País de sombras

                                                          “Nadie puede llevar una máscara siempre” (Séneca).

La militarización del país pasa por ser preocupación por la “seguridad interior”, campo que se puede interpretar como la posibilidad de parecernos a una sociedad militarizada, dictatorial, represiva y carcelaria, pero con la sana intención de acabar o por lo menos disminuir la criminalidad. La ironía es clara y así atemorizante: los militares les truenan los dedos a los legisladores en una exigencia insólita, pues legalizar la intervención de las fuerzas armadas en los asuntos que corresponden al orden civil es un despropósito cuando no una desmesura. Huele a golpe de Estado donde quien promueve parece ser el Ejecutivo con la complicidad del Legislativo, y una especie de cerco de bayonetas cerca del trasero de los representantes que gozan de sueldos y prebendas inimaginables en un país azotado por la carestía de la vida y la infamia de impuestos y tarifas que tienen la virtud de despanzurrar cualquier presupuesto familiar.

Por lo que se ve, el supremo gobierno está más dispuesto a legislar por la mano dura y la represión que por el bienestar ciudadano, quizá porque en el corto plazo resulta ser más barato abatir opositores y nulificar disidencias que crear empleos y administrar con justicia y honestidad el erario. Cuestión de tiempos y prioridades, de enfoques e ideas de país que chocan en los distintos espacios de interlocución que quedan, si tomamos en cuenta que México es un país donde las ideas se entierran en fosas comunes y los escarmientos se dan en las calles, lugares públicos y domicilios particulares, en forma de amenazas, atentados y asesinatos de periodistas, luchadores sociales urbanos y rurales, dirigentes indígenas y sindicales, entre otros objetivos de pacificación y control cuando fallan los estímulos económicos y las presiones psicológicas.

La inseguridad que reina en las calles y barrios de México no puede ser solamente gratuita, casual u ocasional, pues sugiere una cierta intencionalidad de inducir a la sociedad a aceptar medidas que coartan libertades y derechos ciudadanos. Una granada que estalla en una festividad cívica, una balacera que tiene como caja de resonancia mediática un bar, una discoteca, una boda, incluso un funeral, no pueden ser obra de la mala fortuna, la mala leche de un loco, el desahogo de un imbécil, o la broma macabra de un sociópata resentido. El terror es un instrumento político, un arma de manipulación social que ablanda resistencias, nubla el buen juicio y estimula los impulsos más primitivos de la sociedad.

La pobreza arrastra una cauda de enriquecimientos “inexplicables”, corruptelas grandes y medianas, tráfico de influencias, abuso de autoridad, complicidades varias y la certidumbre de que la impunidad se encargará de enterrar los restos de culpabilidades y reincidencias. El ser pobre en un país como el nuestro, es actuar como testigo mudo de los excesos y abusos de un sector minoritario de la población sobre una mayoría hundida en la apatía y el conformismo, en la minusvalía que el propio sistema se encarga de imbuir en los posibles opositores, en los jóvenes y en los niños que revientan sus valores y aceptan la eventual posición de distribuidor de drogas al menudeo, ratero de barrio, asaltante de colonia, roba carros, o cualquiera de las especialidades delictivas de mediano pelaje en las que puede caer la amplia población de desempleados, subempleados o trabajadores precarios que produce cada año el sistema. En nuestro estado la seguridad se convierte en un bien escaso y donde la justicia se ofrece como un logro antes que una obligación pública, susceptible de ser moneda de cambio para la oferta privada de vigilancia y control de riesgos, así como para el fortalecimiento de relaciones con los gringos, siempre especialistas en la generación, administración y control de la violencia y su utilización geopolítica.

No es difícil imaginar que la violencia e inseguridad crónicas obran en beneficio de la imposición de un esquema de control político de disidencias y oposiciones, y que sirve para que los proveedores especializados en materia de tecnología de vigilancia y registro de actividades en áreas públicas o privadas hagan negocios sin sentir escrúpulos morales, persuadidos de que sus productos hacen que la vida citadina sea menos mala de lo que pudiera ser, así como un factor de enriquecimiento por concepto de incentivos y comisiones a funcionarios públicos complacientes.

Si la violencia, la inseguridad y los negocios del ramo prosperan, entonces debemos suponer que el sistema permite que los problemas no se resuelvan y, al contrario, se profundicen, en donde termina por ser necesario un elemento de control lo suficientemente fuerte como para dominar las tendencias disruptivas del sistema. Aquí, la inclusión de los militares en el juego de poder puede ser un factor de control de daños, de institucionalización de la violencia cuando la competencia es desbordada y se transforma en anarquía, pues los negocios no funcionan cuando se satura el mercado al punto de que la competencia es de vida o muerte y la violencia es su producto natural. En este sentido, la bota militar es el recurso obligado de contención en un sistema en descomposición. Y aquí estamos.

Es curioso que la gobernadora del Estado insista en impulsar una “megarregión” con Arizona, atraer inversiones extranjeras, apoyar a los empresarios mineros, y la llamada ley de seguridad interior, sin ningún reparo, en tiempos en los que la corriente internacional se ha vuelto hacia los cauces del fortalecimiento del mercado interno y los recursos nacionales. De hecho, la ola de la globalización está en un reflujo que bien pudiéramos aprovechar pensando en el fortalecimiento de la capacidad productiva local y regional mexicana. Ojalá que haya sensatez, sentido nacionalista, amor a la patria y, sobre todo, verdadera vocación de servicio. Pero los pronósticos van en sentido contrario. Triste papel.

Las piedras del camino

    “No hay nada tan adverso que haga que el alma justa no encuentre consuelo” (Séneca).

Al parecer, la vida transcurre en una carrera de obstáculos, sorteando baches y brincando charcos, escribiendo con la zurda cuando la derecha está ocupada secando el sudor que producen los afanes cotidianos. La historia de nuestro día a día es la reseña del purgatorio cuando no la antesala del infierno, con o sin Dante, pero de seguro sin el recurso de un Uber cuando los taxis convencionales y las prisas nos traicionan.

Acaba de celebrarse el Día Internacional de la Felicidad, lo que para muchos es una broma pesada, una pedorreta en mera jeta y una mentada de madre en despoblado, sin embargo, las expectativas de que “nos vaya bien” están plasmadas en el discurso y en las caras sonrientes de los señores funcionarios públicos tanto del estado como del municipio. La sonrisa radiante y las palabras inspiradas en un modelo que en el nivel internacional está haciendo agua, nos persuaden que alguien está chalado, loco, majareta, chiflado o, de plano, candidato a huésped permanente de la casa de la risa.

Mientras unos insisten en que a Sonora le va a ir bien con las políticas de Trump, otros señalan que el noroeste es vulnerable a las mismas, lo que permite al ciudadano lector de periódicos suponer que alguien tiene problemas de percepción de la realidad económica nacional y regional. Lo cierto es que mientras los reclamos por prácticas abusivas y lesivas del ambiente, en particular las de Grupo México, aumentan en varias latitudes de la geografía nacional, la gobernadora del estado impulsa iniciativas que permitirían a la empresa abaratar los costos de operación y así, tranquilamente, seguir contaminando el ambiente y arruinando a comunidades enteras. No hay duda de que los costos de exploración y extracción son importantes, pero tampoco la hay sobre los daños que ocasiona una actividad que ha gozado de impunidad y que se ha especializado en abaratar costos, sin ninguna responsabilidad clara sobre la seguridad e higiene de sus instalaciones y de la salud y vida de sus trabajadores.

Si bien es cierto que los daños ambientales son graves, también lo sería una legislación fuertemente centrada en cumplir con los criterios internacionales de sanidad ambiental y protección a la biodiversidad, empezando por la salvaguarda al derecho de los seres humanos a una vida sana y libre de contaminantes; de haberla, los empresarios canadienses y los nacionales, entre otros de menor presencia, sufrirían las de Caín en sus utilidades, que se verían mermadas por el fastidio de cumplir con la ley, monserga tercermundista que impide el libre desarrollo de la empresa capitalista y la generación de empleos insalubres y riesgosos, pero empleos al fin. Más grave para los negocios sería el tener una autoridad vigilante del cumplimiento de las leyes y respetuosa de nuestra entidad y del país, pero, al parecer, no existe peligro a la vista cuando el gobierno se muestra tan obsequioso y permisible con ellos.

No hay duda que quienes encabezan las instituciones públicas de Sonora tienen una oportunidad dorada de cumplir y hacer cumplir el propósito privatizador del gobierno federal, en la medida en que sus facultades se los permitan, pero tan fervorosa entrega al neoliberalismo cuenta con obstáculos, con piedras en el camino que hacen que el resuello les falte y la vista se les nuble. Hay una oposición activa, pequeña pero picosa que hace camino al andar. Lo menciono porque a pesar de los sagaces intentos de dividir, desarticular, desanimar, molestar y disuadir a este contingente cívico, las banderas siguen en el aire, ondeando tan orondas a pesar de todo.

Creo que cuando un movimiento pega en el clavo de las necesidades sociales y tiene el valor de sostener una lucha, el gobierno y los gatilleros profesionales al servicio del sistema empiezan a infiltrarse, a sembrar insidia y confusión, a querer joder a los liderazgos populares y a comprometer la credibilidad del movimiento con las maniobras del su manual de destripamiento ciudadano. Si algo promete, se debe arruinar.

Lo que muchos perciben de los movimientos sociales recientes es su vulnerabilidad ante las amenazas de los enemigos internos y externos, que tarde o temprano hacen acto de presencia. También el hecho de que no hay ni puede haber movimientos químicamente puros, y que la presencia de personas que comparten al cien por ciento sus propósitos no es necesariamente una realidad en nuestro sistema solar.

Actualmente tenemos varias luchas en cartera, algunas como las de los familiares de las víctimas de la Guardería ABC, la de los afectados por el derrame en el Río Sonora, las familias afectadas por el acaparamiento urbano irregular el vaso de la presa A.L. Rodríguez y en el cauce del Río San Miguel; los afectados por varilla contaminada, los padres de los niños convertidos en mercancía que fueron dados en adopción sin su consentimiento, los vecinos que padecen la inseguridad más cruda en sus barrios y colonias, entre un largo etcétera que nos debe avergonzar, pero que no lo hace porque muchas veces pasan inadvertidas, porque nos importan poco, porque parecen ajenas y porque no nos afectan en forma directa. La experiencia nos dice que la gente se moviliza con mayor facilidad cuando el problema le llega al bolsillo, cuando la economía familiar se precariza y cuando el gobierno es lo suficientemente imbécil como para no disimular su perfidia e incompetencia.

Pero, sea como sea, es alentador que la ciudadanía en otros momentos estuvo dispuesta a manifestarse cuando se estuvo en peligro de tener cerca un vertedero tóxico, y cuando el gobierno dispuso del Parque de Villa de Seris, para convertirlo en una superficie ridícula y carente de gracia. Somos testigos de muestras de valor y generosidad que no es posible soslayar. Estas manifestaciones de vida cívica activa y vibrante son los obstáculos que el gobierno y los negocios que protege con fidelidad perruna han de encontrar hasta que la justicia reine en Sonora y la ley en acción permita que los ciudadanos confíen en sus autoridades. Sueños guajiros, utopías de fin de semana largo, memoria de un pueblo que hizo posible la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Recuerdos que alimentan la posibilidad de dar sentido a otro Día Internacional de la Felicidad, que nos aguarda en el futuro que podemos construir.

Las bolas del engrudo universitario

“Mientras bebemos y nos coronamos de rosas y reclamamos perfumes y mujeres, la vejez se desliza sin ser notada” (Juvenal).

Se dice que las apariencias engañan, pero en ocasiones la realidad se nos presenta como una broma, engaño, cuchufleta o simple pitorreo. Actualmente la Universidad de Sonora se encuentra en vías de ser emplazada a huelga por los sindicatos, en donde conviene destacar que la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo tiene elementos que la hacen particularmente complicada.

Al respecto, considere usted que, al cúmulo de violaciones y reclamos al clausulado del contrato, se añade la sucesión rectoral, el desfondo no resuelto del Isssteson, los gasolinazos y el claro y evidente deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, el alza generalizada de las subsistencias populares y, como consecuencias, el deterioro de la calidad de vida de las familias, el incremento de la delincuencia, la inseguridad pública y de la demagogia oficial que insiste en recetarnos el rollo de una economía que va “por el camino correcto”.

Por otra parte, la disposición de la administración universitaria para dialogar y negociar con los sindicatos ha sido, como en otras ocasiones, evasiva, irritante, despectiva prácticamente nula, frente a su contraparte laboral. El rector, tras instalar la mesa de negociaciones optó por ausentarse y solamente se sabe de él a través de los medios de comunicación locales, donde parece empeñado en justificarse ante la opinión pública respecto a serios casos de incumplimiento contractual donde destaca estelarmente la suspensión administrativa por parte de Isssteson de los trámites de jubilación de 67 académicos de un centenar y medio de universitarios.

 Ciertamente, la problemática del Isssteson es seria, pero, como ha declarado el propio rector, los trabajadores universitarios no son responsables de ello y no hay porqué privarlos de los beneficios de la seguridad social que provee el Instituto. Arguye que la universidad no le debe al Isssteson porque, por convenio con el propio Isssteson (Cláusula Décimo Primera del Contrato de Prestaciones de Servicios), la Secretaría de Hacienda está autorizada para hacer los descuentos en automático con cargo al subsidio estatal, sin embargo, el Instituto afirma que las cuotas y aportaciones no ha sido cubiertas en su totalidad, sumando 141 millones de pesos el adeudo, por tanto, se suspenden los trámites de jubilación y en lo futuro los servicios médicos.

Como el lector comprenderá, el horno no está para bollos administrativos porque la tensión crece en la medida en que los trabajadores adquieren conciencia de la necesidad de dar fin a su vida laboral, además del hecho de que (según ha reportado una reciente investigación) la edad promedio de los académicos anda por los 60 años y, en aras de la calidad de la producción científica y la eficiencia docente, resulta urgente procurar las condiciones para el relevo generacional.

Independientemente de que el caso debe ser analizado desde la perspectiva de la Fiscalía Anticorrupción para el deslinde de responsabilidades, habida cuenta que es dinero público que no llegó a su destino, el caso debe analizarse desde la óptica sindical, es decir, desde la trinchera de los trabajadores que están viendo que, en este caso, su contrato colectivo es violado en lo pactado en la Cláusula 141, que en las partes conducentes dice:

“Todos los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, sin limitaciones y disminuciones motivadas por la categoría, nivel o duración de la relación laboral. Estas prestaciones deben ser extensivas a los descendientes directos y cónyuge del trabajador” (párrafo 1).

“La Universidad se compromete a gestionar ante el ISSSTESON igual trato para los trabajadores académicos con respecto al resto de sus afiliados en lo que concierne a la totalidad de las prestaciones sociales otorgadas por esa Institución. De igual manera la Universidad se compromete a informar mensualmente al Sindicato de las cotizaciones del ISSSTESON” (párrafo 6).

“Cuando se proponga un cambio en el Convenio que tiene la Universidad de Sonora con el ISSSTESON, referente a la prestación de Servicios Sociales para los Trabajadores, la Institución acordará con el STAUS los términos en que se firmará el nuevo Convenio” (párrafo 11). 

De acuerdo al contrato, para los trabajadores universitarios no hay instancia más inmediata de reclamación que la propia administración representada legalmente por el rector, razón por la cual la opinión pública no debiera acudir a la descalificación facilona e irresponsable del sindicalismo universitario. Por otra parte, los trabajadores deben emprender las acciones que sean necesarias para que las causas de su afectación queden al descubierto y sean corregidas por parte de las instancias competentes, lo que incluye al propio Isssteson y al Gobierno del Estado. Es cosa de ponerse en el lugar de los afectados y en un ejercicio de sensibilidad social apoyar o, al menos, no descalificar sus esfuerzos por lograr un trato justo y apegado a las normas de la seguridad social y los derechos humanos internacionalmente reconocidas.

El Gobierno del Estado no puede hacerse el desentendido sin correr el riesgo de declararse insensible, ocioso y cómplice. Su credibilidad está seriamente comprometida y la sospecha de que se puede tratar de una maniobra, burda por demás, para manipular la sucesión rectoral tanto como para generar las condiciones que permitan la privatización de los servicios sociales, según recomienda la OCDE y el FMI, crece hasta alcanzar niveles que sólo pueden acelerar la inconformidad y la profundización de los conflictos.

Me parece que la gobernadora, en caso de ser ajena a estas trapacerías, debe poner orden en su changarro y, por otra parte, el rector universitario debe asumir su responsabilidad y sentarse a la mesa de negociaciones con el ánimo de hablar claro, de frente y sin intermediarios cuyo papel pasa de lo irritante a lo ridículo. El diálogo junto con las acciones legales que sean pertinentes son la mejor forma de resolver los conflictos, de cara a la comunidad universitaria y a la sociedad que confía y hace posible la vida y operación de la Universidad. La moneda está en el aire.

Una de las tareas urgentes de nuestro sindicalismo

“La tragedia de la vejez no estriba en que uno sea viejo, sino en que ya no se es joven” (Oscar Wilde).

En la actualidad se ve como lo más natural perder derechos a cambio de nuevas obligaciones, como la de costear la propia jubilación mediante mecanismos de ahorro ligados a la lógica bancaria trasnacionalizada y depredadora inspirada, desde luego, por el neoliberalismo y operado por el FMI y la OCDE. La seguridad social es atacada desde todos los frentes, obrando como argumento estelar los costos de cumplir con las obligaciones del Estado para con los ciudadanos trabajadores que hacen posible la economía nacional y la bonanza de las empresas privadas.

Según el trivial criterio neoliberal, el mejor trabajador jubilado es el trabajador muerto prematuramente, y antes que esto, el que paga su propia pensión tras una larga y fructífera vida de explotación laboral sin ninguna garantía de apoyo y solidaridad intergeneracional, en el marco de una furiosa acometida ideológica que proclama la individualidad de las cuentas de retiro a cargo de la siempre voraz administración de empresas privadas integrantes, en México, del sistema de Afores. Las empresas administradoras de los fondos de retiro gozan de los beneficios de poder disponer del dinero ahorrado, cobrar comisiones, jugar a la ruleta con los fondos y ser protegidas con una total impunidad en caso de pérdidas (eufemísticamente llamadas minusvalías) a cuenta del patrimonio de los propios ahorradores.

En este marco de subordinación al capital internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúa como tribunal colonial a cargo de legitimar y convertir en criterio jurisprudencial el atraco contra la clase trabajadora, disminuyendo cada más el margen de maniobra legal de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, donde los derechos adquiridos resultan ser actualizados y acotados, quedando como potencialmente reclamables, como sujetos a determinadas condiciones y conveniencias que hacen caer por tierra los logros históricos de los trabajadores. Los señores ministros relativizan el ejercicio de derechos y obligaciones en aras de satisfacer la impunidad que exigen las empresas trasnacionales, lo que significa el apoyo irrestricto a la imposición de normas laborales y de seguridad social que quitan y limitan lo que otrora eran derechos adquiridos incuestionables.

Si en el plano federal las normas se sesgan para el lado del capital, en los estados se “armoniza” la legislación para hacer aplicable el esquema de explotación que los organismos internacionales exigen y que el gobierno mexicano acata sin chistar. Nuestro sistema federal supone la existencia de entidades libres y soberanas que se une en una federación y crean un ente llamado gobierno federal, cuyas facultades son concedidas por los estados. En la práctica, este sistema residual se ha convertido en su contrario: ahora es el gobierno federal el que centraliza el poder político y, en todo caso, se descentraliza en lo administrativo, y las entidades federativas se afanan en cumplir las instrucciones del centro dejando de lado los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Antes que ser “estados libres y soberanos”, cumplen funciones de dependencias del ejecutivo federal.  

En este sentido, la lucha por la integridad y existencia de la seguridad social es tanto un problema nacional que se debe defender localmente como una respuesta local a una problemática nacional creada por la lógica depredadora del sistema. No debemos esperar ser víctimas de decisiones tomadas desde el centro, adoptadas y operadas por el gobierno local para reaccionar. Es por eso que las organizaciones de los trabajadores deben ampliar y reorientar el discurso reivindicativo de los derechos contractuales de coyuntura y unirse a los reclamos de justicia social que hoy trascienden las fronteras estatales y se revelan como un problema global, donde el sistema económico y su correlato político deben ser no sólo objeto de estudio y análisis, sino también de toma de decisiones para la acción colectiva.

Actualmente diversas organizaciones sindicales y de pensionados y jubilados nacionales cuestionan y discuten el modelo de cuentas individuales que ha puesto en manos de las Afores los fondos de ahorro, y hecho negocios redondos con el dinero de los trabajadores. De esta discusión han salido propuestas de reforma legislativa que coinciden en un punto medular: desaparecer el sistema de Afores y restituir el sistema de reparto solidario y distributivo. Las divergencias han sido en lo relativo a que unos postulan que el Estado reasuma su responsabilidad con la seguridad social, mientras que otros proponen que el sistema de Afores sea sustituido por un organismo administrador del ahorro bajo el control directo de los trabajadores, de suerte que sean ellos quienes decidan el destino de sus recursos, obrando el gobierno solamente como garante. Tales consideraciones han dado lugar a iniciativas que, de prosperar, cambiarían radicalmente el destino y las responsabilidades de las administradoras de fondos, y la posibilidad de que los adultos mayores gocen de una vida libre de las angustias y estrecheces económicas que actualmente son tema recurrente en ese sector poblacional.  

El pasado viernes 3 de marzo, se llevó a cabo una reunión sindical presidida por la  dirigencia del STAUS y la de la Confederación de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM), donde se hizo un análisis de las implicaciones económicas y sociales del sistema de cuentas individuales y sus impactos en el bienestar de la clase trabajadora, quedando claro el carácter depredador del sistema y la necesidad de unir fuerzas por parte de las organizaciones sociales y sindicales en el rescate y vigencia plena de los derechos sociales conquistados por los trabajadores.

Con este acto, el sindicalismo universitario se pronuncia por la defensa de la calidad de vida de los trabajadores activos y los jubilados, y deja constancia de que los objetivos de la lucha por la seguridad social son plenamente compartidos y prioritarios porque, así como en el plano nacional se afectan las pensiones y jubilaciones por los gobiernos inescrupulosos y corruptos que privatizan los fondos, en el caso local vemos que la opacidad, los manejos desaseados y la irresponsabilidad institucional ponen en entredicho los objetivos sociales del Isssteson, actualmente vulnerados por el saqueo de los fondos pensionarios y por la irresponsabilidad administrativa tanto de parte del instituto como de muchos de los  organismos afiliados.

Nos queda claro que la lucha por la seguridad social es la lucha por las mejores condiciones de vida tanto de los jubilados como de las actuales y futuras generaciones de trabajadores que, tarde o temprano habrán de llegar a la edad de retiro. La lucha actual es, sin duda, para que los futuros jubilado y pensionados tengan, al menos, las mismas condiciones que los actuales, y que no padezcan de miseria y abandono cuando las fuerzas los abandonen y no puedan valerse por sí mismos. En este sentido, la unión de los trabajadores activos, los pensionados y jubilados de Sonora con los del resto del país, significa un paso adelante por la justicia social y para la creación de las condiciones que hagan posible una vejez con futuro.

Loca compulsión

          “Por mí reinan los reyes, y los legisladores decretan lo que es justo” (Salomón).

Como usted sabrá, la cuerda se rompe por donde debe hacerlo. En el pasado reciente, otra regidora votó en contra del pueblo de Hermosillo al apoyar la desaparición del Parque de Villa de Seris en favor de Musas, el elefante cultural blanco que cumple sus días y sus años agrietando su estructura, y algunos negocios privados. La visión empresarial del gobierno estatal y municipal, en sintonía con el centro, hizo posible la desaparición de un pulmón natural de esta agobiada ciudad capital y los árboles fueron pronto sustituidos por muros de concreto, vidrio y estupidez. Quien contemple la esperpéntica obra, quizá no recuerde el nombre de quien la hizo posible con su voto: Dorotea Rascón, regidora de la oposición (sic) bajo las siglas del PRD. Como “los tiempos cambian” y hay que modernizarse, ahora tenemos que el servicio de agua de Hermosillo se privatiza bajo el manto formal de una “concesión” que, al decir de los regidores del PRI fue “legal y democrática”, gracias al voto de una regidora panista: Diana Karina Barreras.

Lo que se ignoró en uno y otro caso fue la voluntad expresa y airada del pueblo que vota y hace posible que tal o cual gobierno se instale con ánimo de propietario de los bienes y servicios que pertenecen, legítimamente, al pueblo. Aquí el chiste se cuenta solo, habida cuenta que el elemento común es la privatización, que siempre se recurre a la “legalidad” y que las decisiones del cuerpo edilicio son formalmente “democráticas”, a pesar de que los ciudadanos salen a la calle y marchan, se plantan frente a las oficinas públicas y se manifiestan de las maneras en que legalmente es posible en este pueblo sin ley que valga en defensa del interés colectivo.

Las dos mujeres en su papel de regidoras municipales aparentemente se “salieron del huacal”, votaron en contra de la línea de sus respectivos partidos, se la tomaron muy literalmente eso del empoderamiento a como dé lugar y se convirtieron en traidoras de sus capillas políticas, y, desde luego, fueron reconvenidas sin que la sangre llegara al río. La culpa parece diluirse cuando se infringen las normas o la línea en beneficio de un bien ideológicamente superior: la privatización como loca compulsión de los gobiernos neoliberales. Aquí, quienes tiene el poder de decidir con su voto el rumbo de la administración pública, demuestran que el mandato popular y los intereses ciudadanos no valen si no coinciden con los apetitos de los gobernantes. En este sentido, los deseos y aspiraciones de los ciudadanos que votan, pagan impuestos y trabajan arduamente por su subsistencia y la del municipio, no cuentan. Son inexistentes desde el punto de vista material y formal. Actualmente, la mayoría ciudadana va a contrapelo de la minoría autista que ha trepado al poder y se sostiene como el borracho consuetudinario: apoyado en el vaso del que bebe.

Quienes dice que la culpa es de los partidos, ignoran que la lucha en defensa de los derechos ciudadanos pasa por los órganos legislativos, que quienes aprueban las leyes y reglamentos y las grandes decisiones administrativas están ahí porque alguien votó por ellos, alguien los puso en el lugar donde están para los fines del bien común. Resulta que la comodona decisión de no votar, de abstenerse, lo único que ha hecho es favorecer a quienes ahora nos traicionan. Las votaciones se deciden por los votos efectivos, no por los ausentes. Aquí se plantea el típico problema entre el ser y el deber ser, donde el ser implica una decisión afirmativa, tangible, cuantificable, real.

Sin embargo, los buenos ciudadanos que votan lo siguen haciendo por los mismos: si no es el PRI es el PAN, la Chana y la Juana de nuestras decisiones y la causa inmediata de nuestros arrepentimientos. De manera esporádica y minoritaria el votante se inclina por otras opciones, pero usualmente le saca la vuelta al cambio, teme arriesgar su voto y “perder” lo ganado. Incluso, puede llegar a pensar que votar, por ejemplo, por Morena, es tanto como votar por el Anticristo, por ser López Obrador un generador de inquietudes y planteamientos que permitirían, eventualmente, las condiciones para el avance de la verdadera izquierda, actualmente casi inexistente en el panorama legislativo nacional. La sociedad es tan conservadora en muchos sentidos que, a pesar de enterarse de que le metieron el dedo en cierto sitio sin requerir de examen prostático, y que le dan atole con el dedo cada vez que un funcionario abre la boca y enseña los dientes, sigue con la atávica costumbre de votar por los mismos y esperar el “cambio” prometido por los mismos gatos nomás que maquillados.

 Nos cuesta trabajo pensar y actuar en función del cambio deseado y nos pesa en el fondo lanzarnos a la aventura de un nuevo horizonte político, lo que bien puede deberse a la inmadurez cívica y política de la inmensa mayoría de los sonorenses y, visto panorámicamente, de los mexicanos. Creemos que desperdiciamos el voto al optar por fuerzas distintas al PRIAN y que es mejor el “voto útil”, así que le apostamos al posible ganador de una contienda donde se reparten despensas, útiles escolares, comidas de barrio, espectáculos artísticos, materiales de construcción, becas y muchas, muchas promesas y compromisos que se evaporan como el agua en el verano sonorense.

La locura privatizante permea la conciencia de muchos que terminan pensando en términos empresariales, aun cuando se trata de simples ciudadanos que luchan por conservar el alma pegada al espinazo cada día de su vida laboral. Sudamos las calenturas de la clase que nos explota, defendemos sus intereses, les hacemos el trabajo sucio, somos gatilleros al servicio de una clase político-empresarial sin conciencia ni moral, pero con un gran apetito por hacer negocios a costa del erario y a la sombra del poder.

Pero, reflexionemos: ¿vale la pena ejercer el poder ciudadano y no permitir que otros decidan por las mayorías? ¿Estaríamos dispuestos a votar y llevar a los órganos legislativos a verdaderos representantes del pueblo? Es de esperar que las respuestas seas afirmativas a partir del próximo 2018. La energía social y el poder del pueblo se hace realidad y fluye a través de las estructuras legales vigentes. ¿Por qué no darles contenido? ¿Por qué no formalizar la oposición al sistema que nos desangra y excluye? Sólo así, de cara a la realidad, daríamos fuerza, vigencia y organicidad a la consigna de que “el pueblo unido jamás será vencido”. Cualquier otra acción sería un simple desahogo.

El movimiento y sus asegunes.

                                                                      “Nosotros dos formamos multitud” (Ovidio).

Hermosillo se ha visto conmovido por la irrupción de la sociedad civil en el escenario de las decisiones públicas. Los tiempos en los que el gobierno decidía programas y acciones sin ninguna oposición popular significativa parece que se alejan de nuestra realidad cotidiana, al menos en lo concerniente a la indolencia del ciudadano común, que ahora responde airado a las iniciativas y resoluciones que le parecen lesivas a su economía e intereses personales y familiares. El horno nacional y, desde luego, el sonorense, no está para bollos.

La muy prometedora dinámica de este despertar ciudadano se ve oscurecida por la salida visceral a los conflictos que de manera natural surgen en cualquier grupo humano: el “ustedes” y el “nosotros” campea como una bandera que justifica las descalificaciones y la exclusión. Los pretextos o motivos pueden ser muchos, pero destacan los referidos a la pertenencia o no a tal o cual partido político, así como la sospecha de ser agentes infiltrados de algún núcleo de interés electorero, gubernamental o simplemente sectario.

Las buenas conciencias postulan la pureza impoluta de quienes pueden y deben participar en los afanes colectivos, lo que nos remite a lo dicho: la sospecha de estar ante un probado, probable o posible militante o simpatizante de un partido o, incluso, sindicato, merece ser considerado anatema. La condena supone la separación de esa fruta contaminada del canasto de las reivindicaciones sociales y de la escritura de la historia reciente de las luchas y los logros ciudadanos.   

Esta forma de discriminación responde al hecho de que muchos están verdaderamente hartos de las trapacerías de los partidos en el seno de los órganos legislativos, que han sido cómplices del poder ejecutivo al aprobar leyes que horrorizarían a cualquiera que tenga algo de memoria y sentido social. Puede ser una reacción perfectamente explicable, pero en el terreno de los hechos, ha devenido en una especie de santa inquisición que barre con justos y pecadores. En este terreno, las acusaciones con o sin fundamento pueden ocupar buena parte del tiempo y energía de los participantes, se convierten en los ejes de las discusiones y terminan siendo el motor de la desintegración y pérdida de eficacia de los grupos organizados para defender derechos colectivos. La causa ciudadana se diluye y la conflictiva interna se convierte en el principal apoyo del gobierno y sus malas decisiones.

Es claro que en todo movimiento social existen diferentes grupos, tendencias, con intereses, de una u otra forma, ligados al tema que convoca a la movilización. Es una utopía exigir pureza químicamente comprobada en la sangre y conciencia de quienes se acercan a la participación. Lo que sí es posible es la expectativa de que existan reglas mínimas de conducta y compromiso, de que quienes se integren respeten las normas de conducta que el grupo establezca en cada una de sus acciones y propósitos, que existan acuerdos mayoritarios y que deban reconocerse por todos, sin que esto suponga la condena y exclusión de quienes opinan de manera diferente. Si el grupo tiene los objetivos claros, las formas de lograrlos pueden variar, someterse a crítica, discutirse y acordar la forma de cómo hacer las cosas.

En cualquier organización existen corrientes que pueden tener visiones un tanto distintas de los problemas y las soluciones, pero que convergen en un gran objetivo general. La disensión es normal en los conjuntos humanos comprometidos políticamente, y es que no somos iguales porque tenemos diferente formación, origen y circunstancias, pero podemos compartir valores y principios; compartimos problemáticas, padecimientos y angustias, y podemos ser empáticos con quienes exponen sus circunstancias particulares, pero el hecho de estar en un conjunto heterogéneo integrado por diversas visiones y personalidades nos obliga a establecer puntos de confluencia, elementos de unión de la diversidad en un haz de fuerza que permita el logro de objetivos superiores. Un grupo eficazmente integrado no es aquél en donde no existen diferencias, sino aquél en el que éstas pueden discutirse, conciliarse y eventualmente superarse.

Actualmente tenemos dos grupos actuando en torno al problema del alza de las gasolinas, pero donde debe estar el punto de unión es en la conciencia de que la causa del malestar ciudadano y del desastre nacional radica en el modelo económico que a como dé lugar impone el gobierno, y que reporta constantes ataques a la economía y la seguridad familiar mediante alzas en los precios, saqueo del erario, acaparamiento inmobiliario urbano, dependencia de los factores externos y subordinación a otra soberanía encarnada en los juegos perversos de las trasnacionales. Entendido esto, la conciliación y la unidad son posibles.

El momento exige que se imponga la prudencia, la mayor racionalidad posible, y la entrega a la defensa del interés colectivo más allá de las naturales diferencias de concepción y de acción. Verdad de Perogrullo: la unión hace la fuerza.

El holograma nacional

“El amor a mi patria me dirige” (César).

Todo parece indicar que estamos en la república holográfica mexicana, otrora patria defendible y fuente de compromisos y acciones públicas y sociales. La naturaleza cambiante de nuestro crisol histórico permite suponer que las tareas de reformateo institucional han obedecido, y obedecen, a una serie de contingencias derivadas de nuestra relación con el resto del mundo, entendido por esto, la cruda y burda adhesión a los caprichos de nuestros vecinos del norte que, como es ya costumbre, deciden y hacen cuenta de nuestros recursos como si fueran de ellos. Tan así es que las llamadas “mega-regiones”, como la de Sonora, y las protestas de amistad y sociedad ganadora, sólo tiene vigencia cuando se grata de obsequiar los apetitos económicos y políticos (de control a como caiga), de los güeros que administran nuestras fronteras.

Da pena ajena ver cómo se desvive el gobierno local en barrer y trapear el camino de la depredación bajo el supuesto de la cooperación internacional, la amistad entre vecinos y la cómoda confesión de que la dependencia sonorense es tal que sin ellos no pudiéramos vivir: ¿qué haría un fronterizo sin la ida al shopping, o un ciudadano de la capital estatal sin darse sus vueltas por los centros comerciales, los bancos y los lugares de jolgorio de Arizona? Las respuestas las tiene, seguramente, usted que viaja con la bachicha de dólares y el ojo puesto en la baratura y calidad de los productos, en oposición a las cantidades de mercancías que se importan y expenden en nuestros comercios.

La ida al “otro lado” nos pone en una dimensión bastante hedonista, de imagen más que objetivo, de dependencia que pasa de lo económico a lo psicológico, como una adicción a lo gringo por el hecho de serlo, como estatus social que permite el ridículo apátrida envuelto en el inmediatismo de quien tiene y puede. Las consideraciones nacionales y locales quedan para cuando el destino nos alcance, para cuando le “caiga el veinte” a la sociedad que vive sintiéndose tucsonense honorario y goza de presumir sus visitas y sus compras con los cuates en torno a un asador de carne y a una hielera provista del bebestible necesario.

Hoy todos se sienten obligados a expresar su repudio a las medidas anunciadas por el güero estropajoso que habita la Casa Blanca (la de Washington), incluso se llama a marchas cuya anodinez conmueve hasta las lágrimas por inconsecuentes y perdidamente ancladas en esa dependencia que arriba se señala. Lujoso distractor con pujos de internacional que deja de lado otros asuntos y motivos de protesta: las reformas estructurales, la mendacidad del gobierno que tapa el sol del desastre del Grupo México con el dedo del legislativo en forma de “zona económica” especial, que cubre los municipios afectados por el derrame tóxico con el velo de la inmediatez jurídica; aquí, los pobladores y las autoridades municipales son excluidos, desprovisto de obligaciones y facultades, mediante la atracción legal por parte del gobierno estatal que así arrumba la autonomía municipal y el ámbito de competencia de la otrora “célula del federalismo mexicano”.

Los señores legisladores deben primero enterarse de las competencias del municipio, entenderlas y respetarlas y, solo en caso de urgencia y a solicitud expresa, intervenir de acuerdo a lo que marca la ley suprema, poniendo antes que los intereses económicos de un grupo empresarial evidentemente depredador, los del pueblo y sus órganos de legítima representación.

El año que corre es el de las declaraciones patrióticas, de los amagos externos que ponen en evidencia la debilidad del gobierno federal y la permisividad cómplice de los estatales; pero también lo es de la conmemoración de nuestra Carta Magna. La constitución federal actualmente tiene algo así como 700 modificaciones, y ha sido particularmente modificable el artículo 27, con 77 cambios que hablan del avance de los intereses extranjeros y los de sus prestanombres y gerentes nacionales. En este caso, tenemos que el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo, el espacio aéreo, el mar patrimonial y las islas y cayos, quedan a disposición de las trasnacionales porque somos un país que vende hasta la historia y dignidad de eso que todavía llamamos patria. Las fronteras y playas ahora son aprovechadas, colonizadas y administradas por los gringos y la salvaguarda de nuestro territorio va en función del cumplimiento del papel de traspatio.

Es claro que la industria nacional y el enorme potencial que se tiene gracias a los recursos naturales y humanos está subutilizado por cumplir con el papel de dependiente que obligan tratados como el TLC, donde el hecho de producir menos para poder comprar al vecino ha decidido la soberanía alimentaria y el desarrollo de la economía local y regional; ahora resulta que dejar de producir para comprar es el modelo colonial que México asume como propio, y todavía sirve como elemento motivador de reacciones patrioteras que defienden “lo hecho en México” por las maquiladoras que invaden y controlan la manufactura nacional y los servicios.

Lo triste del asunto es que, a pesar de las lecciones recibidas en la historia reciente, seguimos dando palos de ciego y reaccionamos como sociedad por los efectos y no por las causas: los gasolinazos, las altas tarifas, la carestía de medicamentos y los cambios legales que permiten la subcontratación laboral y la privatización de los fondos de pensiones, así como la precarización del empleo y el deterioro del salario, las licitaciones para la privatización de los servicios públicos, son efectos directos del modelo económico que sostiene dogmáticamente el gobierno federal y el local; sin embargo, al sistema lo dejamos fuera de las protestas, los reclamos y las denuncias de los grupos sociales que  ahora toman las calles y hacen valer una ciudadanía dormida y anestesiada por la inercia. Nuestro problema es de información e integración y análisis de esa información en un programa político que recoja las inconformidades aisladas y sectarias y las transforme en una lucha nacional en favor de la república, de revalidación de las instituciones, de priorizar el interés nacional, de la creación de empleos decentes, de fortalecimiento de la economía nacional y el mercado interno, de recuperar el régimen de seguridad social solidario y dignificar la vejez y la protección de las nuevas generaciones de niños, jóvenes y adultos. Sin esto, no se puede hablar de unidad nacional, sino de una imagen holográfica que nos distrae y envilece. Hora de despertar.