Y usted ¿ya se enfermó?

“La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida” (Bernard de Fontenelle).

Estamos en temporada de enfermedades de vías respiratorias y se pone de nuevo en el tapete de las medidas preventivas las famosas vacunas contra la influenza y demás cachivaches farmacológicos, lo que resulta un jugoso negocio para las empresas que los comercializan y promueven a costa de sufrir la vergüenza de poner por delante las ganancias antes que la salud. “¡Es el mercado!” dirán algunos, pero las narices rojas, los ojos llorosos y el malestar general siguen viento en popa, más los posibles desperfectos en otras regiones de nuestra anatomía con los consabidos impactos en la salud pública.

No es raro que llegue el enfermo al centro de salud y le digan que chupó faros porque el medicamento indicado no se encuentra disponible, o que salió del cuadro básico y su esquema de seguridad social no lo cubre, así que debe emprender una gira por los anchurosos cauces de la medicina privada y la farmacia que los ofrece a precios de “o aflojas o te jodes”. Ni duda que la demanda es inelástica en ciertos productos o servicios, es decir, que independientemente del precio o tarifa siguen siendo comprados porque no hay de otra, como es el caso de medicinas, combustibles, educación, alimentos, transporte, entre otros.

En estos casos, uno se pregunta ¿qué hay de la cobertura social que el gobierno debe atender y a la cual está obligado por obra de acuerdos internacionales, programas de gobierno y el pago puntual de impuestos por parte de la ciudadanía que trabaja y sufre descuentos en nómina, que paga ISR, seguros colectivos, servicios médicos; o, simplemente, predial, servicios, derechos y aprovechamientos y todo el universo de gravámenes que caen sobre los lomos del precariado laboral que sobrevive como ciudadano?

En este escenario, salta la liebre del empleo e ingreso, frente a los costos de la supervivencia ciudadana. ¿Somos un país que fomenta el empleo decente y la justa remuneración al trabajo?, ¿tenemos un gobierno que protege el esfuerzo productivo nacional y cuida la economía familiar?, ¿hay la cobertura necesaria en salud, educación y cultura?, ¿los servicios de seguridad social responden a las necesidades de sus usuarios y obran un efecto redistributivo en la sociedad?, ¿se protege la salud pública mediante programas de medicina preventiva y existen los recursos para satisfacer la demanda de personal, equipo, materiales de curación y medicamentos en clínicas, hospitales y centros de asistencia? ¿México es productor de medicamentos e impulsa la investigación farmacológica y epidemiológica, entre otras? ¿Nuestras escuelas de medicina y enfermería, tienen un enfoque social o son productoras de mentalidades ligadas al mercado?

Recuerdo hace años que se desplegó la alarma general por la gripe H1N1 (gripe porcina), lo que produjo pingues ganancias al laboratorio fabricante de Tamiflu, ligado al entonces vicepresidente de los EE. UU., Dick Cheney. Las autoridades de salud decretaron el uso extensivo e intensivo de dicho medicamento y fue común ver colas de atemorizados ciudadanos que iban a recibir la vacuna contra ese bicho de peligrosidad oficial incuestionable. Otros productos que fueron altamente demandados son los cubrebocas y el gel antibacteriano. ¡Negocio redondo! ¿Beneficios para la salud de los pacientes cautivos e hipocondriacos por inducción? Ninguno que esté debidamente documentado.

En épocas en las que el mercado se pone por encima de los objetivos sociales que cualquier gobierno debiera tener y que justifican la acción pública, no faltan quienes especulan sobre la esperanza de vida de la población con fines de mercadotecnia y, por qué no, recaudatorio.

Lo mismo le dicen a usted que necesita comprar un seguro de vida como integrar un fideicomiso para “la educación de sus hijos”, con lo que reducen la visibilidad de la salud y la educación pública, en beneficio de los agentes privados; y otro reclamo que se oye con mayor frecuencia es el del ahorro.    

Gracias al arrebato privatizador del supremo gobierno, los fondos pensionarios pasaron a ser administrados por tiburones trasnacionales que funcionan como bancos o agencias especializadas en esquilmar pensiones. Tenemos las Afores y una serie de intentonas de quebrar los sistemas de seguridad social de los estados, por la vía del saqueo, el abandono del gobierno y la ineficiencia que se induce al desalentar el trabajo profesional de sus servidores, a lo que se agrega la privatización o subrogación de servicios como farmacia, tomografías, hemodiálisis, medicina especializada, pasando por aseo, cocina, ambulancias y seguridad, entre otros.

Así pues, tenemos que los intentos de tronar al ISSSTESON y elevar las cuotas y los tiempos de cotización para el acceso a la seguridad social en Sonora, embarrados en la reforma a la Ley 38 en tiempos de Eduardo Bours, tienen como finalidad enfocar los servicios esenciales de protección al ciudadano trabajador y sus familias al tortuoso ámbito del mercado.

Como es del dominio público, el ISSSTESON ha emprendido una campaña de terror entre los organismos afiliados y sus trabajadores con amenazas de suspensión de los servicios de salud y de pensiones si no se firma un convenio donde las cuotas suben mientras lo demás permanece como está, es decir, con cuadros básicos reducidos, atención diferida para cuando se les antoja, subrogaciones que sólo funcionan con dinero de por medio y, en fin, un panorama de privatización solapada, vergonzante e indignante. La salud, según esta concepción, es un negocio. Nosotros decimos que es un derecho.  

Es claro que se trata de una agresión a los principios de solidaridad y subsidiariedad que deben existir entre los trabajadores y sus organizaciones y el Estado en su vertiente social, dentro de la cual se supone está el ISSSTESON. Pero si el pacto social se rompe, entonces sólo queda a los trabajadores la resistencia y la oposición enérgica a lo que es una clara violación a sus derechos laborales y sociales, y la exigencia legal y política de su cumplimiento.

La Universidad de Sonora y las otras instituciones afectadas están obligadas a unir sus fuerzas y decir NO a la arbitrariedad y al abuso. El gobierno del Estado, por su parte, debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y estar al servicio del bienestar ciudadano. La ciudadanía tiene que alzar la voz y actuar en legítima defensa.

Trabajo y seguridad social

“Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?” (John Maynard Keynes).

Tenemos la idea de que el trabajo es la condición esencial para tener un ingreso monetario y, por tanto, existencia económica debido a nuestras interacciones en el mercado. Se asocia de manera automática e indiscutible a la remuneración por el tiempo de trabajo invertido en un entorno específico, sujeto a normas y procedimientos que, finalmente, también están determinados por el mercado y, no tanto, por las necesidades humanas. Así pues, la lógica de la oferta y la demanda chupa nuestras energías mentales, emocionales y físicas, en una cadena continua de eventos que van desde la inserción al entorno laboral hasta el fin de la vida productiva.

En este contexto, el hombre nace predestinado a trabajar para vivir, es decir, a depender de factores externos de índole económica para resolver sus necesidades materiales y no tanto para desarrollarse como persona; esto es, que en el plano emocional, social y político tenemos un déficit de atención que nos hace adolescentes crónicos echados a puntapiés en el camino en construcción de lo humano.

Lo anterior da cuenta de un grado de enajenación que convierte en paria al trabajador, bajo la férula de un patrón y de un sistema que decide el bien y el mal para su empleado. Este sistema de exclusión, de privación de derechos laborales y sociales que, en resumidas cuentas, lo es de derechos humanos, conforma e impone una mentalidad siempre subordinada, siempre expectante de las decisiones externas que considera de obligado acatamiento. Así, los derechos de los trabajadores son percibidos como una graciosa concesión del capital y la empresa el vínculo más eficiente de éstos con la realidad social que es interpretada de acuerdo con la lógica del mercado.

En este contexto, el trabajo se convierte en una obligación vital en términos de la supervivencia en una sociedad ajena y hostil, solamente vivible mediante la posesión de medios de producción de mercancías, dinero para adquirir bienes y un conjunto de normas jurídicas que ponen muy en claro la frontera entre lo propio y lo ajeno, con exclusión discreta o evidente del desarrollo de lo humano. Lo anterior es claro si consideramos que la naturaleza de las reformas laborales de nueva generación ha subrayado el peso del Mercado sobre el Estado y, consecuentemente, la preeminencia del capital sobre el trabajo.

Recientemente se ha ventilado la posibilidad de un aumento en el salario mínimo, incluso por parte de organismos patronales; pero al mismo tiempo los empresarios aplauden sin recato las reformas legales que hacen posible el despido de los trabajadores sin responsabilidad para ellos, así como mayores facilidades para contratar sin la obligación de reconocer antigüedades ni derechos adquiridos, además de las generosas devoluciones de impuestos con que son premiadas las empresas por cumplir con lo que legalmente es su obligación. Vemos, pues, que mientras los salarios y los derechos laborales van a la baja, los precios de los bienes de consumo popular suben, al igual que las tarifas de los servicios, lo cual hace posible que cada aumento anunciado se nulifique casi de inmediato en una carrera donde el que pierde es el trabajador.

Tenemos un trabajo devaluado frente a un mercado cada vez más exigente, lo que da por resultado un sistema de exclusión económica y social que afecta enormemente los valores de una sociedad que se dice democrática: la esclavitud salarial es una condena de por vida que sufre el productor directo que ve reducidas sus expectativas de bienestar y progreso. Consecuentemente, el aparente ahorro de las empresas por concepto de remuneraciones al factor trabajo se convierte en un decremento de la demanda de los bienes y servicios que el sistema produce, con lo que la oferta tiene, por necesidad, que reducirse con graves consecuencias para los costos de operación de las unidades productivas y finalmente para su supervivencia. El tejido social se rompe y tenemos cuadros de violencia e inseguridad pública que ameritan la revisión del modelo y rectificar la política laboral y salarial, tanto como la seguridad social como mecanismo de redistribución del ingreso y, por consecuencia, de estabilidad social. Llegados a este punto, debemos pensar seriamente en que la fortaleza de la seguridad social depende de la calidad y la cantidad del empleo, tanto como su defensa por parte de las organizaciones de los trabajadores. 

Si tenemos empleo precario e ingreso por debajo de la línea de pobreza en un alto porcentaje de la población nacional, ¿cómo se puede pensar que los sistemas de seguridad social puedan ser sostenibles? ¿Cómo es posible que el gobierno pretenda hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la corrupción y pésima administración de la seguridad social? ¿Podrá, un gobierno responsable, pensar que la inconformidad social se resuelve con leyes que autoricen el uso de la fuerza armada, o que silencien a los críticos del sistema y sus representantes? Desde luego que no.

En la actualidad, las organizaciones representativas de la clase trabajadora son el enemigo que vencer del sistema a la par que son, paradójicamente, su mayor sustento. Lo anterior se debe a que los sindicatos son el frente de defensa de los derechos colectivos, pero al mismo tiempo la maquinaria más eficiente de manipulación y mediatización de la voluntad de los trabajadores. En ese sentido, el peso legal y político de sus demandas depende, para efectos prácticos, de la acción o inacción de las organizaciones por cuanto que éstas pueden hacer visible un problema que puede resolverse, o no, en plazos menores que si fuesen abordados por cada uno de los afectados.

En Sonora, ante las reiteradas amenazas de suspensión de los servicios de seguridad social del ISSSTESON, en un acto de absurda violación de la legalidad que tanto se proclama por el actual gobierno de Sonora, los sindicalistas universitarios se han pronunciado por un rotundo no a la exigencia de que la Universidad de Sonora firme un convenio abusivo y desproporcionado. Cabe recordar una vez más que existe un contrato firmado con ISSSTESON en plena vigencia y cualquiera sabe que mientras que una de las partes interesadas no acceda a modificar los términos del contrato, éste sigue normando la prestación de los servicios contratados.

La directiva del ISSSTESON puede incurrir en un gravísimo error no sólo legal sino político al desconocer unilateralmente sus obligaciones y ser, por tanto, objeto de demandas por incumplimiento de contrato y lo que resulte en perjuicio de los trabajadores derechohabientes. Como hemos señalado en otras ocasiones, la organización de los trabajadores y su defensa de los derechos colectivos, laborales y sociales es fundamental.

De última hora: el propio lunes 8 del presente, fecha en la que los sindicatos universitarios realizaban una rueda de prensa sobre el problema en comento, el director del ISSSTESON, Enrique Claussen, comunicó que dejaba sin efectos la suspensión de los servicios y planteaba una próxima reunión para buscar alguna forma de acuerdo entre las partes. Le decimos al señor Claussen que la mejor forma de llegar a acuerdos es cumplir con la ley y dejarse de amenazas, fintas y manipulaciones. Más seriedad.

El compañero jubilado

                            “Lo llamamos justicia... pero su nombre es amor” (León Felipe). 

Mientras el tiempo pasa, se cultivan amistades, afectos y distanciamientos que pueden ser temporales o definitivos. En esta categorización, ¿cuál es el lugar del compañero que se jubila? Tras una larga carrera en una profesión y en un lugar compartido con muchos, ¿dónde quedan las vivencias comunes, los espacios logrados, los obstáculos vencidos, las fronteras traspasadas y el lazo que une, o puede unir, a varias generaciones de quienes cultivan la misma profesión, arte u oficio? ¿Son sólo de los que se quedan y descontados de la vida de quienes se van?

Quienes se retiran jubilados por antigüedad o por circunstancias personales que aplican para pensión, ¿siguen siendo lo que son, en los términos de una trayectoria vital que siempre es paralela a la de otros, en el mismo tiempo y espacio?, ¿o son, por ese sólo hecho, excluidos de toda consideración y memoria?

Lo anterior viene al caso porque es frecuente que a quienes se jubilan se les vea como seres de segunda, que ya llegaron a su fecha de caducidad humana, social y política, e incluso se les prive del beneficio de reconocer su trayectoria, talento, experiencias que pueden ser de tanta utilidad como lo eran un día antes de su retiro laboral. ¿Cómo de un día para otro cambia la percepción de quienes fueron compañeros de trabajo, o alumnos? Pareciera ser un proceso acelerado de devaluación de la persona y, por tanto, una descalificación súbita que retira capacidades profesionales y potencialidades de logro.

¿Acaso ocurre una especie de muerte cívica? ¿Se dan cambios cualitativos y cuantitativos que muchas veces sólo son percibidos por los demás? ¿La exclusión que resulta es una forma de defensa del territorio antes compartido? ¿La jubilación ya no es una conquista laboral y social sino una condena por el crimen de ejercer un derecho esencial de quienes trabajan?

En la medida en que el sistema económico, con la trivialización de la vida que lo caracteriza, avanza y se revela como una ideología de lo desechable que se materializa en la política económica y social, las prioridades del discurso político cambian como cambia también la idea del otro; nuestra concepción de la vida y el aceleramiento de la muerte social de quienes “ya cumplieron” con su cuota de plusvalor en beneficio de la empresa pública o privada que contribuyeron a hacer funcionar, se convierte en una especie de imperativo categórico que apenas disimula su vertiente genocida. La aniquilación generacional complementa y define la del trabajador precarizado, la insolvencia crónica y las expectativas de bienestar canceladas o, simplemente, disminuidas o ignoradas. El sueldo o el salario no es un derecho, contraprestación o pago, pues en esta lógica es un favor, una dádiva generosa que no acaba de ser merecida y que, por tanto, puede ser regateada, condicionada o disminuida.

El pragmatismo del mercado y su ética excluyente convierten a la persona en cosa y sus capacidades en mercancía, por la misma razón que las remuneraciones al trabajo se ven como costos que hay que disminuir. Tenemos, entonces, sociedades donde los productos esenciales de consumo personal aumentan sus precios mientras que los sueldos permanecen por debajo de la línea de pobreza, con incrementos que resultan una simulación. El trabajo tiene remuneraciones de infra subsistencia y sus productos quedan fuera del alcance del trabajador, por lo que no debe resultar sorprendente que aumenten las tasas de disfuncionalidad familiar, divorcios, delincuencia e inseguridad.

Si los salarios son bajos y las empresas procuran gastar menos en ellos, la seguridad social termina siendo una cuestión meramente simbólica o una forma más de aprovechar la debilidad de la clase trabajadora en beneficio de las empresas tanto de salud, vivienda, educación como de pensiones. Así pues, se tiene por un lado empleo precario y mal remunerado y, por el otro, agentes privados en pos de los ahorros de los trabajadores.

Pero, si la situación es complicada para los trabajadores en activo, los jubilados suelen tener un doble problema: por un lado, los costos de la vida aumentan en la medida en que se llegan a requerir mayores atenciones en salud, pero independientemente de lo económico, se suma la devaluación de la persona por parte de sus antiguos compañeros. Así pues, el jubilado padece la crisis del sistema y el deterioro de la consideración social por la influencia de una ideología individualista y pragmática que deshumaniza las relaciones y afecta seriamente el tejido social.

Cabe señalar que el jubilado, por razones naturales, deja de ser competencia para los activos, pero al mismo tiempo supone un apoyo en términos de experiencia que bien puede ser aprovechado en el plano personal o en el organizacional. Esta posibilidad es tan real que, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) se tuvo la visión de incorporar a los jubilados en una delegación dentro de su estructura, con lo que se suma a otras organizaciones de alcance local y nacional que valoran la trayectoria de sus miembros y tienen clara la importancia del aporte intergeneracional en su fortaleza y consolidación.

En las urgentes tareas de reparación del tejido social y de rehumanización de las relaciones entre pares, la solidaridad es un concepto clave en la identidad y los propósitos sindicales, de cara a las complejidades de los retos que presenta el sistema anclado en la ideología neoliberal contra los trabajadores.

En consecuencia, los trabajadores activos y retirados deben replantear sus luchas considerando que la temporalidad de la vida laboral debe situarse en el marco de los derechos colectivos adquiridos mediante la lucha de generaciones sucesivas de trabajadores, razón y esencia de la organización sindical. En tal sentido, el sindicalismo no sólo ve hacia el presente, sino que debe considerar el pasado y el futuro como una construcción colectiva intergeneracional, guiada por el propósito de defender los intereses de clase de los trabajadores, y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, lo cual pone en el centro de la atención la seguridad social como un derecho irrenunciable.

Con todo respeto...

           “El estado llama ley a su propia violencia y crimen a la del individuo” (Max Stirner).

Duele la cara de pena ajena, el alma se pone de rodillas y exclama “¿por qué, por qué, por qué?”, en medio de temblores del esqueleto y rubores que, en rápida sucesión, enrojecen el rostro y hacen palidecer el civismo. En serio, ¿qué necesidad había de que la señora de Torres, a la sazón gobernadora de Sonora, hiciera de porrista estudiantil durante la visita de ese señor de apellido Meade, que concita el albur, a estas tierras tan llenas de atractivo para las mineras y tan deseadas por los gringos de Arizona? Seguramente ninguna, pero la dignidad y el decoro también tiene derecho a vacaciones decembrinas, ¿o no?

Hablando de otros asuntos, pesa la amenaza de suspensión de servicios médicos este fin de mes a los organismos afiliados a ISSSTESON que no hayan firmado un convenio, aceptando nuevas condiciones para acceder a los servicios del Instituto. ¿Usted cree que tienen derecho a ejercer semejante presión sobre los trabajadores afiliados? ¿Se le hace justo que un trabajador que ha cotizado puntualmente la cantidad convenida en el contrato de servicios llegue a la clínica y le digan que le busque por otro lado porque ahí no tiene derecho? ¿No le parece que el ISSSTESON incurre en una grave falta al presionar por la firma de un convenio que, como su nombre lo dice, es un acuerdo de voluntades y que, en ese carácter, deben ser dos los que coincidan, acuerden y se comprometan para ser válido y obligatorio?

¿Acaso una de las partes tiene derecho a presionar a la otra para que acepte determinadas condiciones que, quizá, vayan en contra de sus intereses o posibilidades de cumplimiento?

¿No le parece que el Instituto debiera ser el primero en respetar los contratos y convenios suscritos y, en todo caso, negociar las nuevas condiciones de prestación de servicios de manera civilizada y respetuosa del derecho ajeno?

Si el ISSSTESON cumple su amenaza de suspender los servicios médicos, seguramente se desataría un conflicto de proporciones inimaginables en cuanto a derechos humanos violados, porque se estaría afectando la salud de los trabajadores y sus familias, quizá de manera fatal. Por otra parte, dicha medida puede ser políticamente condenable, toda vez que su finalidad es claramente recaudatoria y punitiva, en un año donde la moneda electoral está en el aire. Aquí surge las preguntas: ¿por qué los pillos que saquearon el ISSSTESON siguen tan campantes?, ¿por qué el gobierno no asume su responsabilidad solidaria y subsidiaria en el resarcimiento de los fondos sustraídos por la propia administración pública y que pertenecen a los mismos trabajadores que ahora se pretende afectar?

Estamos ante el curioso caso en el que las víctimas, los agraviados, son presionados a pagar por lo que no hicieron y los culpables son los que, en este caso, presionan y violentan la estabilidad económica y la paz social de los sonorenses.

Cabe señalar que el ISSSTESON alega que los trabajadores pagan de menos en los términos de la actual Ley 38, pero es justo aclarar que los trabajadores que ingresaron al sistema antes de 2005, año de la reforma boursista de la Ley, están bajo el amparo y las reglas que emanan de este ordenamiento legal, en el que la base de cotización es distinta y no tan agresivamente recaudatoria como la actual. Lo anterior vale porque, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución federal, no existe la aplicación retroactiva de las normas en perjuicio de persona alguna. Es claro que el ISSSTESON incurre no sólo en un abuso al querer aplicar un ordenamiento legal en un contexto posterior al que se tiene en la época en que se adquirió el derecho, sino en una seria y evidente violación al principio de irretroactividad.

En este contexto, resulta evidente la irresponsabilidad de la administración del Instituto y la perdida de rumbo de la administración estatal, puesta en evidencia al renunciar a la función social, a la vertiente redistributiva de la función pública a la que están obligados y a la bajuna agresión a los trabajadores y sus familias. Es previsible que lluevan demandas no sólo de amparo sino por incumplimiento del contrato de prestación de servicios vigente. Los errores, lamentablemente, son acumulativos y de difícil ocultamiento, lo que permite afirmar que las consecuencias políticas necesariamente se verían reflejadas en las elecciones de 2018.

Tiempo de rectificar, de enderezar el rumbo, de justificar la confianza que muchos, por las razones que sean, depositaron en este gobierno que aún tiene mucho camino por recorrer.

La seguridad, ante todo.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un pueblo colonizado para restablecer la soberanía de la nación constituye la manifestación más plenamente cultural que existe” (Frantz Fanon).

Como se sabe, los senadores hicieron lo suyo y aprobaron sin ver la Ley de Seguridad Interior que, como los calzones, sirve para ocultar intimidades y rastros inconvenientes que deben ser reservados para su debido lavado. Ellos y su colegisladora, la inefable cámara de diputados, celebran el trabajo y esperan, desde luego, pasarla de lujo en estas fiestas decembrinas. ¿Se imagina usted vivir en un país donde se respeten los derechos humanos, sin las emociones que nos han ganado fama y prestigio internacionales? El horror me deja sin palabras… por elemental instinto de supervivencia.

Fue conmovedor verlos a ellos, tan ufanos, darse abrazos y celebrar con alborozo el triunfo del autoritarismo conosurense instalado en las mentes y los votos de quienes lo hicieron posible. En su momento, el senador Bartlett señaló que era una ley impuesta por los gringos y que no debiera el país militarizarse por una imposición, en medio del chacoteo de la Cámara y las tibias llamadas al orden por parte de quien presidió la sesión. Los patrióticos legisladores bailaron un zapateado sobre la Constitución y sobre la dignidad de las fuerzas armadas metidas a policías y a émulos legales de los militares chilenos o argentinos de la época de la guerra fría, el ascenso de las dictaduras siempre con el patrocinio y guía de los gringos: América debía ser preservada de las ideas comunistas y hoy lo debe ser de los ciudadanos de los países petroleros que defienden sus tierras y su patrimonio histórico y cultural. Los gringos apoyan el nacionalismo, desde luego, pero aquél que se entiende como la defensa incondicional de sus intereses nacionales. A los demás se les receta eso de la apertura en todas sus dimensiones, las maravillas de los intereses globales y la idea de la necesaria unidad mundial en torno a su muy particular y onanista interpretación de la democracia. 

Como el perspicaz lector sabe, las advertencias de expertos internacionales sonaron a chiste decembrino de Pepito y la urgencia presidencial se hizo ley. Las policías y las autoridades civiles pueden esperar a que desde arriba les arreglen los renglones torcidos de nuestra democracia, seguridad pública y vida en comunidad, porque ¿para qué sirve el Pacto Federal ante las crudas realidades de un narco-estado creado y financiado desde las cañerías de las agencias de inteligencia de allende el Bravo?, ¿para qué queremos soberanía cuando bien podemos servir de corredor y campo experimental del polo hegemónico del continente en condiciones seguras para Washington? Es claro que la necesidad de militarizar México obedece a una elemental precaución de salvaguardar los recursos energéticos para el mejor aprovechamiento de la economía del Norte.

De muchas maneras, el desmantelamiento del aparato productivo y la cancelación de la salida tecnológica y científica nacional se revela como necesidad sobre todo a partir de los años ochenta, cuando la cochi nacional torció el rabo. Los intereses locales y nacionales pasaron a ser “megarregionales”, con fuerte olor a neocolonización comercial y financiera. En ese contexto, es claro que el marco legal nacional debía ser modificado en beneficio de la idea globalizadora, así que empezaron las adecuaciones en el sector bancario y crediticio, el comercial, el agropecuario, el de servicios y, por obviedad, la sustitución de la industria nacional por la facilona plataforma maquiladora y ahora, en el colmo de la modernidad, la apertura total a la inversión extranjera sin contrapartida o responsabilidad exigible.

Como consecuencia, las leyes y reglas de funcionamiento de las actividades productivas y de servicios pronto se encontraron en la disyuntiva de servir a intereses locales o a la creciente transnacionalización de la economía y la cultura, así que la palabra “armonización” surge como la panacea legislativa y se allana el camino de la desnacionalización normativa. Una prueba clara y reciente es el famoso sistema penal acusatorio, patrocinado por el gobierno gringo, pasando por las reformas estructurales y las leyes que le tapan la boca a las disidencias y a los comunicadores de noticias: la ley de seguridad interior y la ley mordaza que previene el “daño moral” son dos brazos de una misma pinza disuasoria del pensamiento crítico e independiente. La democracia dirigida se pone frente a la democracia como expresión de las aspiraciones del pueblo.

Gracias a la labor discreta, soterrada, nocturna del honorable cuerpo legislativo, tenemos una legislación que favorece el abuso, coarta la libertad de expresión y nulifica la protesta social, pero que favorece a la invasión gringa y a las labores de apoderamiento de los recursos estratégicos del país, sin ruido social ni protestas inconvenientes que arruinen la máscara de democracia y soberanía que lucimos frente al extranjero en noches de gala internacional. Como en boca cerrada no entran moscas, “los diputados aprobaron una reforma al Código Civil Federal, que establece que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien. La propuesta de reforma la presentó el PRI y ya se encamina al Senado para su revisión” (El Financiero, 15.12.2017).

Pero, claro, no debemos pensar en votar por el populismo, en una especie de remedo del Chávez venezolano porque, ¿se imagina que México cayera en manos de algún radical de pensamiento nacionalista que echara para atrás nuestros logros de salario mínimo inferior a la línea de subsistencia?, ¿ha pensado usted en el oprobio de ser autosuficientes en alimentos, gasolinas, ciencia y tecnología, y soberanos en el terreno político y administrativo? Los horrores inimaginables de la libertad y la soberanía nacional son conjurados por la sabia decisión del gobierno de entregarnos a las bondadosas manos de la dependencia económica y la subordinación legislativa. Con las reformas, los opositores deberán pasar a la invisibilidad y los legisladores podrán estar sin el temor de que la opinión pública, expresada en las redes sociales, pueda dañar su imagen y ocasionarles “daño moral” por exponerlos como son. La paz porfiriana derrama su poder balsámico sobre la curtida piel del mexicano de a pie. Somos, hoy por hoy, el país del “no pasa nada”. 

Una reforma necesaria

“Esta crisis evidencia que es una suerte tener un sistema de pensiones; sin él hoy estaríamos en una situación más dura en términos sociales" (Carles Campuzano, CiU)

Como estamos en tiempos donde las iniciativas y las reformas a las leyes están de moda y donde la relativización de los conceptos se considera una actitud de avanzada, propongo que transitemos por la vía de las reivindicaciones sociales, antes que sobre las cenagosas latitudes de la “armonización” con las ideas del polo neoliberal de la sociedad. Veamos, por ejemplo, cómo resolver de buena manera la situación del ISSSTESON y de los organismos afiliados, que actualmente se debaten en un “estira y afloja” cuyo sello característico es, por un lado, el afán recaudatorio del Instituto que ha sido uno de los peores ejemplos en materia de administración sana de recursos en la historia reciente de la esquizofrenia prianista y, por otro, la reacción defensiva de los afectados.

No cabe duda de que la seguridad social no es solamente un “tema” sino un problema que afecta a todos los ciudadanos, por lo que debiera ser un asunto prioritario en todas las discusiones de índole político que actualmente se incuban por el pretexto de la temporada preelectoral. Los partidos se encuentran empeñados en sacar, por lo menos, su cuota de votos para seguir gozando de las prerrogativas oficiales, frente a un electorado cada vez menos permeable a los discursos y a las promesas de campaña, pero solamente atinan a discurrir por los mismos derroteros que marca la obviedad: seguridad pública, corrupción y una vaga promesa de cambio, pero un gran problema que debe tener mayor visibilidad y abordarse públicamente es el de la seguridad social.

En el caso de Sonora, tras el nefasto antecedente de la reforma federal a la seguridad social perpetrada en 1997 y su cauda privatizadora, se dio la reforma a la Ley 38 del ISSSTESON en 2005, con lo que se aumentaron las cuotas para los organismos afiliados y sus trabajadores y el tiempo de cotización, además de que se incorporó el concepto de “sueldo regulador” (artículo 68), lo que tiene por propósito alejar el disfrute de la jubilación y reducir el monto de la pensión del trabajador.

Por lo que corresponde al “sueldo básico integrado”, que es la base de cotización, la ley reformada lo deja al libre juego de las circunstancias, ya que lo remite a los convenios que cada organismo celebre con el Instituto, al contrario del mismo artículo 15 (párrafo tres) antes de la reforma que lo establecía en la misma ley.

Tenemos una ley abusiva y desproporcionada, que aleja al ISSSTESON de los fines sociales y redistributivos que debe perseguir al hacer recaer sobre los trabajadores el peso de los fallos en el diseño de política económica y los problemas derivados de la corrupción y la falta de transparencia, contraviniendo las disposiciones consagradas en los acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

Es claro que los trabajadores no son responsables del rescate de instituciones quebradas gracias a la rapiña y el manejo desaseado de sus recursos que, por otra parte, son producto del esfuerzo de sus propios afiliados, razón por la cual no tienen ni deben pagar por los platos que otros rompieron porque son, en realidad, las víctimas del latrocinio y la corrupción que se da a la sombra del poder sexenal.

Tras el escandaloso desfondo del ISSSTESON y sus afanes recientes de hacer firmar un convenio a sus afiliados, su política es, por decir lo menos, éticamente cuestionable. Cabe recordar que la defensa de la seguridad social se fundamenta en la de los derechos humanos, y el derecho a la salud y la seguridad de una vida digna tras el retiro es y debe ser la garantía con la que cuente cualquier trabajador que ha aportado su esfuerzo productivo y económico durante décadas al desarrollo nacional y local.

Es claro que las organizaciones sindicales y sociales respetuosas de los principios de la democracia y los derechos laborales y sociales de sus agremiados, deben pasar lista de asistencia y decir ¡presente! en la lucha que el Estado neoliberal ha declarado contra los trabajadores y sus familias, considerando que la capacidad adquisitiva del salario se ha reducido sustancialmente en las últimas tres décadas, y que la precarización del empleo y la política de topes salariales profundizan las diferencias y destruyen el tejido social, haciendo imposible la sana convivencia y el imperio de la ley.

Por razones de elemental justicia, debemos decir NO al abusivo convenio que propone el ISSSTESON, y buscar las vías legales y políticas para impulsar un régimen de seguridad social basado en los principios de la equidad contributiva y la solidaridad distributiva, lo cual implica, entre otras cosas, impulsar desde las organizaciones de los trabajadores una reforma a la Ley 38, que rescate los principios de la seguridad social que fueron abandonados con la reforma de carácter recaudatorio del 2005. El sindicalismo universitario puede y debe aportar su mejor esfuerzo y dar el ejemplo en esta lucha.

Seguridad interior

“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad” (Juan Pablo II).

El concepto suena alentador cuando se ignoran las implicaciones, los entresijos de este prometedor supuesto: el país necesidad seguridad para seguir adelante, para que el ciudadano común pueda salir a las calles y buscar su subsistencia, no temer por su integridad física o patrimonial, y para que el emprendedor pueda prosperar en sus proyectos. Requiere de condiciones que permitan que la economía funcione sin sobresaltos y que los mecanismos de distribución del ingreso cumplan su función.

Cuando el gobierno habla de legislar sobre seguridad interior cualquiera supone que se refiere a los aspectos arriba señalados, pero la realidad es otra: lo hace refiriéndose a un mecanismo de sustitución de la autoridad civil por elementos de las fuerzas armadas, lo que supone la suspensión de las garantías individuales y el establecimiento de un régimen de excepción. El pacto social se fracturó y la férula que lo debe reparar es de acero y pólvora.

¿Por qué la insistencia presidencial de tener una ley que imita torpemente la abusiva Ley Patriótica de los gringos? ¿Por qué militarizar la seguridad pública y reducir las facultades de los estados y municipios? ¿A qué horas se canceló el Pacto Federal y se puso en su lugar una mala versión del Estado Unitario? ¿A quien favorece que el país se encuentre en una situación de suspensión de garantías constitucionales? ¿Quién provocó el estado de emergencia nacional? ¿Peligran las instituciones de la república y el estado de derecho? En todo caso, ¿por qué?

Considerando la situación en la que viven más de la mitad de las familias mexicanas, la carencia de oportunidades de trabajo digno, la ausencia de programas de estímulo a la economía regional, el abandono del campo y la contención salarial, las espesas redes burocráticas que coartan las iniciativas productivas, la discrecionalidad en las exenciones y la devolución de impuestos a quienes más tienen, se genera un cuadro desolador de la economía y la calidad de vida del mexicano promedio, más los horrores de quienes no poseen nada, salvo su existencia como precaristas permanentes y expulsados de los beneficios del progreso. Mientras el país refrenda su vocación de traspatio de los gringos y colonia de explotación de las transnacionales, vemos que nuestra economía es dependiente, expulsora de fuerza de trabajo que emigra y reporta remesas.

Tenemos empleo condicionado a la facilidad de los despidos y a la ausencia de prestaciones ligadas a la seguridad social; tenemos la privatización de los servicios de salud y la reducción de la presencia estatal en éstos y otros renglones de la actividad económica y social. Los derechos se condicionan y relativizan merced a las llamadas reformas estructurales y las promesas de progreso se quedan en torpes remedos de solución, en programas asistencialistas que solamente generan clientelas.

Nuestros recursos naturales dejaron de ser importantes y los otrora considerados estratégicos, como el petróleo, son parte importante del botín que se ofrece a las empresas extranjeras bajo el supuesto de la apertura de los mercados y la competitividad. Somos una economía abierta sin haber sido antes una consolidada, fuerte y bien integrada, capaz de proporcionar un nivel de vida digno a su población. De ahí que la dependencia se haya fortalecido y profundizado con el TLC y caído en estado de mayor vulnerabilidad con las reformas neoliberales.

En estas condiciones de bajos salarios, de inestabilidad y precarización del empleo, ausencia de seguridad social y creciente delincuencia, ¿qué hace el gobierno? Lejos de buscar dar seguridad en los empleos, fortalecer el ingreso y la economía familiar, incrementar su capacidad de compra, ofrecer oportunidades de inversión con responsabilidad fiscal y social, se hace lo contrario. Una economía precaria, dependiente, sin mecanismos adecuados de generación, distribución y redistribución del ingreso donde las instituciones sociales y políticas son las primeras víctimas de un modelo viciado, corruptor y depredador, da por resultado la ruptura del tejido social y, por ende, el endurecimiento de las medidas de contención ciudadana: el desorden provocado por el modelo obliga a la militarización de la seguridad pública y lo civil se subordina a la bota militar, generando una situación de guerra civil apenas disimulada que hace necesaria la imposición de una Ley que legitime la intervención armada.

La Ley refrenda la incompetencia del gobierno federal y, al mismo tiempo, avala la desafortunada guerra que desató el panista Calderón, una guerra que debió evitarse, que nunca debió ser. La historia reciente del país demuestra que da lo mismo un gobierno del PRI o del PAN, porque su matriz ideológica es la neoliberal. Dejaron de haber diferencias de concepción sobre el país y su destino, se pulieron las asperezas ideológicas y sobrevino una crisis de identidad que se resuelve con la diáspora de una militancia cada vez menos definida, mas oportunista, más clientelar.

Al fracaso de la economía sigue el de la política y el de la estabilidad e integración social. En estas condiciones la incompetencia genera mecanismos de respuesta facilones, burdos e ineficaces, pero igualmente represivos: la contención de disidencias, la opacidad como sistema, la corrupción y el desorden gubernamental se unen y ponen al servicio de los intereses transnacionales, dejando hecho polvo el compromiso con la nación y la identidad nacional. Si no los puedes convencer, reprímelos. Para eso está la Ley de Seguridad Interior.

México está enfermo, sus males se han agravado de tal manera que hay que ponerle camisa de fuerza a la ciudadanía, contenerla, amedrentarla, reducirla a estadística, víctima permanente de abusos y engaños. Para esto están las fuerzas armadas metidas a instrumento ciego de represión y aniquilación de ese enemigo histórico de las dictaduras: el pueblo.