La ninguneada rectoral

Como sabrá el culto lector, el día 25 se debieron haber dado cita frente al  edificio del Congreso del Estado los representantes de los sindicatos universitarios, el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde y los estudiantes constituidos como grupo de observadores del proceso de negociación que se supone debiera estar llevándose a cabo. Los trabajadores y los estudiantes acudieron puntualmente al llamado que hicieron los organizadores, mientras que el representante de la administración universitaria brilló por su ausencia.

La ninguneada rectoral echó por tierra la esperanza de que en ese momento se iniciaran, de cara a la opinión pública, las aproximaciones necesarias entre las partes involucradas para que el conflicto se resolviera en el breve plazo y los afectados se llevaran la experiencia de haber finalmente arribado a puerto seguro en las cada vez más complejas relaciones entre administración y trabajadores. La ausencia del señor rector quizá sirva para ilustrar qué parte del binomio sostiene la negativa al diálogo y cuál falaz puede ser la declaración de estar dispuesto a retomar las negociaciones.

Aunque el asunto a estas alturas pudiera resultar redundante, no está de más subrayar el hecho de que el rector Grijalva parece estar siendo víctima de su propia negativa inicial de negociar en condiciones por él calificadas de inapropiadas, a juzgar de que mantiene inflexible su postura de no negociar “bajo presión”, entendido por esto la toma de instalaciones que hicieron los del STEUS afectando al tránsito vehicular y las labores administrativas por unas horas.  De acuerdo a lo anterior, parece apostarle a tirar de la cuerda hasta que se rompa, sin considerar que se lleva de corbata a los estudiantes, la confiabilidad de la administración y el clima organizacional universitario.

La postura de las autoridades universitarias parece coincidir con la del gobernador Padrés, en el sentido de no mover un dedo a favor de la máxima institución educativa y, sin embargo, decir que se apoya a los estudiantes a cambio de ilegitimar la huelga de los trabajadores; es decir, recurrir al argumento de la huelga como si ésta fuera algo ilegal, estorboso e inconveniente para el futuro institucional.

Ante esta realidad, no queda más remedio que sospechar que el asunto de la huelga está siendo aprovechado para dar curso al proyecto neoliberal de desmantelar los sindicatos y dejar a los trabajadores a merced de la parte patronal, siempre ávida de trabajo gratuito o escasamente remunerado, como lo puede revelar el contenido de la reforma laboral y educativa peñanietista, que convierte en práctica legal la abusiva sub-contratación que evita el reconocimiento de la antigüedad laboral y abarata al máximo las pensiones y jubilaciones.

En este enredo sale a flote la privatización silenciosa de que son víctimas las instituciones de educación superior desde los años 90 y que se ha profundizado en la última década, generando un entorno laboral donde los jóvenes que acuden al mercado de trabajo no pasan de ser recursos desechables que, al llegar a su fecha de caducidad laboral por edad o salud, son expulsados del sistema como si fueran pañales desechables.

Si le parece exagerada la expresión, trate de relacionar la campaña contra las organizaciones de trabajadores en el nivel nacional con la falta cada vez más notoria de recursos para una jubilación digna. En el caso de Sonora vemos con asombro el inédito caso de la desaparición de más de dos mil millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson. El colmo del asunto es que ni siquiera responden las llamadas que los trabajadores hacen al área de pensiones de dicho instituto. Como por arte de magia el teléfono suena ocupado y simplemente se corta la llamada.

Las consecuencias de tal desatino son impredecibles, los efectos en la paz y la tranquilidad social y política de la entidad son, desde cualquier punto de vista, inaceptables, aunque quizá para los jóvenes solicitantes de empleo ahora no signifique gran problema, pero sin duda alcanzará niveles alarmantes cuando el joven contraiga responsabilidades familiares, enferme o tenga alguna urgencia. Ahí se dará cuenta que carece de prestaciones sociales, que la salud es importante y que no cuenta con ninguna protección porque su contrato es por tiempo determinado, obligado a firmar un finiquito donde renuncia a todo derecho.

Los actuales estudiantes universitarios quizá no vean la negrura de su destino y probablemente consideren que son exageraciones las luchas de los trabajadores por mejores condiciones de vida. Ya llegará su hora de querer la protección de las leyes y gozar de la seguridad de una pensión decorosa. Su pasividad e indiferencia presente será la dolorosa carga que llevarán como egresados, de suerte que todo apoyo a los trabajadores es invertir en el propio futuro.

Llama la atención que previo al proceso de transferencia de inmuebles al Isssteson no se haya dado una clara y pública aclaración de dónde quedaron los miles de millones que desaparecieron del fondo para pensiones y jubilaciones, y que no se hayan hecho las investigaciones y fincado responsabilidades de acuerdo con la ley. Tal situación invita a suponer que la opacidad y la impunidad  son la regla en el cumplimiento de las responsabilidades públicas, lo cual nos pone en la primera línea de corrupción e ilegalidad en el manejo de los recursos del Estado. ¿Alguien, algún día, dará cuenta de estos escandalosos hechos?

Como detalle curioso, el Secretario del Trabajo de Sonora considera que la huelga universitaria es “anómala” porque no se siguió el orden acostumbrado, ya que, según refiere, “primero es la revisión contractual y luego la reclamación de las cláusulas violadas”. Independientemente de la extrañeza de la parte oficial, debe quedar claro que la huelga es legal y que, tanto las autoridades laborales como el propio Congreso del Estado, han exhortado a las partes para que se reúnan y lleguen a acuerdos que permitan la normalización de las actividades universitarias.

Por lo pronto, los trabajadores ya han demostrado a la sociedad su voluntad de diálogo, sólo falta que la administración universitaria decida retomar el camino de las negociaciones, en bien de nuestros jóvenes.