Conspiración en Pémex

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martes, 26 de mayo de 2009

Autismo social

La Ley Federal del Trabajo contempla el derecho de huelga y prohíbe que por cualquier medio sea coartado, toda vez que lo considera un mecanismo de defensa de los trabajadores mediante el cual se manifiesta una protesta o un reclamo. La legalidad de la huelga es indiscutible y se sujeta a las condiciones que la propia ley establece.

Si la huelga que actualmente mantiene paralizada parcialmente (porque se realizan inscripciones y la institución sigue participando en actividades deportivas y demás) a la Universidad de Sonora es legal, ¿cuál es la idea que anima al Gobierno del Estado, a través de la dirección del Cobach, para generar las condiciones materiales para el rompimiento de la huelga? ¿Nada ni nadie por encima de la ley?

Los lectores de la prensa local se han dado cuenta que en Medicina, por ejemplo, se dan clases en un templo, ha trascendido que están tomando clases en los hospitales Cima y San José; algunos maestros, por ejemplo de Contabilidad, presionan a sus alumnos a reportar trabajos por internet, en Psicom, Francisco Obregón presiona a los docentes para que den clases virtuales, lo que ha provocado la negativa de muchos. Asimismo, la dirección del STAUS, ha advertido tanto a los docentes como a las autoridades administrativas de la Unison, que permitir actividades académicas el ilegal, además de constituir una salida falsa al conflicto.

El hecho de que Héctor Escárcega Urquijo, director de Servicios Escolares de la Unison, y Eusebio Pillado, director del Sistema Cobach Sonora, hayan acordado el préstamo de espacios para impartir clases en los planteles Reforma y Villa de Seris (seis aulas en cada uno), solamente se puede traducir en que la administración central universitaria y el Gobierno del Estado, han constituido una asociación delictiva para cometer ilícitos laborales, específicamente nulificar en los hechos el derecho constitucional de los trabajadores en huelga.

Tan grave atropello invita a meditar acerca del papel que pretenden representar los miembros del sindicato de maestros que violan un precepto elemental del sindicalismo y son omisos en la solidaridad gremial hacia el sindicato universitario que está en huelga, el STEUS. ¿Será tanta la conciencia de ser empleados títeres de las autoridades y tan escasa la identidad sindical de ellos? ¿No entenderán los que ahora son autoridades menores que primero son académicos y luego aspirantes a seguir recibiendo un complemento administrativo vergonzoso? ¿Qué idea tendrán de la autoridad y del derecho? ¿Sabrán que las acciones en las que participan son ilegales y lesivas a los trabajadores sindicalizados? Cuando dejen el triste puestecito administrativo, dizque de confianza, ¿volverán a asistir a las asambleas sindicales a pedir el apoyo del sindicato para resolver problemas que les afecten? ¿Reclamarán derechos sindicales los que ahora los violan escudados en la peregrina sensación de que son “autoridad”?

Parece razonable señalar a la dirección sindical que aquí están perfectamente configurados actos contrarios al sindicalismo universitario, por otra parte, previstos en los estatutos gremiales. ¿Actuarán en consecuencia?
Mientras esto ocurre, vale la pena repasar cómo le ha ido al sindicalismo sonorense en tiempos del neoliberalismo vacuno. ¿Se ha resuelto la huelga de la Universidad Tecnológica de Hermosillo? ¿La de Cananea? ¿Le encuentra sentido a la situación de los VH? ¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades de Educación, de Economía, dónde ha estado la legalidad, el respeto a los trabajadores? ¿Hay idea de cómo impulsar la economía estatal, más allá de recibir prostibulariamente inversión extranjera que, entre otras cosas, pone en riesgo la soberanía nacional, considerando nuestra situación de estado fronterizo? ¿Ha habido capacidad por parte de la clase empresarial para generar fuentes de trabajo permanentes y con cobertura social?

Lo cierto es que no tenemos elementos para afirmar que las cosas se han hecho bien, o por lo menos conforme a las obligaciones señaladas en la Carta Magna, nacional y local. En la práctica, se violan los derechos de los trabajadores, importa un rábano la educación, no se protege al estudiante apoyando a las instituciones educativas, no se fomenta el empleo, la investigación y el desarrollo, porque se prefiere la salida fácil de las maquiladoras donde no se necesita mucho estudio, donde solamente se trata de tener operarios medianamente capacitados y ya estuvo.

Lo anterior nos hace ser un estado perdedor, sin razón alguna para preocuparse por la “excelencia académica”, sin incentivos para la inversión productiva local o nacional, sin idea del futuro como estado próspero y nación independiente, sin amor a la camiseta salvo aquella diseñada en el exterior e importada sin pago de aranceles. Sonora, así como lo vemos, es un estado llevado entre las patas de los caballos, víctima de una conspiración de la impunidad contra el imperio de la ley, en casi todos los frentes.

La Universidad de Sonora, a través de sus autoridades administrativas, con las acciones recientemente emprendidas, ha demostrado su nula vocación por la legalidad y una inclinación al más ramplón de los pragmatismos, en una especie de autismo social, lo cual dificulta enormemente la posibilidad de un diálogo que permita llegar a acuerdos valederos. ¡Qué pena!

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