Conspiración en Pémex

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sábado, 12 de mayo de 2012

Salarios caídos

Ahora con la novedad de que la administración de la Universidad de Sonora fustiga a los sindicalistas del STAUS con el petate del muerto salarial. Esgrime que las directrices de la Secretaría de Hacienda son las de no pagar salarios caídos y que, en todo caso, se debe levantar la huelga para hacer las gestiones correspondientes al pago.



Por la víspera se saca el día.
 En su momento el Secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero y el Secretario de Gobierno, Romero, declararon que el presupuesto de Sonora iba a ser aprobado quizá en la siguiente legislatura cuando el PAN tenga mayoría legislativa. Para aclarar el punto: “aprueben el presupuesto tal como va o nos esperamos hasta que pasen las elecciones”. También en su momento, el rector de la Universidad y la Secretaria Administrativa de la misma, declararon que los sindicalistas deberían revalorar los ofrecimientos de la institución porque eran serios y finales. Ahora se agrega el no pago de salarios caídos a los argumentos en favor del levantamiento de huelga. Cualquier parecido con la coincidencia es la pura realidad.

De ambos casos surgen las preguntas, ¿por qué tan similares? ¿Por qué tanta inflexibilidad apoyada en decisiones cuya fatídica coincidencia apunta hacia una política de estado contra los trabajadores? ¿Qué intereses más allá de lo electoral animan las acciones del gobierno de Padrés? ¿A quién realmente representa el rector Grijalva? ¿Qué se espera de la Universidad y los universitarios? ¿Por qué se agrede al sindicalismo, no solamente universitario, en el estado de Sonora y en el país?

Se supone que la institución universitaria tiene un programa de gastos donde el pago de salarios está contemplado y no es producto de la generosidad del empleador. Para eso existe la tesorería, los criterios contables, la labor de nómina, de contraloría y todo el aparato que llena sobradamente el enorme edificio que alberga la administración. Son pagos programados de acuerdo a la nómina vigente y que se deben de pagar mientras no exista una causa legal que lo impida.

Durante el período de huelga se entiende que las funciones están paralizadas, pero una vez que se restablecen se debe de cumplir con la obligación de efectuar los pagos programados y no ejercidos hasta la fecha, ya que los recursos no le pertenecen a la institución sino a los trabajadores en nómina. En este sentido, la amenaza de no pagar los salarios retenidos durante el período de huelga es suponer que el movimiento huelguístico es ilegal y, por lo tanto, se descuenta a los trabajadores el monto correspondiente a los días no trabajados. Esto es claramente una sanción patronal contra los académicos que se lanzaron a huelga ejerciendo un derecho consagrado en la legislación laboral vigente.

La suspensión de labores que implica la huelga es legal, ya que se reconoce el derecho de los trabajadores de dejar de hacer las actividades objeto de su contrato precisamente para mejorar las condiciones de trabajo mediante un nuevo acuerdo entre la institución y el sindicato titular del contrato colectivo. Negar este derecho es un verdadero retroceso en las relaciones laborales universitarias y que no se puede interpretar más que como una agresión de parte de la administración hacia el sindicalismo.

Si la Secretaría de Hacienda decreta semejante absurdo, es claro que el gobierno neoliberal panista ha llegado a límites insufribles de intolerancia, de franco asalto a las instituciones de la república y de absoluta negación de las conquistas sociales de la Revolución, de la que siempre han sido enemigos. Lo que asombra en este caso, es la comodona actitud del rector Grijalva, puesto como tapete para que pase la ignominia laboral panista y afecte las relaciones internas de la Universidad.

Queda claro que el actual rector está muy lejos de emprender una defensa digna y sostenida de la autonomía universitaria y del respeto que merecen tanto la institución como sus trabajadores académicos, como en su momento lo hicieran los señores rectores Manuel Rivera Zamudio y Manuel Balcázar Meza, verdaderos impulsores de la vida académica y democrática de la institución y los dos últimos grandes rectores del siglo XX.

Se habla de que la huelga está en un callejón sin salida. Lo cierto es que el movimiento se dio en condiciones desfavorables si se ve desde el empecinamiento de gobierno en salirse con la suya respecto al presupuesto estatal incrementado con nuevos impuestos, lesivos para la economía familiar; también hay declaraciones de legisladores que muestran el rostro necio y antisocial de la diputación panista, no dispuesta a conciliar ni transigir, pero que de alguna manera la situación se puede considerar socialmente favorable debido a que la gente está cobrando conciencia de quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo.

La huelga del STAUS ha permitido una relación de respeto y colaboración entre los universitarios y otras organizaciones, y entre profesores y estudiantes que convergen en actividades propias de la lucha social en favor de los derechos laborales y del restablecimiento de la legalidad en Sonora. Mientras que el tejido universitario se reunifica, la relación entre academia y administración se distancia y resquebraja, tal como sucede entre el ciudadano que lucha por su bienestar y quienes representan la ineptitud hecha gobierno.

Lo dramático de la amenaza de no pagar salarios caídos trasciende el daño laboral y pasa al desencanto y la pérdida de confianza hacia una administración que, arrastrada por los supuestos neoliberales, perdió su esencia universitaria. Una dura lección de la que seguramente los universitarios saldrán fortalecidos.

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