De gira

Parece que la criminalidad está de gira por el estado de Sonora, recorriendo las carreteras de sur a norte en un esfuerzo turístico que abre posibilidades infinitas al discurso sobre seguridad pública y que justifica la presencia de soldados, agentes federales y otros cuerpos avezados en el negocio de la represión de tendencias socialmente disruptivas.

De Navojoa a Mazocahui la atención se centra en las carreteras y los que en ella circulan, con bandera de viajeros con negocios particulares así como aquellos que tienen que viajar por encargo de la empresa en que laboran. Los matones dan en disparar a vehículos y viandantes y no escatiman esfuerzos en dedicar su tiempo al despojo, por lo que el supuesto de un Sonora seguro cae por tierra una vez más y, en esta ocasión, demuestra lo riesgoso que es viajar por los caminos de la entidad.

Habrá, desde luego, quienes reclamen seguridad para los viajantes; que decidan que Sonora estaría mejor en una especie de estado de sitio producto del terror que genera la presencia de armas de grueso calibre en manos de facinerosos; se puede afirmar que un orificio de bala en el cuerpo no mejora el optimismo de vivir en un “nuevo Sonora”, cargado de miserias acumuladas en el ciclo neoliberal que produce lo mismo muertes de niños en guardería como siembras de transgénicos aparejadas a la eliminación sistemática de la agricultura comunitaria y la producción eventual de empleo chatarra. Al contrario, la sanguinolenta amenaza que lanza el crimen carretero se suma a la del crimen urbano, a la depauperación que se pasea por las calles y plazas de la ciudad capital, a la indefensión ciudadana ante el cobro desmesurado de bienes y servicios, ante la creciente certidumbre de que el sueldo es de una magnitud más psicológica que económica que sus efectos paliativos duran sólo el instante en que lo recibimos, para evaporarse en medio de la realidad de cuentas por pagar, carencias objetivadas en la cada vez más grande diferencia entre lo que recibimos y lo que necesitamos.

La idea siniestra del gobierno fallido llega a las goteras de la ciudad de Hermosillo, como llega a las principales ciudades de la entidad, cargada de añoranzas de aquel futuro pletórico de bienaventuranzas que nos regala el discurso triunfalista del inicio de cualquier gobierno: lo federal, estatal y municipal tienen el mismo tono azulado que adquieren los cuerpos a bajas temperaturas, producto de las largas estancias en casas y oficinas refrigeradas, al margen de la realidad que, en nuestro caso, promete deshidrataciones e insolaciones al simple ciudadano de a pie. Así las cosas, el problema del agua es el problema de una irrealidad estructural que no toma en cuenta las condiciones geográficas de la entidad, que insiste en llamar a inversionistas cuando el agua es un bien escaso y debe privilegiarse al ser humano en el criterio de distribución del líquido.

Desde luego que el mantra neoclásico de considerar mercancía a cualquier cosa que exista con utilidad reconocida por la demanda en la lógica del mercado, se lleva entre las patas al agua, líquido vital que en cualquier país civilizado debiera considerar su acceso como un derecho. De ahí que el consejo ciudadano que se apareja a Agua de Hermosillo, insista con ramplonería simplista de que se cobre con rigor fenicio al consumidor, como si el consumo del agua potable se hiciera con el mismo criterio hedonista que un whisky con soda o un six-pack de ambarinas. Tal supuesto recuerda con claridad aquella anécdota en donde la emperatriz recomienda que el pueblo, que no tiene pan para comer, en todo caso consuma pasteles. Sin embargo, los señores consejeros integrantes de la iniciativa privada, no objetan el uso que las empresas nacionales y trasnacionales hacen del bien, que siendo escaso, debiera consumirse con discreción a la par que con equidad y sentido de humana solidaridad.

Antes de volver al asunto de la criminalidad en carretera, le propongo pensar en la solución de problema del agua potable en Hermosillo, desde estas coordenadas: si se privilegiara el consumo domiciliario familiar, el agua que va a las empresas asentadas en el parque industrial y otros sectores concentradores de actividad comercial, pudiera provenir de fuentes distintas a las tradicionales, por ejemplo, de plantas tratadoras e incluso desaladoras, bajo el supuesto de que las empresas tiene mayor capacidad de pago que las familias y pudieran pagar los costos del fluido producido con la tecnología aplicada. Así se dejaría a las familias el disfrute del líquido proveniente de las fuentes sin aplicaciones tecnológicas que encarecerían el consumo.

En segundo lugar, el gobierno pudiera emprender una campaña sistemática de ahorro y prevención de fugas, aplicando no sólo acciones de monitoreo y reparación de daños, sino sustitución de materiales y mejoramiento técnico del servicio. A lo anterior se agregaría una campaña permanente de información y convencimiento ciudadano sobre el cuidado del agua y la responsabilidad de cuidar su consumo y de contribuir al mejoramiento del servicio, lo que incluye el pago del estado de cuenta del consumo. La amenaza del corte del servicio, atenta contra los derechos humanos, agrede al ciudadano en situación de precariedad económica y compromete seriamente su salud. Violenta la vida comunitaria y margina a quienes no tienen capacidad de pago de un servicio que es absolutamente indispensable. Cortarle el agua a una familia es criminal.

Pero, volviendo a las carreteras sonorenses, los atracos que se perpetran no deben ser motivo más que de una mayor actividad de las policías, de un mayor cuidado y vigilancia en las vías de comunicación, nunca un pretexto para recrudecer y justificar los mecanismos de represión de que puede ser capaz un gobierno desesperadamente incompetente. Conviene recordar que el auge de la criminalidad responde a la caída de la economía familiar, al desempleo, al atraso y la marginación. La bola sigue estando del lado de la cancha gubernamental. ¿Qué medidas para la recuperación del empleo y el ingreso se están implementando? Y ahora, ¿cortar el agua? Ni hablar.

Le recuerdo la huelga general planteada por el SME, la impunidad que existe en el caso de la guardería ABC, la amenaza que se cierne sobre los mineros de Cananea y el derecho que tenemos a disentir y optar, cuando es necesario, por la desobediencia civil.