Con olor a viejo

El olor penetrante insinuaba descomposición, tiempo y abandono. Su presencia reclamaba mi atención con insistencia de testigo de Jehová, Mormón o fanático evangélico, de suerte que termino por ceder al imperativo olfativo. Tuve que voltear para enterarme de su fuente: hombre viejo, entrado en carnes, camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, ambos en avanzado estado de decoloración; bastón metálico ajustable y actitud a tono con el conjunto. En la Casa del Jubilado y Pensionado del Isssteson, la música alternaba en difícil competencia con la cháchara bulliciosa de sus concurrentes habituales, trabados en un esfuerzo de socialización situado en dos coordenadas: el ocio y la necesidad de anclarse a la vida mediante la palabra.

Tanto en los alrededores como en el interior del edificio, el flujo y reflujo de representantes de la tercera edad era continuo, como un río que recibe y transporta el desecho tóxico de la edad hacia su desemboque, pasando por la ventanilla del cobro de las pensiones, el consultorio médico, la peluquería, los múltiples puestos de dulces y artesanías, las tarjetas con ofertas de préstamo a cuenta de nómina, de membresías de tiendas trasnacionales, y el inagotable reparto de volantes, trípticos, periódicos sindicales, oferta de chile molido, curtido, miel y tortillas de harina, entre muchos otros atractivos que distraen y abultan los bolsillos, llenan las manos e ilustran la idea de que el comercio informal es un complemento necesario en la vida del retirado.

En medio del oleaje humano, pude distinguir la cara del profesor que iba a saludar. Mi amigo aparentemente atendía un puesto de orientación sindical. Saludo cordial y comentario sobre la condición de jubilado: “No son los mismos alumnos ni la misma escuela”. “El interés por aprender y el respeto institucional ya no existen”. “La vocación que tuvimos ya no tiene de dónde agarrarse en la nueva realidad”. “A nadie le importa la educación, sólo las apariencias y las infinitas formas de corrupción”. El rostro reflejaba hartazgo, decepción, y la firme convicción de que la política corporativa del SNTE atrapa a los logreros y a los ingenuos, los usa y luego los arroja como pañal desechable al basurero del olvido, cuando no de la ignominia. La promesa de un café y la despedida sirvieron de vía de escape de esa cruda realidad que el gobierno se empeña en ignorar.

¿Por qué al jubilado se le cobran impuestos por la ridícula pensión que recibe? ¿No es un abuso de lesa humanidad el insistir en trasquilar el escaso monto de dinero que recibe cada mes y por el cual trabajó tres décadas? ¿No es cierto que cada quincena se le descontó de su cheque la aportación correspondiente a servicios médicos y jubilación? ¿Quién puede ignorar que el pensionado y jubilado dejó en el servicio público los mejores años de su vida, recibiendo sueldos cada vez más castigados por la inflación, el congelamiento salarial, el alza continua de los bienes y servicios, además de sufrir las largas filas de espera, la deficiencia de los servicios y la carencia de medicamentos y materiales de curación en las clínicas gubernamentales?

El cobro de impuestos a las pensiones es un abuso y la más clara confesión de que al gobierno le importa un rábano tanto la salud como las condiciones de sobrevivencia de su personal retirado, y a las deficiencias en los servicios se añade la  inseguridad financiera del instituto, pues nadie sabe, a la fecha, en qué se gastaron y en manos de quién quedaron los 1500 millones del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson que desaparecieron y que no se han podido comprobar en la ya reprobada cuenta pública de 2013.

La vejez es un tema guardado bajo el manto de la cursilería oficial y la mentecatez burocrática, ya que, mientras el trabajador está activo, se le hace la vida de cuadritos. Incluso, algunos han tratado de ligar el aumento de la “productividad” al salario: a mayor explotación ligero aumento de ingreso. El sistema no está contento si al empleado se le paga el salario pactado en los contratos colectivos o aquél establecido por las disposiciones legales del caso; se busca la manera de golpear sus percepciones en términos reales, sea mediante el aumento de los precios de los bienes de consumo, sea a través del aumento de las cuotas de los servicios públicos, o en forma de privatizaciones de empresas o funciones antes públicas. Ahí cuelan la electricidad, agua, gas, gasolinas, alimentación, transporte, registro civil, educación, salud y asistencia pública.

Las organizaciones de trabajadores son vistas con sospecha y todo lo que se pueda hacer para su deterioro o desaparición es aplaudido entusiastamente por los organismos empresariales. La idea de justicia social no pasa por las alfombradas antesalas de presidentes, gerentes, directores o rectores, uncidos todos al carro del neoliberalismo nopalero y periférico que sufrimos como se sufren las hemorroides o las verrugas faciales: puede haber remedios pero, en cierto punto de su evolución, lo que se requiere es una visita al quirófano.

Hace relativamente pocos días, llegó la fecha en la que los trabajadores jubilados se presentan a la Universidad de Sonora para firmar su constancia de sobrevivencia. Entre los trabajadores asistentes, hubo quiénes fueron incapaces de acudir sin el apoyo de un pariente, como otros que exhibieron su vitalidad matizada por las canas, la calvicie, el ligero renqueo-contrapunto de pasos y tropiezos por el pasillo del lugar, y otros de reciente baja del servicio lucían sonrisas de cortesía y miradas furtivas como viendo el futuro personal encarnado en no pocos ejemplos. “Como me ves, te verás”. 

Las rondas de firmantes se sucedieron una a una, y en cada caso se compartieron sonrisas, bromas, buenos deseos de volver a encontrarse el año que viene. La calidez de los saludos y las expresiones de humanidad llenaron a oleadas el recinto de la Biblioteca Central. Entre trabajadores podrá haber diferencias, salvadas por la prudencia, pero se echa por delante la idea del compañerismo y la solidaridad. Bonito ejemplo, en medio de la absurda despersonalización que sufre la institución en aras de la modernidad: es el número de expediente por encima del nombre de la persona, es la negación de la individualidad a cambio de la eficiencia robotizada que es programada, pactada y vigilada por una administración enajenada por las apariencias que debe guardar ante instancias ajenas y extraacadémicas.

No hace mucho, los académicos sindicalizados hicieron reformas a su estatuto, incluyendo una nueva delegación que es la de Pensionados y Jubilados. Se reconocen los derechos y obligaciones de los sindicalistas en retiro y se trata de rescatar algo de lo que el académico jubilado pierde al retirarse. Un aspecto menor pero ilustrativo es la expedición de la credencial institucional donde la Universidad de Sonora acredita que el portador es jubilado.

Por curiosidad investigué este asunto y el empleado de la unidad de credencialización de Servicios Universitarios me informó que en una ocasión se expidieron credenciales con un número provisional, no el oficial correspondiente al expediente del empleado en retiro, porque Recursos Humanos no se quiso responsabilizar y actualmente no se expiden credenciales.

¿A qué tipo de responsabilidad le tiene miedo la Universidad, si queda claro ante cualquier instancia que el trabajador jubilado o pensionado es eso y nada más? ¿Cuál es el problema de expedir credenciales con ese carácter usando el número de empleado que corresponde y que además es el que aparece en los comprobantes de pago?  ¿No es realmente cierto que la institución aprecia y reconoce a sus jubilados? ¿El expediente asusta a los funcionarios?

Entre los dichos y los hechos, el olor a viejo penetra la conciencia de las burocracias, anticipa rechazos y promueve disimulos. ¿Somos una sociedad moderna, civilizada, solidaria y responsable de sus miembros? ¿Apreciamos el valor de la experiencia como activo valioso para el presente y el futuro de la nación? ¿Importan el trabajo y el conocimiento creado o aplicado por las anteriores generaciones? ¿Existen las personas, instituciones y sociedades sin antecedentes? ¿Somos plantas sin raíz? ¿Surgimos por generación espontánea? ¡Con razón estamos mal!

Testigo de cargo

Es probable que el hartazgo unifique los criterios ciudadanos, y quizá la podredumbre que el sistema arroja a puños sobre la cabeza y entorno de los habitantes de Sonora termine por persuadirlos de que, por más buenas intenciones que el gobierno diga tener, las cosas empeoran y cuando lo hacen dejan salir otros motivos de inconformidad que se van acumulando en estratos de jodidez inacabable.

Mientras que los problemas periodísticamente relevantes del pueblo llano se debaten en las refrigeradas aulas y salas académicas y, eventualmente, en las oficinas gubernamentales y de los partidos políticos, la ciudadanía en general sufre no sólo el desprecio y la falta de interés por sus condiciones de vida, sino la monserga de las explicaciones y las propuestas que huelen a ociosidad, a lucimiento meritocrático, a apariencias cubiertas, a mascarada carnavalesca.

La evidente separación o, más bien, distanciamiento entre la realidad vivida y la pedantería arropada en la teoría o el programa burocrático salido de algún invernadero oficial u oficioso, se hace más profunda y dolorosa en la medida en que a nadie le llega realmente el agua al cuello, salvo los directamente afectados. Las víctimas son objeto de estudio, de análisis, de comparación, de la retórica que caricaturiza la realidad y significa puntajes para los investigadores, ocupación transitoria para los burócratas, material apetecible para la prensa orbital de los despachos de primer nivel oficial, y una sonora mentada de madre  para los ciudadanos con sentido de las proporciones y capaces de ser solidarios con los afectados. Se ha perdido la decencia, el respeto y descuidado las formas.

El tema del derrame tóxico de la minera de Cananea, ha producido más declaraciones que resultados, ha servido de comprobación de la modorra e inoperancia que se añade a los otros defectos del actual gobierno, sea federal o estatal, y ha permitido que se integren comités, comisiones, grupos de trabajo y hasta un oportunista y raro fideicomiso. También ha hecho posible que los alcaldes de los pueblos afectados tengan voz y presencia en los medios de información, y que, a pesar de los intentos en contra, salgan a flote los detritus de la política a la mexicana, practicada viciosamente tanto por el PAN-gobierno local como por el PRI-gobierno nacional.

La inmensa torta de desechos flota sobre las conciencias de los pobladores rivereños, tanto como de los ciudadanos preocupados por la desfachatez oficial. Sonora tiene varios pendientes, cuestiones viejas y recientes que apuntan a ser temas de conversación dolorosa y nostálgica, asuntos que los pretextos y el tiempo ayudarán al gobierno en su labor de adormecer y diluir los rostros de los culpables: Murillo Káram de la PGR dice que no está para fabricar culpables, que hay cinco peritajes aunque sólo uno apunta a que el incendio de la Guardería ABC fue intencional. El olor a quemado se matiza con otro que identificamos como el de la impunidad.

Por otra parte, las dependencias cuyo trabajo es el agua y la ecología prometen respuestas, pero de inmediato dejan ver su imposibilidad de poner orden y castigar al culpable del desastre ecológico y económico sonorense. El senador panista Búrquez ha dicho que sería “una estupidez” cancelar la concesión a Grupo México. ¿Cómo tocar al capital? ¿Cómo poner en la balanza a decenas de miles de habitantes y un futuro regional prácticamente perdido frente al señor Larrea, empresario favorito del panismo? Ahora la prensa nos informa que el titular de la Secretaría de Economía no considera procedente el retiro de la concesión, porque prefiere “remediar”.

Por otra parte, mientras el empresariado cobijado por Concanaco declara que un aumento al salario mínimo sería “criminal”, y que la solución es una mayor competitividad y productividad,  los trabajadores se ven acosados por una idea que termina siendo dominante: la esclavitud asalariada planteada por el marxismo, ¿no era una invención política de resentidos contra las bondades del sistema? ¿Realmente existe? ¿Para que haya justicia social debe darse necesariamente un cambio de sistema? ¿Los que acusan al trabajador de ser el culpable de su propia pobreza y marginación, lo dicen por la paciencia y tolerancia de éstos hacia la explotación, o porque confían en su ignorancia y docilidad?

Sonora es una entidad federativa castigada con el asesinato de 49 infantes, sumida en la rapiña inmobiliaria, en la injusticia laboral, en la represión más ridícula a los ciudadanos que luchan y se manifiestan contra la voracidad que actúa a la sombra del poder; lesionada gravemente por un derrame tóxico que nunca debió ocurrir, atenazada por un futuro desolador en sus actividades productivas regionales, insultada por la desfachatez y demagogia gubernamentales; explotada en sus recursos naturales y abaratada en el exterior como destino de inversiones fáciles y redituables. Es el escenario de un desastre ecológico, político y social, y la prueba irrefutable de que con demagogia y engaños no se progresa ni se hace gobierno.

Ante el desolado panorama, cada ciudadano afectado en sus intereses, en su calidad de vida y expectativa de progreso y bienestar, es un testigo de cargo contra un gobierno que no sólo ha defraudado a los votantes, sino que se ha burlado fiera y cruelmente de la confianza de algunos y de la paciencia de todos. 

Llueve sobre mojado

Con las recientes lluvias y el paso de tormentas y huracanes por las costas mexicanas del noroeste, queda claro que el país, y más concretamente la región noroeste, no está para esos trotes. El agua reveló deficiencias, dejadeces, ineptitud, complicidades y manoteo de recursos a la sombra del poder.

Destaca, desde luego, la tragedia ambiental provocada por el criminal derrame de un reservorio tóxico administrado por Grupo México, al que siguen otros derrames que hasta ahora merecen atención periodística marginal, debido a que aún no han impactado en forma tan espectacular como el primero a los habitantes del río de Sonora y Bacanuchi.

Las autoridades han sido ambiguas en sus demostraciones de competencia, ya que ha habido más palabras que acciones en poner orden en el tiradero que hizo Buenavista del Cobre. Por una parte queda claro que el contenido del derrame es tóxico porque nadie puede asegurar que el ácido vertido sea bueno para la salud, y menos los metales pesados que son arrastrados por la corriente y que se depositan en el fondo del río, algunos de ellos comprobadamente cancerígenos, otros causantes de graves daños en riñones, hígado, piel, entre otros.

A las tímidas acciones del gobierno se añaden las declaraciones, jaloneos y pifias del gobierno local, víctima de una situación que no se había presentado en la historia sonorense: un mandatario asediado por los pleitos políticos y legales derivados de la disposición del agua, para algunos indebida y para otros necesaria, como es el caso del Acueducto Independencia. Le confieso que en mi caso particular de opinante sin compromisos ni ligas políticas con nadie, es decir independiente, cualquier cosa que se emprenda para garantizar la disponibilidad de agua todos los días y las 24 horas del día, para una comunidad como la hermosillense, merece apoyo, desde luego sujeto a la realidad y al marco que proporcionan las leyes vigentes.

Al asunto del acueducto se le añade la posesión de un “represo” con capacidad de 3 millones de metros cúbicos de agua, lo que contrasta fuertemente con la situación de muchos de los lugareños vecinos del rancho del gobernador Padrés, quienes no sólo carecen del vital líquido sino que no pueden acceder a éste por carecer de los permisos de perforación correspondientes, además del efecto inmediato del acaparamiento del recurso por parte de los felices propietarios del rancho Pozo Nuevo.

Es innegable que el actual gobierno ofrece muchos claroscuros en la gestión, y que más de uno puede alegar que el actual sexenio está caracterizado por el nepotismo y el tráfico de influencias, además de la opacidad financiera que afecta su credibilidad, de suerte que no falta quien vea con buenos ojos el juicio político al gobernador Padrés. Por el contrario, los panistas queman incienso en el altar de Padrés y comprometen su relación con el gobierno federal en aras de apoyar al mandatario estatal.

Al respecto, pudiera pensarse que los pleitos entre gobierno y PAN ofrecen un panorama de polarización e intranquilidad política, pero la experiencia histórica de los últimos 30 años demuestra que la unión entre el PRI y el PAN es duradera y provechosa para ambas partes, así como para sus pajecillos electorales como son el Verde Ecologista, Panal y fracción chucha del PRD. La ideología neoliberal es el fuerte cemento que los une y les permite hacer negocios con cargo a la república.

Las recientes reformas constitucionales y de la legislación secundaria dan fe de que la dupla fundida en el PRIAN representa la más grande traición a la patria, el más descarado saqueo de nuestros recursos estratégicos y el más fiero embate a los recursos naturales de México. En este sentido, los pleitos, amenazas y jaloneos entre las fracciones neoliberales no pueden ser considerados expresiones de proyectos distintos sino de ajustes en el plan maestro que conduce a la entrega nacional al capital extranjero.

Así las cosas, ante el desastre sonorense la autoridad parece lenta en la toma de decisiones para resolver el problema económico y social que afecta a las comunidades rivereñas, se presenta como verbalmente justiciera al prometer la aplicación de la ley, pero al mismo tiempo da juego al conjunto de intereses económicos y políticos que representa estelarmente Larrea (entre otros beneficiarios del sistema) que no ha dejado de protagonizar la defensa de lo indefendible, como lo es la negligencia criminal y voracidad con que maneja sus negocios, así como su destacado desprecio hacia la vida humana y el ambiente.

Las aguas sonorenses presentan turbulencia, y se remueve el lodo y la porquería sedimentada por sexenios de complicidades y redes familiares dedicadas al saqueo estatal. Los apellidos de los panistas y los priistas se cruzan, mezclándose en una curiosa trama de parentescos ligados a la política y los negocios que hacen posible el acaparamiento del agua que para otros está prohibida, la prosperidad de los negocios privados a la sombra del poder público y la más obscena disposición de recursos para fines no necesariamente registrados en las partidas, como son el desfondo milmillonario del Isssteson, el manejo turbio de los recursos para el transporte y la educación, y el desprecio a los trabajadores y sus organizaciones. Es claro que en el estado no hay gobierno pero sí una muy chapucera y voraz administración. En este contexto, ¿qué es lo que realmente defienden los señores dirigentes del PAN nacional y local? ¿Qué valores creen postular y ejemplificar?

Si la aprobación de las contrarreformas neoliberales de Peña Nieto representa, según lo declaró la dirigencia panista, “una victoria cultural del PAN”, ¿qué clase de cultura es la que promueve y practica esta organización?

En Sonora, la inminencia de desastres ecológicos mayores está en la mente de todos, pero algo de lo que también sucede y que quizá merezca una mayor atención por ser la clara representación del desaseo gubernamental tanto federal como estatal, es lo que ocurre en materia de concesiones, de manejo financiero, de omisión en el cumplimiento de las leyes, de complicidades y tráfico de influencias, de los excesos de un modelo privatizador en una estructura de gobierno con propósitos declarativamente sociales, de profundas asimetrías entre ricos y pobres, de ausencia de democracia y transparencia, de reiteradas prácticas de manipulación y engaño.

La tragedia ecológica de Sonora lo es también en el terreno de la política, de las relaciones entre actores sociales, de la credibilidad del gobierno a los ojos del pueblo que es el mandante, el depositario original de la soberanía, la fuente de todo poder legítimo y legal. Sin duda alguna, en el estado llueve sobre mojado, y la proximidad de la temporada electoral augura nuevos desastres.  

Jineteo en Sonora

Ya se sabe que en los tiempos de Bours Castelo, la figura del gobernador se asociaba más a las artes equinas y a los negocios privados que a la sobria y republicana conducción del gobierno local. Si bien es cierto que ambas actividades consisten en llevar las riendas, es fácil para el ciudadano común distinguir las diferencias entre el estado y un caballo.

Como los gobiernos tienen fecha de caducidad, pronto nos encontramos con que el nuevo gobernador prefirió tomar las riendas del estado en plan de jinete sexenal y, desde luego, promotor y beneficiario de algunos de los negocios que a la sombra del poder estatal se pueden, aunque no se deben, realizar.

Seguramente usted recuerda las famosas y onerosas cabalgatas que el gobernador Bours encabezaba, marcando una moda política de fuerte sabor campirano, de evidentes resabios porfirianos, de vana y rústica pedantería, de pasarela absurda de las posesiones equinas que montaban como timbre de orgullo y abundancia.

La crianza de caballos como lujo feudal no desapareció de los gustos y preferencias de la Casa de Gobierno con la transición sexenal. El actual gobernador panista es jinete montado en la silla de Sonora.  

Es posible que la frase “poderoso caballero es don dinero” tenga sentido y sirva de orientación a la conducta de ciudadanos comunes, ayunos en educación cívica, ignaros sociales, parias políticos y viles y vulgares ratas de drenaje, pero tratándose de quien representa la autoridad y es cabeza de las instituciones políticas y administrativas de la entidad, la cosa se pinta de otro color y huele distinto.

Desde luego que no soy quien para señalar, acusar y juzgar a quien lleva las riendas del estado en materia de gustos equinos. La afición por los deportes caros no deja de ser cosa de una baja autoestima, de una necesidad frenética de autosatisfacción cuando se trata del simple hecho de gozar de la posesión del animal y la eventual monta ante un público que babea de entusiasmo, envidia o simple actitud lacayuna. Lo que llama la atención en esto que llaman “Nuevo Sonora”, no tiene que ver con excentricidades que en los tiempos actuales son fácilmente asociadas a quienes se dedican a negocios no del todo claros.

Diversos actores sociales y comerciales de la entidad han manifestado su preocupación y molestia porque como proveedores del gobierno local no han recibido el pago oportuno por sus servicios. Los comerciantes se han quedado con un portazo en mera jeta y una amarga experiencia al no poder hacer efectivas sus facturas. Tener que seguir haciendo negocios con quien no paga ni a tiempo ni tarde es factor de que las empresas tengan que reducir su expectativa de sobrevivencia, el pago de sus empleados y el eventual recorte de los mismos. Como se puede ver, el golpe a la economía familiar es directo.

Circulan anécdotas que ilustran con bastante claridad la pesadilla comercial que supone tratar con un deudor empedernido, cuya conducta afecta a empresas de diverso tipo y tamaño, desde farmacéuticas que desisten de surtir medicamentos a los hospitales y clínicas del estado, proveedores de artículos de oficina y hasta los medios de información.

En el caso de los medios informativos, la situación reviste particular importancia, ya que no sólo está presente la necesidad de guardar las formas y actuar según lo políticamente correcto, lo que obliga a los periodistas a aguantar la censura que viene no de sus jefes de  redacción sino de quienes aportan el capital de trabajo. La prensa sujeta a la expectativa del pago de la propaganda y las inserciones de contenido político-electoral, corre el peligro de quedar atada de manos, carente de autonomía e inútil como apoyo a la transparencia y la democracia.

Cuando el gobernador declara que no hay dinero y háganle como quieran, la relación entre actores sociales, políticos y comerciales ha sufrido un desgarramiento que de entrada no se nota, pero que pronto pasa facturas de desconfianza, inseguridad, indignación y daño a la estabilidad política y social de la comunidad. Crece por dentro, como un cáncer que entra en proceso de metástasis y contamina al cuerpo social y estalla de muchas maneras.

La irregular gestión financiera de Sonora se puede ilustrar de diversas formas, donde destaca el desfondo sin aclarar del Isssteson, la anarquía que existe en los programas estatales, la queja de empleados de distinto nivel de que en sus oficinas no hay ni para clips, que la operación es muy deficiente y que el gobierno está prácticamente en estado agónico. Mientras tanto, frente a la carestía de agua, nos enteramos que el gobernador es poseedor de un rancho que cuenta con presa privada cuya capacidad de 4 millones de metros cúbicos de agua fácilmente pudiera solucionar el abasto de varias comunidades (http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1409/pozo-nuevo-padres/).  

En las conversaciones de café y de pasillo ha trascendido que los proveedores de servicios tienen que dejar la mitad del costo de sus proyectos para ser considerados a participar, que en las entrevistas con ciertos funcionarios, el paso de una oficina auxiliar a otra de mayor nivel implica el pago de una cantidad de dinero, lo que se ve complementado por las evidencias de que los acreedores no recuperan completo el dinero que el gobierno les debe, sino el 70 por ciento del monto, gracias a las gestiones de una empresa privada ligada al gobierno que compra su deuda, CP3, SA de CV (http://m.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/14/981619#). En pocas palabras, el gobierno jinetea los recursos estatales y no pagar deudas se convierte en el gran negocio privado sexenal.

Al parecer, las artes de la monta y el placer que de ella deriva, no se limita a los caballos que amorosamente cría el gobernador Padrés, sino que abarcan la conducción del gobierno y el manejo del erario.

Ante esta situación, ¿podemos en Sonora, sin parecer ingenuos o idiotas de nacimiento, hablar de transparencia, honestidad y buen gobierno?

Los tiempos que vivimos

Al señor gobernador de Sonora le ha llovido en su milpa, por la paradójica situación de que es hombre de aguas tomar en un estado en donde el tema del líquido se debate, comenta, invoca y murmura en casi todas las bocas y en caso todos los tonos (http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-partida/1409/nuevo-pozo-padres/ ). ¿El agua es de todos o es de unos cuantos felices poseedores de derechos y prebendas? ¿Tiene el gobernador más derechos acuáticos que el resto de los ciudadanos sonorenses? La respuesta categórica es NO.  El señor Padrés comparte los beneficios del agua y sus milagros con otros personajes que son, como él, “producto de los tiempos que vivimos”, como nos informa el acucioso secretario Romero, cachabolas oficial del sexenio azul que corre (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=148255).

En esta lógica, a nadie puede extrañar que surjan del lado del priismo organizado, para envidia y ejemplo de muchos políticos que están al día y a la vanguardia, los nombres de otros aguatenientes como Alfonso Elías Serrano quien en su rancho La Cienaguita posee, según ha trascendido en las redes sociales, una presa particular de algo así como 6 millones de metros cúbicos, o el no menos afortunado Samuel Moreno Terán, con su rancho El Dorado, que también compite ventajosamente en eso de manejar recursos hidráulicos sin tocar la baranda de la ley.

Al parecer, el problema no se reduce a plantear las asquerosas costumbres acuáticas de los políticos panistas, o sus parientes cercanos priistas, como un hecho insólito, deleznable y candidato natural a ser señalado con el dedo de la indignación mediática. “Son parte de los tiempos que vivimos”, nos aclara orondo el secretario Romero. O tempora, o mores (¡Oh tiempos, oh costumbres!, Cicerón, primera Catilinaria).

Desde luego que Conagua promete emprender una investigación sobre el asunto de cómo surgen presas particulares en Sonora, a la sombra del gobierno pitufo o a la de cualquier otro con vocación depredadora y con manejo margal de la ley (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=148207). Sin duda, el tema del agua da para muchos litros de tinta, aunque la derrama informativa pudiera tener altos contenidos de manipulación, sesgos y otros materiales altamente contaminantes que, de manera residual, seguirán afectando nuestra percepción de la realidad y en particular el tamaño del desastre ecológico que tenemos.

Llaman la atención las notas sobre la supuesta limpieza de las aguas contaminadas que realiza el Grupo México, y los apoyos que supuestamente otorga a los pobladores afectados por el derrame, lo que añade un toque de criminalidad confesa a la negligencia y desaseo con que la minera dispone de los recursos naturales de la región y no sólo de los metales que dice extraer para el progreso de Sonora y México, según se alega (http://www.entretodos.com.mx/notacompleta.php?id=82712). A nadie puede escapar el curioso detalle de que a unos cuantos trabajadores con chaleco anaranjado y armados de palas, se les atribuya el milagro de “limpiar” un cauce contaminado con metales pesados, sustancias químicas altamente cancerígenas y corrosivas que van cobrando víctimas y dañando el ambiente por donde pasan.

También resulta curioso que el gobierno promueva la venta de productos de la región con el argumento de que fueron producidos fuera de la zona contaminada, como si no existiera el fenómeno físico de la capilaridad y como si no tuviera en el terreno la propiedad de ser permeable a líquidos y sustancias arrastradas por la corriente del río o por el agua de las lluvias. ¿Por qué tratar de minimizar lo que es a todas luces el peor desastre ecológico que ha sufrido Sonora, por no decir el país?

A pesar de los graves avisos previos a la catástrofe por parte de  los mineros de la sección 65 de Cananea, y de las evidencias de que la empresa del señor Larrea es un peligro donde quiera que se establece, el PAN nos regala perlas de altísimo valor político que ilustran acerca de la moral y el interés por preservar los intereses ciudadanos sonorenses: el senador Búrquez defiende el derecho de contaminar de la minera y de conservar su estatus neoporfiriano por aquello de que genera empleos, como si no se supiera del número de extranjeros que tiene en su plantilla de personal y la precariedad de sus condiciones de seguridad e higiene para los nacionales y sus familias (http://www.uniradionoticias.com/noticias/riosonora/292681/seria-una-estupidez-cerrar-buenavista-del-cobre-francisco-burquez.html). Lo que sí es una verdadera estupidez y una falta de conciencia monumental es defender los intereses de los depredadores en perjuicio de los ciudadanos trágicamente afectados en sus bienes y en sus vidas.

Sonora es un estado rico en minerales y que pudiera ser próspero en materia agropecuaria, industrial y comercial, pero ha faltado iniciativa y normas que protejan al productor nacional frente a otros intereses. El tema del agua es uno de los que más levantan polvo, quizá por ser el que menos se ha ventilado públicamente. Hay voces especializadas que señalan la existencia de agua en el subsuelo, en determinadas regiones entre las que se incluye Hermosillo. ¿Si existen esas reservas, para quién o quiénes están destinadas y celosamente guardadas? ¿Qué clase de negocios se pretenden emprender cuando los recursos no nos pertenezcan del todo? ¿Por qué el interés del gobierno de acatar lo que parece un mandato ejecutivo de parte de Arizona para meter mano en lo que corresponde a Sonora? ¿Qué gana el estado con servir de reserva económica de otro país con intereses distintos y muchas veces contrarios a los nuestros? (http://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/292283/busca-arizona-crear-mega-region-economica-con-sonora.html ).

 Siendo la entidad atractiva para las inversiones, ¿por qué no se generan proyectos locales y nacionales que añadan competitividad y generen empleo decente, con compromiso claramente establecido a favor de la economía local y regional? Por el contrario, el asunto del derrame tóxico de la minera Buenavista del Cobre de Cananea, ha demostrado clarísimamente el nivel de desprotección y atraso que azota a los pueblos rivereños, su indefensión frente a rancheros y hacendados neoporfirianos, frente a inversionistas extranjeros que acaban con los recursos naturales, que no contribuyen en nada al desarrollo de la región, que se llevan las riquezas a sus países de origen tal como se hacía en el siglo XIX. El colmo del absurdo o, de la estupidez, si se quiere parafrasear al senador pitufo Búrquez, sería dejar en manos de las trasnacionales nuestro futuro.  

Como quiera que nos la pongan, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Sonora puede ser tan próspera como nosotros queramos, sin necesidad de las siempre asimétricas intervenciones extranjeras de cuya codicia habla con suficiencia nuestra historia.

País de garabato

¿Se ha preguntado usted por qué en México las empresas trasnacionales gozan de aparente impunidad? ¿Por qué los empresarios le sacan fácilmente concesiones y favores al gobierno en turno? ¿Por qué la ley y la justicia ante ellos se muestran evasivas y laxas cuando de castigar se trata? Cuando ocurre un accidente, desastre ecológico o violaciones al derecho laboral, la legalidad se vuelve de chicle, es extremadamente flexible, considerada, cómplice pudiéramos decir, y nada ni nadie parece que puede persuadir a los señores representantes de la ley y el orden de cumplir con su estricto deber, sin buscar pretextos, dilaciones, excusas y justificaciones favorables a los infractores o simples delincuentes.

Mientras que los policías se solazan en aporrear y vejar a los ciudadanos que se pasan un alto, que tienen cara de sospechosos o que de plano les cayeron gordos, los señores empresarios pueden poner a temblar la economía familiar, hostigar al cliente, reducir a polvo su reputación y acabar con la tranquilidad de los hogares mediante el hostigamiento telefónico, los continuos avisos de cobro, la prepotente mirada despectiva de sus empleados y el mal trato al cliente como norma sagrada de observancia empresarial.

Si usted tiene la mala fortuna de ser moreno, de aspecto común, vestido mal o con modestia producto de vivir con uno a tres salarios mínimos, ya sacó boleto para calificar  como sospechoso de cualquier tipo de delito. Aun si vive con tres o cinco salarios mínimos, las esperanzas de un trato digno se evaporan en la medida en que usted cae en garras del crédito comercial o, sin caer en él, por ser miembro de la clase proletaria que huele a criminalidad potencial.

El ciudadano del campo como el de la ciudad tiene que vivir con el estigma de ser precarista en una sociedad donde el ideal de logro se traduce en un nivel de consumo por encima de la media. En este sentido, el trabajador o el pequeño empresario rural sufren de una minusvalía social que permite que el gobierno se regodee en situaciones de crisis: entre más jodida esté la gente, más prestarán atención a la generosidad de las fundaciones, personajes políticos, o funcionarios de gobierno. La crisis o emergencia permite que los miembros de su partido reciban los apoyos mientras que los opositores o independientes quedarán al margen de los beneficios que exige la coyuntura.

Ahora que estamos en temporada de derrames, el agua embotellada, por ejemplo, se reparte de acuerdo a criterios políticos, según se ha denunciado (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=147597&relacion=&tipo=Sonora&categoria=1). Los del PAN si reciben agua mientras que la oposición bien puede quedarse chiflando en la loma. El apoyo selectivo parece tener la marca de la filiación política sin considerar que la necesidad es de todos.

Pero más allá de las mezquindades propias de una mentalidad políticamente subdesarrollada, la actitud de las autoridades supone una suerte de incredulidad ante la realidad regional, ya que el lenguaje y las acciones son tímidas, dubitativas, sospechosamente torpes: se sugiere o impulsa la creación de una comisión para analizar el caso, ver si es cierto que los compuestos acidulados son tóxicos, qué tan tóxicos, cuánto les durará lo tóxico y qué tanto puede tolerar su contacto un organismo vivo para dejar de serlo.

Si el sindicato minero desde hace varios años advirtió al gobierno federal y estatal del peligro potencial que había en los famosos represos de la minera Buenavista del Cobre de Cananea, los problemas de seguridad industrial y el daño que estaba sufriendo la población por la constante exposición a substancias tóxicas, entonces, ¿cómo acreditar el interés, la responsabilidad y la competencia de las autoridades locales y federales cuando apenas se va a investigar? El caso de Cananea parece ser la crónica de un desastre anunciado por los propios mineros y cómodamente ignorado por la empresa y el gobierno.

Como si fueran zopilotes al acecho de un cadáver, los opinantes institucionales saltan a la palestra y se ponen bajo el reflector de la coyunturalidad noticiosa: la universidad tal y tal conjuntamente con la de este y aquél estudiarán las causas y consecuencias del derrame, lo que arrojará un artículo publicable que permitirá a los autores cosechar puntos para su currículo. Por otra parte, un grupo de psicólogos irá a las comunidades a “curar el daño emocional” de no tener agua, como si el problema tuviera otra solución que la de reparar el daño ambiental y dotar a la población del líquido de manera permanente y continua.

Resulta escandalosa la noticia de que la minera pagará una multa ridícula por el daño ocasionado, como si se tratara de pasarse un alto o conducción punible. El arruinarle la vida a varios miles de familias y ciudadanos trabajadores en el medio rural no tiene comparación. Se han arruinado cosechas, muerto ganado, se han tenido que tirar miles de litros de leche y paralizado la producción de quesos, sin fecha segura para reactivar la economía campesina. Se requieren acciones serias y decididas que garanticen la seguridad ambiental y productiva de los productores rivereños, y no medidas distractoras.

Lo obvio es suspender de manera definitiva las actividades de Grupo México en Sonora, toda vez que ha demostrado a lo largo y ancho del país su desprecio a las normas de seguridad e higiene, así como revisar y replantear el régimen de concesiones mineras y similares. No es posible que México sea tan permisivo y barato en términos de costos por contaminación ambiental.

No podemos ser el resumidero de los ecocidas internacionales, por más que se levanten voces locales en defensa de los contaminadores Larrea: El PAN, Semarnat y los empresarios agrupados en organizaciones patronales pugnan por que no se “satanice” a Grupo México, porque sería un “mal mensaje para los inversionistas”. ¿Para qué quiere Sonora y México atraer inversionistas que se pasen por el arco del triunfo las leyes y normas ecológicas y de protección ambiental, además de los derechos laborales y sociales de nuestros coterráneos?  

Con o sin derrames mineros en Sonora, el país se encuentra en un grave problema. En vez de esforzarse por alcanzar lo que todos suponemos que debe ser un país libre y soberano, el gobierno de la república se empeña en hacer retroceder el reloj de la historia nacional, como queda demostrado con la reversa a la expropiación petrolera cardenista de 1938 o la nacionalización eléctrica de López Mateos de 1960. Da la impresión de que el modelo que el actual gobierno sigue es el porfiriano, tan dependiente del extranjero, tan permisivo con la oligarquía y tan represivo con el ciudadano.

Las condiciones sugieren la seria y puntual revisión de nuestro concepto de ciudadanía, donde deberán brillar las libertades pero también el estricto cumplimiento de las leyes. No es exagerado decir que lo que se juega en el país es nuestro futuro independiente o la condición de ser colonia de las trasnacionales. 

Agua que no podrás beber

Los señores del Grupo México nos persuaden de que en nuestro país todo es posible, que la ecología y la protección al ambiente pueden figurar en los discursos y los compromisos internacionales, pero sin conocerse y menos acatarse por las autoridades y los empresarios interesados en la extracción de metales. México en general y Sonora en particular han sido escenario de una variopinta tropa de excavadores que hablan diversos idiomas y tienen distintos aspectos: güeros, morenos, blancos o amarillos, pero con iguales propósitos de uso y abuso de los recursos naturales de un país blandito ecológicamente y apático ambientalmente. El oro, la plata o el cobre son metales que sólo la mentalidad desarrollada de las empresas de clase mundial puede entender, por eso hay que dejarlas hacer y pasar.

Las concesiones mineras que se reparten como anuncios de barata son la garantía de que mañana o pasado estallará una bomba ambiental gracias a la laxitud oficial que se hace de la vista gorda para “atraer inversiones y generar empleo”,  en un entorno donde lo que se requiere son apoyos a las actividades productivas. Lo anterior no debería significar que se extiendan cheques en blanco, pero en la vida real los empresarios gozan de patente de corso y prácticamente son intocables. En nuestro medio, la recolonización empezó antes de las reformas de don Copetes. Son producto neto de la pesadilla neoliberal o, si se quiere, de rescate neoporfirano de nuestra dependencia.

Es frecuente que se denuncien abusos por parte de las empresas mineras, las maquiladoras y otras que se acogen a la benevolencia legal mexicana y a sus peculiares formas de interpretar y aplicar la ley. Al parecer, la legalidad depende tanto del origen como del monto de la cuenta corriente del emprendedor y no de aquello que esté codificado y sea oficialmente observable. El placer de la evasión sólo lo proporciona una buena relación política o económica con alguna autoridad competente, donde los simples ciudadanos de a pie tienen el papel de sujetos de la acción legal, gracias a que somos una república representativa y popular en la letra constitucional pero un espacio de franquicias y concesiones en la realidad. Sin dinero, ¿bailaría como lo hace el perro nacional?

El surrealismo mexicano de cada día nos hace ver cosas que no existen o que no deben estar donde están: el agua contaminada por una mescolanza de metales pesados, entre los que se encuentra el arsénico, fierro, cadmio, litio y cobre en cantidades muy por encima de la norma y que, para simplificar, al caldo se le llama “sulfato de cobre acidificado”, es declarada inocua, no tóxica, por la minera culpable, ahora conocida como Buenavista del Cobre y filial del Grupo México de Jorge Larrea (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=147036&relacion=&tipo=Sonora&categoria=1), en abierta contradicción con la opinión de algunos especialistas que han señalado la irresponsabilidad de la empresa y advertido de la peligrosidad de la substancia derramada (http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=17313 ).

Desde luego que las consecuencias no se han hecho esperar y el incidente ha tenido que ser reconocido por las autoridades como un desastre ecológico. Por lo pronto, los productores de leche y queso han tenido que suspender sus labores productivas debido a la toxicidad del agua, lo que representa un duro golpe a la economía regional (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=147125). El agua del río que es sinónimo de vida, gracias al señor Larrea ahora lo es de muerte.

En los medios nacionales circula la noticia del desastre nuestro de cada día (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/14/976304), proyectando el hecho a las páginas más oscuras de los crímenes contra el ambiente, donde la dimensión humana se acrecienta cuando se reflexiona sobre el riesgo que corre la salud de los habitantes de Sonora gracias a la negligencia y afán de lucro de uno de los empresarios más favorecidos por el sistema (¿Quién no recuerda la tragedia de Pasta de Conchos, que goza de cabal impunidad?).

Sin duda, somos una sociedad eufemística, basada en las apariencias, sin valor para llamar a las cosas por su nombre, sin el coraje y la conciencia cívica para tomar cartas en el asunto colectivamente y exigir el castigo a los culpables y el cierre de las empresas contaminantes. Aún en ese tenor, la declaración de la empresa  minera sobre la no toxicidad del sulfato de cobre acidificado es una nueva mentada de madre a la dignidad e inteligencia de los sonorenses. Al respecto, el sindicato desmintió de inmediato el dicho de la empresa (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=147158).

El delegado del sindicato minero, Héctor Verdugo, fue enfático al señalar el daño que se estaba produciendo a la flora y fauna debido al derrame de los 40 mil metros cúbicos de la substancia: “Definitivamente sí es ácido sulfúrico en un 99 por ciento, que no los quieran engañar, el daño a los mantos acuíferos, al medio ambiente, a la flora y fauna es una lamentable realidad que desde hace años se vienen presentando, familiares, amigos, compañeros y habitantes de Cananea han padecido desde alergias hasta cáncer en la piel y en otros órganos del cuerpo” (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=147048). ¿Más claro?

Pero hablando de otro tipo de derrames, mientras en Sonora el tema del agua parece no dejar de tener vigencia periodística, los miembros de la diputación pitufa federal se deschongan en un elegante y costoso encuentro con teiboleras y pasan a la historia como la fracción parlamentaria más derrochadora, libidinosa e hipócrita del momento (http://www.contactox.net/index.php/12047-teiboleras-manoseos-condones-en-encerrona-de-diputados-federales-del-pan). Pero la fama no viene sola, ya que las labores legislativas de éstos y sus cómplices neoliberales de otras fracciones como el PRI, Verde, Panal y PRD, hicieron gala de su vocación prostibularia al aceptar generosos bonos especiales por haber aprobado sin chistar las reformas propuestas por el ejecutivo a cargo de la liquidación nacional, como puede verse en el cuadro siguiente: http://www.yoexpreso.com/edicionimpresa/20140813/1/13.pdf

Para hablar de las últimas hazañas de la pitufez local, resulta interesante constatar que la comparecencia ante los diputados de Teresa Lizárraga con el fin de aclarar el paradero de los más de 2 mil millones de pesos del desfondo del Isssteson, se frustró gracias a que la mencionada no sólo no contestó los cuestionamientos sino que fue apoyada por una maniobra de distracción al provocarse un zafarrancho donde estuvo involucrado el diputado priista cuestionante y un fotógrafo al servicio del PAN en funciones de porro, quien provocó al diputado, con lo que los panistas  alcanzaron el objetivo de desviar la atención del asunto del Isssteson. Así las cosas, el misterio del desfondo queda sin resolver (http://youtu.be/v2rcx7Y48Ak).

Para no variar, el pueblo de Sonora sigue estando sin representantes verdaderos y sus intereses desprotegidos, pero contando con los nuevos, oportunos y divertidos temas de conversación que proveen los legisladores de los diversos partidos y los propios funcionarios locales. Que no quepa duda: en Sonora nadie se aburre.