No hay duda que entre más se vive más
se aprende. Ahora tenemos la increíble oportunidad de seguir paso a paso las
incidencias del acontecer universitario a través de la transparencia de los
costos de un evento laboral que, a estas alturas, se tiñe con los colores
parduzcos del fascismo de guarache instalado en la administración de la
Universidad de Sonora.
En efecto, la administración
universitaria nos revela que la huelga cuesta diariamente dos millones de
pesos. Que el pago de nómina del STEUS representa algo así como 850 mil pesos
diarios y que estos son irrecuperables toda vez que la institución encuentra
paralizadas sus actividades.
Por otra parte, la rectoría en voz de
la Secretaria General Administrativa manifiesta que el pago de salarios caídos durante
el período de inactividad corre peligro, “porque es política nacional”, y en
ese tenor insta a los trabajadores a levantar la huelga o por lo menos llegar a
un acuerdo que deberá por la fuerza de la gravedad caer en lo mismo: el
abandono del derecho a huelga por lo que parece una curiosa mezcla de
argumentos financieros y de imagen pública ya que se alude el “prestigio
institucional” y la voluntad hasta ahora discretamente oculta de negociar con
los trabajadores.
Las declaraciones han sido
suficientemente confusas como parece ser la idea de universidad que exhiben sus
representantes. Por una parte se esgrime el argumento lacrimógeno de que los
más perjudicados son los estudiantes, sin reparar en el hecho de que los
trabajadores ejercen su derecho a huelga por tener, justamente, la convicción
de que su contrato ha sido violado y que, siendo los directamente perjudicados,
la ley los faculta a manifestarse de ésta y otras maneras en reclamo a la
reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Por lo anterior, surgen varias
interrogantes a las que, supongo, las autoridades tendrán alguna respuesta sin
que las preguntas corran el riesgo de ser declaradas inexistentes: ¿por qué se
habla de costos diarios y al mismo tiempo del “riesgo” de que el salario de los
trabajadores en paro no sea pagado? Si son costos quiere decir que la parte
patronal los asume como propios toda vez que figuran en el presupuesto de
egresos de la institución y, por tanto, de pago obligado porque responden a una
obligación contractual que, dicho claramente, se entiende legal.
Es verdad sabida que el pago de
salarios caídos es una obligación de la parte patronal al momento de levantarse
la huelga y, de hecho, es una de las condiciones para que tal cosa ocurra.
Entonces, ¿por qué se habla del no pago y al mismo tiempo de los costos
implícitos en el cumplimiento del pago? ¿Por qué borrar la experiencia laboral
de la UNISON y su relación legal con los sindicatos y enderezar una campaña de
desprestigio contra la organización de los trabajadores al acusarlos de daño en
patrimonio e imagen?
¿Por qué decir que se tiene la
voluntad de negociar y al mismo tiempo se promueve un recurso de inexistencia
de la huelga, cuestionando su legalidad frente a la opinión pública sonorense?
Si es ilegal, entonces ¿cuál es el afán de aparentar ánimo negociador? ¿Por qué
amenazar a los trabajadores con la retención del salario siendo que las
relaciones entre éstos y la institución se rigen por un contrato colectivo? ¿A
qué hora la Universidad se convirtió en una empresa privada donde a los
trabajadores se les paga por día trabajado y sin contar con garantías laborales
que supongan obligaciones de ambas partes como las establecidas en los contratos
vigentes?
Resulta preocupante y francamente
absurdo el argüir que el prestigio de la institución depende de la existencia o
no de huelgas y paros laborales. La Universidad no requiere de este tipo de
defensas que rayan en lo ridículo. De lo que requiere es de una administración
sensata, respetuosa de sus principios y valores, de los derechos de sus
miembros, celosa de sus responsabilidades y dispuesta a cumplir con el deber de
trabajar en apoyo a la creación y difusión del conocimiento, la cultura y la extensión.
Es decir, una administración que verdaderamente responda a las características
y necesidades de la institución que a lo largo de las décadas ha formado
ciudadanos íntegros y socialmente útiles. Al parecer hay distancia entre este
modelo de administración y la que realmente se tiene.
En este ambiente artificialmente
ríspido vale la pena replantear las cosas, poner en la balanza la defensa de la
universidad pública o el cumplimiento de consignas anti-laborales; los costos
en dinero ya presupuestado o los correspondientes a la solución del conflicto
por la vía del derecho y la buena voluntad. Un buen paso sería el que la
administración dejara el tono de confrontación y sinceramente tratara de
acercarse a la contraparte trabajadora en busca de una solución que sea digna y
benéfica para todos.
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