Conspiración en Pémex

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domingo, 2 de diciembre de 2012

Transición

Algunos lo celebran, mientras que otros lo deploran. El 1º de diciembre marcó el inicio de un segundo espuriato nacional producto del desaseo electoral que nos agobia. Por otra parte, la toma de posesión de EPN en medio de las dudas y sospechas, evidencias y pistas de una elección comprada, ha resultado una maniobra más de descrédito a la oposición de izquierda nacionalista e independiente.

A estas alturas, nadie puede ignorar que los actos vandálicos en las inmediaciones de San Lázaro fueron obra de grupos pandilleros cuya misión era provocar el desorden y enturbiar la protesta ciudadana pacífica que estaba programada y en la que participaron los chicos del Yosoy132, los profesores afiliados a la CNTE, Morena y contingentes de ciudadanos preocupados por la democracia en México.

Las ventanas y fachadas de los negocios cercanos dieron cuenta de la ferocidad de los ataques, sin que lleguen a justificar la reacción desproporcionada e inhumana de no pocos agentes policiacos que dispararon a discreción balas de goma y gases lacrimógenos que sirvieron de proyectiles potencialmente letales contra los ciudadanos manifestantes. El caos y la desesperación fueron las coordenadas de una toma de posesión ofensiva por los excesos en las medidas de seguridad desplegadas desde días antes y por el aparato represivo desplegado dentro y fuera del recinto oficial.

A juzgar por los preparativos, la ceremonia podía llegar a ser una especie de trampa siniestra para ciudadanos inconformes, lo que se vio más que cumplido al aparecer una turba de vándalos con prendas rojas a quienes la policía dejó pasar sin problemas y cuyo origen, según  versiones de testigos, es porril. El Movimiento Popular Francisco Villa y Antorcha Campesina son los nombres que se manejan como los protagonistas de los desórdenes y daños patrimoniales perpetrados. Su origen: el estado de México.

Las labores de provocación violenta y de siembra de dudas y sospechas contra el adversario son tácticas recurrentes de la clase política ligada al PRI en los tiempos del neoliberalismo nopalero, por lo que no se debe descartar la posibilidad de que la aparente irracionalidad de los ataques pudo haber sido producto de un plan con el objetivo de justificar la represión y afectar la imagen de los manifestantes contra la imposición de Peña Nieto en la presidencia.

Cabe recordar que actos vandálicos parecidos, aunque no tan intensos, se han escenificado en otras marchas ciudadanas, como las conmemorativas del 2 de octubre, entre otras convocadas por organizaciones civiles progresistas y democráticas de oposición a los gobiernos neoliberales. Los provocadores han venido de las filas de la derecha prianista en el poder y han actuado con la certeza de la impunidad.

La indignación nacional no va a cesar con los ataques a su credibilidad ya que solamente se incrementa y justifica. El atacar a ciudadanos indefensos no puede ni debe ser la táctica del gobierno ni de los organismos políticos a su servicio, como tampoco debe ser la forma de defensa de las ideas o programas que promueve. De ser así, la intimidación, infiltración y represión terminan sustituyendo al diálogo, la confrontación de las ideas y la construcción de acuerdos y consensos, con lo que la práctica política de la democracia desaparece cuando no se prostituye.

Lamentablemente, vivimos en un país donde las formas democráticas son negadas en la comisión el fraude electoral y la compra de votos; donde la violencia se ha convertido en la práctica común del gobierno y en el eje central de la política contra la criminalidad, dejando una larga cauda de “daños colaterales” que nos horrorizan, mientras que para los observadores de Washington se antojan exitosos porque generan pingues ganancias para el negocio de la venta de armamento y asesorías especializadas en infiltrar gobiernos y liquidar activos nacionales.

La transición ocurrida solamente sugiere un cambio de siglas, matices y formas, pero nada que suponga cambios de fondo en la economía nacional y que garanticen el cumplimiento del artículo 25 constitucional sino al contrario, porque se cede espacio a los intereses trasnacionales y la política económica termina diseñándose en el extranjero.

La política entreguista y desnacionalizante de los gobiernos neoliberales mexicanos no permite suponer otra cosa más que el reforzamiento de nuestra dependencia, cuestión promovida por el gobierno de Salinas de Gortari y profundizada en la docena trágica del panismo en el poder. Ahora tenemos instalado otro gobierno de filiación salinista.

En este contexto, la lucha de la oposición democrática y nacionalista habrá de seguir y ninguna maniobra de infiltración y provocación logrará disuadirla de cejar en su empeño de recuperar la república e instalar un gobierno digno de ese nombre. Mientras tanto, la transición es de matices y no de principios y valores, en una continuidad enervante y lamentable. Si lo duda, ¡al tiempo!

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