La cara legal de la traición

Los legisladores mexicanos sudan y se acongojan cuando en algún diario estadounidense aparecen notas que descubren los arrugados pliegues de la dependencia, los hilos corridos de la soberanía y el maquillaje que ayuda a disimular el rostro de una democracia de maquiladora, por encargo, para ensamblar y estampar. El sofoco de los prohombres que juegan a las vencidas con los contendientes políticos mientras fortalecen el estado de derecho, se debe a que fueron sorprendidos por el Ejecutivo cuando éste se puso la camiseta del otro equipo y logró colar un gol en la portería de la soberanía nacional. La reseña llega en inglés y los afanosos amanuenses de una y otra cámara leen con encendido patriotismo la crónica de una tomada de trasero que, al parecer, es el suyo.

Las tribunas se estremecen de la emoción que embarga a los padres de la patria, a los representantes del tercio de soberanía que legisla y debate sobre los grandes temas nacionales. La defensa de la patria queda en los encendidos discursos, en la declaración de intenciones, en la sudorosa réplica a los enemigos imaginarios con los que debaten todos en la soledad de sus curules y escaños, porque al acción concreta y el reclamo fundado y motivado que suponga compromisos y acciones que pudieran incomodar a la embajada de Estados Unidos y a la red de “cooperación” que se disemina en el suelo nacional, está fuera de discusión.

La retórica satisface lo que el trabajo legislativo y judicial omiten graciosamente en obsequio a las andanzas del Ejecutivo, con lo que la división de poderes no obra en beneficio del equilibrio sino de la concentración: la res publica es para los discursos pero, en la intimidad, la cosa va por los canales de las familias que fichan en las mesas de las trasnacionales y los monopolios privados. Se puede decir en público que el gobierno se empeña en fortalecer nuestra economía, a la par que abre las puertas a la inversión extranjera directa privada en ramas estratégicas como la petrolera o eléctrica, mediante el invento de figuras que le sacan la vuelta a la Constitución y que logran el prodigio de entregar el dominio de la nación sobre el subsuelo: los extranjeros y las entidades privadas ahora jalonean la cobija de la renta petrolera bajo el amparo de una legalidad venal que es amadrinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sic).

Los contratos “incentivados”, más los de servicios múltiples y los Pidiregas, constituyen piezas importantes en el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, en beneficio de los mismos que condenaron el texto del artículo 27 en la Constitución de 1917 y que, tras 73 años de insidias, los gobiernos del PAN les han puesto en charola de plata los veneros que nos escrituró el diablo (Ramón López Velarde dixit).

Mientras se desmantela con desparpajada codicia el patrimonio nacional, los señores legisladores solamente atinan a señalar con dedo flamígero la escasa probidad de los magistrados que violan el dominio de la nación sobre los recursos que lo integran, lo que no es poco pero es insuficiente. La SCJN ha dado muestras de formar parte del grupo de enemigos de México que, al amparo de la interpretación formal de las leyes dejan de lado los aspectos trascendentes de legitimidad histórica y de protección de lo nuestro que el legislador de Querétaro plasmó en la Carta Magna, es decir, actúan como amanuenses chambones sin compromiso político con su patrón: el pueblo de México.

La entrega de los recursos petroleros a agentes privados es una claudicación del Estado mexicano y la evidencia más clara de que el gobierno carece de legitimidad, que es un peligro para México y que sus acciones son simple y llana traición a la patria. En el poder Ejecutivo y en la SCJN están los nuevos miramones y mejías, al servicio del imperio y contra los intereses nacionales. Se espera y exige una mayor firmeza por parte del poder legislativo. Ya.