“La
naturaleza provee tanto como exige” (Séneca).
Pasó la fase de alerta por el huracán “Patricia”
que dio ocasión para el despliegue de medidas de seguridad ante el impacto de
un fenómeno que sería, según se dijo, de consecuencias potencialmente
desastrosas. El recuento de daños resultó menor a lo previsto y sus efectos aparentemente
sólo se dejaron sentir en las vías de comunicación, casas, edificios, árboles y
miles de personas desplazadas a refugios temporales situados en la ruta del meteoro.
Muchos respiran con alivio ante las pérdidas que sólo fueron materiales,
mientras que otros se declaran decepcionados del poco espectáculo que dio “Patricia”
a los amantes del morbo necrológico.
No han faltado comentarios en las redes
sociales que, prácticamente, exigen que se devuelvan las entradas del
espectáculo catastrófico que quedó en promesa incumplida de sangre, muerte y devastación.
Por fortuna nuestro país salió relativamente bien librado del “huracán más
peligroso de la historia” y la cauda de los “por qué” será una actividad que
ocupará el tiempo de los estudiosos de este tipo de fenómenos naturales,
tratando de explicar lo que pudo haber sido y no fue.
Lo que sí requiere explicación inmediata
es el por qué las autoridades “competentes” han permanecido con las cabezas bajo
tierra como avestruces oficiales en el actual y preocupante desastre ecológico
más grande de la historia nacional, que se debe a la sebosa negligencia de
Grupo México. El derrame tóxico del que todo mundo habla sigue demostrado su
peligrosidad en un horizonte de largo plazo, pero que se manifiesta ya en forma
de enfermedades asociadas a la piel de no pocos habitantes ribereños en la
región del Río Sonora.
Según se ha manejado en diversos medios
informativos, la cuota de metales contenida en el agua supera estratosféricamente
la aceptada nacionalmente como tolerable para las personas, lo que nos coloca
en una posición de zona de desastre ecológico que, según el laxo criterio
oficial no existe. ¿Será posible que el gobierno minimice, diluya o disfrace el
desastre con alguna intención nefasta? ¿Podrá dejar de lado las
responsabilidades públicas expresadas en la Constitución y las leyes relativas,
para plegarse a los intereses de Grupo México? ¿Valdrá más el ridículo chantaje
y pretexto de la inversión y la generación de empleos, más que la preservación
del ambiente y la salud? Al respecto, los investigadores universitarios Castro
Longoria y Romo Paz han puesto el dedo en la llaga y lanzado la voz de alarma a
tiempo y apremiado, con toda responsabilidad cívica, que se tomen las medidas
sanitarias y legales del caso.
Cabe suponer que los aspectos
ambientales y su relación con la salud de personas y animales distan mucho de
estar al alcance de la comprensión y las prioridades de los funcionarios ambientales
y de salud, como parece documentarlo con precisión el caso del derrame minero,
aunque habría que agregar la ligereza con que fue tratado en su momento el
asunto del confinamiento de desechos tóxicos Cytrar, la destrucción del parque
de Villa de Seris y la actual campaña de fumigación aérea contra el mosquito
propagador del dengue.
En casos, la acción ciudadana puede solamente
servir para despertar la conciencia social, en otros impedir una acción
desafortunada del gobierno en complicidad con agentes privados, pero es claro
que siempre deja huella en la memoria de las luchas sociales por una mejor
calidad de vida.
En todo movimiento existe la posibilidad
del éxito o el fracaso, pero es claro que la acción y presencia ciudadana sienta
precedentes importantes en la conformación de una ciudadanía comprometida y
democrática. La movilización y resistencia civil puede, en no pocos casos, impedir
o desalentar la comisión de delitos ambientales, siempre y cuando la sociedad
se involucre y no deje solos a los defensores del ambiente y la salud de la
comunidad.
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