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martes, 30 de septiembre de 2014

Testigo de cargo

Es probable que el hartazgo unifique los criterios ciudadanos, y quizá la podredumbre que el sistema arroja a puños sobre la cabeza y entorno de los habitantes de Sonora termine por persuadirlos de que, por más buenas intenciones que el gobierno diga tener, las cosas empeoran y cuando lo hacen dejan salir otros motivos de inconformidad que se van acumulando en estratos de jodidez inacabable.

Mientras que los problemas periodísticamente relevantes del pueblo llano se debaten en las refrigeradas aulas y salas académicas y, eventualmente, en las oficinas gubernamentales y de los partidos políticos, la ciudadanía en general sufre no sólo el desprecio y la falta de interés por sus condiciones de vida, sino la monserga de las explicaciones y las propuestas que huelen a ociosidad, a lucimiento meritocrático, a apariencias cubiertas, a mascarada carnavalesca.

La evidente separación o, más bien, distanciamiento entre la realidad vivida y la pedantería arropada en la teoría o el programa burocrático salido de algún invernadero oficial u oficioso, se hace más profunda y dolorosa en la medida en que a nadie le llega realmente el agua al cuello, salvo los directamente afectados. Las víctimas son objeto de estudio, de análisis, de comparación, de la retórica que caricaturiza la realidad y significa puntajes para los investigadores, ocupación transitoria para los burócratas, material apetecible para la prensa orbital de los despachos de primer nivel oficial, y una sonora mentada de madre  para los ciudadanos con sentido de las proporciones y capaces de ser solidarios con los afectados. Se ha perdido la decencia, el respeto y descuidado las formas.

El tema del derrame tóxico de la minera de Cananea, ha producido más declaraciones que resultados, ha servido de comprobación de la modorra e inoperancia que se añade a los otros defectos del actual gobierno, sea federal o estatal, y ha permitido que se integren comités, comisiones, grupos de trabajo y hasta un oportunista y raro fideicomiso. También ha hecho posible que los alcaldes de los pueblos afectados tengan voz y presencia en los medios de información, y que, a pesar de los intentos en contra, salgan a flote los detritus de la política a la mexicana, practicada viciosamente tanto por el PAN-gobierno local como por el PRI-gobierno nacional.

La inmensa torta de desechos flota sobre las conciencias de los pobladores rivereños, tanto como de los ciudadanos preocupados por la desfachatez oficial. Sonora tiene varios pendientes, cuestiones viejas y recientes que apuntan a ser temas de conversación dolorosa y nostálgica, asuntos que los pretextos y el tiempo ayudarán al gobierno en su labor de adormecer y diluir los rostros de los culpables: Murillo Káram de la PGR dice que no está para fabricar culpables, que hay cinco peritajes aunque sólo uno apunta a que el incendio de la Guardería ABC fue intencional. El olor a quemado se matiza con otro que identificamos como el de la impunidad.

Por otra parte, las dependencias cuyo trabajo es el agua y la ecología prometen respuestas, pero de inmediato dejan ver su imposibilidad de poner orden y castigar al culpable del desastre ecológico y económico sonorense. El senador panista Búrquez ha dicho que sería “una estupidez” cancelar la concesión a Grupo México. ¿Cómo tocar al capital? ¿Cómo poner en la balanza a decenas de miles de habitantes y un futuro regional prácticamente perdido frente al señor Larrea, empresario favorito del panismo? Ahora la prensa nos informa que el titular de la Secretaría de Economía no considera procedente el retiro de la concesión, porque prefiere “remediar”.

Por otra parte, mientras el empresariado cobijado por Concanaco declara que un aumento al salario mínimo sería “criminal”, y que la solución es una mayor competitividad y productividad,  los trabajadores se ven acosados por una idea que termina siendo dominante: la esclavitud asalariada planteada por el marxismo, ¿no era una invención política de resentidos contra las bondades del sistema? ¿Realmente existe? ¿Para que haya justicia social debe darse necesariamente un cambio de sistema? ¿Los que acusan al trabajador de ser el culpable de su propia pobreza y marginación, lo dicen por la paciencia y tolerancia de éstos hacia la explotación, o porque confían en su ignorancia y docilidad?

Sonora es una entidad federativa castigada con el asesinato de 49 infantes, sumida en la rapiña inmobiliaria, en la injusticia laboral, en la represión más ridícula a los ciudadanos que luchan y se manifiestan contra la voracidad que actúa a la sombra del poder; lesionada gravemente por un derrame tóxico que nunca debió ocurrir, atenazada por un futuro desolador en sus actividades productivas regionales, insultada por la desfachatez y demagogia gubernamentales; explotada en sus recursos naturales y abaratada en el exterior como destino de inversiones fáciles y redituables. Es el escenario de un desastre ecológico, político y social, y la prueba irrefutable de que con demagogia y engaños no se progresa ni se hace gobierno.


Ante el desolado panorama, cada ciudadano afectado en sus intereses, en su calidad de vida y expectativa de progreso y bienestar, es un testigo de cargo contra un gobierno que no sólo ha defraudado a los votantes, sino que se ha burlado fiera y cruelmente de la confianza de algunos y de la paciencia de todos. 

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