El razonamiento parece ser tan lógico como aquel que se atribuye a la emperatriz Carlota, la que enloqueció de amor tras el apoyo fallido de Bonaparte al trágico Maximiliano: Si no hay pan para los pobres, pues que coman pasteles. En nuestro México del aquí y ahora, Calderón, el habitante de Los Pinos, en un despliegue de insignificancia magnífica decreta que los pobres deben ahorrar, para lo cual decide aumentar los impuestos y, en vez del fatídico 15 por ciento del IVA que deja fuera alimentos y medicinas, agrega el 2 por ciento generalizado al consumo. Lo que no pega por un lado, pega por otro. El argumento es el siguiente: se trata de generar ahorros que servirán para apoyar a los pobres. El impuesto de marras hará posible dar de comer con alrededor de 20 pesos diarios a los pobres que no tengan acceso al alimento.
El cobro de impuestos a los pobres para combatir la pobreza es algo que merece figurar dentro de los retos del libro Guinness. Según esto, los pobres que no tienen para comprar pan, lo tendrán para pasteles con la generosa devolución virtual que impulsa el minimato, así que el impuesto resuelve el problema de una sobredosis de carbohidratos y evita con esto una serie de padecimientos ligados a la ingesta de alimentos que aún figuran en la canasta familiar. Se ve claro que la salud es prioridad en el gobierno de la república, ya que en el caso de los empresarios clase mundial, el pago del ISR no afectará los privilegios y excepciones de que goza la burguesía de guarache, con lo que los regímenes de excepción permanecerán incólumes y la amenaza solo será aquella que emane de las posibles conquistas sindicales que logren mantenerse en pie.
La cúpula panista insiste en las bondades de un régimen alimenticio con pocas variables, ya que los trabajadores pueden cometer excesos y alguien debe poner orden en las cocinas proletarias. Bravo Mena, Gustavo Madero y otros consideran insensato no discutir la propuesta salvadora que llevará recursos del más puro asistencialismo privado a los hogares que resulten agraciados en la lotería del amor y la compasión institucional que se promueve, por lo que los habilidosos negociantes del poder legislativo que exhiben colores que recuerdan vagamente la pertenencia a tal o cual partido, se aprestan a “analizar” detalladamente la buena nueva del adelgazamiento de los causantes cautivos y la tranquilidad de los especuladores, los empresarios trasnacionales, los monopolios privados y los evasores naturales que en sus ratos de ocio reciben la devolución de los impuestos que llegan a pagar como parte del juego de Juan Pirulero en que se ha convertido la hacienda pública nacional.
Los causantes cautivos que son los que reciben pagos por la vía de la nómina semanal o quincenal, los pequeños y medianos empresarios que pagan sus impuestos con puntualidad son los que figuran como los blancos perfectos para los cañonazos hacendarios, bajo la sospecha de que pueden pagar más, incluso a costa del secreto bancario ya que se plantea hurgar en las cuentas hasta lograr la cobertura de los impuestos evadidos. La labor policiaca abarca una gama cada vez más amplia y pasa a la economía.
Los afanes recaudatorios han perdido de vista que lo necesario es incentivar la inversión productiva, generar empleo y proteger el ingreso, así como dar equidad y generalidad al pago de impuestos, como lo establece el artículo 31 fracción segunda de la Constitución. Lo anterior supondría la eliminación de los regímenes de excepción en el pago del ISR y la exigencia del pago de impuestos a las utilidades del capital y otras que son producto de la especulación. Pero no. La carga va contra el ciudadano de ingresos medios a bajos, dejando fuera a los ricos y súper-ricos.
Lo absurdo del asunto es que las medidas anunciadas tiene efectos contrarios a los que proclama el gobierno: al pasar el ISR del 28 al 30 por ciento y el IVA del 15 al 17 por ciento, el aumento de los impuestos reduce las posibilidades de consumo frente al encarecimiento de los bienes y servicios, lo que redunda en una baja de la actividad económica al reducirse en términos reales la demanda. El encarecimiento genera un repunte inflacionario que puede estar entre los dos y tres puntos porcentuales, lo que haría subir las tasas de interés y, en conjunto, agravaría el problema de liquidez en el sistema. La economía terminaría por quedar tirada en la lona y todos chuparíamos faros.
Como respuesta el desempleo galoparía triunfante al generarse oleadas de despidos por resultar oneroso para las empresas mantener sus plantillas de personal intactas frente a la baja de actividad económica, lo cual daría por resultado un repunte en la inseguridad pública al aumentar la criminalidad y, en los hogares, tal situación permitiría elevar la tasa de divorcios o dejar una estela de familias disfuncionales que marcarían con hierro al rojo vivo la generación que aun depende del ingreso familiar para vivir.
Como usted lo puede suponer, la deserción escolar se dispararía por insolvencia familiar y el horno estaría para los bollos de cualquier exceso. ¿Será tan razonable la propuesta del señor Calderón? ¿Tendrá sentido para la oposición ponerse a negociar el colapso de la sociedad y las instituciones? ¿Sabrá el panismo organizado a qué le tira con este apoyo automático y sin tapujos a un verdadero robo en despoblado?
No hay comentarios:
Publicar un comentario