Conspiración en Pémex

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jueves, 10 de junio de 2010

Aseguramientos

El día sábado 5 de este mes se conmemoró el primer aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, se decretó en la víspera día de luto nacional. Ese mismo día, recibimos la noticia de la muerte del gran pensador Bolívar Echeverría, defensor de la identidad latinoamericana y creador de la teoría del barroquismo latinoamericano como mecanismo de defensa contra el imperialismo. También ocurrió que Felipe Calderón, agazapado en la fecha y en la carga emocional que tiene, inició el cerco de la mina de Cananea para tomarla por asalto al día siguiente, de noche y en fin de semana como acostumbra.

La mina fue asegurada y expulsados los trabajadores de guardia. En Pasta de Conchos, se siguieron los mismos procedimientos, desalojando a los familiares de los mineros fallecidos y jamás rescatados de las entrañas de la mina. El ejército y demás cuerpos policiacos insisten en las virtudes del aseguramiento de personas, bienes, armas y hasta localidades de cualquier parte de la república, lo que ocurre en la norteña Monterrey, en Cananea, o en la sureña Copala o en Pasta de Conchos. El resultado es el mismo: el despliegue de la fuerza pública materializa y documenta la existencia de un gobierno fallido, víctima de sus propias contradicciones entre su existencia constitucional y las labores de represión antidemocrática.

Los eventos de violencia legal que presenciamos con azoro, no se justifican por la oleada del narcotráfico, de la inseguridad pública nacida del desempleo y la pulverización del salario, de las maniobras de criminalización de la resistencia civil a las medidas gubernamentales desafortunadas y hasta imbéciles; ni se explican con argumentaciones circulares en cuyo trasfondo siempre están las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional de la mano con los intereses militaristas de Estados Unidos.

Los recientes acontecimientos de absurda y decadente violencia nos colocan como nación en la misma tesitura que un país en guerra, al convertirse nuestra frontera norte en un escenario en donde las fuerzas de la ley y el orden imperial matan a golpes a nuestros coterráneos o simplemente los eliminan a balazos, disparando de Estados Unidos a México, como queda documentado con las dos recientes muertes en dos puntos distintos de nuestra frontera. Siempre está presente la figura de un grupo gringo armado contra un mexicano desarmado cuyo papel es el de víctima de un crimen que “se investigará”.

En Cananea se escenifica la cargada del panismo en el poder federal y estatal contra los trabajadores mexicanos, cuya finalidad es la misma que la que inspiró a Calderón a liquidar Luz y Fuerza del Centro y perseguir al sindicato de electricistas. La lucha contra el sindicalismo, la criminalización de la resistencia civil, la generación de condiciones de inestabilidad y rispidez que devienen violencia atribuible a las propias fuerzas de la ley y el orden, permiten suponer que las cosas no son espontaneas ni gratuitas: debe existir un plan, una intención de desestabilizar México y justificar la suspensión de facto de las garantías individuales, y establecer las premisas para que tal excepción se implante por razón de estado.

La parafernalia en torno a la reforma a la ley laboral y la iniciativa de crear una policía estatal que sustituya a las municipales, junto con la ridícula algarabía mediática de la llamada Iniciativa México, convierten al país en una caja de la risa en donde la alienación ciudadana compite con la creciente violencia alentada con cierta precisión intencional. No puede ser gratuita la alianza de Televisa con TV-Azteca sino que sugiere un pacto entre los dos grandes consorcios mediáticos incentivados por la concesión de la fibra óptica birlada del sector eléctrico nacional, con la finalidad de hacerse más ricos incrementando las desigualdades de oportunidades entre los jugadores del espectro radioeléctrico, satelital y similares en la puja de la banda ancha y el triple-play comunicativo, además de sellar el fin de las radios y televisoras comunitarias y los medios que expresan opiniones y formas culturales alternativas. Las generosas concesiones del gobierno a particulares sólo pueden tener como fondo un pacto de silencio mediático en torno a la emergencia de un estado dictatorial de extrema derecha.

Este hipotético estado, tiene necesariamente que eliminar a los actores y opinantes independientes mediante la única receta que saben y que es prescrita por las agencias de inteligencia gringas asentadas ya en territorio nacional: violencia sistemática, que se expresa en forma de operaciones soterradas de eliminación selectiva de elementos “no cooperativos”, criminalización de personas e instituciones contrarias al sistema, generación de un clima de terror e inseguridad que persuada a la sociedad de que la suspensión de garantías es necesaria; centralización del mando policiaco y eliminación de corporaciones municipales, con lo que se viola la constitución al privar al municipio de esa responsabilidad. En este escenario, la desestabilización política, la violencia e inseguridad son vertientes que abonan la toma de posiciones desde el poder central.

El gobierno de Calderón tras el surrealismo de Vicente Fox, se debate entre la ilegitimidad de origen y la que se genera al seguir el mismo camino de entrega a los intereses trasnacionales, de cara a una ciudadanía que lucha por encontrar una nueva definición en el contexto de una crisis global que no encuentra oposición en las estructuras económicas y políticas del país. En este contexto, cabe señalar que el aseguramiento policiaco de las conciencias ciudadanas también pasa por ser operativo necesario en la lucha oficial contra el “crimen organizado”. Sí, en una dictadura, el pensamiento independiente es delito que se persigue de oficio.

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