

Si Gómez Torres había negociado la reubicación de su pizarra, ¿por qué de noche y por sorpresa se demuele? El jueves 27 iniciaron los trabajos de picota y maquinaria pesada, lo que permite sospechar que se trata de un golpe de mano gubernamental ante la incomodidad de negociar con un particular que se sabía amparado por el derecho de concesión por 90 años. Hoy sábado, sólo quedan algunas leves huellas de lo que fue. Así las cosas, se puede suponer que tras la demolición y el gusto manifestado por José Inés Palafox por efectuarla, se encuentra un acto arbitrario.
Estas dudas o supuestos inquietantes para los ciudadanos deben aclararse a plena satisfacción, porque no se puede gobernar dictatorialmente, con medidas que sean cuestionables, con la sombra de la ilegalidad o, de plano, la prepotente arbitrariedad de un gobierno que no reconoce derechos adquiridos y que, de un plumazo, declara nulos los acuerdos tomados por otras administraciones.
Lo anterior constituye una mancha en la gestión del presidente municipal y, desde luego, de la dependencia estatal ejecutora de un atentado contra la libertad de expresión, hasta que no se demuestre lo contrario.

La comunidad hermosillense debe sentirse extrañada y ofendida ante lo que puede constituir un acto de autoridad irreflexivo y, a todas luces, evitable. Cabe reconocer que el progreso implica cambios, pero esos cambios deben ser consensuados, concertados entre particulares y gobierno en aras del bien común, de la armonía social que debe reinar al amparo del derecho y la justicia. Ningún acto de autoridad se justifica cuando afecta el derecho de particulares que ejercen alguna ocupación u oficio de manera legal y legítima, y es por eso que el municipio y el propio gobierno del Estado deben aclarar, explicar y justificar plenamente el acto presumiblemente vandálico cuando no arbitrario que perpetraron contra el Hermosillo Flash y los intereses de su propietario y administrador Eduardo Gómez Torres.
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