La Cláusula 141 y el ISSSTESON

I

Es muy importante que los académicos universitarios tengan claro que los servicios médicos y otros relacionados con la seguridad social no son un regalo sino un derecho consagrado en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el STAUS y la representación legal universitaria.

El acceso a la seguridad social es un derecho reconocido internacionalmente y nuestro país es suscriptor de acuerdos que lo obligan a garantizarlo, revistiendo las modalidades que al interés nacional convengan. Así, por ejemplo, tenemos al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de otros donde se incluyen los organismos estatales que proporcionan servicios de salud, pensiones y jubilaciones, entre otros, cubriendo un importante papel en la distribución del ingreso.

En cuanto a los trabajadores del gobierno del Estado, municipios y otros organismos afiliados, como es el caso e la Universidad de Sonora, se cuenta con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Como trabajadores académicos universitarios nuestra fuente de derecho es el Contrato Colectivo de Trabajo, y en lo que corresponde a la salud y la seguridad social, es de particular importancia la Cláusula 141, referida al servicio médico y prestaciones previstas en la Ley 38 del ISSSTESON y otorgadas de acuerdo con el convenio de prestación de servicios suscrito entre el Instituto y la Universidad de Sonora.

En esta cláusula se establece que “todos los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, sin limitaciones y disminuciones motivadas por la categoría, nivel o duración de la relación laboral. Estas prestaciones deberán ser extensivas a los descendientes directos y cónyuge del trabajador.”

En caso de que la atención médica no sea proporcionada por el ISSSTESON, “la Universidad se obliga a reembolsar los gastos por honorarios médicos que los trabajadores realicen en la atención de sus descendientes”.

Cabe aclarar que la relación de los trabajadores en términos de derechos y obligaciones derivados del trabajo es con la Universidad, como fuente de trabajo y del ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores activos y jubilados. Por tal razón “la Universidad se compromete a gestionar ante el ISSSTESON igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concerniente a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa institución.”

Asimismo, “cuando exista conflicto entre el trabajador y el ISSSTESON en relación a su aseguramiento en el Instituto derivado de la existencia de un problema de salud del empleado, la Universidad le proporcionará el servicio médico a través del Hospital General del Estado, en tanto la diferencia es dirimida”.

Así pues, tenemos una entidad pública responsable de proporcionar los servicios correspondientes a la salud y la seguridad social, una institución autónoma que se obliga por contrato a gestionar y proveer lo que corresponda al cumplimiento de dichas prestaciones y una organización gremial cuya obligación es la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores académicos afiliados, así como su cabal cumplimiento.

Para los trabajadores universitarios la relación ISSSTESON, UNISON y STAUS está normada por la Ley 38, el Convenio de prestación de servicios UNISON-ISSSTESON y el Contrato Colectivo de Trabajo, donde cada instancia gestiona, promueve y resuelve en los términos de sus respectivas competencias y la naturaleza de sus relaciones con las otras partes.

En ese sentido, es importante subrayar el papel del sindicato en la mejora de los servicios y prestaciones sociales a que nos da derecho el Contrato Colectivo y que por convenio está obligada la UNISON a proveerlos a través del Instituto. De ahí la trascendencia del párrafo final de la citada cláusula: “Cuando se proponga un cambio en el Convenio que tiene la Universidad de Sonora con el ISSSTESON, referente a la Prestación de Servicios Sociales para sus trabajadores, la Institución acordará con el STAUS los términos en los que se firmará el nuevo Convenio”.

Como se ve, la firma de un nuevo convenio no sería posible sin el acuerdo del sindicato, quien debe sopesar en todo momento los cambios que se propongan desde la óptica del beneficio colectivo y la mejora de la cobertura y las condiciones en las que se proporcionan los servicios de salud y las prestaciones sociales.

II

El compromiso sindical con una mejor cobertura y calidad en los servicios de salud y seguridad social es tan importante como la defensa de los derechos laborales consagrados en el Contrato Colectivo de Trabajo, porque uno y otro definen la calidad de vida de los trabajadores. Lo anterior no es solamente una parte sustancial del quehacer sindical sino el elemento nodal de su legitimidad.

Así pues, cumplir solamente con los actos formales propios de las revisiones salariales y contractuales sin ir más allá de lo burocráticamente posible supone la negación de las causas y las razones por las cuales existe el sindicalismo universitario.

En realidad, no existe el sindicalismo universitario sin una buena dosis de reflexión y análisis del acontecer social y político del entorno en donde se encuentra la Universidad. Su carencia revela el agotamiento de la organización que se manifiesta, usualmente, en una ausencia de crítica y autocrítica. En este orden de ideas, un asunto importante relativo a la prestación de los servicios de salud, en particular cuando el trabajador enfermo requiere de atención especializada médico-quirúrgica, es el de echar mano de servicios privados que se pagan por el propio trabajador y la Institución universitaria. Nos referimos al Seguro de Gastos Médicos Mayores, asunto que no se ha puesto en la mesa de la discusión colectiva.

Aparentemente, la falta de capacidad de respuesta del ISSSTESON puso a los universitarios en la disyuntiva de pagar servicios privados a un costo que se incrementa año con año, o arriesgarse a poner en manos del Instituto la salud propia o de familiares dependientes. Con ellos nos pusimos en la sintonía de la creciente ola privatizadora auspiciada por los gobiernos neoliberales que azotaron la nación durante los últimos 30 años.

Se optó por pagar servicios médicos privados sin reparar en el hecho de que el ISSSTESON tiene la obligación de aportar por ley lo necesario para la salud y la seguridad social de los trabajadores afiliados. Estando así las cosas, pagamos cuotas y aportaciones al ISSSTESON y además pagamos la prima (creciente) del Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM).

Considerando que la actual política en materia de ahorro del gobierno federal suprime el gasto en los SGMM, y remite a funcionarios y empleados de cualquier nivel a la salud pública, consideramos que, en congruencia, debiera formar parte de nuestras demandas la supresión del SGMM a cambio de una mejora sustancial en la prestación de los servicios de salud pública a cargo del ISSSTESON. En la actualidad se reclama, entre otras cosas, el abasto de medicamentos; pero los pagos de más que se hacen en el rubro de salud quedan en el tintero.

Es claro que la acción sindical debe elevar su nivel de exigencia ante las autoridades universitarias por ser el rector, en tanto representante legal de la Universidad, el patrón y suscriptor del convenio con ISSSTESON, a fin de que se de respuesta a dos asuntos fundamentales: abasto de medicamentos y atención médica oportuna y de calidad en todos los niveles. Para eso pagamos las cuotas. Y como dijo el poeta: “se hace camino al andar”.

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No todo es cuestión de dinero

                       

"El mundo actual capitalista tiene como referente el dinero, de todo hace mercancía. Vivimos en un momento de transformación y la ciencia es la punta de lanza" (José Luis Sampedro).

El alarido principal entre los clamores de una sociedad tundida por el crimen organizado, la voracidad de los funcionarios enloquecidos con el puesto, las lamentaciones de un pueblo acostumbrado a rumiar viejas y nuevas carencias y frustraciones, es el dinero. Si hablamos de progreso y bienestar, de inmediato aparece en la mente colectiva la imagen de un signo de pesos; si se trata de salud y seguridad social, se oyen en el acto sonidos metálicos que insinúan una avalancha de monedas, acompañada, desde luego, por el suave crujir de los billetes de banco. El grito unificado de marchas y manifestaciones es ¡dinero!

Nos hemos convertido en una sociedad donde los únicos signos de valor reconocibles son los emitidos por el Banco de México y organismos similares en el nivel internacional. Las divisas y otros medios de cambio portan el valor de nuestras sociedades y concentran la atención de países y continentes: sí, el dinero no es la vida, pero cómo la facilita.

No hay conversación informal o en la austera e imponente majestad de los recintos de gobierno donde el asunto de los recursos no sea el tópico obligado, la preocupación central, el desencadenante non de las gastritis, colitis o úlceras duodenales; o calvicies precoces, tics nerviosos o ataques de histeria en el pueblo llano o las altas esferas del gobierno y la administración.

Ya ve usted que en la jerga popular se recogen expresiones como “con dinero baila el perro”, “cuánto tienes, cuánto vales”, “dinero mata carita”, entre otras reveladoras de la atención que le concedemos al asunto, y buena parte de nuestra cotidianidad se centra en la búsqueda de satisfactores de sin el dinero contante y sonante o el crédito serían difíciles de conseguir.

Los gobiernos han coincidido en que el problema central es la producción de dinero, a través del aparato productivo y una sabia manera de despanzurrar al competidor cercano o lejano, por lo que de la empresa libre se pasó al grupo de empresas unidas bajo la misma dirección o asociadas comercialmente, lo que implicó la necesidad de controlar el espacio que llamaron olímpicamente “mercado”.

Las luchas por el mercado reconfiguraron el mapa mundial y la geografía económica regional, dejando un saldo de vencedores y vencidos que a su vez se reconfiguraron en sucesivas alianzas y definiciones: bloques comerciales, acuerdos o tratados de comercio, asociaciones y alianzas para el progreso o la defensa de los espacios económicos que pronto evolucionaron a la defensa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

Economía y política resultaron ser dos caras de la misma moneda, y el punto discretamente oculto en el discurso fue la matriz ideológica y política de los postulantes en el concierto internacional.

Al parecer, los modelos centrados en la producción han recibido no sólo atención sino reverencia por parte de los gobiernos occidentales, capitaneados en su momento por Inglaterra y después por los Estados Unidos, su vástago más exitoso. Los gringos nos han persuadido de que la economía puede tranquilamente convertirse en norma moral, pauta de conducta y credo religioso, ya que en esta lógica es fácil encontrar que la economía alimenta los argumentos de la política y las justificantes de la guerra; es decir, economía y violencia son partes esenciales de un modelo exitoso donde lo de menos son los intereses ajenos, la historia local y regional, la cultura, la justicia, los valores morales y la ética ciudadana.

Así pues, tenemos un mundo donde el fin justifica los medios, que pueden ser desestabilizar un gobierno democráticamente electo, organizar y financiar grupos terroristas o delincuentes que trafican con drogas.

El dinero es causa y efecto de luchas nacionales y mundiales, polo de atracción de las organizaciones que abanderan causas aparentemente humanitarias, de campañas o guerras “contra el narcotráfico”, de espionaje internacional, de pactos legales y extralegales con organizaciones de todo tipo, de calificar o descalificar gobiernos y de intervenir o desconocer la soberanía de naciones en la mira de los negocios y futuras inversiones. Un modelo centrado en la producción se vuelve extractivista y depredador, por lo que el interés de los demás es irrelevante y subordinado al propio.

En otro sentido, si se cambiara la preocupación de conseguir dinero por la distribución de este, habida cuenta que al aparato productivo mundial da para eso y más, tendríamos una sociedad donde la pobreza podría ser erradicada y, seguramente, no tendría mucho caso la solución militar a los conflictos económicos disfrazados de políticos.

Una buena idea sería la de ligar programáticamente los mecanismos y los resultados de la producción a los de la distribución y la redistribución del ingreso nacional, con lo que se tendría un modelo distributivo que permitiría no sólo el crecimiento sino el desarrollo de las sociedades. En todo caso, el eje central sería la distribución del ingreso en la población, bajo el criterio de la inclusión y la equidad.

Lo anterior supondría la obligación de promover y proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores, la educación pública gratuita y de calidad, y la garantía de la salud y la seguridad social como responsabilidad del Estado.

Si se produce para acumular alguien resulta ganador y muchos perjudicados, pero si se produce para distribuir es posible que la sociedad cambie positivamente y que los conceptos de democracia, solidaridad y progreso tengan sentido. En este caso, es apropiado postular que para tener una sociedad justa e incluyente, primero los pobres.

¿Masacres a la carta?

“La no intervención, la autodeterminación como expresión de la libre voluntad de los pueblos, excluye beligerancias inconsistentes y reñidas con el total respeto que mantenemos a la soberanía de las naciones” (Arturo Umberto Illia).

Resulta muy fuera de lugar hacer como que aquí no pasa nada, pensar que los índices de criminalidad son meramente cuestiones de “percepción”, que es exagerado decir que se libra una guerra política entre fuerzas internas y externas que se suma a las territoriales que libran los vendedores de muerte en forma de drogas, prostitución, secuestros, asaltos violentos y demás que se convierten en tema obligado en la sobremesa familiar, en el café o la cantina.

Hay indicios que permiten plantear la hipótesis de que México es un campo de batalla donde no sólo se libra la guerra de los delincuentes por el territorio sino que también ocurre por debilitar la soberanía nacional y el dominio de la nación sobre sus recursos naturales y estratégicos. Existen temores fundados de que el Estado Mexicano está bajo el reflector y la operación de una masa de intereses que representa y defiende nuestro vecino del norte, según han señalado reconocidos analistas nacionales.

... Y ofrecen ayuda a México.

Son de llamar la atención las reacciones de la prensa gringa a propósito de los recientes sucesos de Culiacán y el asesinato de miembros de la familia mormona LeBaron, en las proximidades de la frontera de Sonora con Chihuahua. Se habla de que si México no es capaz de controlar su territorio EEUU no debe descartar la opción de intervenir, según el reciente editorial publicado en The Wall Street Journal, que refuerza el clamor de una prensa identificada con el golpismo y las medidas de fuerza del ala radical de los republicanos.

Si bien es cierto que un asesinato masivo es indignante e inadmisible, cabe recordar que por contradicción a la estupefacción y el horror que expresan nuestros vecinos del norte por hechos ocurridos fuera de su territorio, los gringos han escrito páginas sangrientas de violencia económica, política y racial, entre otras manifestaciones de irracionalidad y total falta de escrúpulos, no sólo contra pueblos extranjeros (Cuba, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Venezuela, entre otros) sino contra sus propios ciudadanos (matanzas como la de Oklahoma City en 1995, Columbine en 1999, Richmond en 2006, Virginia Tech en 2007, Hogar de ancianos en Carthage y Binghampton en 2009, Aurora en 2012, Washington Navy Yard en 2013, Isla Vista en 2014, San Bernardino en 2015, Dayton en 2019 entre muchos otros).

Ahora resulta que los hechos ocurridos en México mueven sus conciencias pacifistas como para impulsarlos a “intervenir” en asuntos que corresponden a otra soberanía. Parece que el “horror” que se vive con normalidad en los Estados Unidos les resulta inadmisible fuera de sus fronteras, más si están de por medio los negocios del narco y la venta de armamentos. Trump, desde luego, se regodea y refuerza su terquedad en la edificación del muro fronterizo contra las “amenazas” que sufre su país, un Estado icónico en materia de promoción, financiamiento, organización y adiestramiento de grupos terroristas y golpistas. ¿Lo que pasa en “America” se queda en sus fronteras?

Estamos rodeados de curiosas coincidencias, ya que al clamor gringo se suman los críticos de cabecera del nuevo régimen que organizan marchas y trabajan diligentemente en las redes sociales ridiculizando y criticando ferozmente cada acción u omisión de las autoridades federales.

Como usted sabe, ahora tenemos organismos civiles que reclaman al gobierno actual por la inseguridad que por décadas fue fomentada y protegida por los gobiernos del PRI y el PAN, en “coordinación” o simple complicidad con agencias como la DEA y la CIA; y vemos promotores de marchas y publicaciones que sugieren un despliegue de oposiciones nopaleras contra todo lo que huela a cambios en la repartición de cuotas de poder e impunidad, pasando por las exenciones de impuestos y las condonaciones de deudas fiscales, emisión de facturas falsas así como tolerancia y abrigo a fortunas inmobiliarias o concesiones de dudosa o nula legalidad, tanto en el medio urbano como en el rural, solapadas por miembros distinguidos del Poder Judicial que se resisten a perder sus prerrogativas e ingresos inmorales.

Con todo respeto a las víctimas y familias afectadas por los lamentables hechos de sangre, es posible suponer que aquí no existen coincidencias, y que las tareas de sembrar el terror y crear las condiciones para una intervención extranjera solamente beneficiarán a los mismos invasores y a los nacionales apátridas que resultaron agraciados durante el largo período de los gobiernos del Prian que, como se sabe, dejaron un saldo impresionante de muertos tanto como de exfuncionarios millonarios y socios o empleados de empresas transnacionales.

Quienes afirman que el actual gobierno es fallido, seguramente sufren de amnesia selectiva al echar bajo la alfombra a Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa y otros que se cubrieron con el argumento de haber recibido el “ataque de un grupo armado” o la posible relación con el crimen organizado o el “combate al narcotráfico”. Se tiene una herencia sangrienta que no podemos ignorar y, por tanto, los retos son extraordinarios.

Tras la firma del famoso TLC-Plus pactado por Fox y Bush Jr. en Dallas y la “guerra contra el narco” de Calderón, las puertas de la seguridad nacional se abrieron descaradamente a las agencias gringas y, curiosamente, el crimen organizado repuntó su actividad a la par que las acciones mediáticas de los gobiernos prianistas. México se convirtió en una enorme fosa común para regocijo de los fabricantes y vendedores de armas de allende el Bravo. Parece ser que cada tragedia humana propicia un avance del intervencionismo gringo, así como la actitud servil de ciertas autoridades fronterizas nacionales que, por obra de la vecindad, se ponen en el papel de empleados del expansionismo gringo.

Es importante insistir en que las batallas que corresponden a México sean libradas por las autoridades mexicanas y un pueblo consciente que apoya al nuevo gobierno. La experiencia histórica de América Latina y el Caribe sugieren prudencia y una visión nacionalista en el abordaje y la solución de los problemas.

¿Qué hacer con el Río?

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza” (Leonardo Da Vinci).

Recientemente se celebró la tercera reunión de evaluación de la “zona económica especial del Río Sonora” (ZEERS), donde el gobierno y la iniciativa privada (Grupo México) lanzan bengalas al cielo no en pedido de auxilio sino como expresión pirotécnica del éxito de sobrevivir flotando en aguas colmadas de metales pesados.

Las expresiones de satisfacción y las acciones debidamente proclamadas pintan un escenario muy distinto al que el simple ciudadano del Río Sonora puede reconocer: la conformación de la ZEERS, “ha permitido que mejore la calidad de vida para habitantes de Ures, Aconchi, San Felipe, Huépac, Arizpe, Baviácora, Bacoachi y Banámichi, a través de inversiones en infraestructura, salud, educación y apoyos a productores agropecuarios, entre otros”, revela el Secretario de Gobierno Miguel Pompa (Kiosko Mayor, 21/10/2019).

La ingeniosa solución a un gravísimo desastre ambiental adoptada por el gobierno de Sonora resulta ser ejemplar para aquellos empresarios mineros, nacionales o extranjeros, que busquen echar bajo la alfombra los miles de metros cúbicos de sustancias tóxicas derramados en las aguas de un río que alimenta nueve municipios contando al de Hermosillo, asiento de la capital del Estado. Sólo fue cosa de crear una “zona económica especial” y los problemas derivados del interés por extraer metales y enriquecerse a como dé lugar quedan resueltos por vía de taparlos con el velo de la promesa de inversiones en infraestructura, y hacer de cuenta de que ahí no pasó nada. El progreso tiene sus costos y es natural que sean los ciudadanos los que paguen, frente a la empresa trasnacional que los “beneficia” con fideicomisos y demás flatulencias económicas tras los platos rotos del desastre ambiental.

Como usted sabe, ya han pasado cinco años y muchos metros cúbicos de contaminantes que se han distribuido generosamente a lo largo del curso del río, servidos en el riego de las tierras de cultivo, para sustento del ganado, de los seres humanos que abren la llave del agua para el aseo o la cocina, sin que haya trabajos de remediación que posibiliten hablar de normalización de la vida económica y social sin riesgo, y sin que los voceros de la buena nueva experimenten un súbito crecimiento de la nariz al estilo de Pinocho, el muñeco de madera que aspiraba a ser niño.

El pueblo que vive de la actividad agropecuaria, de la artesanía gastronómica, de las interacciones comerciales que se dan en la región no comparten la visión de los funcionarios y los políticos que viven en el medio urbano protegidos por su adhesión a la nómina del gobierno, a los aparatos de aire acondicionado, al agua embotellada con cargo al erario y que pueden ver pasar la realidad desde la cómoda y alfombrada perspectiva de ser autoridad.

El caso es que en la región hay personas enfermas, que la incidencia de cáncer ha aumentado, que los problemas de la piel se han exacerbado, que existe temor por el consumo de agua contaminada que permita la acumulación de metales pesados en el organismo de quien los ingiere, que existe la percepción de vivir en un peligro permanente, que el famoso fideicomiso fue una mala broma y que las promesas de solución fueron palabras que se las llevó el río.

Queda claro que las llamadas “zonas económicas especiales” sirven de cobertura mediática a la inacción del gobierno contra los depredadores ambientales, los abusadores en el saqueo de los recursos que debieran ser empleados en beneficio de todos. Su creación obedece a limpiar la cara de quienes delinquen por omisión o comisión, en este caso contra nueve comunidades, contando a Hermosillo, que ya presenta problemas de contaminación de agua en algunos puntos del norte de la ciudad capital, según han reportado investigadores independientes.

Nuestras presas resultan ser recipientes que contienen veneno sedimentado que se revuelve en cada temporada de lluvias, y que al salir a la superficie pasa a formar parte de las sustancias que se depositan en nuestro organismo, sin distinción de sexo, edad o condición social. A la larga o a la corta, nadie está a salvo. Lo anterior sugiere la pregunta de ¿qué hacer con el Río? La respuesta ha sido, hasta ahora, chapucera y demagógica. Mientras tanto, Grupo México sigue adelante con sus proyectos y el gobierno local parece babear de agradecimiento. ¿No cree que ya es tiempo de cambiar y de actuar realmente por Sonora?

      

El socavón

“Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños” (Herbert E. Caen).

Hermosillo, la populosa capital de Sonora, tiende a ser un polo de atracción para los habitantes del Estado, como asiento de importantes instituciones educativas de añeja trayectoria y consolidada fama, como lugar de oportunidades de trabajo, como lugar para vivir y formar una familia, como centro político estatal y como escenario de las luchas que el ciudadano común tiene que librar para ser escuchado y tener visibilidad en el planteamiento de demandas económicas, políticas y sociales.

La capital se extiende más allá de su espacio físico y alcanza la imaginación y los sueños de muchos que, expulsado de sus lugares de origen por razones de pobreza y falta de oportunidades, llegan con una mano atrás y otra adelante a reclamarle a la vida un pedazo de suelo, de trabajo y sustento, tranquilidad personal y familiar y acceso a los bienes que el entorno urbano posee y distribuye.

La ciudad se extiende incontenible habida cuenta el desarrollo de proyectos inmobiliario que generan nuevos fraccionamientos y colonias urbanas y suburbanas, ganando espacios que, de manera legal o ilegal, se convierten en asiento de familias en busca de su patrimonio en forma de casa propia, así como de mayores ingresos en la cuenta corriente de los desarrolladores apalancados por apellidos linajudos e influencias alcahuetas.

En nuestro entorno es común la invasión silenciosa y continuada de terrenos nacionales y de áreas ejidales, más allá del fundo legal, a las que de repente les salen dueños, escrituras y compañías constructoras que pringan el mapa con fraccionamientos de lujo, con lago y legitimidad artificial, y que se cotiza en alto en los sueños monetarios de los propietarios y en los de los futuros compradores de estatus social. Recuerde usted las denuncias ciudadanas en redes sociales sobre terrenos en el antiguo vaso de la presa A.L. Rodríguez o en el cauce del Río San Miguel, entre otros ejemplos de impunidad legalizada mediante escritura pública.

Mientras la ciudad crece e ingresa en las páginas de sociales con inversiones “fifís” por obra y gracia de emprendedores de renombre local, el centro de la ciudad y barrios de añeja existencia acusan abandono y desaseo, tanto como nostalgia de otros tiempos donde el pavimento aguantaba los embates del clima y las circunstancias. Y qué decir de las colonias urbanas que surgieron como hongos a lo largo de la historia de nuestros asentamientos humanos con terrenos regulares, legales pero alejados de la mano de Dios en materia de mantenimiento de la infraestructura vial, de agua potable y alcantarillado y, en forma sobresaliente, de seguridad pública.

Recientemente los reportes de baches de mayor o menor tamaño colmaron los espacios y atrajeron la atención de automovilistas y peatones: caminar por las calles de Hermosillo es como atravesar una pista de obstáculos, ya que banquetas y vías de circulación vehicular presentan un espectáculo aterrorizante que apanica al más pintado por ser invitación a sufrir un accidente con daño patrimonial y físico incluido.

El mantenimiento de la infraestructura urbana debe ser prioridad para cualquier gobierno municipal, tanto como la de ofrecer de manera eficiente y continua la recolección de basura. Usted fácilmente puede imaginar lo que sería de nuestra salud si no hubiera una red de agua potable, drenaje y alcantarillado funcional que resista las contingencias del clima y el tráfago citadino. Los ingenieros municipales deben estar atentos a la prevención del natural deterioro de los servicios a su cargo, porque servicio que no se mantiene significa un daño a la vida de la comunidad.

Sin embargo, en la Colonia Sonacer, en la calle Juan de Dios Bojórquez casi esquina con Cerro Prieto, un socavón abierto desde hacía dos o tres semanas se tragó a un modesto trabajador que transitaba montado en su bicicleta. Las aguas negras fluían con tal ímpetu que los rescatistas no avanzaron en busca del infortunado por temor a ser arrastrados por la corriente. El tremendo hoyo sigue tan campante, abriendo su boca en busca de nuevas víctimas. Del infortunado ciclista sólo se sabe que vestía en forma modesta, que montaba una bicicleta roja que quedó como testigo en el lugar de los hechos.

Hermosillo crece, pero no se desarrolla de manera integral por cuanto que hay zonas de exclusión. Cubre más espacio pero la calidad y cobertura de los servicios no lo hace en la misma proporción, generalidad o velocidad. Urge replantear la política presupuestal y de financiamiento de la obra pública; es urgente implementar mecanismos de concertación ciudadana que permitan mejorar la recaudación de impuestos, derechos y aprovechamientos. La hacienda municipal debe fortalecerse y los ciudadanos debemos apoyar el esfuerzo recaudatorio de la autoridad municipal. El socavón no sólo se traga la tranquilidad ciudadana y la fluidez vial, se traga la confianza del ciudadano en la capacidad de respuesta de quien gobierna. Tanto el problema como la solución es asunto de todos.

  

Otra vez las pensiones

"Esta crisis evidencia que es una suerte tener un sistema de pensiones; sin él hoy estaríamos en una situación más dura en términos sociales" (Carles Campuzano, CiU).

Desde hace tiempo el tema de las pensiones ha sido recurrente, con matices escalofriantes que mucho recuerdan a aquellas películas donde un enorme asteroide se acercaba a la tierra con una trayectoria alarmantemente dirigida hacia algún punto de la superficie planetaria. Los gringos, salvadores del mundo por ministerio de Hollywood, hacían uso de seso y tecnología (el orden de los factores no altera el producto) y terminaban con una explosión bastante lucidora gracias al arrojo de osados astronautas (se entiende que lo arrojado eran misiles y la operación estaba a cargo de los astronautas). La tierra se ha salvado una vez más y la humanidad puede seguir consumiendo lo que “América” produce.

Bueno, pues así parece pintar la cosa pensionaria en un mundo donde las instituciones manchadas por la secreción neoliberal le dicen al ciudadano entrado en años: “¿no cree usted que ya es tiempo de morirse y dejar de ocasionar gastos al fondo de pensiones?” Tenemos el caso típico de que los patos les tiran a las escopetas, si recordamos que el Pueblo es el soberano.

Pero, por si fuera poco, las empresas administradoras de fondos y los despachos de actuarios constituidos en oráculos del desastre, les dicen a las “nuevas generaciones” que deben ahorrar más si quieren llegar a viejos con un ingreso más o menos viable para seguir con el alma pegada al espinazo; y, de preferencia, deben procurar darse de baja de la vida en la primera oportunidad que se presente tras el retiro.

Según esto, la clave del éxito empresarial dedicado a “garantizar una vejez tranquila y digna” es simple: usted aporta sus ahorros, los aumenta lo más que pueda porque “el sacrificio económico de ahora es la disponibilidad futura” y, por supuesto, debe retirarse lo más tarde posible y, ya entrados en gastos, fallecer al poco tiempo para dar paso a una nueva generación que ya exige su espacio en la economía nacional.

Se entiende que la buena disposición de usted es fundamental para la salud de las empresas que cuidan sus ahorros y además disponen de una parte de su dinero para invertirlo y que le cobran una cuota por hacer lo que les plazca con su dinero. De hecho, las Afores introdujeron la palabra “minusvalías” para referirse a las pérdidas que sufre el ahorro cautivo, con cargo al dueño de los recursos y sin responsabilidad para la empresa que ordeña la vaca pensionaria.

Tanto el titular de la Secretaría de Hacienda como el vicegobernador del Banco de México se han pronunciado, uno con discreción y el otro con cierto empaque financiero, por la necesidad de aumentar la edad de jubilación, lo que simplemente significa mayor tiempo de cotización y, obviamente, mayor flujo de recursos para las empresas nacionales y extranjeras que hacen su agosto con nuestras pensiones.

Pero, más pronto de lo que se dice “ganso”, el señor Presidente López Obrador saltó a la palestra fenicia y dijo “no”. “No se aumentará la edad de retiro mientras sea presidente”. Los mariachis financieros callaron… Los jilgueros a modo y los chayoteros de costumbre lanzaron gritos de horror por la futura crisis financiera que se profundizará hasta el centro mismo de la actividad económica nacional… y más allá.

El asteroide económico con curso a la ganancia de las Afores (y los bancos extranjeros a ellas asociadas) se podría desviar o destruir mediante los misiles del ahorro aumentado y por más tiempo, hasta que se descubrió un mensaje oculto en una botella flotando en las finanzas nacionales: “la seguridad social es un derecho internacionalmente reconocido y en México el Estado es el responsable de garantizarla”.

En Sonora, el ISSSTESON ha sido la manzana deseada por cada uno de los gobiernos neoliberales recientes del PRI y el PAN y el objeto de saqueos que alcanzaron cifras tan descomunales (sobre todo en el gobierno de Guillermo Padrés) como asteroide de película gringa. Para resolver el desastre, la receta fue aumentar las cuotas y el tiempo de cotización, como lo establece la conocida Ley Bours o Ley 38 del ISSSTESON, que los sucesivos gobiernos han convertido en garrote para tundir sin respiro a los trabajadores mediante la obligada firma de “convenios” leoninos donde la clave usted la conoce: “pagar más y por más tiempo”.

Recientemente la Universidad de Sonora dio paso a la firma de un nuevo convenio en el que se le da entrada a la aplicación retroactiva de la ley 38 y se nulifica el derecho de los trabajadores, porque modifica las ventajas legales de que gozaban antes de la reforma a la Ley en 2005.

En defensa de su derecho, los trabajadores habían demandado al ISSSTESON por nivelación de pensiones, según lo establecido en la Ley del ISSSTESON antes de la reforma y considerando la no aplicación retroactiva de las normas jurídicas, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de los trabajadores, estableciendo un criterio más político que legal que favoreció al gobierno. El milagro lo operó el entonces ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora (actualmente investigado por actos reiterados de corrupción), en obsequio a la “preocupación” de la señora de Torres, gobernadora del Estado, por las finanzas del Instituto.

Paralelamente, se hace posible la propuesta del panista Gullermo Padrés sobre la venta de bienes como los estadios en Hermosillo y Ciudad Obregón, entre otras muchas propiedades del pueblo de Sonora. Misiles contra el asteroide financiero generado por la inercia de saqueos al erario y desviaciones de fondos de los trabajadores a cargo del ISSSTESON, quienes, hoy por hoy, deberán pagar más por más tiempo.

Los estadios están en curso de venta al gobierno federal pero, ¿el dinero que ingrese será para apuntalar la seguridad social a cargo del ISSSTESON o alguna fuerza magnética espacial desviará los misiles financieros lanzados para destruir la amenaza?

Eduardo Medina Mora ya está fuera de la SCJN, pero ¿las transas, acuerdos y fallos a favor de la leperada, incluida la decisión contra la nivelación de pensiones en Sonora, quedarán como polvo espacial que se diluirá en el infinito de corrupción y leperada que el actual gobierno ha heredado? ¿La responsabilidad del ISSSTESON y el gobierno del Estado por la desviación de los fondos se perderá en el éter? Espere noticias… el asteroide está en curso y los misiles también.

     

Poder Judicial cuestionado

“Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama lo justo” (Confucio).

Se ha señalado que la corrupción se ha vuelto una forma de gobierno. Ha habido denuncias públicas puntuales sobre la venalidad de algunos juzgadores que más parecen trabajar para la delincuencia y el crimen organizado que para salvaguardar el estado de derecho y la paz social. Desde hace tiempo la sociedad se ha visto agraviada por funcionarios corruptos y por el manejo desaseado de las leyes y las instancias de procuración de justicia.

Como usted seguramente sabe, recientemente presentó su renuncia el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora Icaza, desatando una serie de comentarios a favor o en contra de dicha decisión. Lo cierto es que el Presidente de la República la ha aceptado y, de acuerdo con la Constitución, será sometida a la consideración del Senado.

Algunos manifiestan su preocupación por el equilibrio de poderes, bajo el supuesto de que se requieren contrapesos para el Poder Ejecutivo, es decir, una estructura judicial que no obsequie su voto frívolamente a las iniciativas del presidente. En efecto, el equilibrio de poderes es importante y básico en un régimen democrático y republicano, de acuerdo con el modelo federal que adoptamos de los gringos recién nuestro país se constituyó como libre, independiente y soberano. La duda, en este caso fundada, es ¿qué se entiende por equilibrio de poderes en un Estado donde la corrupción se encuentra instalada hasta el tuétano de las instituciones?

A juzgar por las recientes expresiones de oposición por parte del PRI, PAN y PRD en distintos escenarios a las iniciativas y acciones del gobierno emanado de Morena, se puede suponer que de lo que se trata es de conservar a como de lugar el estado de cosas que existía ante de la elección del 1 de julio de 2018. Es claro que la marea poselectoral está removiendo estructuras, acuerdos, cochupos e intereses cuya sobrevivencia depende de que desde el gobierno “no hagan olas”.

En el momento preciso en el que se encuentra el país, el “equilibrio de poderes” supone la conservación de privilegios, la permanencia del criterio neoliberal de entrega de los recursos nacionales y la más oscura connivencia con los intereses del capital extranjero. Seguramente alarmó lo suficiente la advertencia de que ya no se permitiría la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios a la sombra del poder, cuestiones que alimentaron las grandes fortunas de los políticos y funcionarios del neoliberalismo hecho gobierno inaugurado por el PRI de Carlos Salinas de Gortari y fauna de acompañamiento en el PAN, PRD y satélites electorales.

Ahora tenemos que los beneficiarios de las corruptelas y complicidades del gobierno con la iniciativa privada que dieron por resultado grandes fortunas y condonaciones o devoluciones a empresarios multimillonarios, claman justicia y equilibrio de poderes para hacer frente al poder presidencial en sus iniciativas “aventuradas y riesgosas”. Pero, pensándolo con calma, tienen razón: la democracia y la transparencia, el respeto a la ley y la procuración de justicia tienen el defecto de despertar conciencias, de hacer una nueva ciudadanía, donde no resulte extravagante la consigna de “primero los pobres”. Estamos en un momento en el que el presidente requiere de todo el apoyo, de todo el poder para hacer cumplir la ley y honrar las promesas del cambio. Desde luego que quienes han estado contentos con que la ley sea una mercancía y quieren seguir esperando la temporada de ofertas, se sienten frustrados y afectados en sus intereses y, desde luego, pegan de gritos.

La renuncia de Medina Mora, de negros antecedentes ligados a la delincuencia de cuello blanco según ha trascendido en medios periodísticos y objeto de una investigación internacional protagonizada por EEUU y Reino Unido, han sido razón suficiente y necesaria para que se considere fundada su renuncia a la SCJN. Es claro que quien se encuentra como persona políticamente comprometida por sospecha internacional de lavado de dinero no puede estar en condiciones para formar parte del máximo tribunal de la nación.

En este orden de ideas, el Senado debe dar curso a dicha renuncia y al procedimiento establecido constitucionalmente para el nombramiento de un nuevo ministro. Si el presidente, de acuerdo con la ley, es quien presenta las ternas para la sustitución, debemos dar por supuesto de que quienes en ella sean presentados reunirán la estatura moral y autoridad profesional para garantizar el estado de derecho desde la cabeza del Poder Judicial.

Un aspecto que no debe ser dejado de lado es el de la necesaria revisión de los asuntos a cargo del ahora exministro Medina. Si existe la sospecha de malos manejos y negocios turbios, es lógico poner el duda la legalidad y certidumbre de los fallos dados por la Sala Segunda de la SCJN durante el tiempo de ejercer funciones del citado exministro. Si existen evidentes muestras de tráfico de influencias, criterios políticos más que jurídicos en la resolución de determinados casos, los expedientes deben ser regresados a su punto de origen.

Por poner un ejemplo de manejo político antes que jurídico, cito el caso de las demandas de nivelación de pensiones de ISSSTESON. Aquí se atrajeron los expedientes a la sala presidida por Medina Mora, siendo que eran asuntos de la estricta competencia de los juzgados locales, quienes se declararon incompetentes tras haber fallado a favor de los demandantes en 210 casos al inicio del gobierno de Claudia Pavlovich. De repente ya no eran competentes y la cosa pasó a manos federales donde se juzgó de acuerdo con la Ley del ISSSTE, siendo que la ley 38 que rige al ISSSTESON es estatal, y siendo como lo es un organismo descentralizado de la administración pública estatal. Como queda claro, el tráfico de influencias y la venalidad del juzgador son los elementos clave para una trama exitosa de corrupción y desaseo legal.  

El país requiere urgentemente de una limpia a fondo del Poder Judicial, plagado de corruptelas y simulaciones. En este sentido, bienvenido el cambio.