Conspiración en Pémex

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miércoles, 2 de junio de 2010

ABC

El tema de la guardería ABC sigue siendo prioritario en las demandas de solución de un problema legal y moral que trasciende los colores partidistas y llega muy al fondo de las conciencias de todos los ciudadanos, sobre todo de Hermosillo. Las implicaciones del incendio en el que perdieron la vida pequeños inocentes y ajenos a la peligrosidad de una iniciativa privada que invade espacios públicos, y de un gobierno que es dadivoso con el capital para que convierta en mercancía los servicios públicos y la indeclinable obligación del gobierno de proveer lo necesario para el bien común, están en la mesa de las discusiones y en la mente de todos. Las revelaciones que han saltado a las páginas de los medios periodísticos son, por decir lo menos, preocupantes cuando no escandalosas: que pesa sobre los hombros de los médicos una responsabilidad ética irrenunciable que parece contraria a los deseos de las autoridades del IMSS, quienes amenazan a los galenos si dan información a los interesados sobre el verdadero estado de salud de los niños sobrevivientes al incendio de la guardería. La lucha moral entre decir la verdad y ser cómplices de la cortina de silencio cuando no de desinformación, es la batalla que libran en la actualidad los integrantes del personal de salud de la institución que debiera ser la salvaguarda de los derechos sociales de los ciudadanos mexicanos y sus familias.

En el ambiente flotan las palabras del representante de Shriners International, quien afirma que existen pruebas sobradas sobre la negligencia de Estado que pesa sobre las decisiones, los dichos y los hechos de las autoridades de salud nacionales respecto a la atención oportuna y eficiente, con calidad y competencia profesional, que merecen y exigen las pequeñas víctimas del siniestro que por fortuna están vivas, pero con secuelas que pueden ser graves y afectar de manera sustancial su calidad de vida.

A un año del incendio que cobró 49 vidas y la confianza en la seguridad social convertida en mercancía, los ciudadanos exigen justicia, el cuidado profesional y sin regateos de los niños afectados y que el gobierno lo sea para todos, comenzando por reasumir obligaciones y compromisos con los ciudadanos, con la sociedad y no solo con los mercaderes que lucran con las necesidades del pueblo en forma de concesiones impensables en una sociedad civilizada gobernada responsablemente.

Mientras esperamos algún atisbo de humanidad en las autoridades competentes, en apoyo a los niños de la guardería ABC, los transportistas hacen pasar tragos amargos a los usuarios urbanos de Hermosillo, y las horas se hacen más largas cuando se trata del esperar con paciencia de camello filósofo que llegue el día en que el agua nuevamente fluya por la red domiciliaria, calmando las resequedades ambientales y personales y ofreciendo una panorámica acorde a los supuestos del desarrollo citadino, ahora secuestrado por una pandilla de villamelones empresariales a quienes el placer de gobernar parece equiparable al que produce un viaje al extranjero en primera clase. Los medios informan que el agua de los agricultores del Yaqui no se tocará ni con el pétalo de las deshidrataciones hermosillenses, a pesar de que el panista Guillermo Padrés Elías prometió que gobernaría para todos. Del dicho al hecho existe el trecho del agua como patrimonio particular, como botín de guerra y como argumento de chantajes y privilegios a los que, al parecer, cede el gobierno en aras de la perpetuación de cotos de poder de fuerte acento porfiriano.

Al respecto, han circulado las noticias del imperio, y en boca del propio Padrés Elías, los ciudadanos nos damos por enterados de que se buscará la solidaridad de los pueblos “de arriba” del mapa sonorense para lograr el sueño de la ciudad capital: beber agua y bañarse con regularidad. El milagro se lograría gracias al acueducto Independencia, cuyo nombre es, en sí, una ironía. Y lo es precisamente porque la independencia de las decisiones gubernativas queda bastante en entredicho, a juzgar por el fuerte rechazo que tuvo el proyecto de acueducto del Novillo a la ciudad capital, so pretexto de que se le quitaría agua a los agricultores del Valle del yaqui (y que por otra parte, se contó con la generosa disposición de ciertos sectores cajemenses, que no dudaron en apoyar a los hermosillenses en apuros hidráulicos) cuestión de dudosa factura y con el agravante del desperdicio que se supone pudiera evitarse mediante las obras hidráulicas propuestas en el Sonora SI.

Sonora es un estado secuestrado por intereses micro-regionales que están asociados a ciertos apellidos como Bours, Castelo, Gómez del Campo y alguno que otro de parecida prosapia, con lo que la hebra de la guardería nos lleva a otros derroteros igualmente oprobiosos para el estado y que ejemplifican bastante bien las implicaciones prácticas que tiene el permitir que el capital privado incursione en sectores y actividades altamente sensibles para el bienestar de la comunidad. Por lo anterior, resulta imperativo devolver al Estado lo que le corresponde y revertir el impulso privatizador que en nada ha contribuido al progreso de nuestra entidad. Como que ya va siendo tiempo que los empresarios vuelvan a intentar serlo realmente y no solamente beneficiarios del tráfico de influencias y parásitos económicos del gobierno.

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