Huelga, pero nomás poquita

Por increíble que parezca, la administración universitaria en voz de su representante legal dice reconocer el derecho de huelga de los trabajadores afiliados al STEUS, aunque deploran, lamentan, se enfurruñan y denostan que los mismos tomen las instalaciones donde trabajan y que son de la institución a la que pertenecen, con lo que al parecer postulan una especie de mini-huelga, huelguita o medio-huelga como solución a los males institucionales en temporada de reclamaciones contractuales, so pretexto de “no afectar a los estudiantes”.

La postura simplona de la administración se lee de manera clara: se oponen, rechazan,  lamentan, deploran y se emberrinchan porque los trabajadores están ejerciendo simple y llanamente su derecho a la huelga, consagrado en la Carta Magna de la Nación y en la legislación secundaria relativa a los asuntos laborales y emprenden el camino del chantaje utilizando la figura de los estudiantes. ¿Qué es lo que proponen entonces, si por una parte reconocen este derecho y por la otra pretenden limitarlo o condicionarlo? ¿Se les habrán botado las tuercas, tornillos o la conciencia de que vivimos en un país de leyes? ¿Qué tan seria y congruente puede ser una administración que pone de parapeto a los estudiantes para coartar el derecho inalienable e imprescriptible de los trabajadores de luchar por mejores condiciones de trabajo? ¿Acaso fueron asesorados por la ultraderecha encaramada en los centros de decisión patronales y que están representados políticamente por el PAN, seguido por el PRI y demás partidos neoliberales? ¿Creerán que les hacen un favor a los estudiantes al participar políticamente contra los trabajadores y sus organizaciones dando una lección de despotismo económico y social, además de incongruente ilegalidad? ¿Tendrán idea de las repercusiones políticas que actitudes como la arriba señalada tiene para la paz social e institucional?

Mientras que la administración nos regala esta perla de reducción al absurdo del ejercicio del derecho que asiste a los sindicalistas, más de 40 organizaciones sociales y laborales se apuntan para apoyar a los huelguistas, con lo que el horno de Sonora no está para bollos neoliberales. El ridículo no viene solo si se incluye la declaración del gobernador Padrés en el mismo sentido que la administración: se rasga las vestiduras por la huelga y echa por delante el argumento lacrimógeno de “los estudiantes”. Como expuse en otra entrega, el derecho a la educación subsiste, nadie lo niega, y una vez que termine el conflicto, se podrá continuar con la actividad académica. No entender esta situación tan elemental supone simplemente la negativa a reconocer en la práctica que los trabajadores tienen derechos y que pueden legalmente paralizar las actividades de la institución en la que trabajan.

La postura de las autoridades estatales coincide, se sintoniza, con la del gobierno federal expresada hipócritamente por el vacuo señor secretario Chuayffet, lo cual no extraña por ser el PAN y el PRI caras de la misma moneda neoliberal. Lo que  extraña es la postura del rector universitario que repite el cuento de reconocer pero negar ese derecho. No es posible dejar de preguntarse, ¿en qué momento la Universidad dejó de ser autónoma y pasó a ser un organismo descentralizado cada vez más dependiente de las políticas emanadas de la cloaca neoliberal? ¿Cuándo dejaron las autoridades universitarias de velar por su institución en vez de ser simples engranajes de la maquinaria de la derecha prianista en el poder? ¿A partir de cuándo los trabajadores y su organización dejaron de ser importantes para el logro de los objetivos institucionales? ¿De cuándo a acá los estudiantes son rehenes de políticas que en los hechos les niegan el derecho de una educación de calidad, con sentido social y comprometida con la calidad de vida de los sonorenses y pretexto para golpear a los trabajadores?

Por último, ¿por qué se insiste en que la Universidad de Sonora asuma los usos y costumbres y el trato hacia los trabajadores de las universidades privadas? ¿Cuándo dejó de tener el sentido y raigambre social que antes nos enorgullecía y que vertebraba la mente y el espíritu de sus egresados?

¿Por qué el rector y resto de la administración no se proponen luchar junto con los trabajadores por un mejor presupuesto que permita mejores condiciones de trabajo para los servidores universitarios manuales, administrativos y docentes, con el obvio beneficio para los estudiantes?

¿Quién decide en realidad la política y las relaciones laborales de la Universidad de Sonora? ¿Los propios universitarios o agentes externos cuya función es esencialmente ideológica y de ninguna manera académica?

Las actuales circunstancias sugieren la necesidad no sólo de luchar en el terreno laboral sino también en el debate ideológico y político, empezando por la estructura normativa y el modelo curricular de la institución.

Por lo anterior, cabe preguntarse: ¿Qué queremos? ¿Una universidad que incumpla socialmente al no asumir coherentemente los objetivos de desarrollo integral que la entidad necesita y que se conforme con egresar licenciados o ingenieros sin sustancia, o hacer posible la que pensaron los fundadores de la UNISON en respuesta al anhelo de las familias sonorenses de progreso con justicia social?

El derecho a tener derecho

La exigencia de algunos estudiantes que no saben sobre derechos laborales y luchas sindicales, sobre historia universal y nacional, sobre solidaridad social y calidad de vida, sobre salarios justos y mejores condiciones de vida pueden, y lo hacen, convertirse en arietes que son utilizados por la burocracia estatal y universitaria, pasando por la porra de los partidos de derecha neoporfiriana como el PAN, contra los trabajadores de Sonora. Ahora se da el caso de la Universidad de Sonora, pero igual puede ser en el ramo del transporte, o la salud, entre otros socialmente importantes.

“Quiero mi derecho a estudiar”, dice la pancarta, como si alguien pudiera pensar siquiera que el derecho a la educación se coarta con una huelga. Ha sido voluntad del pueblo mexicano consagrar este derecho y, hasta la fecha, su vigencia sólo se puede afectar, que no nulificar, por la irresponsabilidad de las administraciones federales y estatales al considerar la educación como un gasto y no como una inversión. Los recortes presupuestales y la disminución de recursos a las instituciones de educación superior, los topes salariales y la disminución de la seguridad social, como los ataques sistemáticos a las organizaciones sindicales son, sin duda, mecanismos que afectan ese derecho.

Cualquiera entiende que la suspensión temporal de actividades en las instituciones educativas no inhibe el derecho a estudiar, porque el derecho subsiste y se materializa una vez que se normalizan las actividades. El procedimiento administrativo de las reprogramaciones o ajustes de calendario tienen esta finalidad y la marcha de los semestres o años lectivos sigue su curso.

Quiero suponer que la escandalera histérica de algunos estudiantes ante el proceso de huelga es por ignorancia, por ingenuidad académica que seguramente alguien no tan joven ni tan desinteresado se encarga de promover, en un acto de terrorismo psicológico que nada tiene que ver con la realidad institucional. Por eso los estudiantes no son sujetos implicados en la huelga y sí las autoridades y el sindicato que ejerce ese derecho. Por eso no puede proceder el amparo estudiantil contra la huelga, o contra alguno de los actores reconocidos por la legislación laboral.

En esto que parece farsa y sainete protagonizado por el gobierno y la administración universitaria, se distingue una vez más el argumento deshilachado de la derecha panista: las huelgas son malas y los sindicatos inútiles y reducto de holgazanes. Queda claro que el objetivo es desprestigiar a las organizaciones de trabajadores y nulificar en la práctica el derecho a huelga, así como las exigencias de un trato digno y respetuoso en la mesa de las negociaciones.

Asimismo, cabe notar el acre tufo de la intolerancia y el autoritarismo, que pretende declarar invisibles al derecho y a la consideración social a los sindicalistas universitarios, al manipular información, provocar reacciones de enojo o desesperación entre los trabajadores, difamar y calumniar, satanizar públicamente a quienes solamente luchan por mejores condiciones de trabajo y de vida. No lo lograrán.

Así como hay grupos de estudiantes con mentalidad patronal o víctimas de la desinformación o la manipulación, también los hay convencidos de la necesidad histórica de apoyar la lucha de los trabajadores y ser solidarios con ellos. Seguramente el estudiante que ha logrado verse en un contexto laboral futuro entenderá que lo que ahora presencia es justamente lo que mañana o pasado tendrá que protagonizar. La lucha de los trabajadores presentes es la de los futuros trabajadores. Quienes ahora apoyan la huelga lo que están haciendo es apoyar su esfuerzo futuro por alcanzar mejores niveles de ingreso y calidad de vida.

Quien hoy lucha al lado de los trabajadores da muestras de conciencia social que más delante se convertirá en un sólido cimiento sobre el que se construye la ciudadanía del futuro: libre crítica y solidaria, exigente en el disfrute de sus derechos, celosa en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Esta huelga que ves

Los tambores de guerra se oían sonar desde hacía días y el ambiente se cargaba poco a poco de electricidad, como esperando el rayo y el trueno de lo que hoy es una institución paralizada en sus funciones académicas y administrativas. Algunos dicen que no debió de estallar la huelga en la Universidad de Sonora, otros ven como algo que tenía que suceder a juzgar por los signos y síntomas previos al suceso.

Como si en Sonora no tuviéramos bastante con un gobierno gastador pero al mismo tiempo omiso en sus obligaciones financieras que huele a tomadura de pelo y a chamusquina política, ahora resulta que algunos estudiantes se amparan contra el sindicato que estalló la huelga, aunque, aclaran, no es que estén contra los trabajadores sino que reclaman su derecho a la educación.

Sucede que nadie les regatea ese derecho y su disfrute está claramente entendido entre los sindicalistas que lo reivindican y reconocen la importancia de una buena educación. Nadie excluye a los estudiantes y si hay una lucha es porque la institución universitaria cuente con las mejores condiciones para el cumplimiento de su misión.

Resulta caprichosa y ofensiva para los trabajadores que los usuarios de los servicios que la institución proporciona no se enteren de que hay alguien que los hace posibles. La secretaria, el empleado de intendencia, de mantenimiento, los choferes y el personal de los talleres como la persona encargada de atender y poner al día los expedientes escolares y, sin duda los miembros del personal académico, forman parte de la larga cadena que permite que la idea institucional llegue a la realidad y rinda sus mejores frutos.

Decir que no se está en contra de los trabajadores y al mismo tiempo rechazar sus medios de lucha y su legítimo derecho a manifestar su inconformidad con la política neoliberal que asume la administración es, por lo menos, síntoma de disonancia cognitiva, cuando no un acto quizá inconsciente de apoyo a la administración, tanto la universitaria como la estatal y federal, claramente en contra de los derechos laborales aún vigentes.

Si los trabajadores afiliados al STEUS llevaron a cabo un paro de labores que ocasionó que les fuera descontado el día, lo hicieron en estricto apego a los medios de lucha sindical que permite la ley. En este contexto, el descuento se reduce a una forma económica de represión que tiene, como lo estamos viendo, graves consecuencias políticas por cuanto enrarece el ambiente de la negociación entre las partes y crispa el ánimo de la parte laboral ante lo que se considera un acto de prepotencia y poca disposición al diálogo de la parte patronal.

Se acusa a los trabajadores de “secuestrar” a los estudiantes porque resultan ser el medio de presión tradicional para ablandar a la parte patronal en la negociación, pero ésto con mayor razón  pudiera decirse de la administración estatal y universitaria que se rasgan las vestiduras por los pobres estudiantes que se quedan sin clases. De hecho, el peso de los 30 mil estudiantes recae sobre los lomos de los trabajadores de acuerdo con las consideraciones simplistas de las autoridades, sin que se les ocurra reconocer que también tienen parte de responsabilidad en este problema y que quizá sea la  actitud de las autoridades la que está ocasionando un diálogo de sordos: decir que “no cederemos” ante la presión sindical es tanto como proclamar el coloquial “ahí se la echan”. De ser así, ¿dónde está el ánimo de negociar?, ¿cuál es la disposición a resolver de manera civilizada, política, una situación en la que todos tienen parte? La prensa también debiera enfocar este aspecto.

Los pronunciamientos anti-laborales tanto del gobernador Padrés (responsable del mayor desfondamiento del erario estatal) como del visitante Secretario Emilio Chuayffet, (conocido represor en Acteal), dan cuenta de la ridícula pretensión de hacer invisibles a los trabajadores, ocultándolos tras el telón de los estudiantes sin clases, y haciendo retroceder la historia laboral mexicana al tiempo de Porfirio Díaz.

Aquí la pegunta obligada es, ¿por qué el rector de la Universidad se empeña en aparecer como parte de la cargada contra la clase trabajadora?, ¿tendrán idea los estudiantes de que al oponerse a las acciones propias del ejercicio de los derechos de los trabajadores, avalan la política anti-sindical del régimen?, ¿tiene siquiera idea de que mañana o pasado ellos mismos estarán en la mira de la clase patronal y que seguramente reclamarán el respeto a sus derechos mediante el recurso de paro, huelga u otro tipo de movilizaciones que, por lógica y derecho, ocuparán parte de los horarios laborales de la institución donde trabajen?

Sería deseable que los estudiantes decidieran, en todo caso, apoyar a los trabajadores para acortar el tiempo de solución del conflicto, en un acto de solidaridad con quienes hacen posible que la casa de estudios funcione como merece el pueblo de Sonora. No estaría mal una actitud respetuosa que los pondría a salvo de ser manipulados por las autoridades. Sería, por otra parte, un acto de elemental justicia.

Como si nada

A principios de mes (El Imparcial, 7/02/2014) el Banco de México nos dio la noticia de que el problema mayor en México no es la pobreza, ni las consecuencias del modelo económico que se ha impuesto al país, con su cauda de desempleo, bajos salarios y cada vez más estrecha seguridad social; ni siquiera la inestabilidad financiera internacional o la debilidad del mercado interno y externo, sino la “inseguridad pública”.

Los expertos del banco suponen que las reformas estructurales impulsadas por la presidencia y aprobadas aceleradamente por el Congreso, resuelven el panorama económico y que solamente habría que ver el tema de la inseguridad pública para que el cielo se haga realidad en tierras mexicanas. El paraíso soñado tendría su aterrizaje perfecto una vez que las reformas pudieran funcionar sin tropiezos y molestias derivadas del clima de violencia organizada o desorganizada que se sufre en las calles de cualquier ciudad o núcleo de población mexicano.

Se parte de la convicción de que los cambios constitucionales aprobados a las carreras resolverán los problemas asociados con la falta de competitividad y el libre flujo de recursos naturales, inversión y políticas propicias para los negocios impulsados por las trasnacionales, obrando el milagro de acabar con la idea del nacionalismo y la soberanía que impide políticamente el saqueo por medios modernos de las riquezas mexicanas. Asimismo, las reformas abrirían las puertas a la iniciativa neocolonial que no sólo opera a nivel económico sino que reclama espacios de decisión en los asuntos políticos y legales, habida cuenta que una colonia no tiene política económica y marco normativo propios.

El paraíso prometido cuenta con la ilusionada expectación de los gobiernos que orbitan a Washington y, para tener la plena seguridad de este interés, tenemos las visitas de Obama y funcionarios de su administración, que relanzan la idea imperialista de la “cooperación” como los mecanismos que hagan posible la subordinación del país a los intereses de nuestro vecino del norte.

Quizá la muestra más palpable de subordinación y entrega esté representada por la acelerada captura del narco “Chapo” Guzmán, prófugo desde hace una década y ahora, tras la Cumbre de Toluca donde se renovaron los votos de la subordinación nacional hacia el norte anglosajón, repentinamente es capturado en un “operativo” conjunto que fue operado por la Marina, para efectos de foto y reportaje.

Si bastaron 15 días para cumplir con la solución del supuesto de los expertos del Banco de México referido a la “inseguridad pública” como el principal obstáculo del país tras la aprobación de las “reformas estructurales”, y que preponderantemente apunta hacia la peligrosidad y penetración de los cárteles de la droga y más específicamente al villano de moda que es el llamado “Chapo” Guzmán, entonces la cosa está resuelta y los “inversionistas” petroleros del “fracking” podrán estar tranquilos en sus operaciones de exploración, perforación, extracción y almacenamiento y transporte del gas esquisto o “shale”.

A partir de este providencial suceso, México queda oficialmente dispuesto a emprender la ruta de la anexión por otros medios, dejando en manos de los que “saben cómo” su futuro energético y, de paso, sepultando la embarazosa hazaña cardenista de la expropiación petrolera y la fundación de Petróleos Mexicanos. Sin duda el próximo 18 de marzo tendrá una especial vigilancia por parte de las trasnacionales de la energía, ahora con el control del aparato de seguridad pública (sic)  y el de los medios de comunicación masiva.

A diferencia de Venezuela, los gringos no tienen que patrocinar y tutelar a grupos fascistas a su servicio por que ya cuentan con el gobierno federal, como queda demostrado por el sentido de las reformas que Peña Nieto se apresuró a presentar y hacer que fueran aprobadas por ese cascarón legítimo llamado Poder Legislativo, ahora sin el estorbo de la representación popular que establece la Constitución.

En este contexto, mientras que en México los consumidores de noticias chatarra se horrorizan de las “atrocidades” de un gobierno nacionalista en Venezuela, debidamente desinformados y manipulados por Televisa y TV Azteca, como por CNN y otros medios occidentales bajo el dominio del Departamento de Estado gringo, algunos otros ven el final del Estado nacional y la emergencia del trasnacional. El peligro para la vida y futuro de México es enorme, más sin embargo, la inmensa mayoría de los ciudadanos están y quieren estar como si  nada.

Sin bien es cierto que existen núcleos ciudadanos que van ampliando su poder de convocatoria y mecanismos de lucha pacífica en las calles y las redes sociales, aún queda mucho por hacer si se tiene consciencia de que la lucha es por la sobrevivencia de la república.

El aniversario de la expropiación petrolera está cerca. ¿No crees que es tiempo de salir y manifestar nuestro amor a la Patria y la necesidad de defender nuestro patrimonio? Debemos entender que México está bajo asedio extranjero y que sus enemigos, hoy como en el pasado, también están dentro.

La tentación autoritaria

Cuando un sindicato toma medidas represivas contra sus propios miembros y exige la asistencia de éstos a sus actividades prometiendo sanciones, es tiempo de replantear su existencia, sus métodos y sus principios. La represión y amenaza se explica mejor del lado de los patrones.

La organización sindical represora es propia de un estado autoritario que controla y mediatiza a los sindicatos, convirtiéndolos en instrumentos de control de la clase trabajadora.

En la asamblea del STAUS donde se dieron a conocer los ejes del pliego petitorio de la revisión salarial de 2014, hubo una propuesta que por lo menos llama la atención sobre la vulnerabilidad sindical ante las tentaciones del autoritarismo patronalizante que charrifica a las organizaciones y las hace dejar de tener el sentido social y clasista que les es propio. Un miembro propuso a la asamblea que aprobara sanciones contra los integrantes que no asistieran a marchas, mítines y demás actos sindicales. Incluso se llegó a plantear la necesidad de algún mecanismo que monitoreara o fiscalizara el cumplimiento de esta exigencia en el nivel de las delegaciones para efecto de “descontar un día de salario integrado” a los infractores.

Se llegó a señalar que no era justo que unos pocos estuvieran luchando por una mayoría que no cumple, que no lucha por sus demandas y que “el que quiera azul celeste, que le cueste”. No faltó la alusión a los pensionados y jubilados, que estaban ausentes porque nadie les indicó que la organización sindical requiere de su presencia para luchar por el derecho elemental de una vida digna tras el retiro.

Lo verdaderamente intrigante fue la exigencia de que se votara la propuesta  de las sanciones, poniendo a la asamblea en el poco envidiable papel de verdugo sindical, en un olvido trágico de que la lucha sindical es por los derechos colectivos y no individuales. En la lógica de los nuevos inquisidores, cada quien debe luchar por lo suyo, con lo que la organización sindical carecería de sentido.

¿En qué se puede basar la suposición de que el sindicato es una especie de patrón de los trabajadores con el derecho de descontar días de salario? ¿Qué tipo de facultades administrativas supone que puede ejercer contra los trabajadores? ¿Por qué un sindicalista violenta la solidaridad gremial al, prácticamente, decretar una cláusula de exclusión de derechos a quienes supuestamente infringen el pase de lista con que se charrifica el sindicato?

¿De cuándo acá los trabajadores sindicalizados cambian el objetivo de sus luchas y lo enfocan contra sus propios compañeros? ¿En qué cabeza cabe suponer que la dirigencia o la asamblea general pueden dejar de luchar por los beneficios económicos y sociales que a todos corresponden por derecho? ¿La discrecionalidad en el reconocimiento de derechos será ahora la tónica, decidida “democráticamente”?

Al parecer los “pocos que siempre asisten” suponen que los faltistas lo hacen solamente porque les da la gana, y sienten que el peso de la lucha recae solamente sobre sus hombros. Olvidan que la lucha se libra en diferentes frentes como son en la calle manifestándose, en el aula informando y sensibilizando a los estudiantes, en los medios de comunicación informando y aportando elementos de juicio a la sociedad, así como plantando cara al gobierno y la administración universitaria por sus malas prácticas políticas y administrativas. Cabe recordar que en la lucha sindical no todo es hacer bola en un recinto, marchar con el puño en alto, llenar plazas o auditorios, tomar oficinas o plantarse fuente a ellas. Cada actividad tiene su propio peso y no todo mundo está en las mismas condiciones para hacer de todo.

El compromiso y la militancia sindical tiene como ingredientes la conciencia de clase, la disponibilidad de tiempo y salud, la convicción de que la lucha tiene sentido, la confianza en la honestidad y el liderazgo de las dirigencias, entre otros factores. No pocos docentes no asisten a la marcha o al mitin porque están atendiendo estudiantes, en el aula o en la asesoría de cubículo o pasillo. Mientras que unos ya salieron de su actividad docente, otros pueden estar en pleno proceso. En esta virtud, el querer asumir que todo mundo está en la misma disposición y oportunidades es un grave error. La unidad en la diversidad es la esencia de la universidad, mediada por la inteligencia y con el objetivo común de hacer o difundir la ciencia y la tecnología, las artes y las humanidades. No se puede pedir uniformidad en algo que es esencialmente heterogéneo y pluriparticular.

En este caso, la acción de las dirigencias debe ser, antes que fiscalizadora y represiva, altamente comunicativa, completamente transparente, firmemente decidida a cumplir con el deber de luchar por el mejor interés de sus agremiados. La buena práctica política seguramente acaba eventualmente por llenar auditorios y colmar asambleas y manifestaciones.

Sería triste y francamente aberrante que el sindicalismo universitario asumiera como propias las prácticas hostiles del sindicalismo charro, de pase de lista y cumplimiento aparente, a cambio de la torta y el refresco. En los sindicatos universitarios se espera convicción, buen manejo político, respeto por la dignidad de los miembros y, sobre todo, completa solidaridad gremial.

Reforma sindical universitaria: los pensionados y jubilados.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) lanza una convocatoria para un plebiscito, en el que los agremiados podrán votar tres propuestas fundamentales de reforma al estatuto que los rige, el día miércoles 29 del presente mes. Se plantea la creación de una delegación de pensionados y jubilados, la limitación de las relecciones de delegados, subdelegados y miembros del comité ejecutivo, así como la creación de un congreso general resolutivo.

Quizá el aspecto más ligado a la justicia laboral, y al que me voy a referir en este artículo, es el de la nueva delegación que se propone, ya que los académicos pensionados y jubilados dejaron en las aulas, laboratorios y pasillos universitarios una buena parte de su vida útil y, en cambio, atesoran no sólo conocimientos y experiencias en sus especialidades, sino que conservan la memoria del ayer y el hoy de sus respectivas unidades académicas.

El jubilado o pensionado cuenta con un valioso acervo de experiencias, conocimientos prácticos y teóricos sobre el difícil arte de comunicar conocimientos de manera organizada y sistemática, de suerte que la formación de las nuevas generaciones de profesionistas se debe no tanto a las mejoras en infraestructura, en sistemas informáticos, en trámites en línea, sino a la responsable y  paciente entrega diaria del docente y el investigador de tiempo y esfuerzo. Los planes y programas no serían más que meros catálogos de intenciones si no fuera por quien los hace posible, les da sentido en la práctica, adapta a la realidad y con el juicio que da el conocimiento de las complejidades de la enseñanza, las hace discernibles y útiles.

Las tradiciones académicas no son producto de las administraciones sino de quien las cultiva y enriquece en su ejercicio cotidiano, aportando calor y conciencia crítica a las responsabilidades institucionales. En este sentido, la antigüedad y experiencia académica lleva sobre sus hombros el progreso real y sin maquillaje de la universidad y, ahora, el STAUS se propone hacer justicia a sus miembros más experimentados.

La creación de la delegación de pensionados y jubilados supone una adecuación al marco normativo interno del sindicato, y es precisamente esta reforma el mecanismo democrático que lo hará posible.  

La reforma contempla lo relativo al padrón de agremiados del STAUS, que ahora deberá contemplar tres categorías de miembros: a) activo, que es el trabajador académico con los derechos vigentes y que mantiene una relación laboral con la universidad; b) Inactivo, que es el trabajador que tiene sus derechos suspendidos por ejercer alguna posición de autoridad, y c) pensionado o jubilado, que es el académico que siendo miembro del STAUS se le otorgó alguna de las modalidades de pensión contempladas en la legislación vigente.

En la parte relativa a los derechos de los miembros jubilados o pensionados, señala que tendrán los mismos derechos y obligaciones sindicales de los demás trabajadores, excepto que no podrán ocupar un puesto en el comité ejecutivo y comisiones estatutarias, y no podrán votar tanto para para el estallamiento como para el levantamiento de huelga.  

Considerando los aspectos nucleares de esta propuesta de reforma, no cabe duda de que rescata el sentido de solidaridad generacional que debe existir entre los trabajadores, que tiende lazos firmes y justos entre las nuevas y viejas generaciones de académicos, que vigoriza y consolida la teoría y práctica de la justicia social y laboral al devolver a los que pasaron a retiro un espacio de participación que les había sido negado, así como el elemental reconocimiento a la experiencia y entrega a la institución.

Lo anterior significa cambios obligados en los contratos colectivos por venir, dada la inclusión de los pensionados y jubilados en el catálogo de derechos de que gozan los miembros activos. Con esto, el STAUS se pone al día en cuanto a logros y reivindicaciones en beneficio de sus integrantes. Seguramente la institución saldrá favorecida con el aporte de los académicos en retiro y, desde luego, el sindicalismo universitario vestirá sus mejores galas. Enhorabuena.

Temporada de viejos

Los tiempos en que el respeto a los viejos era inculcado en los hogares y que cada familia se sentía obligada y, en muchas maneras, agradecida con sus mayores, parecen estar no sólo lejos sino prácticamente borrados de la conciencia colectiva educada en la caducidad de personas, animales y cosas. El concepto ingenieril de “obsolescencia programada” abarca también a los seres humanos merced a los impulsos del mercado que, de la calle pasa a los hogares y los transforma en arenas de combate entre generaciones que luchan por el espacio vital que se reduce en la medida en que lo hace el ingreso familiar y las oportunidades de empleo de sus miembros.

Los viejos, como los cadáveres, tienden a apestar, a ser engorroso y complicado su mantenimiento y almacenamiento. La casa es pequeña y se reduce en la medida en que los hijos crecen ocupando más espacio a la par que la corporeidad de los padres y abuelos parece estar en un proceso de reducción que termina por exigir su desaparición formal, sea por muerte o por destierro en alguna casa de acogida para ancianos. Lo que era tema de las películas gringas ahora parece estar presente en los guiones de las vivencias nacionales. La crisis que se convierte en destino y forma de relación vital trastoca el sentido de la solidaridad intergeneracional y rompe los lazos de la sangre, la memoria y la moral: nos convertimos en animales de sangre fría, como los gringos, y expulsamos a los que nos dieron vida, apellido, tiempo y destino.

Lo anterior viene a cuento por causas accidentales, de esas que ocurren cuando oímos conversaciones ajenas por mera casualidad: “Lo dejamos en el asilo de ancianos. Es que no lo podíamos atender por la chamba. Ahí tiene quien lo cuide”. La mujer tras el mostrador de un puesto callejero de comida chatarra sonríe a su interlocutor, un cliente de aspecto proletario, mientras recibe un arrugado y mugriento billete de veinte pesos. Los viejos están mejor en donde tengan quién los cuide, porque la sangre no llama tan fuerte como lo hace el pragmatismo descarnado de cumplir con “la chamba”, como si una y la otra cosa fuera opuestas y excluyentes, como si la atención a la familia y la actividad económica fueran irreconciliables, como si no fuera posible conciliar el tiempo y el espacio del hogar y del trabajo.

Lo que vemos en la tele de repente es protagonizado por personas de carne y hueso, de hablar familiar, próximo por razones de afinidad regional, por una especie de reconocimiento identitario que como los billetes de veinte pesos se arruga y ensucia al frote de la mezclilla y de las mucha manos que lo guardan, sacan e intercambian una y mil veces a lo largo de las semanas y los meses del ciclo vital del billete de banco, sin perder ese valor que el Banco de México reconoce y respalda, al contrario de lo que ocurre con el cariño y el respeto que se le profesa a los viejos de la casa, que al desgastarse convierte a las personas en cosas, en cachivaches que estorban y que hay que almacenar en los asilos, en esos basureros sociales que recogen las sobras familiares.

La curva de la vida es más amplia en la medida en que la ciencia y la tecnología permiten que la esperanza de vida llegue hasta los 70 años y más, pero este hecho que demuestra el nivel de progreso alcanzado por la sociedad no es celebrado como un logro, sino que se nos persuade de lo contrario mediante el rechazo social, el descrédito y la marginación de los viejos. En las empresas e instituciones educativas es cada vez más común que se hable despectivamente de “los viejos”, en oposición de “los jóvenes” que esperan la muerte de don Fulano o de la señorita Fulana, para ocupar la ansiada plaza que está acaparada por ese vejestorio molesto que actúa como tapón que obstruye el suave flujo de las aspiraciones laborales de varios “jóvenes” que esperan el puesto con ansias criminales.

Recuerdo en una asamblea sindical de maestros universitarios que una abogada,  profesora de asignatura, confesó a los asistentes que le daban ganas de arrojar del tercer piso de un edificio escolar a un académico viejo, para que desocupara la plaza de una vez por todas y así abrirse para ella la oportunidad deseada. El canibalismo manifiesto por alguien educada en el derecho y, por ende, en la legalidad, sólo da cuenta de la dislocación entre la formación académica y la carencia absoluta de calidad moral inculcada y cimentada en el hogar y los valores que la familia reconoce, transmite y practica. ¿La necesidad de empleo inhibe la moral y el sentido común? ¿La carencia personal de seguridad laboral justifica la agresión y aniquilación imaginaria de otro ser humano? ¿Por qué atacar al compañero como fuente del problema y no a la administración que no abre nuevos espacios laborales?

La lucha por el espacio vital laboral es una lamentable expresión de la falta de oportunidades del sistema dominante pero también de la carencia de conciencia de clase y necesaria solidaridad entre los trabajadores para impulsar soluciones justas, coherentes y socialmente constructivas de un futuro mejor. La torpe ignorancia y el egoísmo más pueril dominan la mente y la voluntad del proletariado, nulificando su poder trasformador de la sociedad. En estas condiciones de pobreza moral y política, seguramente seguirá triunfando el bando de los capitalistas y su sistema criminal que excluye y degrada a la clase trabajadora. Por eso estamos como estamos.