Mensajes de texto

Las autoridades del registro telefónico insisten en que cada ciudadano teléfono-habiente debe registrar sus datos. En primera instancia en las líneas saturadas del sistema Renaut, en segunda, a través de los oficios de las concesionarias que abrieron una línea especial para tales propósitos. Telcel ha decidido colaborar con las autoridades y suspender el servicio parcialmente a quienes no hayan cumplido, en tiempo y forma, con el trámite, permitiendo el envío de mensajes y, desde luego, conservando el saldo del usuario. Movistar, por su parte, primero dijo que no acataría pero casi de inmediato decidió reconocer su calidad de empresa concesionaria y que, en cambio, facilitaría el registro de los datos personales de los usuarios, de acuerdo a las exigencias del gobierno.

Lo que se desprende de este asunto es, según entiendo, que la obligación de inscribirse en el censo del servicio telefónico es de agua y ajo (de aguantarse y a joderse), toda vez que el espacio telefónico es asunto de la nación, independientemente de la apertura a las inversiones privadas tras la liquidación del monopolio federal administrado a través de la empresa Telmex, privatizada en beneficio del señor Slim. En este sentido, la medida oficial tiene cualidades terapéuticas ante la exagerada demanda de teléfonos móviles que inunda oficinas, aulas, negocios, calles, avenidas y plazuelas; se antoja como una revaloración del teléfono a la luz de conductas delincuenciales perpetradas por individuos u organizaciones susceptibles de ser registrados e identificados en el curso de la comisión de los ilícitos.

Pero, por el lado del usuario común, el que compra y da de alta en el servicio una unidad móvil, la medida puede sonar como una invasión a la intimidad, como una posibilidad de que sobre mí, ciudadano, pese eventualmente algún mecanismo de imputación. Lo anterior viene a cuento porque todos, desde el momento del nacimiento, a la hora de ingresar a la escuela, en el momento de que se nos integra un expediente, escolar, médico, laboral, o en el ejercicio de nuestras funciones ciudadanas a través de la participación electoral estamos sujetos a registro. Nadie ha iniciado y terminado la primaria o la universidad si no es que antes y al término de sus estudios, fue registrada su trayectoria y objeto de referencia inscrita en algún tipo de acta o constancia oficial. Nuestra existencia es una larga cadena de registros, constancias, certificaciones, desde el principio y hasta la muerte que es protocolizada mediante el acta de defunción.

Si estamos tan largamente atados al expediente, ¿por qué nos puede parece tan extraña u ofensiva la medida de marras?

Quizá valga la pena partir de la desconfianza que el ciudadano común siente por el gobierno. Cualquier medida que se tome e imponga suena como una intromisión a la vida privada, como afectación de derechos y como una forma atenuada de represión. Somos, aun sin saberlo, sujetos de una clandestinidad forzada por las circunstancias, de una marginalidad que, a pesar de títulos y constancias que pueden adornar las paredes de la casa particular, nos hace blanco de la fiscalización oficial por ser desconfiables, enemigos potenciales del gobierno y las instituciones; vengadores anónimos de ofensas acumuladas y por acumular, nos colocamos ideológicamente en la mira del supremo fiscalizador que es el gobierno a través el SAT, de Gobernación, de Finanzas, del registro vehicular, del padrón de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, del catastro y el registro público de la propiedad. También lo somos del servicio militar, del sistema bancario y crediticio, de las asociaciones u organismos a los que estemos afiliados, de los innúmeros foros o espacios de participación ciudadana, incluidas las redes sociales en línea.

Cada día nos conectamos real o virtualmente con otros, y previamente llenamos formatos y registramos nombres de usuario y clave de acceso; interactuamos en espacios sujetos a moderación por parte de terceros, de los cuales no sabemos ni su nombre ni reconocemos sus rostros, apenas sus intenciones formuladas en pequeños cuadros de diálogo fácilmente modificables o suprimibles. Confiamos en la oficialidad de las páginas de Internet y nos sentimos parte de una “comunidad” a la que dedicamos horas y desvelos. Así, los detalles de nuestra existencia, que es registrada en el ciberespacio, dejan de pertenecer a las reservas de la intimidad y devienen del dominio público. Sin embargo, cuando el gobierno nos pide el nombre y la fecha de nacimiento para asociarlos a un número de teléfono, desconfiamos, nos resistimos y lo difundimos vía redes sociales de Internet.

Tenemos una existencia política paradójica, si consideramos que el respeto a la intimidad que reclamamos es, desde hace tiempo, lugar común en la inmensidad informativa del ciberespacio. Es común “subir” fotos personales y familiares a Facebook, entre otros, con lo que se proporcionan imágenes cuyo destino y utilización futura no sabemos. Colgamos información no sólo curricular sino estrictamente personal: cumpleaños, parentelas, aficiones, acciones y pasiones, entre otras revelaciones íntimas. Pero los propósitos del requerimiento del gobierno son, por lo menos, indignos de confianza.

Las inmensas posibilidades de comunicación alternativa están sujetas a plataformas que la propia sociedad no controla. Son propiedad privada extranjera, particularmente gringa. Casi nadie ignora que el servidor más grande y el control de las telecomunicaciones del mundo lo tienen ostensiblemente nuestros vecinos del norte. Los intentos internacionales de regionalizar y de ceder este control mundial han sido rechazados por los gringos, lo que se ha acentuado tras el inicio de la cruzada contra el terrorismo que ha emprendido como parte de la economía de guerra Estados Unidos.

En este marco, México ha aceptado ser una provincia más del control político-militar de Estados Unidos, al permitir que agentes policiales y de inteligencia transiten y actúen libremente por territorio nacional, que se subordinen tanto las policías nacionales como las fuerzas armadas a los imperativos de la paranoia gringa, cerrando las pinzas del control político-económico que repuntó durante el salinato y que ahora alcanza las mayores dimensiones en materia de dependencia. Tal falta de nacionalismo y de respeto a la soberanía, explica el por qué las autoridades toman medidas redundantes, intimidatorias, inútiles y potencialmente represivas.

El tristemente célebre (por su insondable mediocridad) garabato llamado gobierno de la república bajo Calderón, nos regala con el registro de teléfonos móviles un motivo para la desobediencia civil, pero también nos documenta la falta de imaginación y el oficio chambón de funcionarios que no saben ni sabrán el correcto cumplimiento de sus funciones, el trabajo público como distinto al privado, la entrega y el auto-respeto de quienes sirven al pueblo desde el gobierno, en este caso, ausentes y ubicados en su papel de colaboradores del imperio que nos refunda como colonia.
La aburrida medida del registro telefónico es un botón de muestra de la incontinencia que sufre Calderón y semejantes, ante los reclamos de Estados Unidos de hacer suya una lucha que corresponde a los impulsos del expansionismo yanqui en el siglo XXI. Baste recordar que el Estado genocida por excelencia, exportador de violencia física y psicológica, corruptor social y político y factor de inestabilidad mundial, productor y comercializador de armamento y perpetrador de crímenes de lesa humanidad, impulsor del tráfico internacional de drogas y armamento, es Estados Unidos, el que nos está diciendo a Colombia, a México y al resto de América Latina y otras economías periféricas, ¡cómo combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada!

El desenlace del drama del registro telefónico está por verse, también lo está la actitud de la sociedad en vías de estructurar formas de organización independiente, que remonten el espectro coyuntural y que den pasos hacia el combate de las causas profundas del desastre nacional. Pudiera empezarse cuestionando el modelo económico y sus consecuencias en la vida académica, cultural, política y social. Pudiera pensarse en rescatar México, el nuestro, no la caricatura pensada por Washington y ejecutada por el neoliberalismo de guarache que hoy representa Calderón.

Asunto inquietante

Comparto con usted esta caricatura que editorializa el trágico giro que está teniendo el llamado combate al narcotráfico emprendido "haiga sido como haiga sido" por el gobierno de Calderón, de acuerdo con el monero Hernández.

Viacrucis ciudadano

Ya ve usted que la Semana Santa invita a reflexionar acerca de la futilidad de la vida, pero así mismo sobre su sentido trascendente, quizás sobre lo que pudo haber sido y no fue de acuerdo a la muy particular valoración que cada cual hace de su propia existencia. Como se sabe, nos empeñamos en empedrar el camino y hacer más amable nuestra ruta hacia tal o cual objetivo; nos persuadimos de que las cosas han de mejorar y que la vida debe tener también un espacio de satisfacciones reservado para nosotros; procuramos conservar viva la fe en las instituciones y que la justicia no es una abstracción sino algo que se concreta merced a la visión y acción de las autoridades.

Suponemos que los partidos políticos representan opciones ideológicas cuyas prácticas están orientadas por principios claros y distintos y que están animados en llevar a cabo un proyecto que beneficie a sectores importantes de la población nacional; que son, cada uno a su manera, expresiones de la pluralidad que cabe en el gran saco de la democracia y el nacionalismo.

Asimismo, pensamos que el gobierno trabaja para todos, que es la expresión concreta del poder del Estado y que lleva a cabo su práctica de acuerdo al modelo político que se plasma en la Constitución. No se nos ocurre establecer una diferencia tajante entre el Estado y el gobierno que lo representa, porque en los hechos debieran ser lo mismo, o más bien, congruentes con el marco normativo que empieza con la Carta Magna y termina con los reglamentos y circulares que se emiten en los tres órdenes de gobierno. Como somos seres productores de normas (personales o sociales), pensamos que su acatamiento es socialmente encomiable: pensamos en función de esquemas conductuales producto de la sociabilidad humana, que se formalizan y se observan casi automáticamente. Hacemos propias las normas y condicionamientos del grupo social al que pertenecemos y logramos su coexistencia con aquellas de observancia general expresadas en las leyes y reglamentos. Así, nuestra existencia formal está en constante lucha con la realidad personal y contextual en la que vivimos.

Recientemente, la ciudadanía que acostumbra leer la prensa empezó a darse cuenta de que las leyes y normas en general también tienen fecha de caducidad y que su vigencia está determinada por esquemas de referencia más amplios que la simple procuración del bien común. En este sentido, el derecho puede estar en franca oposición con la justicia o, cuando menos, las leyes pueden estar en contradicción con el derecho, como lo atestigua cierta legislación secundaria relacionada con el ramo energético mexicano, donde se hace posible la participación de capital privado en áreas reservadas al sector público. Esto se documenta con la creciente influencia de los intereses privados en el ramo petrolero, de electricidad y, entre otros, salud, alimentación y educación.

Si bien es cierto que los anteriores aspectos pueden ser escandalosos, más lo es el relacionado con la seguridad pública, donde la influencia del extranjero se ve representada por los intereses de policía hemisférica de EE.UU., a través de iniciativas como la Mérida, en el marco del llamado TLC plus que se pasea con el nombre de ASPAN (algo así como acuerdo para la seguridad y prosperidad de América del Norte), lo que bien puede traducirse en la prosperidad y seguridad de Estados Unidos a costa de sus vecinos.

Como le decía al principio de mi aburrido ─lo sé, pero así son las cosas─ comentario, el ciudadano cree que el gobierno federal, estatal y municipal son ordenes de gobierno dedicados a ver por el bienestar de la comunidad, bajo el supuesto de que hay una comunidad que no sea la exclusivamente integrada por Estados Unidos y los intereses geoestratégicos de las grandes corporaciones donde destaca la industria petrolera-militar, que pasa por las finanzas, el tráfico internacional de drogas y la manipulación o exclusión informativa, para vender la imagen de que la democracia y las libertades sólo pueden estar asociadas a los intereses comerciales de ellos, expresados como el conjunto de estrategias, mecanismos, acciones y omisiones que garantizan el control de los gobiernos periféricos y que permiten absurdos como el que la seguridad pública mexicana (ahora colombianizada) quede prácticamente en manos de un comando gringo, además de la visita de supervisión de la dama cornuda que ocupa la secretaría de estado y un puesto relevante en el comando de las acciones intervencionistas de EE.UU. en el hemisferio y más allá.

Pudiéramos considerar exagerada la sospecha de que el caos y la desconfianza al interior de un país, acicateada por un repunte espectacular del crimen organizado, con su cauda de secuestros, asesinatos, decapitaciones, mensajes amenazantes, son parte de la estrategia de desestabilización requerida para evaporar el supuesto de la soberanía nacional en los hechos, a fin de que la intervención de las fuerzas armadas en la vida civil y, sobre todo, la asesoría y financiamiento de Washington por la vía de la iniciativa Mérida, clon maquillado del famoso Plan Colombia, puedan obrar el milagro de convertir a un país independiente en una especie de protectorado gringo, sin que se levanten, con efectos importantes, oportunos y generalizados, voces patrióticas que reclamen y exijan respeto a las instituciones nacionales y a la Constitución que nos rige.

Pudiera pensarse que las voces de alarma son síntomas de la paranoia nacionalista y que se trata de un padecimiento mental trasnochado, porque las relaciones con el norte industrializado y altamente militarizado son armoniosas, justas y benéficas para ambos lados de la frontera, suponiendo que los tiburones pueden llevar una buena relación con las sardinas; pero existen elementos de juicio que perfilan una especie de “trabajo interno” a favor del sueño infantil oligofrénico de Estados Unidos de ser el policía mundial y la versión magnificada del imperio romano. México, desde el gobierno de Salinas de Gortari, siguiendo con el de Zedillo y culminando con los de Fox y Calderón, ha descrito la curva del desarrollo neoliberal en la que cada sexenio significa un incremento en la dependencia respecto a los vecinos del norte, y así, una menor soberanía y una mayor injerencia externa en los asuntos nacionales.

Sin embargo, existen elementos ciertos y objetivos para pensar que nuestro país, al igual que Colombia y algunos otros de América Latina, han disminuido sustancialmente sus defensas contra la penetración extranjera y han sustituido el nacionalismo por el entreguismo. Al respecto, resulta muy ilustrativo el material que presenta la revista Contralínea (http://www.contralinea.com.mx/) sobre los alcances que tiene el llamado Proyecto México 2030 de Felipe Calderón.

Nos encontramos frente a la peor amenaza que ha sufrido México desde los aciagos tiempos de Antonio López de Santa Anna, cuando el país perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. En el Proyecto de Gran Visión México 2030, se consideran cinco ejes que nos llevarán por la venturosa ruta de la anexión económica, política y cultural. Vea usted si no:

El proyecto expresa la claudicación del gobierno en materia de la vigencia del estado de derecho, toda vez que la criminalidad ha logrado penetrar no sólo las policías sino también a las fuerzas armadas (Eje 1. “Estado de derecho”), con lo que el gobierno de Calderón justifica plenamente la injerencia de Estados Unidos en la provisión de recursos financieros y asistencia técnica y operativa para el combate al narcotráfico, olvidando que esto afecta directamente a la soberanía nacional.

Los esfuerzos privatizadores de los gobiernos neoliberales anteriores se verán fortalecidos mediante la figura de reciente creación de las “asociaciones público-privadas”, con las que Calderón piensa entregar a la iniciativa privada ramas esenciales de actividad estatal como son las de educación, salud, telecomunicaciones, ciencia y tecnología; así como el agua, ambiente y patrimonio cultural (Eje 2. “Economía competitiva y generadora de empleo”). De esta suerte, la educación se privatizará y la cultura estará a expensas de un “tratado de libre comercio artístico”, además de la subrogación absoluta de los servicios de salud, con la desaparición de las instituciones de seguridad social a cargo del gobierno (ISSSTE, IMSS, red hospitalaria de PEMEX), a lo que se agregará la reforma constitucional de los artículos 3 y 4 y la desaparición de los sindicatos de los sectores involucrados (Eje 3. “Igualdad de oportunidades”).

Otra novedad es la relativa a la privatización del espacio, señalando la intención de dar a la iniciativa privada nacional y extranjera el control territorial de las costas, mar, biósfera, mediante la figura de “área natural protegida” y la de “unidad de conservación para la vida silvestre”, con lo que México se puede despedir de la riqueza de la biodiversidad como recurso estratégico que apoye el desarrollo cultural, científico, tecnológico y económico nacional (Eje 4. “Desarrollo sustentable”).

Por si fuera poco, la propuesta de Calderón profundiza en la desaparición de la soberanía y el dominio de la nación, a través de conceder a Estados Unidos la facultad de diseñar las políticas públicas mexicanas, integrando mediante “instituciones compartidas” la nación al vecino del norte, lo que permitirá la participación del ejército y la marina en operaciones conjuntas por la “seguridad hemisférica”, además de que “mexicoamericanos” detenten el poder público. Con ello se supera por mucho la cuota del 50 por ciento nacional concedido en el siglo XIX por Santa Anna, en un proyecto anexionista a lograr en el año 2030 (Eje 5. “Democracia efectiva y política exterior responsable”).

Si lo anterior no mueve su conciencia patriótica y no considera que Calderón sea un peligro para México, entonces, habremos clavado el último clavo a nuestra cruz ciudadana, en este viacrucis por la abyección y los horrores del neoliberalismo mexicano.

Oración del turista

Comparto con usted la siguiente oración (La Jornada, martes 30 de marzo de 2010, columna Dinero), que bien se puede aplicar en la vida cotidiana de cualquier ciudadano, bajo los supuestos del calderonato, fase superior y, esperemos, última del neoliberalismo mexicano:

“San Timoteo, protégeme del tiroteo;

San Antón, cuídame del levantón;

San Efrén, que no me toque retén;

Santa Librada, que no me alcance granada ni rafagueada;

Santa Lucía, que no me asalte la policía;

San Nicanor ocúltame del secuestrador (y también del procurador);

Santa Constanza, que no me toque matanza;

San Primitivo, sálvame del cuerno de chivo”.

Amén.

Sueños privados

Sí, cuando se trata de proyectar un negocio se sueña y a veces los sueños son en grande. La magnitud depende de la posición en que esté el sujeto, sus circunstancias, las posibilidades reales de incidir en la realidad para ajustarla a eso que se desea fervorosamente y, como todo en esta vida, debe mediar el acuerdo o concertación con otros actores que pueden impedir o facilitar el logro de los objetivos planteados. Cuando se sueña en palacio nacional, las cosas pueden ir mucho mejor que si se hace en alguna casa de barriada en la periferia urbana.

Calderón sueña ─se sabe─ en la futura anexión de México a Estados Unidos, merced al proyecto que nos habrá de ubicar en la posición de ser barrera de contención contra ataques “terroristas”, como un cinturón de seguridad o una muralla de nopal en torno a las tierras imperiales. Los hechos demuestran la viabilidad del proyecto: pasamos desde hace relativamente poco, de una nación sin problemas de terrorismo a otra que sí los tiene. Los ataques contra instalaciones policiacas, evasiones masivas en cárceles, secuestros exprés, levantones y decapitaciones, narco-mantas intimidatorias y asesinatos de personajes de la procuración de justicia, los negocios o las relaciones diplomáticas, hacen el caldo gordo de la inseguridad, de la desconfianza en la propia capacidad para poner orden en el territorio nacional.

Los discursos, bravatas, omisiones y contradicciones que componen la respuesta oficial al desorden, posee el componente de la autoflagelación y la puesta en ridículo de instituciones otrora respetadas: el ejército primero y luego la marina, sustituyen la presencia y la acción policiaca; la duda se convierte en genérico intercambiable en el mercado terapéutico de las inconformidades ciudadanas, mientas que los productos de importación inundan la nación en forma de cuerpos policiacos gringos que concretan la asistencia y colaboración internacional. Lo que queda cada vez más claro es el proceso de penetración de los agentes, políticas, estructuras y mecanismos de control extranjero en asuntos de exclusiva competencia nacional, prácticamente desde el inicio de la gestión federal de Calderón, en forma de acuerdos y promesas en el marco de la Iniciativa Mérida y la Alianza para Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN), ahora “justificados” gracias a las matanzas disuasorias que sufre la nación.

Las tácticas porriles y del gangsterismo gringo, que hicieron de la dinamita y la ametralladora Thompson sus instrumentos predilectos durante el siglo XX, logaron la expansión de los monopolios, la delimitación territorial de los mercados lícitos e ilícitos, como se documenta en la saga de Al Capone y congéneres, sin dejar de lado a los prohombres de Wall Street y las aristocracias de Boston, Chicago, entre otros escenarios comerciales. La pasmosa utilidad del atentado ablandó no pocas estructuras económicas y políticas, logrando la penetración de capitales e ideas en regiones antes inexpugnables y ahora “modernizadas” gracias al poder emprendedor de los sobrinos del Tío Sam. América Latina es ─sigue siendo─ el espacio donde se han escenificado en niveles extremos las batallas de la coacción y el terrorismo capitalista contra la protección constitucional de las naciones de la periferia.
En su momento, Cuba, Nicaragua, Panamá, México, por poner algunos ejemplos, sufrieron la ocupación militar gringa para hacer valer su ambición de control de sus recursos naturales y estratégicos, sin respeto al derecho internacional, sólo la fuerza de las armas y la presión sobre los gobiernos de la región. Pero los tiempos cambian y ahora se imponen los tratados comerciales, los acuerdos o alianzas por la seguridad y la prosperidad, los contratos de préstamos, la asistencia militar o policial y la cooperación o colaboración en áreas estratégicas para los países periféricos. Claro que la añoranza por los viejos tiempos aun nos trae episodios como los no tan lejanos del secuestro de Noriega, el frustrado golpe de estado contra Chávez, la campaña contra Correa, contra Evo Morales y los innumerables esfuerzos por desestabilizar a Cuba y la región latinoamericana que hoy vemos como parte de nuestra relación de “cooperación” con Estados Unidos.

Pero las acciones de convencimiento por la fuerza o la amenaza no pudieran estar completas sin considerar la cooperación o, si se quiere, el trabajo interno que realizan algunos gobiernos, como el de Colombia, Panamá, entre otros donde cabe incluir a México, para lograr el sueño de hegemonía económica, ideológica, política y cultural de nuestros vecinos del norte, al pretender sabotear frontalmente o con disimulo, la iniciativa de integración latinoamericana excluyendo a Estados Unidos y Canadá.

En este sentido, vale mencionar el nombre del plan de la traición a la patria mexicana, pergeñado por el panismo organizado en manos del capo visible Felipe Calderón: Proyecto México 2030, la ruta crítica de la anexión de México al imperio, pasando por el desmantelamiento del sindicalismo, la privatización de nuestras conciencias cívicas, de la educación, la salud y la seguridad social.

Sí, en estos tiempos los sueños privados pueden pasar por públicos, gracias al cínico desparpajo con que se declara la modernidad privatizante en el traspatio del imperio. Pero de la ruta nacionalista hacia el progreso, nada. Nadita de nada. Soñar no cuesta nada, pero actuar en esa dirección, representa el más alto costo para la nación: dejar de serlo.

Semana santa

Después de una cuaresma altamente prometedora de entuertos y chapuzas, merced a la carestía de la vida incrementada insidiosamente por las medidas a favor del faquirismo nacional, los ciudadanos empoderados con ese tercermundismo que tanto promueven nuestras autoridades, nos disponemos a tomar unos días de necesario asueto. En el mar la vida es más sabrosa y las habilidades náuticas se ponen a prueba en el escenario de los bares, cantinas y tugurios; en los restaurantes, en las carretas que expenden alimentos ricos en grasa, en compuestos orgánicos y minerales no clasificados aun por las artes gastronómicas.

La vida en la contumacia tercermundista puede ser un papalote colgado de una nube, balanceándose de una crisis en otra, de una coyuntura político electoral a la parodia que deviene gobierno emanado de alguna cloaca con registro vigente en la lóbrega mansión llamada IFE, con las prerrogativas de ley para infringirla con mexicana alegría, para bailar jarabes y mazurcas, zangoloteos varios y convulsiones musicalizadas, de acuerdo a las opciones de moda. Nos declaramos ciudadanos cuando el civismo dejó de ser recuento de deberes y obligaciones y práctica concreta de su ejercicio. La ley de gravedad es una excepción en el discurso del gobierno, que desde las alturas supone que las cosas son de menor tamaño, lejanas y ajenas a la marcha de los asuntos nacionales, dispuestos en la cuadrícula de una planeación económica pergeñada por los organismos financieros internacionales en un arranque de esquizofrenia. La lejanía de la realidad es consoladora en un gobierno sin agarraderas, presa de su propia forma de aniquilar expectativas.

Pero, entre decapitaciones y desapariciones forzadas, el gobierno señala la importancia del agua en la generación de consensos, independientemente de que reconoce el problema de la escasez y las necesidades sociales existentes. El líquido vital es un buen argumento de venta para el logro de concesiones, licitaciones, cierre de tratos y oportunidades de negocios a gran escala, auspiciosos de un retiro laboral de lujosas proporciones, a cargo de erario y lubricado con la palanca psicológica de la sed. El agua en Sonora es, hoy por hoy, la manzana de la discordia y el reflejo de una inoperancia gubernamental llevada a extremos. Bien dice el ecologista don Jesús León Santos, cuando señala que no se debe tratar de resolver un problema pensando en lo inmediato, sino en el largo plazo, en recuperar las fuentes del líquido, no solamente trasladarlo y redistribuirlo. La sabiduría del indígena se opone al pragmatismo cortoplacista occidentalizado de nuestras autoridades, que ven el agua como mercancía y su provisión como negocio.

La semana mayor recuerda nuestra falibilidad humana, pero también la trascendencia del hombre, su vocación transformadora, su posibilidad de caer y luego levantarse, en ruta hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de todos, sin distinción. Disfrutemos de unos días de asueto, que sirvan para repensar el qué hacer y el cómo hacer.

De todos modos, recordemos el reclamo de justicia en el caso de la guardería ABC, la defensa del patrimonio nacional y familiar, el apoyo al SME, a los mineros de Cananea y la lucha del sindicalismo independiente.

La banca comercial

La banca comercial (como si hubiera de otra) se dedica a hacer dinero fácil mediante sus operaciones, apoyada por el marco jurídico que permite el robo a los usuarios de los servicios bancarios. La calidad de cliente condena al usuario a pagar cifras exorbitantes por conceptos tales como “interés gravable”, “interés exento”, “interés moratorio gravable”, “interés moratorio exento”, “comisión por falta de pago”, “IVA por intereses total” e “IVA por comisiones total”, todo ello en una sola cuenta, de manera que la suma de todos los cargos que se da el lujo de aplicar la banca, constituyen una cantidad exageradamente mayor que la que pudiera legítimamente cobrar por los servicios prestados.

La práctica del anatocismo en México es obviamente inmoral, pero el Estado a través de la Suprema Corte de Justicia, da por legal este abuso, creando las condiciones para el robo auspiciado por las propias autoridades contra el patrimonio de los clientes bancarios.

La banca en México es capaz de cobrar por los servicios mucho, pero mucho más de lo que les cobra a sus clientes en otras partes del mundo, incluidas sus matrices, debido a que el gobierno se ha puesto a favor de los excesos perpetrados contra la población por parte de la banca parásita que representa un brazo neocolonial de explotación, habida cuenta el origen extranjero de las instituciones que operan en territorio nacional, así como la política de liquidación a precios de barata de las que antes fueron nacionales y ahora propiedad de extranjeros, que usan y abusan de sus prerrogativas corporativas y de la escasa cuando no ausente moralidad y patriotismo de las autoridades hacendarias.

México es un botín del saqueo extranjero, a ciencia y paciencia de las autoridades gubernamentales. Este hecho contrasta con la defensa que en otros países de América realizan los gobiernos en favor del consumidor y de la propia banca nacional. Pero nosotros somos una excepción que permite suponer que los tiempos de la colonia no se han ido del todo, que la presencia de extranjeros haciendo los negocios de su vida depende de la escasa voluntad política de proteger lo nuestro, a la par que sostener relaciones económicas y financieras justas y equitativas con el resto del mundo.

En este como en otros renglones, el gobierno de derecha neoliberal que azota a México, ha fracasado rotundamente. La economía está deprimida, nulificada la capacidad del aparato productivo para absorber fuerza de trabajo, hecha añicos la capacidad adquisitiva de la moneda, perdida la posibilidad de obtener salarios remuneradores y evaporada la expectativa de ahorro de la gran mayoría de los trabajadores.

Los hechos demuestran la urgente necesidad de un cambio radical en el modelo económico y la no menos apremiante necesidad de la renuncia de Calderón a la titularidad del espuriato presidencial. Así sea.