“Es una escuela muy cara la de la experiencia; sin embargo, los necios no aprenderán en ninguna otra” (Benjamín Franklin).

La Secretaría de Salud de Sonora lleva a cabo un programa de combate aéreo contra el mosquito del dengue, a fin de evitar o moderar los efectos de la picadura y posterior contaminación. Hermosillo y varias ciudades importantes de Sonora se verán rociadas por una sustancia química llamada Cloropirifós, que “es la sustancia autorizada por el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud” dijo el subsecretario Luis Becerra Hurtado, aclarando que es el mismo que utilizan en la fumigación terrestre. “Aseguró que el Cloropirifos es un fumigante inofensivo para el ser humano y las mascotas” (Expreso, 17.10.15).

La noticia de la operación de fumigación sobre la cabeza de los hermosillenses y otros cumplidos ciudadanos sonorenses no deja de llamar la atención, toda vez que aparenta ser una campaña seria con fines preventivos y con fondos del Fondem, según aclaran las autoridades. Una acción fuerte y agresiva es algo deseable en un gobierno que inicia su andadura en beneficio de los ciudadanos, pero las cosas pueden no ser lo que parecen.

De acuerdo con la información que provee Internet, El Cloropirifós es una sustancia que causa el colapso del sistema nervioso del insecto por envenenamiento, y se usa generalmente pulverizado para contener plagas agrícolas y de jardín. En EE.UU. se ha registrado solamente para uso agrícola y es comercializado por Dow Chemical Company.

La empresa cuenta con un largo historial de problemas legales al interior de EE.UU. y países del tercer mundo así como mutas por publicidad engañosa, ya que su afirmación de que es “seguro para los seres humanos y las mascotas” ha sido desmentida por pruebas médicas llevadas a cabo en diversos estados de la Unión Americana, motivados por incidentes de salud que revelan sus efectos en el cerebro de los niños: hay retraso mental, poco desarrollo de la circunferencia craneana, déficit de trabajo, memoria y atraso intelectual, cuando los niños alcanzan los siete años de edad. “Un estudio demostró una correlación entre la exposición prenatal al cloropirifos y el menor peso y menor perímetro craneal al nacer”. En adultos provoca miocarditis y enfermedades neurodegenerativas (Wikipedia).

Se ha documentado su toxicidad en anfibios, fauna marina y en insectos útiles como las abejas, ya que provoca su muerte. El gobierno de EE.UU. prohibió su uso en zonas residenciales y restringió su uso a zonas agrícolas desde 2001. Entonces, ¿qué pretenden las autoridades de salud de Sonora? ¿Cuál es el sentido de prevenir el dengue a costa de la salud y quizá la vida de los ciudadanos? ¿Tendrán idea de lo que están por provocar, sobre todo en mujeres embarazadas y niños pequeños? ¿En la Secretaría de Salud federal y la estatal pesan más los compromisos con las empresas trasnacionales productoras de agroquímicos que la salud y el bienestar de las familias sonorenses?

Es evidente que carece nuestra autoridad de Salud de los conocimientos, capacidad técnica y científica para valorar situaciones de esta naturaleza. La prevención de enfermedades no es tema para funcionarios improvisados o deficientemente formados profesionalmente. El peligro que corren nuestras comunidades urbanas y rurales con el uso imprudente de sustancias organofosforadas como el Cloropirifós, que las autoridades estatales de Salud ahora esparcen en el aire que respiramos y proclaman como “inofensivo para las personas y las mascotas”, según afirma el subsecretario Becerra. ¿Ya siente ligero dolor de cabeza y sabor raro en la boca? ¿Hay derecho? ¿No le parece que la sociedad civil debe levantar su voz en legítima defensa de su propio pellejo? ¿Tienes el valor, o te vale?

De ver dan ganas

A pesar de que el sistema ha funcionado propinando a los incautos ciudadanos fuertes descargas de terror y náusea un día sí y otro también, aún quedan reservas de asombro e indignación. La política de shock se ha instalado desde los días inaugurales de nuestro siglo XXI y seguida escrupulosamente tanto por los gobiernos del PAN como por los del PRI.

A la par que avanza la inseguridad pública y decrece la social, la delincuencia organizada vive sus mejores tiempos y hace ejercicios de cinismo ante los ojos y oídos de todo mundo, a partir de la cada vez más cuestionada probidad de quienes ocupan cargos de autoridad y representación. Cada vez más ciudadanos se declaran al margen de los beneficios de la educación, la cultura, la vivienda, la salud y el empleo, mientras con triunfalismo demente el gobierno se apresura a firmar acuerdos internacionales que, en todo caso, garantizan redoblar el saqueo del patrimonio nacional y la pérdida de la soberanía, como es el caso del Acuerdo Trans-Pacífico (ATP).

En Alemania, Inglaterra e incluso en EE.UU., se han realizado manifestaciones contra este acuerdo que compromete la seguridad de millones de trabajadores, el acceso a los medicamentos, la libertad de Internet, la seguridad alimentaria, entre otros importantes renglones, en la medida en que subordina los intereses de los Estados a los imperativos de las empresas trasnacionales.

Si países del llamado primer mundo ven con desconfianza o franco temor este nuevo acuerdo internacional, ¿por qué en México se le ve con docilidad vacuna? ¿Qué extraña compulsión anima al gobierno a firmar este instrumento de subordinación extranjera, siendo que nuestra economía dista mucho de ser fuerte y “competitiva”?

¿Por qué nuestro país insiste, en el plano internacional en suscribir acuerdos, pactos, convenios y tratados, siendo que no los aprovecha o lo hace escasamente, frente a las ventajas reales que representan para sus “socios” comerciales extranjeros? A dos décadas de la firma del TLCAN, no hemos mejorado. Nuestra agricultura ha sufrido dramáticos retrocesos y es claro el empobrecimiento del productor rural; la industria y el comercio no han prosperado, salvo como partes operativas de algún monopolio extranjero; en el mismo sentido, la banca mexicana, las aseguradoras y los servicios financieros prácticamente han desaparecido en beneficio del capital internacional, al ser adquiridas por conglomerados cuyos intereses configuran nuevas formas de explotación colonial.

¿Qué lógica tiene el imitar empecinadamente al mundo anglosajón hasta en la forma de impartir justicia, pasando por los esquemas de registro contable en los bancos? ¿Acaso no es un modelo importado y financiado por EE.UU. el reciente “sistema penal acusatorio”? ¿Por qué tenemos que imitar las prácticas judiciales del vecino? ¿No tenemos tradiciones jurídicas propias, en todo caso, susceptibles de mejorar a través del uso de las actuales tecnologías informáticas y de comunicación?

Al parecer, seguimos teniendo a la cabeza de las instituciones a personas con fuerte vocación lacayuna. Como que no son, o por lo menos no se sienten, capaces de actuar de acuerdo a los objetivos y prioridades nacionales y simplemente se dejan llevar por consignas, presiones o insinuaciones del exterior, de suerte que los cambios, reformas o adecuaciones que ha sufrido nuestro marco normativo y las formas de interpretarlo exhiben un evidente divorcio con los usos, valores, principios, cultura y tradiciones nacionales. De un tiempo acá, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son un buen ejemplo. Mientras el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Corte y el aparato legal juegan a “modernizarse”, el país sufre las consecuencias.

Resulta inevitable pensar en Porfirio Díaz, quien acomplejado por su color moreno daba en talquearse para aparentar blancura, ligando la imagen anglosajona al conocimiento y al progreso ya que ellos “saben cómo hacer las cosas”. Esa minusvalía emocional se tradujo en abrir las puertas al capital extranjero y, no sólo tolerar sus abusos sino defenderlos con la fuerza de las armas (Recuerde Río Blanco y Cananea). El actual gobierno ha defendido sus reformas con represión, en las variadas formas en que ésta se puede dar.

Si extendemos la mirada al sur de nuestro continente, vemos en Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, gobiernos defensores de la identidad nacional, que avanzan en lo político, económico y social por su propia ruta, no por la que les quieren imponer las transnacionales y los gobiernos que las apoyan. De ver dan ganas. ¿Por qué no dejamos atrás, de una buena vez, los complejos porfirianos y celebramos ser como somos?

No estamos bien

    “La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande, pero está enfermo” (San Agustín).

Resulta un tanto chocante leer en los periódicos que, cuando el dirigente nacional del PRI celebra los logros de la reforma energética que se manifiestan en el interés de las trasnacionales en participar en la desventajosa liquidación de Pémex, llamada apertura por los amantes del eufemismo, se reporta que en el período 1946-1982 el PIB creció al 6 por ciento, en tanto la expectativa de crecimiento de 1982 a 2018 es de un optimista 2.2 por ciento.

Mientras que el gobierno liquida el patrimonio nacional, las cifras correspondientes al ingreso por remesas aumentan espectacularmente, a la par que el deterioro del salario mínimo hace que éste deje de ser referente para cualquier tipo de operación que tenga que ver con la realidad. A pesar del optimismo priista, nuestra realidad nos demuestra insistentemente que no vamos por el camino correcto. A veces pienso que los eufóricos y confiados miembros de la clase política en el poder son víctimas de un extraño tipo de autismo, que los priva de percibir la realidad y los hace fantasear sobre tópicos no sólo delicados sino peligrosos. Si una cuerda se tensa demasiado, puede reventar.

Por si esto no fuera suficiente, el gobierno se apresura a firmar el acuerdo transpacífico impulsado por Estados Unidos para su propio beneficio, ya que el instrumento obliga a los suscriptores al absurdo de renunciar a su soberanía, por lo que los tribunales mexicanos supuestamente no tendrían competencia y quedaríamos a expensas de lo que los gringos y socios gustaran mandar. Por más absurdo que parezca, a los defensores del actual gobierno les parece maravilloso el pronóstico de ser nuevamente una colonia de explotación, ahora a cargo de las trasnacionales, de donde se puede deducir que en la mentalidad neoliberal nopalera la pérdida de soberanía es sinónimo de avance y progreso.

En el plano de lo local, el optimismo se revela en forma de convenios que se firman para realizar funciones que el propio gobierno puede y debe afrontar. Hasta ahora no acabo de entender por qué se juzgó necesaria la participación de la Asociación Beatriz Beltrones para prevenir el cáncer de mama, contando el sector salud estatal con la infraestructura, personal médico y paramédico y amplia experiencia en estos asuntos, además de la responsabilidad legal y capacidad operativa para dar orientación en la prevención y detección oportuna del mal. ¿Será que el anterior gobierno arrasó hasta con los clips de la dignidad y la capacidad de respuesta de esta secretaría?

Le confieso que me llamó la atención la sobreexposición mediática que está recibiendo la hija del legislador Beltrones, Sylvana, quien preside la asociación antes citada. Parece como que hubiera mucha urgencia en proyectar su imagen bajo cualquier pretexto, lo cual permite recordar a los eyaculadores precoces que el agua no hierve a menos de 100 grados centígrados en condiciones normales. ¿Para qué poner en primer plano a alguien que lleva a cuestas un apellido cuya carga política fácilmente genera anticuerpos, de manera innecesaria y escasamente prudente? Las cosas se dan a su tiempo, o no se dan.

Nuestra ciudad clama con desesperada elocuencia su agotamiento, víctima de servicios deficientes, malos olores, carencias agravadas por descuido, indolencia y desamor. La ciudad capital de Sonora parece ser un inmenso catálogo de fallas en el gobierno y la administración. Lo sabemos, pero ya es tiempo de actuar en favor de la paz, tranquilidad y calidad de vida de sus habitantes.

La semana cerró con algo que suena a rechinido de puerta de cripta al abrirse en medio de la densidad de la noche neoliberal. Los fantasmas de las navidades nacionalistas pasadas emergen entre rechinidos y crujidos admonitorios: hay que unirse y elaborar una nueva Constitución que recoja las aspiraciones y reclamos del pueblo. Un llamado a la conciencia sin distingos de partidos, miserias y moditos de andar; mirada ecuménica cuyo fin es sacar al buey nacional de la barranca trasnacional cavada por el neoliberalismo de guarache impulsado por el salinato, alimentado por el panismo y profundizado por los atlacomulcas con vocación apátrida. El ingeniero Cárdenas vuelve a la escena, planteando, al parecer, un frente ciudadano.

Por su parte, desde la tribuna de la ONU, Peña Nieto dio en señalar urbi et orbi los peligros del populismo. La inopinada perorata que supura noches de insomnio y mala digestión, transcurrió como suelen hacerlo los discursos del señor, con algunas inevitables palabras de cuya complejidad dan cuenta los varios intentos que la tenacidad presidencial emprende, para dejar en claro que el no-mencionado López Obrador, una vez más, ¡es un peligro para México!

Mientras el presidente se enfrenta a las complejidades de la palabra “multilateralismo”, las huestes de Morena refrendan su voluntad de cambio. Que así sea.