Inseguridad

 “Seguro se está cuando no se tiene temor ni a los inconvenientes del momento ni al          desenlace de la empresa” (Cicerón).

La inseguridad señorea nuestras relaciones sociales, personales e institucionales. Nada puede darse por sentado y la duda corroe las entrañas de una ciudadanía instalada en el hedonismo y la apatía. La cómoda posición política de no hacer ni participar siquiera en apoyo de los que sí hacen revela la causa profunda del porqué existe tamaña impunidad en los asuntos públicos y los privados. Somos los causantes del desorden que reina; callamos convenencieramente los despropósitos del gobierno arropados con las sábanas de la indolencia, mientras nuestro entorno social se resquebraja y derrumba.

La ciudad de Hermosillo, otrora orgullosa capital del antes pujante e industrioso estado de Sonora, navega con bandera de priista en un mar de componendas, tráfico de influencias y política panfletaria diseñada para el manoteo y la manipulación. Hasta la fecha, no hay evidencias de un gobierno que trabaje por el bienestar ciudadano en vez de aplicar mecánicamente las torpes y a veces absurdas disposiciones del centro. ¿Tenemos gobierno del estado o una simple gerencia del poder central?

La pasada administración panista dejó en claro que el saqueo del erario era su mejor opción antes que cumplir con la ley. En la actual, las declaraciones han llenado los espacios periodísticos sin que la realidad se haya visto modificada en beneficio de la legalidad y la justicia.  El daño ocasionado por un gobierno de rateros sigue afectando nuestras finanzas públicas y el descrédito político de la clase gobernante no distingue grandes diferencias entre PRI y PAN. El balance histórico es implacable en su crudeza: unas y otras siglas no han hecho la diferencia, porque la cultura de la componenda, el influyentismo y las relaciones clientelares han reducido y pervertido la democracia sonorense.

Tan han afectado a las prácticas democráticas y el proceso de aprendizaje y maduración de una ciudadanía alerta, informada y participativa, que los movimientos sociales navegan en aguas llenas de escollos que propician la atomización, el individualismo y la eventual traición a los principios que en un momento dijeron defender. Algunos caen en garras de la seducción corruptiva del sistema, otros resisten valientemente en una lucha desigual y no del todo comprendida y apoyada por los propios sectores eventualmente beneficiados. El primer enemigo a vencer no es el sistema sino la propia vulnerabilidad.

Mientras la ciudadanía se debate entre la desesperanza y el miedo, el gobierno ofrece soluciones mecánicas, pueriles y francamente ofensivas para cualquier inteligencia dentro de la normalidad. Ahora lanza la gobernadora la iniciativa de dar por ley el 50 por ciento de las alcaldías a mujeres, bajo el supuesto de que se reforzaría la democracia y el cambio añorado por Sonora.

Tristemente, la experiencia nacional e internacional sobre la participación de las mujeres en el gobierno es ajena a la idea de proporcionar soluciones mágicas a los países, regiones o localidades. Es inevitable pensar en el plano internacional en Margaret Thatcher, como en el entorno nacional en Rosario Robles, o en lo local Dolores del Río o la propia Claudia Pavlovich.

Las mujeres mexicanas han ocupado la presidencia nacional de partidos, gobernado estados y municipios, ocupado posiciones en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; su participación en el Senado o en la Cámara de Diputados, así como en los cuerpos legislativos locales y cabildos permite afirmar que no hay discriminación política que impida a una mujer llegar a los puestos de elección popular. Siendo así, ¿qué sentido tiene la iniciativa de la gobernadora Pavlovich? ¿En qué favorece a la mujer y a la democracia?

Inclinar la balanza legal hacia un sexo u otro es, en principio una forma de discriminación y nada tiene que ver con la vida democrática. Las cuotas de “género” son una imposición que no se sustenta en un verdadero crecimiento político, sino en el atraso y la inmadurez.

En lo particular, pienso que el sexo es irrelevante cuando se trata de elegir a los candidatos más aptos, ya que el desempeño de un cargo público difícilmente tiene que ver con la sexualidad ni con las cuotas de “género”. Así como hay hombres corruptos, torpes y nefastos, también tenemos mujeres envilecidas por el sistema y que sólo trabajarán para sus intereses personales y de facción política. Ser hombre o mujer no garantiza necesariamente los resultados de una gestión pública honesta y eficiente, porque este asunto tiene más que ver con la personalidad, preparación, características y decisión individuales. La vocación y la capacidad políticas no son un asunto hormonal. Maduremos. ¿Por qué no elegir libremente a los representantes y funcionarios, sin cuotas, trabas y condicionamientos clientelares? 

Mientras se nos distrae con soluciones y propuestas “patito”, torpemente efectistas, la ciudad capital se revela como un lugar inseguro, peligroso y conflictivo. La zona centro de la capital, ocupa el segundo lugar, después de Miguel Alemán, en robos, asaltos y lesiones. En lo que va del año, se han registrado 140 robos en casas, 110 asaltos a comercios, 25 robos a escuelas y 35 a transeúntes (El Imparcial, 22.02.16).

¿Es imaginable para usted que puede ser asaltado, lesionado y quizá asesinado en el mero centro de la ciudad capital? ¿La policía actuará con más eficacia cuando se implante el número “911”, que nos hará sentirnos como arizonenses nopaleros? ¿El mando único también impulsado desde el centro logrará, además de lesionar la autonomía municipal y el federalismo, abatir los índices de la delincuencia que surge de una sociedad sin oportunidades de empleo decente y seguro?

Es claro que con parchecitos ridículos no se puede tener un gobierno de logros, independientemente del sexo de quien gobierne. El problema está en otro lado, como también lo está su solución. Pero podemos seguir haciéndonos tontos…

La fascinación por el Papa

           “Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Lucas 20:25).

Por más que uno se esfuerce en dejar de lado el tema de la visita del Obispo de Roma, para abordar otros de más evidente y urgente terrenalidad, se tiene que reconocer la inutilidad del intento. ¿Cómo dejar de pensar en una situación tan traída y llevada mediáticamente? ¿Cómo ocultar la cabeza a semejanza de algún avestruz opinante cuando las redes sociales desparraman a borbotones la chucatosa y pringante opinión de tirios y troyanos a favor, casi a favor, en contra con aclaraciones de pie de página y variadas y sesudas reflexiones acerca de nuestra curiosa laicidad? Es necesario armarse de paciencia de camello filósofo para sobrevivir a las falsas, aunque cómicas disyuntivas que se plantean, por ejemplo: ¿Vino como peregrino o como jefe de Estado? ¿El presidente Peña asistió a misa como católico o como mandatario? ¿Cesarán los abusos del gobierno y el clero comodón que representan al sistema al que Francisco ha criticado tanto en Roma como en México? ¿Ya se empiezan a arrugar las lozanías de la parvada de anticristos nopaleros de saco y corbata que junto con los de sotana y alzacuello claman, como en los viejos tiempos, por “religión y fueros”, tanto como por “orden y progreso”?

Las interrogantes son muchas y las respuestas fluyen a cuentagotas por los canales azolvados del sentido común, porque parece ser que en el país la abundancia de necesidades insatisfechas y frustraciones acumuladas han dejado poco margen para los juicios a salvo de adjetivaciones. El Papa Francisco es un inevitable polo de atracción para protagonismos temporaleros, sea por razones humanamente válidas o por obra de una autoestima estropeada por los esteroides de la vanidad. En realidad, la idea de tener enfrente a la persona real o virtual del pontífice arma de valor escénico a muchos, que sin este estímulo serían como cacahuates en la jaula del chango: carentes de personalidad y con una utilidad transitoria e intrascendente.

En este sentido, vale la pena insistir en que el Papa, al igual que el Presidente, son personajes que representan un poder o autoridad que dura mientras cumplen con su encargo, y no dejan de ser lo que son ni siquiera al ir al baño. El mandatario mexicano lo es a la hora de dirigirse a la nación tanto como cuando se limpia los mocos, y el jefe de la Iglesia Católica lo es tanto en San Juan de Letrán como en su estancia privada viendo el fútbol. Resulta un simple garabato retorico decir que uno asiste a misa como católico y no como presidente, tanto como el otro declararse simple peregrino en su visita a México.

Desde luego que sería un error garrafal suponer que uno y otro se miden con el mismo rasero, ya que Peña representa al Poder Ejecutivo por seis años, es un actor político con obsolescencia programada legalmente a dicho período, aunque algunos opinantes suspicaces afirman que su impulso está agotado desde antes de la toma de posesión; se le confiere, en tal supuesto una utilidad instrumental al servicio de otra soberanía, de acuerdo con su prisa por desmantelar al Estado mexicano mediante la firma de pactos, acuerdos y decretos de fuerte olor trasnacional. El Papa, en cambio, tiene una calidad y representación anclada en una de las tradiciones más antiguas de la cultura occidental, cuyo poder es moral y su ámbito espiritual. Uno tiene trascendencia local mientras que el otro mundial.

Pero, con el ánimo de matizar un poco, se puede decir que las acciones y los dichos de Peña tienen capacidad ejecutiva mientras que los del pontífice romano la tienen normativa en los términos de una valoración ética y teleológica de la conducta.

En este sentido, ¿por qué esperar del Papa algo más allá de una conducta empática y moral expresada mediante opiniones y reflexiones de carácter más bien general? ¿Por qué exigir pronunciamientos con detalladas y explícitas condenas hacia personajes y actos que, por su naturaleza, corresponden al pueblo y sus instituciones señalar, juzgar y castigar? Si el Papa se pronuncia contra la corrupción, la exclusión, el abuso y la muerte, así como contra el saqueo y el abandono de los pueblos originales, ¿no deberíamos los ciudadanos convertir en obras los buenos deseos y caminar unidos hacia otra sociedad más justa e incluyente?

Después de todo (¿podrán algunos entenderlo?), el jesuita Bergoglio no es agente del ministerio público, juez o ministro de la Suprema Corte, pero sí uno de los líderes morales de la humanidad. Cada chango en su mecate. Desde luego que los límites entre estado y religión se confunden al igual que lo hacen los del estado y mercado, gracias a la labor difuminante de la ideología neoliberal instrumentada en México por el patético enano Salinas, que abre cauces para convertir en negocio hasta las funciones fisiológicas. Sus reformas achaparran la vocación liberal y laica nacional y hacen constitucional la visibilidad de las iglesias en forma de asociaciones con las capacidades que otorga el código civil y otros complementarios. De autoridad moral pasan a ser causantes en un régimen que privilegia la opacidad y la simulación. Ahora, las familias neoporfirianas pueden declararse simples ciudadanos cuando las apariencias del cargo público les exigen guardar respeto a las investiduras republicanas…

Pero, se entienda o no, el mensaje papal fustiga a los oligarcas de corbata o alzacuello, reivindica la opción por los pobres del Tatik Samuel Ruiz y abraza amorosamente la defensa de los migrantes, como respaldo claro a la labor misionera de Alejandro Solalinde. La puesta en marcha, la operatividad de las intenciones y señalamientos dependen del pueblo, católico o no, que sienta como propio el mensaje evangélico del amor al prójimo como a uno mismo. La moneda está en el aire, como las palabras de Francisco.

Las batallas sindicales por librar

          "Lo que no aprovecha a la colmena, tampoco aprovecha a la abeja" (Marco Aurelio Antonio).

Tiempos de definiciones impostergables y de necesidades por satisfacer, hora de dejar la comodidad de lo políticamente correcto y emprender la aventura de ser auténtico en el decir y el actuar. Mientras que la ciudad se deshilacha por ausencia de un gobierno de y para el pueblo, la Universidad, conciencia crítica de la sociedad, se prepara para dar respuesta, o no, al reclamo cíclico de proveer lo necesario a sus trabajadores, en los términos de las normas legales vigentes y los ajustes pertinentes en materia salarial. Se trata de paliar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los universitarios agremiados en los sindicatos Steus y Staus.

La lucha por mantener la carne pegada al espinazo unifica y define a los trabajadores en todas partes, en los diversos sectores de nuestra vapuleada economía nacional: los esfuerzos del gobierno y la iniciativa que, siendo privada, discurre por rutas alejadas de lo público, van justamente en sentido contrario al de las necesidades reales y sentidas de quienes viven de su esfuerzo cotidiano en condiciones cada vez más difíciles, de suerte que los intereses de la fuerza laboral constituyen una realidad que se niega sistemáticamente por sus contrapares patronales y el sector oficial neoliberal.

Las violaciones a los contratos colectivos, el hostigamiento y las campañas de descrédito y desprestigio social terminan siendo recursos de los que se abusa con inusitada regularidad. Para la patronal, el mejor trabajador es el pasivo, colaborador y con espíritu masoquista; la disidencia es contraria a esa especie de institucionalidad secuestrada por la administración en turno, porque para ellos los objetivos del sindicalismo universitario debieran ser la domesticación resignada de sus miembros, el espíritu conciliador e incondicional en grado de autogol voluntario y la falta de aspiraciones de progreso y bienestar personal y gremial.

Mientras que el sistema atomiza de hecho y de derecho (recuérdese la reforma laboral y la educativa) la resistencia de los trabajadores, y pule y perfecciona sus argucias mediante mecanismos como la individualización de las vías de solución, convirtiendo los medios de promoción y mejora salarial en “premios” al desempeño académico antes que  logros y conquistas colectivas legalmente exigibles, se crea una especie de empleado dócil al sistema de puntajes y adicto al llenado de formatos y cubrir apariencias de cumplimiento, capaz de sacrificar la calidad a la cantidad en aras de cubrir las cuotas de simulación que exige el sistema que “estimula” y reconoce las bondades de tener ficheras con doctorado a su servicio.

Pronto, las estructuras clientelares proliferan en las instituciones, y la corrupción, antes reservada a la administración, tiñe con los colores de la mendacidad, el cinismo y la incompetencia a las capas pensantes de la población universitaria: profesores caza-puntos y estudiantes en pos de promedio y no de conocimientos le dan un giro a la educación, logrando el propósito de changarrificar la academia y una conciencia de culpa compartida que obra como el sello de un pacto de silencio entre cómplices. Los “ISO” y las “certificaciones” son las tapaderas de las nuevas cloacas académicas funcionales al sistema. Se pierde la autonomía a cambio de etiquetas.

Lo anterior es el resultado lógico de un sistema corruptor que precariza las relaciones institucionales, vulnera y avasalla la dignidad de sus actores y promueve los nuevos valores y objetivos del sistema; pero, la Universidad puede ser una simple caja de resonancia de la ideología dominante o, por lo contrario, un factor de cambio y conciencia crítica de la sociedad.

Recientemente, se creó la Federación Sonorense de Sindicatos de Educación Superior (FSSES), en la que forman los sindicatos de trabajadores del CIAD (Siatciad), del Itson (Suttitson), y los de la Universidad de Sonora Steus y Staus. El propósito de la nueva federación es la unidad y el apoyo de sus integrantes en los problemas que les son comunes y rescata los conceptos de solidaridad y comunicación entre pares. Si el sistema trabaja para dividir e individualizar las vías de solución de los problemas de los trabajadores, atomizando la resistencia y las formas de lucha, la organización sindical lo hace por la identificación de problemas y búsqueda de soluciones y acuerdos para la acción colectiva.

En una época en la que se menosprecia y criminaliza la protesta, la defensa de los derechos de los trabajadores debe ser un ejemplo preocupante para el sector patronal, aunque uno luminoso para las futuras generaciones. La crítica a los sindicalistas jamás es producto del despiste e ignorancia, sino de una sebosa defensa del sistema que mantiene a la población sojuzgada mediante la contención salarial, la desinformación, el temor inducido por los medios de manipulación masiva, la desesperanza y el desinterés por participar en la legítima defensa de nuestros derechos sociales y laborales. En este marco la organización de los trabajadores es esperanzadora, ya que las únicas fuerzas capaces de mediar en los conflictos entre el capital y el trabajo son la legalidad e imparcialidad de las instancias formalmente competentes, la unidad y la legitimidad de las demandas y acciones de los trabajadores, más el despertar de la conciencia social, tanto de estudiantes como de sectores sociales interesados en el futuro de los jóvenes.

Para Sonora y las instituciones de educación superior, las luchas sindicales y sociales del 2016 podrán marcar la diferencia entre una comunidad autocomplaciente y corruptible y otra que, celosa de sus responsabilidades y deberes cívicos, haga de cada día el escenario en el que la honestidad e integridad de sus miembros construya un mejor futuro, en una sociedad más justa e incluyente.

Nuevamente de lengua me como un taco

          "Cuando estés en la mesa, piensa primero en el pobre, pues si lo alimentas, alimentas a Dios" (Epigrama medieval). 

Nuevamente los ciudadanos sienten que la realidad es un accidente, cuando no un caso especial de la visión y expectativas de los personajes que gobiernan. El absurdo nuestro de cada día se expresa mediante discursos que permiten asomarse un poco a las intrincadas tramas del poder ejercido a periodicazos, desplegados e inserciones pagadas disfrazadas de noticia. 

Los registros periodísticos revelan que mientras que los gobernadores y el Ejecutivo federal se empeñan en combatir la inseguridad a punta de iniciativas que lesionan al federalismo mexicano, muchos presidentes municipales piensan que el mando único no debe establecerse como una medida general, sino que, en todo caso, pudiera responder a situaciones particulares. No todos los municipios están en las mismas condiciones ni todos los presidentes municipales son serviles al gobernador en turno.

El problema de las disposiciones generales que se tratan de imponer es que se topan con barreras como la Constitución de la república, de suerte que cuando se le tuerce el brazo a la Ley Suprema también se violenta la historia política y administrativa de estados y municipios. El mayoriteo en los congresos estatales en la línea que traza el centro no sirve para otra cosa más que para demostrar, con peras y manzanas, que aún no entendemos lo que es la vida republicana bajo los supuestos del modelo federal, adoptado en 1824, restablecido en 1857 y ratificado en 1910.

Los pujos centralistas de quienes impulsan reformas claramente lesivas para nuestra vida y coexistencia civilizada, en los términos del marco normativo federal, revelan una ignorancia supina o, en su defecto, un ánimo depredador que pretende hacer legal renunciar a los logros políticos del pueblo mexicano.

Si la sola idea de reducir el ámbito de competencia del municipio, establecido en el artículo 115 constitucional federal y en el Título Quinto de la constitución local, es ridícula, también lo es pretender combatir la pobreza mediante acuerdos y pactos. Es evidente que por la visión asistencialista del gobierno jamás va a pasar la idea de fortalecer las finanzas municipales y los ingresos familiares mediante políticas de generación de empleo permanente, bien remunerado y con seguridad social.

¿Tiene sentido, más allá del manejo mediático, sentarse y firmar acuerdos cuya única finalidad es la de repartir becas y apoyos a familias económicamente desfavorecidas? ¿La pobreza se combate con discursos, pasarelas y buenas intenciones debidamente publicadas en los medios informativos? ¿La miseria es necesaria para el ejercicio del poder? ¿Por qué no impulsar la creación de empleos en empresas sonorenses o nacionales que respondan a criterios de responsabilidad social, protección ambiental y justicia laboral? ¿Tienen que ser maquiladoras las únicas unidades productivas que se promuevan e instalen? ¿Por qué no atraer inversiones que no afecten el ambiente, considerando que la disposición del agua en Sonora debe privilegiar el consumo humano, de acuerdo a las más estrictas normas sanitarias? 

Es un hecho reconocido y documentado que el desempeño económico de Sonora ha sido no sólo bajo sino lamentable, pero, aun así, de ninguna manera se ven esfuerzos serios por superar los problemas ocasionados por una conducción errónea del gobierno, basada en ocurrencias. La ausencia de plan y programas dignos de ese nombre persiste a pesar de haber cambiado las siglas del partido en el poder. Con esto queda claro que el problema no es de partidos sino de visión política, de proyecto de nación y de entidad federativa. Ayer fue el PAN y ahora es el PRI, dos caras de la misma moneda. Dos enfoques o variaciones del mismo tema: la reducción del espacio público en beneficio de lo privado. La disminución de lo público trae aparejada otra cuya gravedad es evidente: la democracia sufre condicionamientos y limitaciones impuestas por el mercado.

El incremento en la tarifa del agua y el hecho de convertir en obligatorias las aportaciones que antes eran voluntarias, hacen más complicado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para la mayoría de los ciudadanos. Quizá en algunos casos no sea lo más significativo el monto, pero cabe considerar que, para muchos, cualquier carga adicional trastorna el presupuesto familiar. Lo anterior genera no sólo malestar sino evidentes cuadros de marginación social por razones económicas.

El aumento en los precios de los bienes y servicios no es necesariamente una solución al problema de liquidez del gobierno, siendo que una función importante de los impuestos debiera ser la de servir como mecanismo de redistribución del ingreso. Lamentablemente, la administración pública no ha dado señales de capacidad para ofrecer servicios con calidad y cobertura suficiente para los ciudadanos, a quienes se empuja a asumir el papel de clientes.

La reducción del espacio público lo es también de las condiciones de igualdad y equidad en el acceso a los servicios públicos, con acento en la educación, la salud y la seguridad pública. En este sentido, la sociedad se convierte en expulsora de sus miembros menos favorecidos, generando con ello las condiciones objetivas de la pobreza, la enfermedad, la desintegración familiar, la deserción escolar, la delincuencia y la criminalidad.

Me parce que antes de pensar en el mando único o la policía única, debiera pensarse en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, en su empoderamiento efectivo no sujeto a la dádiva condicionada del gobierno, sino a la apertura y acceso a oportunidades de empleo e ingreso decentes, que hagan posible el restablecimiento de la confianza y el fortalecimiento de la esperanza, basados en el respeto y la valoración de la acción ciudadana en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Ciudadanía activa

“La política es quizás la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación” (Stevenson).

Sigue trabajando el módulo de Ciudadanía Activa en la promoción del amparo contra el alza en la tarifa del agua potable. Diligentes ciudadanos se han apostado frente a Palacio Municipal y con ánimo resuelto informan a los interesados acerca del objeto del movimiento y los requisitos del trámite. La tarea requiere de paciencia y la convicción de que el abuso del gobierno dirigido por personas sin interés ni empatía por los habitantes de Hermosillo no debe prosperar.

La semana pasada deambulé por la Plaza Zaragoza, en buena medida atraído por el aviso de que, en ese lugar, de 3 a 7 de la tarde, se instalaría una mesa de información y trámite del recurso legal, y me encontré con un pequeño grupo de personas dispuestas a trabajar por los intereses de la comunidad, en cumplimiento de un deber cívico que a estas alturas muchos agradecen, aunque otros tantos no acaban de entender. ¿Será posible que haya gente que sacrifique tiempo y esfuerzo por causas de beneficio colectivo? Parece ser que así es.

La charla que se entabló me dejó claro que, después de todo, no estamos tan jodidos moralmente y que hay ciudadanos que sí entienden el valor de la acción solidaria ante problemas o situaciones que afectan a todos. Desde luego que a toda acción corresponde una reacción y por supuesto que los críticos, más que los apoyadores, no pierden tiempo para intentar desacreditar las acciones e intenciones de quienes se oponen al absurdo y abusivo gravamen que pende sobre las cabezas de las familias. La crítica ratonera es compañera inseparable del trabajo social.

Pero, más allá del morbo que despiertan las críticas en forma velada y las insinuaciones de posibles cuadros de corrupción y juego de intereses, se levanta un grupo que llama a la defensa de la economía familiar y el respeto a la dignidad ciudadana. ¿Por qué hacer pagar a los hermosillenses por obras de claro interés privado? ¿Tiene sentido en el plano de la política pública sangrar el bolsillo de cientos de miles de personas que no van a ser usuarias de la planta tratadora contratada por Javier Gándara con empresarios españoles? ¿Por qué se privilegian los intereses de un sector empresarial y se desestiman los de la inmensa mayoría que trabaja, produce y paga impuestos?

¿Entenderá el actual gobierno municipal el significado de la equidad y proporcionalidad impositiva? ¿Habrán leído y entendido lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución federal, referido a que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera “proporcional y equitativa” que dispongan las leyes? ¿Quedarán dudas acerca del significado de “proporcional y equitativa”? ¿Tendrán claro el significado de “gastos públicos”? ¿Entenderán las responsabilidades legales que se adquieren en el ejercicio de las funciones públicas?

Como señaló alguno de mis interlocutores en esa tarde soleada frente al edificio municipal: ¿En qué estará pensando el “Maloro”, si apenas va llegando y ya quiere subirnos los impuestos?

Como quiera que se vea, la comunidad hermosillense está doblemente amenazada: por una parte, el obsceno tratamiento que el gobierno le ha dado al grave problema de la contaminación producto del derrame tóxico de Buenavista del Cobre, de Grupo México, cuyos efectos ya están presentes en habitantes del norte de la ciudad capital, según ha documentado la investigadora Reina Castro Longoria. Por otra parte, la terrible falta de responsabilidad y oficio político del nuevo presidente municipal que dirige la cosa pública como si el municipio fuera una simple delegación del gobierno del Estado.

Al parecer, ni en el ámbito municipal ni el estatal existe noción de lo que es la autonomía y la soberanía, ya que se gobierna sin conciencia de las responsabilidades locales y simplemente se sigue torpemente el ridículo patrón establecido por el gobierno federal, en clara contradicción con el marco legal aún vigente en México.

Los habitantes de México, Sonora y Hermosillo sufren las consecuencias de un gobierno de imitación, hueco y, por decirlo con propiedad, más holográfico que real. En este contexto, la esperanza y eventual salvación está en la acción consciente y decidida de los ciudadanos. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo. 

Mando único: escandalosa centralización.

                                                                    "En todo hay una medida" (Horacio)

Llama la atención la torpe insistencia de las autoridades estatales de violentar la autonomía municipal consagrada en el Artículo 115 constitucional, y el Título Quinto de la estatal. Duele ver un absurdo proceso de centralización en marcha, so pretexto de fortalecer la seguridad pública y la capacitación de las corporaciones policíacas. Molesta la ridícula argumentación de la secretaría del ramo y el desparpajo con el que se declara que los ayuntamientos seguirán haciéndose cargo de la administración del servicio, pero   que el mando - ¿sólo eso? - correspondería al gobierno del estado.

Según esta iniciativa federal, fracasada cuando Calderón y retomada con Peña Nieto, el nombramiento de los mandos policiales quedaría en manos de autoridades ajenas y superiores a los presidentes municipales, con lo que verían mermadas sus funciones ejecutivas y quedarían a expensas de decisiones donde son claramente excluidos. El llamado Mando Único de policía echa por tierra la autoridad municipal para de alguna manera reinstalar la centralización de funciones esenciales en el gobierno estatal, lo que recuerda el absurdo porfiriano de los prefectos o jefes políticos que estaban entre el poder estatal y el municipal, y que constituyeron una seria amenaza para la vida cívica de sus habitantes, llegando a ser una consigna sentida por quienes hicieron la Revolución de 1910.

Me parece que la consigna “Municipio Libre” lanzada en el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza y plasmada en el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución, es suficientemente clara como para que las autoridades gubernamentales entiendan que las reformas de hecho que pretenden hacer al marco normativo estatal afectan seriamente a la institución municipal y violentan nuestra historia política y administrativa.

Resulta no sólo patética sino artificiosa la argumentación sobre la diferencia entre “mando” y “policía” única, en la que tratan de meter a los ciudadanos interesados en estos temas, como si una y la otra no fueran expresiones viles de una centralización extralógica y ajena al modelo federal que México tiene desde su fundación como nación independiente y soberana.

Lamentablemente, estamos en tiempos en los que el respeto estricto a la ley resulta políticamente molesto y se sustituye por la farsa de los “pactos”. En vez de la firma de pactos mediáticos, ¿no sería mejor que los funcionarios actuaran de acuerdo a las facultades y atribuciones que las leyes expresamente les confieren? ¿Qué problema habría si los empresarios cumplieran con sus deberes y obligaciones legales para con el gobierno y la sociedad? ¿Hay necesidad de pactar lo que de suyo está previsto en las normas vigentes?

La cínica presión hacia los alcaldes por parte del gobierno estatal carece de justificación y legalidad, por lo que es de celebrarse que varios municipios grandes aun resistan la bárbara y ridícula pretensión de quitar de manos de los presidentes municipales la decisión de nombrar a sus mandos policiales. La intención de centralizar el mando policiaco es, por lo menos, sospechosa, aunque claramente absurda en los términos de la Constitución federal y la estatal.

En otro género de asuntos, surge la iniciativa ciudadana de promover el amparo de la justicia federal contra el abusivo aumento a la tarifa del agua potable, el cual se verá incrementado sustancialmente una vez que inicie su funcionamiento la planta tratadora, obra que contrató en su trienio el panista Javier Gándara y que la actual administración priista asume como propia. Se trata de hacer pagar a las familias una deuda que contrajo el gobierno con una empresa privada para dar servicio a un sector privado de nuestra comunidad. El caso debiera analizarse antes que empeñarse en encarecer la vida de centenas de miles de hermosillenses de a pie.

Como era de esperarse, hay cierta confusión acerca del tema del amparo y ya se emprenden acciones para registrar a los ciudadanos inconformes y recoger la copia del recibo del agua y la credencial para votar de los interesados. Tal fue el caso del módulo informativo que se instaló en el Mercado Municipal no. 1, a un costado de la fuente, donde se brindó asesoría y se empezaron a recoger los documentos mencionados. Como también era de suponerse, han parecido aspirantes a saboteador oficioso de la iniciativa, con la consigna de dar un toque de sospecha a las intenciones de los ciudadanos que figuran como impulsores de la promoción de este recurso legal. En estos casos, lo más razonable es apoyar firmemente las acciones que hagan frente al abuso de un gobierno que ha iniciado imponiendo gravámenes desproporcionados a la comunidad para la que debiera trabajar. Por otra parte, parece recomendable revisar atentamente la ley de ingresos del municipio, ante la certidumbre de que se está actuando alevosamente contra los intereses ciudadanos. Cabe recordar que, ante leyes injustas, la desobediencia civil es un acto de legítima defensa.

Las viejas y nuevas batallas por librar

“Desmemoria. Don que Dios concede a los deudores, para ayudarlos por su falta de conciencia” (Ambrose Bierce).

En medio de un alarmante descenso del precio del petróleo y del peso frente al dólar, así como un aumento grosero del gas, el agua y, en general el costo de la vida tanto en México como en Sonora, se anuncia, especula y comenta una y mil veces la reciente recaptura del narcotraficante conocido como “Chapo” Guzmán, presentada como una prueba de la “fortaleza de las instituciones” por Enrique Peña Nieto.

Pareciera que somos una ciudadanía propensa a reaccionar de acuerdo al estímulo mediático en turno, capaz de creer, a las primeras, que el doctor Mireles, vocero de autodefensas ciudadanas y preso político enfermo y amilanado, “pide perdón” al gobierno que lo hizo levantarse en defensa de la paz y tranquilidad de las familias michoacanas frente al poder del crimen organizado y la cómplice apatía de las autoridades locales y federales.

¿Podemos creer en la fortaleza de las instituciones cuando en la conciencia colectiva arde la llama viva de los 43 de Ayotzinapa, junto con las pequeñas víctimas de la guardería ABC, ejemplo de un régimen de concesiones del gobierno a particulares que convierte la seguridad social en negocio privado? ¿No es signo de decadente corrupción la evaporación de los ahorros gracias al sistema de cuentas individuales que son materia de especulación privada gracias a los negocios de las Afore? ¿Acaso no pesa en la memoria de la justicia mexicana los hechos de Aguas Blancas, Atenco y las desapariciones forzadas y asesinatos pasados y presentes que tiñen de rojo al país, entre otros eventos?

¿Se puede estar tranquilo sabiendo que tanto la salud como la educación se privatizan, y que la carga para las familias aumenta día con día? ¿Es lícito transferir a los ciudadanos los costos de obras privadas contratadas por el gobierno, para beneficio de un sector productivo privado y no para las familias que tendrán que pagarlas? ¿Por qué deberíamos tener confianza en las instituciones que malbaratan el patrimonio energético de todos y lo privatizan para la satisfacción de empresas trasnacionales? ¿Es una buena noticia que el campo deje de producir alimentos saludables para verse invadido por semillas transgénicas y alto consumo de productos químicos que envenenan el ambiente y acaban con la biodiversidad y las economías regionales?

¿Debemos permanecer indiferentes ante el despojo de terrenos públicos, por ejemplo, los del vaso de la presa A.L. Rodríguez, y sonreír ante la abundancia de agua para unos cuantos apellidos notables mientras que la ciudad carece de ella? ¿Se pueden hacer obras hidráulicas de uso privado y dejar en la indefensión a las familias vecinas sin que haya problema? ¿Pueden desaparecer sin dejar rastro los recursos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson? ¿Los niños a cargo del DIF son mercancías? 

¿Los empleos que genera la maquila automotriz y las embotelladoras y la minería trasnacional, compensan la contaminación y el daño ecológico que sufren las regiones donde se establecen? ¿Todo se justifica con eso de atraer inversionistas que generen empleos? ¿Es ésta una propuesta económica válida para la entidad?

¿Será posible que las fuerzas armadas acepten servir de mascota tercermundista a la ONU y al Comando Norte, es decir, al gobierno de una potencia extranjera? ¿No hay problema con que las autoridades anuncien la participación de militares mexicanos en actividades de entrenamiento y posteriores misiones “de paz”? ¿No hay nada raro que la Marina parezca servir de patiño nacional a los intereses de la DEA, entre otras agencias gringas? ¿Bastó para que el llamado fuera con fines de extradición para que las armas mexicanas se cubrieran de gloria al recapturar a un capo de la droga con aficiones mediáticas? En serio, ¿hay gobierno, ejército y armada dignos de llamarse nacionales?

¿Nuestras instituciones académicas autónomas realmente lo son? ¿Los profesores e investigadores universitarios trabajan para enriquecer el saber colectivo, o simplemente parasitan las instituciones mientras maquilan proyectos para entidades públicas sin rumbo ni legitimidad a cambio de algún estipendio? ¿Un doctorado es como una patente de corso para los negocios privados desde la comodidad de las instituciones educativas? ¿La universidad sirve para avalar “académicamente” las acciones del gobierno, o para trabajar por el bienestar y el progreso social?, ¿a qué hora dejó de ser la conciencia crítica de la sociedad para convertirse en cómplice de la corrupción y la ineptitud oficial?

En medio de este desbarajuste, aún permanece de pie la voluntad de cambio de hombres y mujeres conscientes, capaces de exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los gobernantes. En Sonora se tienen buenos ejemplos de civilidad y permanencia en las luchas por la justicia y la legalidad, por el respeto a la dignidad ciudadana, violada cuando no ignorada por autoridades venales. El año 2016 inicia con una larga cadena de asuntos pendientes de resolver y su correcta solución dependerá de la capacidad que tenga el pueblo para organizarse y perseverar en los objetivos transformadores que decida. El sindicalismo independiente y las organizaciones ciudadanas tienen una gran tarea por realizar. Podremos escribir un nuevo capítulo en Sonora, o repetir obsesivamente las mismas líneas, con los mismos errores y los mismos resultados. ¿Cuál va a ser el sentido de la acción? Usted, nosotros, tenemos la palabra.