Discriminación

“La discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros factores, como el origen geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área de interés social” (RAE-Wikipedia).

A estas alturas, nadie puede negar honestamente que Germán Larrea y Grupo México sean evidentes víctimas de discriminación por parte de las autoridades federales y locales que en el ramo económico, hidrológico y ambiental han optado por dar un trato alcahuete y cómplice a uno de los más grandes ecocidas del tiempo mexicano contemporáneo. A pesar de los estragos causados y por causar por su famoso derrame, no ha faltado funcionario que insista en la inocuidad y potabilidad del agua que fluye en los ríos afectados y en los pozos y cañerías que surten a ciudades como la nuestra.

Los empresarios mineros canadienses también entran en la lista de los discriminados por razones de origen y estatus económico, sufriendo una penosa impunidad que asombra a las comunidades perjudicadas por los daños ambientales, pero que mantiene impávidos y afebriles a quienes reciben un sueldo por evitar, castigar y remediar los estropicios derivados de la actividad empresarial que genera empleos precarios, consume agua, agota recursos naturales y contamina el entorno.

Asimismo, las compañías refresqueras, de lavado de autos, maquiladoras, entre otras, reciben la indiferencia oficial y, ya de malas, la obligación de cooperar con determinados funcionarios para lograr la agilización de trámites y la invisibilidad deseada para el logro de sus metas comerciales.

En otro escenario, los acaparadores urbanos que realizan tareas de apropiación, cercamiento, lotificación y posterior usufructo, pasando, si es necesario, por la desviación de cauces de río y el daño patrimonial y ambiental a los vecinos, padecen del desprecio oficial por más que sean evidentes los méritos alcanzados para obtener, así sea poca, la atención del aparato público que tiene el deber de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Tampoco debemos olvidar la muchedumbre de funcionarios públicos que llegan cargados de deudas y pretensiones a sus puestos, para salir multimillonarios, socios de empresas establecidas o no durante su encargo, titulares de jugosas cuentas en moneda nacional o en dólares, terratenientes urbanos y rurales, y en algunos casos, legisladores plurinominales de sus partidos políticos.

Si bien es cierto que muchos de los ninguneados por la ley forman en las filas arriba señaladas, también existen otras categorías de discriminados que, aunque lucen como árbol de navidad en las fechas decembrinas, usted, aquellos y yo, en más de una ocasión cerramos los ojos y los dejamos pasar, incluso contenemos la respiración y resoplamos una vez que nos alejamos lo suficiente para conjurar olores y humores.

Los recortes presupuestales acaban con las posibilidades de que los programas paliativos del régimen puedan hacer felices por el día de recepción del beneficio a los enlistados. Así, los programas para comunidades en zonas económicamente deprimidas, las becas escolares, los desayunos en el nivel básico, terminan siendo siglas llamativas y pretexto para llenar de propaganda los medios informativos.

Asimismo, los apoyos a los productores rurales se reducen a la par que aumenta la dependencia alimenticia, la miseria y el desarraigo, creando una masa miserable que emigra, porque no le queda de otra, dejando tierra, familia y vida en manos del destino. Pero el gobierno exhibe como logro económico los ingresos por concepto de remesas. La pobreza y el desarraigo de muchos se convierte en éxito del régimen.

Mientras unos son favorecidos por las oportunidades y los planes del gobierno que busca la modernidad, una inmensa mayoría que ni se ve ni se oye padece la discriminación y la exclusión de los logros y beneficios de un gobierno que puede ser panista o priista, pero que, como uno solo, insiste en “mover a México” en la dirección dispuesta por los organismos financieros internacionales.

Es necesario puntualizar que la precarización del empleo y la privatización de las funciones y servicios del gobierno, con la consecuente disminución de los derechos laborales y la seguridad social, son esencialmente consecuencias directas de una política de discriminación de gran alcance social. Son los intereses de una minoría contra los de la mayoría.

En resumen, México es un país donde la discriminación se ha hecho política de estado, que cotidianamente incumple la ley pero que crea normas que formalizan la marginación y la exclusión, tanto como la trivialización y reducción al absurdo de los derechos humanos, y que son legitimadas por la SCJN, comparsa del régimen neoliberal que se padece.

Así como el sistema es obsequioso y tolerante con los empresarios y los políticos corruptos que operan sus proyectos, discriminando positivamente a los canallas, el pueblo se autodiscrimina, ya por costumbre, al votar cada tres o cada seis años contra las posibilidades de cambio y auténtica representación. Seguimos como sociedad votando por los mismos, acostumbrados a la discriminación y autoexclusión a favor de apellidos, fortunas y los viejos y recientes proyectos de destrucción de nuestra vida e identidad nacional. Es necesario, urgente, comprender cabalmente la idea de inclusión social y actuar en consecuencia.

En otro asunto, ¿por qué en una pareja se debe discriminar al hombre o a la mujer? Una pareja incluyente es la que los integra. 

Concluyo con la frase de la temporada: Apoyo la diversidad y no hay nada más diverso que la relación ente un hombre y una mujer. ¿Por qué conformarse con lo mismo? La diferencia es vida.

Naturalidad y normalidad

En la actualidad se cuestionan aspectos de la vida y de las relaciones humanas que antes eran consideradas obvias por asumirse como naturales o normales. La seguridad de que el matrimonio se refería exclusivamente a la unión entre hombre y mujer para fines afectivos y cuyas consecuencias social y personalmente esperadas eran la constitución de una familia que aportara a las estadísticas demográficas, no tenía discusión ni se veía la necesidad de establecer demasiadas puntualizaciones y precisiones legales. Se partía del supuesto de que el enamoramiento y cortejo tenía que ver con el amor y el deseo de compartir la vida y perpetuar la especie, llevando el ADN de las partes “hasta el infinito y más allá”, mediante las sucesivas reediciones y las combinaciones genéticas que, ya fortaleciendo o atenuando ciertos rasgos y características, trazaban una huella vital y cultural que permitía la trascendencia, no sólo familiar sino social de apellidos, fisonomías, costumbres y visiones.

Los fines reproductivos de la relación se daban por sentados, partiendo de que es natural que la unión heterosexual tenga por fruto un nuevo integrante, lo que da sentido al concepto “matrimonio”, que en origen significa “el estatus jurídico de una mujer casada y la maternidad legal, y todos los derechos que de ello se deriven para la mujer, como la condición de madre de familia”.

Desde luego que lo normal es que uno y otro de los cónyuges esté en capacidad de procrear, pero, en caso de que esto no sea posible por una situación particular, anómala, se considera legítima y legal la adopción. Tampoco había discusión respecto a que la prioridad familiar eran los hijos, dándose por natural la obligación de los padres de proveer a su desarrollo integral en las mejores condiciones posibles, porque la finalidad del matrimonio era la preservación de la especie en las condiciones materiales y afectivas que eran capaces de proveer los cónyuges.

Si bien es cierto que la familia natural está integrada por padre, madre e hijos, los lazos de consanguinidad amplían este concepto incluyendo a abuelos, tíos, sobrinos y nietos, sin que para ello debiera mediar advertencia judicial o reclamo expreso de parte de autoridad competente. Se considera natural que personas de la misma sangre mantengan una relación familiar como parte de su normalidad. En nuestra cultura latina, los viejos y los más jóvenes de la familia siempre han merecido especial consideración por parte del resto de ese subconjunto social. De hecho, una familia mexicana típica puede integrar bajo un mismo techo de manera normal a tres generaciones. Lo anterior no excluye a la familia integrada por uno solo de los progenitores y sus hijos, sea por viudez o separación, o por soltería, siendo la consanguinidad lo que une.

Actualmente, el gobierno impulsa otras formas de relación a las que da el carácter de familia, bajo el supuesto de que así combate la discriminación y reivindica los derechos humanos, sin embargo, somos una sociedad cuyas condiciones son profundamente discriminantes y excluyentes, de suerte que termina privilegiándose la forma sobre el contenido, independientemente de que es una falacia suponer que la naturaleza humana cambia por decreto.

Tenemos un país en el que, por decreto, llegamos al “primer mundo” gracias a la incorporación a organismos internacionales como la OCDE, tanto como con Banco Mundial y FMI; por otra parte, tenemos convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo y tratados comerciales con una impresionante cantidad de países, destacado obviamente el TLC, suscrito con los países del norte. México participa de las calenturas del Comando Norte de EE.UU. llegando a comprometerse en maniobras conjuntas y, tanto la Armada como el Ejército y las fuerzas de seguridad siguen el guión dictado por el extranjero, ya que nuestra seguridad nacional está uncida al control de Washington tras el incidente de las Torres Gemelas, haciéndose cada vez más evidente la presencia en territorio nacional de las agencias de inteligencia de nuestro vecino gringo; es claro que la actuación de los gobiernos del PRI-PAN actúan según las prioridades de la agenda de la Casa Blanca -la del vecino gringo- y que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial han terminado en remedos de aquél, siendo el Legislativo mera comparsa sin representación real de los intereses ciudadanos.

Tanto las reformas “estructurales” de Peña como las emprendidas por los gobiernos panistas, resultan ser instrumentos jurídicos que privilegian los intereses extranjeros por sobre los nacionales, logrando un significativo retroceso en diversas materias, como es en la económica, política, administrativa, laboral, educativa y, en general, en seguridad tanto pública como social. Aquí cabe destacar la absurda subordinación del gobierno a los intereses de las trasnacionales y la abyecta complacencia “diplomática” que permitió la presencia del candidato republicano Donald Trump en el primer plano del acontecer político nacional. 

La precarización nacional ha traído consigo la de las conciencias, ya que la ciudadanía se ejerce mediante despensas, tarjetas de débito, tortas con refresco, recomendaciones entre cuates, negocios privados a la sombra del poder público, ejercicio clientelar de las prerrogativas electorales y uso populista de la iniciativa legislativa, tanto como la manipulación y los distractores mediáticos que permiten las acciones de reingeniería social en una comunidad cuyo rumbo es incierto, confuso y difuso. En este marco, destaca la iniciativa presidencial de reformas tanto a la constitución como al código civil, relativas al “matrimonio igualitario”.

Aquí es inevitable recordar el pronunciamiento de la administración Obama en favor de las uniones homosexuales, justamente en un momento político de baja popularidad y en un contexto desfavorable para dicho presidente, así como su activismo por presionar a otros países a aceptar los derechos de este sector poblacional bajo la cobertura de los derechos humanos.  Parece claro que, en épocas de baja popularidad, cualquier recurso es bueno, siempre y cuando no afecte la voracidad de los empresarios trasnacionales y la ganancia del capital global. Pueden seguir las violaciones a los derechos humanos, la segregación racial, la xenofobia, la pobreza y la marginación, los abusos de la autoridad y las mil y una caras de la corrupción que hace funcionar al sistema. Las prioridades nacionales se determinan por las encuestas de popularidad. En lo fundamental, se cambia para no cambiar.

En nuestro país, el descrédito del gobierno abarca los tres poderes de la Unión y, en mayor o menor medida, a los gobiernos estatales. En todo el territorio nacional se observan las múltiples facetas de la discriminación incentivadas por la pobreza y la marginación, el atraso y la dependencia que se ha profundizado en renglones prioritarios para la nación: crecemos de una política económica propia, dependemos del exterior en materia de alimentos e insumos agrícolas, y nos podemos declarar una colonia de explotación minera, agroalimentaria, químico-farmacéutica y, gracias a las reformas de Peña, energética.

Los observadores internacionales han considerado a nuestro país como peligroso para los luchadores sociales y los periodistas, y un violador contumaz de los derechos humanos, que ha asombrado al mundo por sus desapariciones forzadas, incremento y violencia de las organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas, corrupción generalizada y venalidad de las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, el gobierno pasa por alto los asesinatos (“ejecuciones extrajudiciales”), las desapariciones, la agresión creciente a la educación pública, la precarización del empleo, la inseguridad laboral, la disminución del marco legal de la seguridad social, el abandono escolar ligado a la pobreza, la generación de condiciones para la disfuncionalidad familiar, y el uso y abuso de los medios de desinformación masiva. Sin embargo, el gobierno promueve y la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitima reformas e iniciativas que, hasta el momento, no han abonado en nada al bienestar nacional.

Se puede decir que el gobierno no ha cumplido con los fines sociales y políticos que guían al sector público. Igualmente, se puede afirmar que la iniciativa de Peña imita la de Obama en condiciones de baja popularidad, sin que medie en realidad un afán protector de los derechos humanos. Si éstos realmente le importaran, caería por su propio peso el paquete de reformas “estructurales” que la SCJN no ha tenido empacho en avalar.

El desbarajuste nacional afecta a la familia, a la relación de pareja y a la tranquilidad y seguridad de los hijos. Afecta a la comunidad en su expresión territorial más próxima, al barrio y la colonia, a la ciudad y al estado. Es evidente que los derechos humanos no son una prioridad en un país colonizado por los intereses económicos trasnacionales y sus operadores locales; es claro que las acciones deben ser predominantemente mediáticas, de apariencia, de forma y no de fondo, pero que proporcionen a la opinión pública y a sectores progresistas la sensación de que la orfandad ideológica y la ausencia de un programa de transformaciones sociales puede ser paliada por causas y acciones que aparenten una reivindicación, siempre y cuando no se pongan en contexto. En este sentido, ¿realmente la iniciativa presidencial de reformas sobre el matrimonio son una prioridad nacional? ¿En serio, se protegen derechos humanos? Me parece que no.

Las prioridades nacionales en materia de derechos humanos deben pasar por garantizar en los hechos el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad pública y social, al respeto a la diversidad política, social y cultural; a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la paz, tranquilidad y bienestar social. Me parece que el gobierno va en otra dirección. Usted, como es natural, es libre de pensar lo que quiera. 

De "Trumpezones" y otros desaires

                               “El que ha perdido el honor, ya no puede perder más” (Publilio Siro)

El presidente Peña ha resultado ser una fuente inagotable de anécdotas penosas y chistes crudos que huelen a realidad mortificada por su duración y por su lesiva constitucionalidad. Sucede que podrá ser una mentada de madre a la dignidad del cargo y, por ende, a las instituciones de la república que partiendo del sistema político, llegan a las puertas de la administración federal, cruzan los vericuetos del Legislativo e irrumpen, cuando el viaje es redondo, en el escenario del Poder Judicial; sin embargo, su fatal ocurrencia tiene el sello del ejercicio legal del poder contra el cual la ciudadanía debe organizarse siguiendo las pautas de la civilidad que sancionan las leyes vigentes.

Si bien es cierto que las decisiones presidenciales han sido orientadas por directrices y presiones que claro interés trasnacional, el aún licenciado Peña las exhibe como medidas y logros que pondrán a México en el lugar que le corresponde internacionalmente. Viendo el desastre nacional profundizado en el tiempo de su ejercicio gubernamental, cabe pensar que el presente ha logrado un mayor deterioro institucional que el alcanzado por sus predecesores panistas; sin embargo, el coro legislativo priista eleva cantos y alabanzas en favor del ungido sexenal, así como insultos y amenazas a quienes osen poner en duda la pertinencia y firmeza del que pilotea la nave nacional.

¿Que en el circo patrio les crecieron los enanos? ¡No hay problema! Estamos rompiendo moldes e inercias del pasado y reinventando el quehacer circense nacional. ¿Que las muertes violentas alcanzan cifras inéditas? ¡Poca cosa! El país experimenta un sano y conveniente control demográfico que seguramente incidirá en la dinámica del empleo. ¿Que hay desapariciones forzadas? ¡Nimiedades! En el país hay una fuerte vocación turística y gran movilidad poblacional.

¿Que se violan los derechos humanos? ¡Pamplinas! México cuenta con modernos sistemas de capacitación policiaca y ya está funcionando no sólo el C4 sino el C5i, demás de oficinas de Derechos Humanos. ¿Que la justicia es lenta cuando no inexistente? ¡Infundios! Ahora tenemos el novedoso y fotogénico sistema penal acusatorio y los juicios orales. ¿Que los funcionarios públicos y sus parientes saquean el erario, el patrimonio inmobiliario del estado y hacen negocios a la sombra del poder? ¡Exageraciones! Ahora tenemos la declaración 3x3 y oficinas dedicadas a la trasparencia y publicidad del quehacer gubernamental.

Si el sapientísimo gobierno decide acabar con la renta petrolera y nombrar beneficiarios vía concesión a empresas privadas extranjeras, no hay problema. Se trata de ser competitivos y estar al día con la OCDE, el FMI y la banca mundial. ¿Para qué queremos tanto petróleo para nosotros solos y vivir con la enfadosa seguridad del control exclusivo de esas riquezas? ¿Qué no nos da pena tanto egoísmo? Cabe recordar los felices tiempos del siglo XIX, cuando las compañías extranjeras eran las dueñas del petróleo y los metales preciosos, y los mexicanos servían como peones a manos de capataces que les enseñaban a trabajar a latigazos. ¡Qué magnifica escuela de productividad! ¡Que sobradamente competitivos éramos como proveedores de materias primas y fuerza de trabajo barata!

Aunque aún somos víctimas de sus resabios, conservamos el boato y la rancia prosapia de las familias que brillaron en el porfiriato; seguimos padeciendo los sofocos de la revolución, aunque bastante menguados por los aires vivificantes del neoliberalismo que nos pone de nuevo en marcha por la ruta de la dependencia y el aprendizaje de los nuevos usos y costumbres que dicta el sistema económico mundial. Después de todo, ¿qué haríamos con los recursos terrestres y marinos de la nación?

Los gobiernos de los últimos 30 años han enderezado el rumbo y desandado la peligrosa ruta de la independencia y la soberanía nacional de un pueblo que prosperó bajo la égida de los conquistadores, de las clases sociales privilegiadas por la riqueza y la alcurnia, por el arrojo de sus integrantes y por la ausencia de escrúpulos al asaltar recursos ajenos, públicos o privados; el neoliberalismo de inspiración anglosajona fluye por las venas de la nueva clase política y empresarial, y el objetivo es claro: si no lo puedes vender, acaba con él.

En efecto, el país está en venta por la vía de las desincorporaciones, por el cambio de carácter del sector paraestatal, por las concesiones y subastas, por las inversiones público-privadas, por los cambios en las legislaciones de la federación, los estados y municipios; por la ausencia de respeto al patrimonio público, por las facilidades de las empresas constructoras de apoderarse de terrenos para fraccionar y levantar desarrollos habitacionales y comerciales de lujo; por la nula capacidad del gobierno de defender al propietario frente al antojo de la empresa inmobiliaria que planea usar suelo y agua de otros, pero que generará algunos empleos temporales y hará socios a tales o cuales funcionarios de moda.

Pero, más allá de los aspectos de la vida cotidiana, debemos hacer espacio para maravillarnos de la vena diplomática de quienes gobiernan: somos un país famoso por servir de pasarela a uno de los candidatos a la presidencia del país vecino del norte. Abrimos puertas y oídos para que nos insulten en casa, sin tener que ir más lejos. Invitamos nada menos que al señor Trump para que nos dijera cuánto nos desprecia en vivo y a todo color, con lo que la diplomacia mexicana ha alcanzado una altura nunca antes lograda. Somos tan modernos que aceptamos un piquete de culo a ojos vistos. Sin duda, somos ejemplo de pluralidad y respeto a la diversidad.  

En la escuela de la ignominia nos hemos graduado con honores, pues después del plagio de una tesis de licenciatura, ahora reeditamos nuestra historia y replantearnos la ruta de la dependencia, al darnos un golpe de estado desde la más alta investidura. Parece que, a estas alturas, cualquier vejación carece de importancia.

Hablando de aperturas

                 “Ser ignorante de su propia ignorancia, es la enfermedad del ignorante” (Alcott).

Según el diccionario, “apertura” significa: 1. “acción de abrir o abrirse algo” (la apertura de las tiendas se realiza a las 8:30); 2. Acto de inauguración o comienzo de una actividad (el Ministro estuvo a cargo del acto de apertura del ciclo lectivo); 3. Comienzo de una actividad, ingreso a un sistema o entidad (apertura de una cuenta bancaria); 4. Actitud comprensiva y tolerante, aceptación de nuevas ideas (los docentes deben mostrar apertura a las ideas de todos los alumnos); 5. Combinación de jugadas para comenzar un partido de ajedrez (el ajedrecista hizo una apertura magistral). Pues bien, gracias a los empleados bancarios nos enteramos que ahora existe un verbo nuevo: “aperturar”.

La aportación bancaria a la lengua quizá surge como una alternativa moderna y funcional al usual, aunque al parecer ya avejentado verbo “abrir” que, como se sabe, significa entre otras cosas, 1. Hacer que el interior de un espacio o lugar tenga comunicación directa con el exterior; 2. Permitir la entrada a un lugar; 3. Dar comienzo a algo que se desarrolla durante un período concreto de tiempo; o 4. Comenzar, dar principio a una actividad de una corporación o un establecimiento (abrir una cuenta bancaria, por ejemplo).

La novedosa aportación ha dado lugar a que los bancos adviertan a sus clientes que tal o cual sucursal “apertura los sábados”, lo que antes se expresaba diciendo simplemente que “la sucursal abre los sábados”. De acuerdo a este criterio, pudiera ser válido decir que Fulano de tal fue recibido “con los brazos aperturados”, o que mi corazón está aperturado para el amor, o que te aperturo con gusto las puertas de mi hogar.

Recientemente pregunté a un estudiante universitario acerca de la corrección de la palabra “aperturar” y la respuesta fue: “pues… así se dice”. No hay duda que la mayor certidumbre la tiene el que no razona críticamente lo que escucha, sino que simplemente lo interpreta y da la calidad de cierto: “así lo oí y pude traducir su significado, por lo tanto, está bien”. Como se ve, salen sobrado las reglas y formas del idioma, sus características históricas y el contenido cultural e identitario de la lengua que nos une.

Ahora no es extraño escuchar en una conversación que alguien diga “te prometo”, refiriéndose a una situación pasada: “Te prometo que no me enteré”. Según el diccionario, prometer significa dar la seguridad de un cumplimiento futuro; es decir, obligarse a decir o hacer algo. ¿De dónde sale eso de “prometer” algo en un contexto o situación del pasado? Esta pregunta encuentra respuesta en las películas y series de televisión gringas. Los personajes “prometen” queriendo asegurar la veracidad de algo ya realizado. Si para los anglosajones funcionan ciertas expresiones, no necesariamente lo hacen para nosotros que, por fortuna, gozamos de un idioma rico y conceptualmente diverso y a la vez preciso. Es claro que los hispanohablantes, en vez de “prometer” la veracidad de un acto pasado, mejor afirmamos, aseguramos o juramos.

En el mismo sentido, encontramos el uso agringado de la palabra “bizarro”. Este adjetivo significa: valiente, elegante, esforzado, gallardo, generoso, espléndido. Se aplica a la persona que es valiente y noble en su manera de actuar; se aplica a la persona muy generosa. En cambio, para un gringo significa “muy extraño e inusual”, de manera que atrapa la atención e impresiona; se refiere a algo cuya rareza afecta emocionalmente. Seguramente le ha tocado escuchar a alguien de por acá decir que presenció un hecho “bizarro”, con una expresión de asco o molestia en la cara, misma que ponemos nosotros al escuchar semejante babosada.

Otra perla que provee la televisión es la expresión “capítulo estreno”. Se puede admitir que una serie tenga un capítulo inicial, introductorio, de particular importancia para los productores y, eventualmente, para el espectador. No hay problema con el anuncio de un capítulo nuevo, de estreno, porque se entiende que el programa reporta nuevo material a la teleaudiencia. Decir “capítulo estreno” es pretender una economía que no tiene sentido en el idioma español.

Sin embargo, peores cosas nos regalan ciertos canales cuando invitan al auditorio diciendo: “stalkéanos”. Stalking significa en inglés el acto de acechar o asediar una presa; observar o seguir a una persona de manera persistente con el fin de afectarla. ¿El canal en serio desea el acoso o acecho de la audiencia, o la asiduidad en el seguimiento de sus programas? Como se ve, la cultura basada en la televisión o el cine termina siendo una forma de dilución de la identidad y un severo daño a la cultura del usuario, cuando éste es acrítico, ignorante o flojo intelectualmente.

Mientras no haya una verdadera preocupación intelectual en las generaciones de académicos y estudiantes que se están formando en el país, podrán ir y venir reformas educativas, pero estarán manchadas por la incompetencia, el engaño y el ánimo represivo. Y esto es debido a que existe una clara e indudable transculturación desde los años 80, punto de arranque del neoliberalismo, que ha corrompido al gobierno y dado al traste con las expectativas de progreso y bienestar de los mexicanos, a partir de vulnerar sus instituciones, prostituir la función pública, trivializar la educación, la cultura y socavar el sentido de pertenencia familiar y comunal.

La destrucción del aparato productivo y la indefensión progresiva de los trabajadores, precarizando el empleo y el ingreso, y criminalizando sus organizaciones y formas de lucha, repercuten en la vulnerabilidad de la seguridad social, de la seguridad pública, de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que se complementa con una cada vez más baja calidad educativa y el auge de la escuela privada, apoyada por el gobierno. En conjunto tenemos una sociedad que se está reformateando en los términos de la dependencia, no sólo económica y financiera, sino científica y tecnológica y, evidentemente, educativa y cultural.

La apertura de México al capital y los intereses trasnacionales, nos pone en un complejo escenario donde la pobreza, marginación e inseguridad debieran despertar el interés y la urgencia de replantear el modelo económico pero, en cambio, el gobierno centra su atención en abrir (¿aperturar?) las puertas a la inversión privada incluso en materia de servicios públicos (como la limpia y recolección de basura) y en las muy delicadas funciones de seguridad pública (intervención privada en el recién anunciado C5i). 

Es claro por qué la organización de los trabajadores y la lucha por la educación pública se trivializa y hace pasar por ociosas manifestaciones de los inconformes de siempre, en vez de ver su exacta dimensión en el marco de las luchas cívicas nacionales. No queremos darnos cuenta que la CNTE representa un frente ciudadano de lucha por la educación pública, por la identidad nacional y por la salvaguarda de los valores que nos identifican como país. Como ciudadanos, si no reaccionamos ahora, quizá mañana sea demasiado tarde.

Su salud es lo de menos.

“En general, las nueve décimas partes de nuestra felicidad se fundan en la salud” (Schopenhauer).

La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que termina por arruinar la salud y calidad de vida de sus víctimas, a pesar de que la publicidad afirma que se puede ser diabético y seguir “siendo el mismo”. Se sabe que, si los padres la padecen, no es raro que sus descendientes lleguen a presentarla. Aunque lo anterior no es una maldición gitana que fatalmente se cumplirá para arruinar vidas y haciendas, lo cierto es que constituye una llamada de atención para revisar los hábitos alimenticios. Si es cierto que somos lo que comemos, la alimentación es factor clave para entender cómo vivimos y de qué nos enfermamos.

En la actualidad tratamos de abreviar el tiempo dedicado a la preparación de los alimentos, debido a que el tiempo, siendo oro, no nos permite su desperdicio. El tiempo aprovechado está dedicado al trabajo, a las relaciones públicas, a la apariencia personal, al logro laboral y académico, a la convivencia con fines pragmáticos de futuros beneficios. Pero, por lo mismo, la alimentación en casa representa costos en tiempo y sociabilidad que muchas veces no estamos dispuestos a asumir.

Las comidas de trabajo, amistosas y personales se reducen a restaurantes y cafeterías, a expendios de comida rápida y a chucherías compradas de pasada que distraen el hambre y llenan el estómago de aire y riesgos metabólicos. Las grasas, la sal, el azúcar y el gas hacen funcionar un organismo que tarde o temprano deja de tolerarnos y empieza a pasar facturas. Las frituras, los refrescos embotellados, las comidas industrializadas, los infinitos distractores que anuncian y compramos “de pasada” terminan en sesiones de diálisis o hemodiálisis, y de ahí a la fría solemnidad de las funerarias.

A pesar de que se reconoce a la diabetes junto con las afecciones cardiacas como las causas estelares de incapacidad y defunción, la disposición legal que prohíbe la venta de comida chatarra en los centros educativos, la obsequiosa y permisible Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido, en fecha reciente, que tal prohibición no es “constitucional”, dejando al libre juego de la oferta y la demanda la salud de millones de ajetreados estudiantes y profesores que de alguna manera tienen que distraer, que no saciar, su hambre.

El juicio de los señores magistrados favorece a los empresarios productores y vendedores de chatarra, que en forma sólida, líquida y gaseosa pasará a ser procesada y digerida por los aparatos digestivos de los futuros enfermos cardiópatas y diabéticos de la nación. Con este acto, la Suprema demuestra su disposición a contribuir al esfuerzo que realizan los empresarios que “crean los empleos y oportunidades que el país necesita”.

Es curioso observar que, por un lado, el gobierno emprende campañas contra las enfermedades crónico-degenerativas y, por otro, se legaliza la venta y consumo de bebidas y comestibles probadamente riesgosos para la salud. Las campañas mediáticas cuyo eje es la salud y la prevención resultan ociosas si, al mismo tiempo, se alientan, permiten y solapan hábitos alimenticios e higiénicos francamente nocivos.

En otro asunto, el tema de la basura en boca de los ciudadanos de Agua Prieta, Guaymas y Ciudad Obregón, parece como un buen ejemplo de cómo se deja de gobernar para hacer negocios, poniendo en riesgo la salud ciudadana al no poder garantizar la prestación del servicio de limpia y recolección de basura en forma permanente y continua.

Está más que demostrado que la privatización de los servicios públicos es una forma de achicar al Estado en aras de satisfacer al Mercado, habida cuenta que los fines sociales del sector gobierno se diluyen y pierden bajo el peregrino supuesto del ahorro.  Las empresas de limpia y disposición de residuos están por hacer negocio y no por cumplir con tareas de beneficio colectivo. Cuando se deja de pagar la cuota convenida, se suspende el servicio y punto. El Ayuntamiento termina con dos problemas: el pago de su adeudo y la urgencia de solucionar un potencial problema de salud pública, pero, en resumidas cuentas, debe afrontar el hecho de no haber cumplido con una obligación constitucional, como lo es la prestación de los servicios públicos.

Otro servicio esencial es el de seguridad pública, últimamente bajo los reflectores de una ciudadanía amedrentada por la realidad de barrios y colonias del centro a la periferia de las ciudades y comunidades de la entidad. Según se ve, el gobierno del estado supone que el engendro orweliano del Big Brother representado por la omnipresencia de un sistema de vigilancia capaz de registrar “quien entra y quién sale” de Sonora, y que integrará servicios de seguridad, salud e inteligencia (sic), abarcando escuelas, comercios, calles y avenidas, lo mismo que vías de entrada a las ciudades, será capaz de garantizar la paz ciudadana, poner coto a la delincuencia y hacernos acreedores de la confianza de los inversionistas, en la figura del llamado C5i, Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia, que albergará a un centenar de especialistas y enlazará servicios al número 911, que por disposición presidencial (OMG!!!) sustituirá al 066.

Las siglas que amparan las cinco “C” y la “I”, no alcanzan a explicar la necesidad de una inversión en infraestructura (que es como se recordará, palabra ajena al lenguaje de Peña Nieto) teniendo ya funcionando el conocido C4, el cual se pudo haber ampliado y equipado, y menos el pago anual por prestación de servicios por $486 millones de pesitos.

La presencia, el aval y regocijo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, egresado del ITAM e ilustre invitado oficial a la ceremonia de arranque del proyecto y su protagonismo junto a la gobernadora, no dejan de resultar sospechosos, ya que la clase empresarial, enemiga de los trabajadores de la educación y de cualquier manifestación disidente, aparece como parte interesada en un asunto que, siendo público, da la impresión de que es privado.

Los caminos del agua

                    “Es propio de un buen pastor esquilar a su ganado, no desollarlo” (Tiberio).

Estamos en una entidad federativa cuyas características geográficas, climatológicas e hidrológicas insinúan que el uso del agua debe ser orientado con una extrema prudencia, con cuidado y buen sentido del ahorro. El crecimiento de la población y la dinámica de las actividades productivas, exigen renovados esfuerzos para proveer en forma suficiente y continua el vital líquido, cuyo uso prioritario debe ser el humano.

Sin embargo, las autoridades parecen empeñadas en jugar a las vencidas con la naturaleza y lo mismo desvían cauces que destruyen árboles y construyen edificios en lechos de río, como también permiten la instalación de empresas con altos requerimientos de agua a cambio de organizar tandeos, bajar la presión o servir agua de calidad cuestionable cuando no francamente intragable.

Al parecer, no existe lógica, sentido común o de las proporciones cuando se diseñan o adoptan planes y programas que debieran servir para apoyar el bienestar de los sonorenses. La prioridad ha sido vender un producto escaso a los inversionistas foráneos, so pretexto de generar empleos y ser “competitivos”, lo cual pasa por alto el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y, desde luego, la salud de las familias.

La voracidad criminal de empresas mineras como Grupo México y similares, ejemplifican de manera clara la inconsciente depredación ambiental que se agrava con la participación de maquiladoras y otras empresas trasnacionales que disponen del recurso hidrológico, y que expulsan al aire y al agua sustancias toxicas bioacumulables, no sólo con el conocimiento de las autoridades sino con su complicidad y apoyo, según se ha podido entender gracias a eventos recientes de gran impacto social.

No deja de ser alarmante que, cuando ocurre un accidente catastrófico como el derrame minero de Cananea, se pueda tener la evidencia incuestionable de que el sistema de protección civil, las salvaguardas legales y los aspectos logísticos de prevención y remediación de los daños, no funcionan. Pueden pasar, no uno ni dos años, sino muchos más en los que se despliegan la más obscena y ridícula demagogia, la manipulación informativa y la descarada desgana por solucionar los problemas. Se acude a los pronunciamientos mediáticos, a la oferta de dinero, a la minimización del daño, a la desorganización de los afectados, a la apatía social, mientras que los perpetradores gozan de impunidad.

Pero, a los daños protegidos por la corrupción y la impunidad reinante, se añaden los proyectos acordados con los mismos delincuentes ambientales, se fortalecen los compromisos y agradecen sus migajas económicas, porque “hay que atraer inversiones y generar empleos”. Así, mientras la minería obtiene cuantiosas ganancias, el gobierno celebra los beneficios del “fondo minero” que huele a chantaje y leperada, y Sonora pierde lo más por lo menos.

Es claro que el gobierno debe gestionar programas y proyectos que incidan en el desarrollo económico y social de la entidad, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pero toda labor de carácter público conlleva una alta responsabilidad social, debiendo tener el suficiente sustento científico, financiero, técnico y humano para ser viable. Debe tener claro que la vida y el bienestar ciudadano está por encima de las consideraciones y expectativas empresariales privadas, sean nacionales o extranjeras. En este sentido, los proyectos de instalación de plantas tratadoras de aguas o de desaladoras, o de confinamientos de sustancias tóxicas, deben ser analizados desde una perspectiva integral, tomando en cuenta el ambiente y no solamente por su inmediatez política o económica.

Apoyar proyectos de desalación de agua en territorio sonorense al servicio de nuestro vecino del norte, como ha trascendido recientemente, sin considerar la descarga de salmuera en un ecosistema como el del Mar de Cortés, resulta aventurado cuando no francamente criminal. Emprender proyectos que modifiquen las condiciones de la biodiversidad acuática y terrestre serían una prueba contundente de la absurda irresponsabilidad de quien gobierna.

Sonora no tiene por qué ser proveedor de recursos naturales ni basurero de nadie. En todo caso, debiera procurarse impulsar la economía estatal en estricto apego a nuestras posibilidades productivas y dentro del marco del interés nacional. No se vale sudar calenturas ajenas.

Es evidente que ha faltado el necesario trabajo de inventariar, catalogar y clasificar económicamente los recursos sonorenses y establecer su uso real y potencial; es obvio que no ha habido aplicación de los conocimientos del geógrafo económico y del economista especializado en problemas del desarrollo. En consecuencia, no hay diagnósticos sectoriales, por lo que no hay políticas ni programas que aterricen en nuestra realidad y que sirvan para algo; es triste ver que nuestro estado carece de planeación y está sujeto a las eventualidades de una administración sujeta a ocurrencias. Así las cosas, la economía sonorense está condenada a la dependencia, a satisfacer necesidades ajenas, porque carece de la voluntad y atributos necesarios para cumplir con los supuestos del desarrollo que establece la Constitución.

 En la actualidad, es más evidente que las grandes batallas por librar para la subsistencia humana tienen que ver con el agua, con la disponibilidad y la garantía de acceso para poblaciones cada vez más grandes y demandantes. Es absurdo comprometer casi por nada el futuro y sobrevivencia de nuestros conciudadanos en aras de “hacer negocios”. El encarecimiento de las subsistencias y la privatización de los servicios públicos dan cuenta de la ineptitud del gobierno, de lo equivocado del modelo y, en este caso, el juicio ciudadano estará pronto en manifestarse.

Dos años y contando...

                                                         “La naturaleza provee tanto como exige” (Seneca).

El 6 de agosto, pero de 2014, fue la fecha de defunción de la productividad, la salud y el bienestar de los habitantes de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi y Arizpe. Los pueblos ribereños sufrieron el impacto de una inopinada y masiva contaminación debida al criminal desinterés de Grupo México por la seguridad industrial y la salud tanto de sus trabajadores como de los habitantes de la región. A estas alturas, hay muchas y valiosas descripciones de los daños sufridos por personas, animales, plantas y ambiente en general, documentándose que también en el sector norte de Hermosillo ya se resienten los efectos del agua contaminada con metales pesados.

Para muchos ciudadanos se siente lejana, quizá indignante pero anecdótica, la historia del fin de la normalidad cotidiana de más de 25 mil sonorenses. Parece que no nos involucra, que no nos afecta realmente a pesar de que la prensa nos informa cada tanto sobre el número de personas que enfermaron de su piel, hígado, páncreas, tiroides, o que padecen cáncer u otros estragos de un envenenamiento que los hace perder vitalidad hasta llegar a sucumbir a los efectos del agua contaminada.

Sabemos que las actividades agropecuarias tradicionales de los pueblos ribereños ya no se pueden realizar y están siendo limitadas porque el agua y el suelo están envenenados; queda claro que las noticias emitidas por el gobierno federal y estatal minimizando los daños no pueden ocultar, a estas alturas, una obscena trama de complicidades y corruptelas; es claro que a pesar de las palabras de los funcionarios la justicia está muy lejos de ser efectiva y expedita en el caso del Río Sonora y Bacanuchi.

Estamos informados de que el agua que se surte no es segura para la salud y que esto ha obligado a las familias a comprar garrafones para cubrir a medias sus necesidades diarias, y que las promesas de remediación e instalación de unidades de salud han quedado en el aire, como un elemento más de contaminación por razones de complicidades y corrupción. Sabemos que, incluso, han intervenido grupos de voluntarios extranjeros, que han dado testimonio de la gravedad del daño en salud, y por la parte económica, para nadie es novedad que no ha mejorado la situación patrimonial y la calidad de vida de los afectados.

Cada cierto tiempo salen funcionarios a declarar “resuelto” el problema enorme que aqueja a los productores, a sus familias, a sus comunidades, y la sensación de abandono crece cada día sin remedio ni descanso.

La tragedia ecológica se ha convertido en tema de participación temporal de oportunismo académico que busca rentabilizar el drama en forma de proyectos “de investigación”, o por el lado político, de causa ciudadana que se manosea por razones de protagonismo e interés electoral de coyuntura; pero no ha logrado aglutinar a las grandes mayorías ciudadanas que debieran indignarse y organizarse solidariamente contra la inacción y demagogia gubernamental y la criminal presencia de Grupo México en nuestra entidad.

Hasta ahora, solamente un pequeño grupo de personas ha abordado el problema con seriedad y credibilidad desde la perspectiva de la ciencia, desde una visión humanista de la acción sindical, o desde la óptica de la solidaridad ciudadana. Parece mentira que siendo tan grave el problema sea tan indiferente la reacción social y tan ofensivamente distante el involucramiento gubernamental en acciones que realmente sirvan de algo.

Siendo que el sector norte de Hermosillo está amenazado por las aguas contaminadas, resultan increíbles las torpes y absurdas declaraciones de funcionarios que pretenden minimizar la percepción del problema, como si el ocultamiento de información esencial para tomar las decisiones y acciones del caso tuviera el poder de evitarnos un verdadero desastre urbano en salud.

Al parecer, lleva razón quien dice que nuestra indiferencia y mezquindad hacen posible el abuso y la corrupción en todas las esferas de la vida nacional y local. ¿Cuándo será cómodo apoyar a los sonorenses afectados y protestar enérgica y permanentemente contra la viciosa voracidad de Grupo México y la apatía y complicidad de las autoridades “competentes” en el nivel nacional y local? ¿Es necesario que un tribunal extranjero tenga que intervenir y exija la información puntual del desastre? ¿Cuándo decidirá el poder ejecutivo y el legislativo plantar cara a Germán Larrea por los delitos contra el ambiente y la salud de las comunidades afectadas? ¿De qué estamos hechos?