Fue hace aproximadamente un año, cuando trascendió la noticia de que habían despedido a dos comunicadoras al servicio de la Universidad de Sonora, por razones no del todo claras pero relacionadas con su calidad de militantes de movimientos sociales.
Todo se dió cuando hubo cambio de titular en la dirección de comunicación social de la institución. Al nuevo director se le atribuyó afinidad con la derecha neopanista al ser asesor en un ayuntamiento de este signo político, lo que pareció a las afectadas, Gaby y Judith, como una manifestación de intolerancia política que violaba el supuesto de libertad de expresión y de asociación, de creencia y ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados en el capítulo de garantías individuales de la Constitución.
Despedidas, iniciaron el largo camino de las instancias judiciales, las pruebas y alegatos que demuestran el despido injustificado, la violación de derechos elementales, la indignación que se contiene en las formalidades legales y la frustración de ver interrumpida una vocación, una carrera, un proyecto de vida en la Universidad.
La moneda está en el aire, el periplo legal aún no termina, el tiempo procesal sigue su marcha, con la modorra que exige la posibilidad de olvido, de cansancio, de enfado, de náuseas por la calidad moral enfrentada, por las barreras prácticas que ocasiona la situación económica debilitada por el tiempo y las circunstancias, que invitan al abandono, al destierro involuntario de un derecho por reivindicar.
Pero Gaby y Judith siguen en su lucha. Esperemos.
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