Conspiración en Pémex

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viernes, 7 de marzo de 2014

Huelga, pero nomás poquita

Por increíble que parezca, la administración universitaria en voz de su representante legal dice reconocer el derecho de huelga de los trabajadores afiliados al STEUS, aunque deploran, lamentan, se enfurruñan y denostan que los mismos tomen las instalaciones donde trabajan y que son de la institución a la que pertenecen, con lo que al parecer postulan una especie de mini-huelga, huelguita o medio-huelga como solución a los males institucionales en temporada de reclamaciones contractuales, so pretexto de “no afectar a los estudiantes”.

La postura simplona de la administración se lee de manera clara: se oponen, rechazan,  lamentan, deploran y se emberrinchan porque los trabajadores están ejerciendo simple y llanamente su derecho a la huelga, consagrado en la Carta Magna de la Nación y en la legislación secundaria relativa a los asuntos laborales y emprenden el camino del chantaje utilizando la figura de los estudiantes. ¿Qué es lo que proponen entonces, si por una parte reconocen este derecho y por la otra pretenden limitarlo o condicionarlo? ¿Se les habrán botado las tuercas, tornillos o la conciencia de que vivimos en un país de leyes? ¿Qué tan seria y congruente puede ser una administración que pone de parapeto a los estudiantes para coartar el derecho inalienable e imprescriptible de los trabajadores de luchar por mejores condiciones de trabajo? ¿Acaso fueron asesorados por la ultraderecha encaramada en los centros de decisión patronales y que están representados políticamente por el PAN, seguido por el PRI y demás partidos neoliberales? ¿Creerán que les hacen un favor a los estudiantes al participar políticamente contra los trabajadores y sus organizaciones dando una lección de despotismo económico y social, además de incongruente ilegalidad? ¿Tendrán idea de las repercusiones políticas que actitudes como la arriba señalada tiene para la paz social e institucional?

Mientras que la administración nos regala esta perla de reducción al absurdo del ejercicio del derecho que asiste a los sindicalistas, más de 40 organizaciones sociales y laborales se apuntan para apoyar a los huelguistas, con lo que el horno de Sonora no está para bollos neoliberales. El ridículo no viene solo si se incluye la declaración del gobernador Padrés en el mismo sentido que la administración: se rasga las vestiduras por la huelga y echa por delante el argumento lacrimógeno de “los estudiantes”. Como expuse en otra entrega, el derecho a la educación subsiste, nadie lo niega, y una vez que termine el conflicto, se podrá continuar con la actividad académica. No entender esta situación tan elemental supone simplemente la negativa a reconocer en la práctica que los trabajadores tienen derechos y que pueden legalmente paralizar las actividades de la institución en la que trabajan.

La postura de las autoridades estatales coincide, se sintoniza, con la del gobierno federal expresada hipócritamente por el vacuo señor secretario Chuayffet, lo cual no extraña por ser el PAN y el PRI caras de la misma moneda neoliberal. Lo que  extraña es la postura del rector universitario que repite el cuento de reconocer pero negar ese derecho. No es posible dejar de preguntarse, ¿en qué momento la Universidad dejó de ser autónoma y pasó a ser un organismo descentralizado cada vez más dependiente de las políticas emanadas de la cloaca neoliberal? ¿Cuándo dejaron las autoridades universitarias de velar por su institución en vez de ser simples engranajes de la maquinaria de la derecha prianista en el poder? ¿A partir de cuándo los trabajadores y su organización dejaron de ser importantes para el logro de los objetivos institucionales? ¿De cuándo a acá los estudiantes son rehenes de políticas que en los hechos les niegan el derecho de una educación de calidad, con sentido social y comprometida con la calidad de vida de los sonorenses y pretexto para golpear a los trabajadores?

Por último, ¿por qué se insiste en que la Universidad de Sonora asuma los usos y costumbres y el trato hacia los trabajadores de las universidades privadas? ¿Cuándo dejó de tener el sentido y raigambre social que antes nos enorgullecía y que vertebraba la mente y el espíritu de sus egresados?

¿Por qué el rector y resto de la administración no se proponen luchar junto con los trabajadores por un mejor presupuesto que permita mejores condiciones de trabajo para los servidores universitarios manuales, administrativos y docentes, con el obvio beneficio para los estudiantes?

¿Quién decide en realidad la política y las relaciones laborales de la Universidad de Sonora? ¿Los propios universitarios o agentes externos cuya función es esencialmente ideológica y de ninguna manera académica?

Las actuales circunstancias sugieren la necesidad no sólo de luchar en el terreno laboral sino también en el debate ideológico y político, empezando por la estructura normativa y el modelo curricular de la institución.


Por lo anterior, cabe preguntarse: ¿Qué queremos? ¿Una universidad que incumpla socialmente al no asumir coherentemente los objetivos de desarrollo integral que la entidad necesita y que se conforme con egresar licenciados o ingenieros sin sustancia, o hacer posible la que pensaron los fundadores de la UNISON en respuesta al anhelo de las familias sonorenses de progreso con justicia social?

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