Tras el telón de la novedad

Inicia sexenio y terminan, o empiezan a hacerlo, las dudas e incertidumbre sobre el desempeño del actual y recentísimo primer mandatario constitucional sobre ciertos aspectos centrales para la vida ciudadana y la convivencia pacífica, pues cada vez resulta más claro el verdadero significado de la novedad.

La misma gata, nomás que con melena.

Viejos fierros sirven de soporte al entramado gubernamental, añejas estructuras soportan la capa de cartón y engrudo que decora las paredes del nuevo edificio administrativo y político nacional. El olor a tiempo pasado no cede ante los efluvios de los aromatizantes vertidos por las televisoras en generosas cantidades, cuando mucho remojan los tapices y las capas de pintura democrática aplicado con alto costo en la sede del Ejecutivo federal.

El olor a nuevo es producto de la cosmetología por encargo, de los perfumes de importación, de las esencias caras pagadas a golpes de publicidad y escarnio a la pobreza e ignorancia del populacho, a la venalidad de jueces y estructuras políticas, a la masa de conveniencias privadas a la sombra del poder público, aunque quizá la fuente más rica y generosa sea la estulticia de muchos y el cinismo con que se encubre la amoralidad de un país sin rumbo propio.

Quizá la novedad sea la pérdida del sentido de las proporciones, el difuminado de la línea entre lo público y lo privado que permite que campañas como las de Televisa se conviertan en asunto público, como lo demuestra la generosa participación y donación del gobierno de Peña Nieto, el de Michoacán y el de Sonora, entre otros, a la bolsa del Teletón. La viscosa cursilería que manifiestan pretende encubrir los claros matices de evasión de impuestos a cargo del incauto donante ciudadano, que paga sin saberlo los impuestos de la televisora.

Otro asunto que inflama la indignación ciudadana es el de las detenciones arbitrarias de que ha hecho gala el gobierno de EPN desde su primer día. Actos fallidos de un gobierno con vocación autoritaria que viola la ley y que declara culpables a su antojo y que luego los obliga a demostrar su inocencia, siendo que es quien acusa el que debe demostrar la culpabilidad del otro. En el mundo patas arriba del neoliberalismo de guarache en su fase aberrante, la justicia no sólo es ciega sino absurdamente autodestructiva, ya que la ilegitimidad corroe las entrañas del sistema y se tiene, ante la falta de pruebas, que dejar en libertad a los falsamente inculpados.

Ahora se pacta por México, por lo que cualquiera puede dudar acerca de la necesidad de una ley de responsabilidades de los funcionarios federales y del marco normativo que existe en el país, ahora arropado en la necesidad de los actos protocolarios, de los rituales fotografiables que llenan planas periodísticas pero no las expectativas del ciudadano común. Tenemos carretadas de funcionarios posando para la prensa, declarando su fe republicana envueltos en olor a trasnacionalidad maliciosa y a reforma estructural necesaria para la preservación del sistema, aunque no poseemos los mínimos de bienestar requeridos para seguir conservando el alma pegada al espinazo.

Es verdad sabida que la cosecha de pobres en cada sexenio es pródiga en desmentidos y maquillajes, y que los culpables de la depredación nacional son los más furibundos defensores de la libertad de mercado, de la imitación extra-lógica de modelos y prácticas económicas y políticas, de las poses democráticas en una república chatarrizada y exhausta. Queda claro que la intención del gobierno es superar al anterior en materia de discursos y promesas, de llegar a la meta con el mayor número de declaraciones hechas y más páginas de periódicos colmadas de salivosas evacuaciones demagógicas, independientemente de la ridiculez implícita en querer negar o disimular la realidad que nos golpea día con día.

Tras el telón de la novedad, sigue existiendo el México neoliberal que se retuerce mientras orada y consume la sustancia nacional. Somos un organismo parasitado que requiere, para su salvación, una vigorosa acción limpiadora. La salud de la república lo exige y el pueblo, aunque distraído por la televisión con la muerte más reciente, lo demanda.

Transición

Algunos lo celebran, mientras que otros lo deploran. El 1º de diciembre marcó el inicio de un segundo espuriato nacional producto del desaseo electoral que nos agobia. Por otra parte, la toma de posesión de EPN en medio de las dudas y sospechas, evidencias y pistas de una elección comprada, ha resultado una maniobra más de descrédito a la oposición de izquierda nacionalista e independiente.

A estas alturas, nadie puede ignorar que los actos vandálicos en las inmediaciones de San Lázaro fueron obra de grupos pandilleros cuya misión era provocar el desorden y enturbiar la protesta ciudadana pacífica que estaba programada y en la que participaron los chicos del Yosoy132, los profesores afiliados a la CNTE, Morena y contingentes de ciudadanos preocupados por la democracia en México.

Las ventanas y fachadas de los negocios cercanos dieron cuenta de la ferocidad de los ataques, sin que lleguen a justificar la reacción desproporcionada e inhumana de no pocos agentes policiacos que dispararon a discreción balas de goma y gases lacrimógenos que sirvieron de proyectiles potencialmente letales contra los ciudadanos manifestantes. El caos y la desesperación fueron las coordenadas de una toma de posesión ofensiva por los excesos en las medidas de seguridad desplegadas desde días antes y por el aparato represivo desplegado dentro y fuera del recinto oficial.

A juzgar por los preparativos, la ceremonia podía llegar a ser una especie de trampa siniestra para ciudadanos inconformes, lo que se vio más que cumplido al aparecer una turba de vándalos con prendas rojas a quienes la policía dejó pasar sin problemas y cuyo origen, según  versiones de testigos, es porril. El Movimiento Popular Francisco Villa y Antorcha Campesina son los nombres que se manejan como los protagonistas de los desórdenes y daños patrimoniales perpetrados. Su origen: el estado de México.

Las labores de provocación violenta y de siembra de dudas y sospechas contra el adversario son tácticas recurrentes de la clase política ligada al PRI en los tiempos del neoliberalismo nopalero, por lo que no se debe descartar la posibilidad de que la aparente irracionalidad de los ataques pudo haber sido producto de un plan con el objetivo de justificar la represión y afectar la imagen de los manifestantes contra la imposición de Peña Nieto en la presidencia.

Cabe recordar que actos vandálicos parecidos, aunque no tan intensos, se han escenificado en otras marchas ciudadanas, como las conmemorativas del 2 de octubre, entre otras convocadas por organizaciones civiles progresistas y democráticas de oposición a los gobiernos neoliberales. Los provocadores han venido de las filas de la derecha prianista en el poder y han actuado con la certeza de la impunidad.

La indignación nacional no va a cesar con los ataques a su credibilidad ya que solamente se incrementa y justifica. El atacar a ciudadanos indefensos no puede ni debe ser la táctica del gobierno ni de los organismos políticos a su servicio, como tampoco debe ser la forma de defensa de las ideas o programas que promueve. De ser así, la intimidación, infiltración y represión terminan sustituyendo al diálogo, la confrontación de las ideas y la construcción de acuerdos y consensos, con lo que la práctica política de la democracia desaparece cuando no se prostituye.

Lamentablemente, vivimos en un país donde las formas democráticas son negadas en la comisión el fraude electoral y la compra de votos; donde la violencia se ha convertido en la práctica común del gobierno y en el eje central de la política contra la criminalidad, dejando una larga cauda de “daños colaterales” que nos horrorizan, mientras que para los observadores de Washington se antojan exitosos porque generan pingues ganancias para el negocio de la venta de armamento y asesorías especializadas en infiltrar gobiernos y liquidar activos nacionales.

La transición ocurrida solamente sugiere un cambio de siglas, matices y formas, pero nada que suponga cambios de fondo en la economía nacional y que garanticen el cumplimiento del artículo 25 constitucional sino al contrario, porque se cede espacio a los intereses trasnacionales y la política económica termina diseñándose en el extranjero.

La política entreguista y desnacionalizante de los gobiernos neoliberales mexicanos no permite suponer otra cosa más que el reforzamiento de nuestra dependencia, cuestión promovida por el gobierno de Salinas de Gortari y profundizada en la docena trágica del panismo en el poder. Ahora tenemos instalado otro gobierno de filiación salinista.

En este contexto, la lucha de la oposición democrática y nacionalista habrá de seguir y ninguna maniobra de infiltración y provocación logrará disuadirla de cejar en su empeño de recuperar la república e instalar un gobierno digno de ese nombre. Mientras tanto, la transición es de matices y no de principios y valores, en una continuidad enervante y lamentable. Si lo duda, ¡al tiempo!

De educación y civilidad

Como se sabe, el gobierno de la república ha tratado, por todos los medios a su alcance, de sepultar bajo una montaña de consideraciones burocráticas de corte eficientista un hecho histórico central para la vida institucional mexicana: la revolución de 1910-17 y sus consecuencias económicas, políticas y sociales.

La derecha parece ser selectiva con las fechas a eliminar, eligiendo aquellas que ponen en serios aprietos su discurso entreguista a Estados Unidos y la idea de que la pérdida de soberanía es simplemente una ventana de oportunidades de negocios con quienes tienen dinero para invertir, pocos escrúpulos para hacerlo y alta capacidad destructiva para movilizar fuerzas que eliminen adversarios. Así las cosas, tenemos un gobierno pusilánime y alcahuete del prostíbulo de puertas abiertas que se ha dado en llamar libre comercio entre desiguales, inaugurado por Salinas de Gortari mediante la firma apresurada del Tratado de Libre Comercio y la no menos apresurada incorporación a la órbita de los intereses estratégicos de EEUU en Latinoamérica, mediante la militarización de la seguridad pública y el paso franco a la operación de sus agencias en territorio nacional.

La vida civil mexicana se encuentra atada a las conveniencias del Departamento de Estado y la investigación y persecución de delitos se mastica en inglés y se digiere en español con las deficiencias propias de un modelo estandarizado que no reconoce las diferencias digestivas del organismo social en que se aplica. En este sentido, somos una sociedad indigesta por estar sometida a una dieta rigurosa de ineptitud e irresponsabilidad, que ha cobrado víctimas por decenas de miles por sudar calenturas ajenas, lo que no concluirá con el sexenio sino que amenaza continuar con su labor destructiva después del 1 de diciembre.

Mientras las instituciones políticas caen en picada al fondo del sótano económico donde nos encontramos, la educación corre en línea paralela con la debacle social. En este rubro también el discurso triunfalista y esperanzador del gobierno se pierde en las trivialidades de una modernidad prestada y sin fundamentos nacionales que nos convierte en colonia de empresas trasnacionales y en campo de pruebas del imperialismo económico y militar de Estados Unidos, por lo que el modelo educativo que se decreta ni permite el crecimiento económico ni el desarrollo social, y sí una convicción morbosa de dependencia hacia otra política y otros intereses. El resultado es palpable, porque en el nivel básico se chatarriza la formación para que el nivel superior decrezca en calidad y pertinencia, obligando al estudiante a realizar estudios de postgrado que intentan enmendar las fallas y debilidades de la licenciatura.

Tenemos como resultado una educación enferma de raquitismo crónico, un profesorado atento a la cosecha de puntos meritocráticos que huelen a simulación y autocomplacencia, una calidad formativa que apunta hacia el discurso y la práctica del engaño y la corrupción, al trivializarse los aspectos sociales del ejercicio profesional, ahora changarrificado por una ideología inmediatista e intrascendente por su acento en el logro económico como forma de realización personal “haiga sido como haiga sido” (Calderón dixit).

Si en la docencia es patética la situación, en materia de investigación no se puede decir otra cosa que difiera radicalmente. Muchos investigadores se convierten en expertos en el llenado de formatos institucionales en procura de apoyos financieros, se ven obligados a abandonar el laboratorio y el cubículo para lanzarse a la calle en pos del recurso necesario para pagar los costos del proyecto en curso: “Si no salgo a buscar, ¿quién pagará a los becarios?” Tocan puertas y venden imagen, resultados y aplicaciones al postor mejor dispuesto a comprar; sacrifican principios y acallan conciencias; dejan embarrada la dignidad en las antesalas y en las oficinas públicas; maquillan resultados en aras de acatar la demanda del patrocinador; hacen trajes a la medida del gobierno en turno mediante asesorías o presentación de proyectos, visten de galas académicas las decisiones ya tomadas y ven como negocio el esfuerzo que huye de la academia y cae en la sordidez de los sótanos de la política y los negocios.

El investigador promedio actual, obligado por la mercantilización institucional a la renuncia de la dignidad y el compromiso con la verdad, termina aceptando el papel de fichera académica en el prostíbulo de los apoyos y reconocimientos neoliberal. Así, el proyecto, la asesoría o la propuesta de cortar y pegar, como las horas de antesala y de negociación con los funcionarios constituyen su actividad primordial, y la búsqueda de la verdad, el afán de investigar como forma de mejorar el mundo en que vivimos queda en el pasado de sus años pre-doctorales.

Los mismos sistemas de estímulos a la carrera docente y de apoyos a la investigación perfilan y propician el carácter simulador y prostibulario del ejercicio indagatorio, donde predomina la forma y no el contenido porque el logro se mide por la cartera de clientes y los depósitos bancarios y no por el impacto social transformador de los hallazgos. Aquí, la labor investigativa acorta su distancia y se confunde con los azares de la vida galante, dependiente de las exigencias, generosidad y asiduidad de sus usuarios. El científico inadvertidamente se convierte en mercenario y sus productos adquieren calidad mercadotécnica, simplemente justificadora de decisiones gubernamentales o de conveniencias privadas.

El deterioro de la docencia y la mercantilización de la investigación son las coordenadas ideales de la dependencia y el atraso académico, económico y político, que hacen en los hechos que el país siga siendo una colonia. Lo anterior explica la creciente presencia extranjera en los asuntos internos del país y el escaso interés del gobierno en apoyar tanto a la educación como al desarrollo científico. También explica la escasa civilidad con que se conducen los asuntos públicos y los privados.

Los nuevos arreglos

Fue horrible. Las imágenes pasan de la infamia a la enervante sensación de que apenas estamos en el principio de una pesadilla laboral de proporciones inéditas. Usted lo vio: el supervisor coreano de la maquiladora se abalanzó contra el empleado mexicano y le propinó una patada, para insistir luego en el ataque, que no fue respondido. La prudencia nacional contrasta fuertemente con la prepotente agresividad extranjera.


Se siente el corazón estrujado ante la vileza del coreano, que hace gala del desprecio que la mayoría de los extranjeros sienten por la fuerza de trabajo mexicana, que hace posible que sus empresas funcionen a bajo costo y con alta eficiencia. Somos un país condenado a la explotación foránea de los recursos naturales, de la fuerza de trabajo, de las ventajas de exportación, de los aranceles bajos, de las extensiones de impuestos y del olvido gubernamental a la hora de cobrar impuestos, los que se pueden devolver por aquello de premiar al causante cumplido.

Nos complacemos en obsequiar nuestra energía laboral al extranjero, por querer llamar a la inversión y generar empleo; sin embargo, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en condiciones porfirianas de trabajo semi-forzado, la baratura de los salarios y la ausencia de garantías laborales son, a juicio del gobierno, las mejores cartas a jugar para fortalecer la economía e impulsar el libre comercio.

Las reformas que exigen los organismos financieros internacionales y el ominoso Consenso de Washington, permiten regresar el reloj de la historia laboral mexicana al siglo XIX, donde tener trabajo era cosa de someterse al despotismo y la explotación de los patrones, con al aval del gobierno que privilegiaba los intereses extranjeros en vez de los propios. Tal situación fue lo que encendió la mecha de la huelga de Cananea y una de las páginas más luminosas de la lucha por los derechos de los trabajadores y de la Revolución. Pero nosotros, los mexicanos del siglo XXI, parecemos empeñados en regresar a los tiempos de la dependencia exagerada del capital extranjero para mover la economía y generar empleo. En estas condiciones, el ingreso deberá ser por fuerza precario, sujeto a eventualidades, sin derechos adquiridos y sin cobertura social para el trabajador y sus dependientes.

Los políticos neoliberales están empeñados en convencernos de que son “las reformas que el país necesita” en su marco laboral, por aquello de la “competitividad”. Lamentablemente, este concepto se traduce en una precarización del empleo, la ausencia de garantías para el trabajador y de obligaciones para el patrón. Una nueva esclavitud l servicio de un sistema económico que ya ha demostrado de manera suficiente el fracaso de sus supuestos básicos, la descarnada explotación laboral que requiere para funcionar, la obscena acumulación desigual sectorial del ingreso que conlleva y la deshumanizada hipocresía que impone a sus defensores.

Tanto el PRI como el PAN son reos del delito de complicidad con el sistema económico mundial en su etapa depredadora más salvaje. En ese carácter, hace el trabajo sucio al imperialismo gringo a través de su poder de decisión en el Poder Legislativo nacional, ahora al servicio de los intereses de las trasnacionales, ya sin competencia real en el empresariado mexicano sumido en una incompetencia asombrosa, con vocación adquirida de simples gerentes de maquiladora, de gatilleros camerales de las trasnacionales.

Al empresariado venal e incompetente, se le añade un gobierno apátrida y anodino que funciona por inercia, sin empuje nacionalista, sin compromiso patriótico, en aras de quedar bien con “los inversionistas que generan empleo”, aunque a costa de la economía y la seguridad nacional. La dupla perversa que rige la economía nacional a nombre del extranjero desde luego que trata de legalizar la explotación laboral, de ahí la urgencia, el trato preferente, a una iniciativa que huele a traición al pueblo de México: la reforma laboral calderonista, ahora adoptada por Peña Nieto, el futuro protagonista del segundo espuriato nacional.

En estas condiciones, debe haber un nuevo arreglo entre los trabajadores, entre las fuerzas sociales que aun aspiran a un México libre y próspero, incluyente y con justicia para todos. Un arreglo que tienda a rescatar lo esencial de las luchas del pueblo mexicano a lo largo de su historia, que se oponga a cualquier forma de explotación, de indignidad en el trato a los trabajadores, que diluya las diferencias y que resalte las afinidades de las diversas facciones y que logre unificar a todos en un solo gran movimiento nacional por el rescate de la República y contra la injerencia imperialista en nuestros asuntos.

Los nuevos arreglos entre las fuerzas sociales y políticas deben ser enfocados al bien nacional, no individual o de grupo; deben ser generosos y absolutamente entregados a la tarea de reconstrucción nacional, sin egoísmos ni sectarismos. Deben abandonar los protagonismos individualistas y convertirse en engranajes de la gran maquinaria política y social nacional que trabaja para el futuro transformando el presente. La unión de las fuerzas es, hoy, un acto de legítima defensa.

Renglones torcidos de la UNISON

El lunes 29 de octubre es la fecha programada para la manifestación que promueve el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), a partir de las 09:00 horas frente al edificio principal de la Máxima Casa de Estudios, en el marco de la XLIII asamblea ordinaria de ANUIES.


Al parecer la autoridad administrativa de esta casa se ha adelantado a las medidas represivas y restrictivas de la vida sindical que promete la reforma neoliberal caldero-peñanetiana y sienta precedente en la violación de los derechos laborales al eliminar de un plumazo un mes en la antigüedad de los académicos, ya que el mes de huelga no fue computado.

La administración ha llegado a extremos insólitos al confundir la magnesia con la gimnasia en una obvia y espeluznante maniobra de represión laboral que sienta precedentes indeseables para la buena marcha de la institución. Usted dirá si es lógico descontar un mes de antigüedad si la propia Constitución consagra el derecho a huelga y la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones para su legalidad. En este caso, lo que está haciendo la administración de Heriberto Grijalva es violar la ley al desconocer el derecho que asiste a los académicos y afectar su antigüedad.

Es patético el papel de la administración al borrar por capricho, ya que no tiene sustento legal, un período de tiempo laboral que se computa para efectos de la jubilación y el reconocimiento que la propia institución se complace en otorgar el día del maestro de cada año. Si no fuera cierto, sería una broma de mal gusto que envilece el rectorado que, por fortuna, está en vías de concluir.

Otro renglón torcido de la institución universitaria es la adecuación a los planes de estudio en la que está empeñada con ánimos más burocráticos que académicos y para la que se han creado comisiones exprofeso nombradas por las direcciones divisionales respectivas. Al parecer, el problema de fondo es adecuar los planes de estudio de acuerdo al enfoque de competencias y para que se parezcan en todo lo posible a la visión curricular de los organismos acreditadores y evaluadores externos.

Resulta extraño que una institución que se dice autónoma no sea capaz de adecuar sus curricula de acuerdo a su propia idea de la excelencia académica y pertinencia social. No menos extraño es la obsequiosa actitud de quienes la dirigen para plegarse a las instrucciones que emanan de la autoridad gubernamental que sea, como si el presupuesto universitario no fuera un derecho ganado y reconocido por el Estado que lo obliga a satisfacer las demandas de crecimiento y mejora de la institución educativa, bajo la certeza de que el mejoramiento universitario redunda en beneficio de las expectativas de progreso y bienestar de Sonora y el país.

Queda claro que entre más incompetente sea una administración, más es propensa a cometer errores y omisiones que rayan en la cesión de autonomía y la sujeción innecesaria y gratuita a los intereses de instancias ajenas y muchas veces opuestas al cumplimiento leal y puntual de las altas funciones universitarias.

Hoy, los trabajadores universitarios enfrentan los pujos fascistoides de una administración que más parece depender de las autoridades estatales o de negocios privados como lo es Ceneval, que de la propia ley orgánica y de su propia conciencia universitaria. Se tiene el caso de una administración que dejó de estar al servicio de la Universidad para cumplir con los triviales propósitos de los gobiernos neoliberales que en el plano federal y estatal se empeñan en arruinar y vulgarizar la economía y la política nacionales, entregándola a las trasnacionales y destruyendo las posibilidades de actuar con apego a la soberanía nacional y estatal. Lo anterior permite suponer que la idea de Universidad como conciencia crítica de la sociedad no pasa por las estrecheces mentales e ideológicas de la administración actual.

La ley vigente, ignora a la comunidad universitaria e ignora la riqueza intelectual y capacidad de sus académicos. Es una institución que agrede y desprecia a sus trabajadores; si no fuera así, se hubiera tomado en cuenta en primer lugar a las academias para ver la necesidad y la conveniencia de cualquier tipo de reforma curricular, y sin embargo, no lo hizo. Se prefirió la vía burocrática, la verticalidad burocrática, el establecimiento de plazos fatales, la coacción autoritaria que pasa por alto la lógica de los programas académicos y recurre a la sebosa indiferencia de una autoridad que actúa de manera servil con el exterior y de manera prepotente y grosera hacia su propia comunidad.

Si se ha optado por la vía de la represión solapada que adquiere la forma de eliminar antigüedad laboral a quienes ejercen sus derechos constitucionales, ¿se borrará también el día lunes de la manifestación frente a rectoría de su historial laboral?

Ser peatón en Hermosillo

Recientemente algunos sectores universitarios se quejaron de la total desprotección que sufre el transeúnte hermosillense en los alrededores de la Universidad de Sonora. Me di a la tarea de observar in situ este tema y situé mi puesto de observación en el cruce de Luis Encinas y Rosales, a la sombra del edificio del Museo y Biblioteca y lo primero que se me vino a la cabeza fue la pregunta: ¿por qué algunos automovilistas dan vuelta a la derecha desde la esquina y no siguiendo la desviación que se diseñó para estos efectos, cuando los conductores circulan de poniente a oriente y se dirigen al sur por la calle Rosales?

En este cruce existe un muy visible paso peatonal marcado con franjas amarillas, de acuerdo con los criterios internacionales de señalización que, se supone, los automovilistas conocen y deben respetar, ya que de ello depende la vida de los viandantes.

El ciudadano de a pie espera pacientemente en el cruce su oportunidad de pasar al otro lado de la calle, sea en la isleta triangular entre la plaza Zubeldía y el Museo, o en las esquinas de estos dos puntos de referencia, al cambio de luz en el semáforo que les permita seguir su camino, con la certeza de que los automovilistas que circulan de norte a sur deben hacer alto. Tal cosa no necesariamente ocurre.

Invito al agudo lector a situarse un día en ese punto neurálgico de la capital de Sonora para que vea con sus propios ojos la irracionalidad de muchos automovilistas y su falta de respeto hacia la integridad física y emocional del peatón que, confiado, cruza por la esquina y va por la línea trazada en el pavimento cumpliendo con las disposiciones de la autoridad municipal. Verá que mientras hay peatones que se apegan a las reglas, hay bestias peludas (o depiladas) que ignoran para qué sirven los cruces peatonales y las áreas que en forma de isletas triangulares se encuentran en las vialidades, lo cual constituye un auténtico peligro. Los accidentes resultantes deben ser atribuidos a la estupidez motorizada y la falta de consideración hacia los ciudadanos de a pie, quienes ven seriamente afectado su derecho al cruce seguro, en ocasiones de manera irreparable.

Lo más triste del caso es que durante mi observación en el terreno pude enterarme de que 9 de cada 10 automovilistas que no toman la desviación hacia el sur y que dan vuelta en la esquina afectando el paso peatonal de quienes transitan a pie entre el Museo y la Universidad, son mujeres. Asimismo, pude ver que es muy raro el automovilista que detiene la marcha y da el paso a los peatones que intentan cruzar de la isleta a la plaza Zubeldía y viceversa.

También en el cruce de Pino Suárez y Luis Encinas, la franja peatonal es frecuentemente invadida por los carros que hacen alto, con lo que se impide el paso a los peatones que cruzan, obligándolos a aproximarse a la zona donde circulan los vehículos. Aquí los conductores irrespetuosos parecen ignorar la existencia de las franjas amarillas que van de una esquina a otra y a los mismos viandantes que intentan cruzar cuando el semáforo así lo indica.

Ser peatón en Hermosillo y, particularmente, en las cercanías de la Universidad de Sonora es, por decir lo menos, una especie de deporte extremo que se practica todos los días, en este caso mayoritariamente por estudiantes de diversos niveles educativos y por trabajadores universitarios. Al parecer, no ha surtido efecto los avisos fijados en los postes de las inmediaciones, ya que los automovilistas siguen ignorando las más elementales normas de cortesía ciudadana y el derecho que asiste a los peatones de cruzar la calle con seguridad.

Se requiere de un esfuerzo extraordinario por parte de las autoridades competentes para que vigilen y hagan sentir su presencia en los lugares conflictivos, no sólo mediante la colocación de cámaras de vigilancia sino mediante la asignación de personal de tránsito que, en efecto, se comprometa a evitar accidentes y poner orden en una vialidad altamente sensible y problemática. Esperemos que así sea.

Otra vez, el otoño

El cambio de estación implica un esfuerzo de adecuación de los habitantes de estas arideces geográficas y conceptuales. La atonía consume los restos del sudor acumulado durante las largas jornadas de julio y agosto y, finalmente, cancelamos toda esperanza en el dantesco agujero en el que se encuentra, postrada y agónica, nuestra democracia. Sabemos que somos ciudadanos, pero la duda es grande cuando se tocan aspectos tales como el de la plenitud de derechos que, se supone, son inherentes a la calidad de mexicano.

Nadie puede dejar de sentir esa fea sensación de estar abandonado a su suerte, sabiendo que ésta es mala, negra, horripilante y espantable. Las elecciones pasaron cual ventarrón que insiste en soplar en un solo lugar, a una sola gente, como si la redundancia fuera el destino: el ciudadano que vota es un ser que tiende a la minusvalía factual, aunque alguien le cuelgue la medallita de bien portado aunque así ignorado. La certidumbre de que las televisoras son las que mandan invita a apagar el televisor, aunque al final, la inercia llame a sentarse con botanas y bebidas a ver el partido de fútbol, protestando entre comerciales por los fraudes y ninguneos que los hacedores de milagros mediáticos.

Quien dice que no vale la pena votar, en forma inconsciente avala el ocultamiento de la pestilencia política mediante el desodorante de la abstención. En cambio, quien defiende el derecho y la obligación de participar cívicamente en los procesos electorales, pone el dedo en el renglón que debemos enderezar y que se ha torcido gracias a la apatía ciudadana y a los llamados poderes fácticos, que son las excrecencias del sistema corrupto y agónico que nos atosiga. Señalar los defectos y los horrores del sistema es, cívica y políticamente, un imperativo categórico.

Considerando los últimos acontecimientos, podemos afirmar que México es el lugar donde un rayo puede caer dos veces seguidas sin que cause asombro, dado el muy cultivado sentido de la fatalidad que adorna nuestra idiosincrasia. Así, el contrasentido de impulsar una reforma laboral cuando lo correcto era aplicar la ley vigente, apenas puede superar el absurdo de una democracia que admite la compra de votos y los gastos sin límite, ampliamente adobada por corruptelas y trapacerías; así las cosas, somos un pueblo con arraigadas costumbres antidemocráticas y con síndrome de Estocolmo.

Lo curioso de este asunto es que las fuerzas más favorecidas, tanto por la elección presidencial como por la reforma laboral, se revelan como perseguidoras de cada vez más prerrogativas que en nada se relacionan con el interés nacional, y sí con los del extranjero. En este sentido, la oposición a ellas es un acto de legítima defensa del patrimonio nacional y familiar. A estas alturas, es improbable que alguien pueda negar la crisis de credibilidad en la que se han sumido las instituciones nacionales, particularmente las electorales, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo federal.

Aquí, como en España, entre otros pueblos azotados por el neoliberalismo, no falta quién llame a la unidad nacional, como una forma chapucera de aplacar los ánimos oposicionistas, ignorando que los llamados a la unidad sólo proceden cuando el interés supremo de la nación está en juego, y no los mezquinos y deleznables de los sectores oligárquicos y sus representantes legislativos.

El otoño no debe ser una estación para enfriar los ánimos, sino una etapa de calentamiento para las luchas que se habrán de librar en diciembre y los meses por venir. Ocurre que somos un pueblo en tránsito hacia sus grandes definiciones, en busca del ideal de país democrático, progresista y libre. Insisto: el otoño también es un buen tiempo para ver hacia el sur y compartir sus luchas por una Latinoamérica unida, independiente y próspera. Así sea.