Cuando se pierde el sentido de las proporciones se adquiere una especie de mitomanía auto-justificadora, compulsión de aplaudirse a sí mismo como si obrara un desdoblamiento no sólo mental sino físico en el sujeto de referencia. Lo anterior viene a cuento por lo siguiente: el PRI se declara insatisfecho por lo logrado en la reforma fiscal 2010. A pesar de eso, declaran que lograron enmendar la plana de lo perverso de la propuesta del gobierno y el panismo organizado.
La críptica aseveración dará mucho de qué hablar, pero solamente en los círculos del esoterismo legislativo, habida cuenta que, para el ciudadano que es causante cautivo, la cosa es más que clara y simple: el PRI se plegó a los requerimientos del gobierno panista que a su vez lo hizo al gusto de los 422 grandes empresarios que no pagan impuestos y que quieren seguir navegando en el limbo fiscal, cuando no en las seguras aguas del régimen de excepción tributaria que les confiere licencia para no pagar sus adeudos al fisco. El grupo de choque designado fue la fracción del PAN en San Lázaro y en Xicotencatl, protegido por el priismo salinista y por la venalidad de una prensa facciosa y mercenaria, a cargo de la desinformación, la manipulación y el engaño de las víctimas.
Así las cosas, presenciamos los barruntos de una tormenta política y económica que se cierne amenazante sobre los que aun cuentan con empleo e ingreso en la esfera de la formalidad laboral, primero en contra del sindicalismo al atacar al SME y desaparecer su fuente de trabajo, Luz y Fuerza del Centro; luego la andanada de lodo contra los liderazgos de oposición entre ellos el de López Obrador, y el remate, la estocada al pueblo de México con la famosa reforma fiscal o paquetazo económico 2010. La creatividad del panismo organizado y famiglia asociada parece exacerbado aunque recurrente y monotemático: se hizo lo mejor por el país.
Bajo este supuesto, los patrióticos diputados y senadores libraron una batalla contra el déficit, fortalecieron las defensas de la fiscalidad y dotaron al gobierno de recursos legales para el saqueo de villas y lugares por razones de estado. Se trataba de cambiar para no cambiar, para conservar el status quo, para demostrar a la cobardona e incompetente iniciativa privada trasnacionalizada que en México se respetan los fueros empresariales a costa, incluso, del país.
Las 422 empresas que gozan de la protección y privilegios fiscales son una nueva edición de aquella oligarquía parasitaria que servía de base social al porfiriato. Son las que no pagan impuestos y lo poco que pagan se les devuelve en señal reverente por parte del gobierno. “Si la leche es poca, al niño le toca”, frase que otrora indicaba el sentido de las prioridades familiares distributivas, ahora se aplica con ánimo condescendiente a un sector empresarial que se supone puede llegar a constituir una ventana al progreso y la puesta al día de nuestra economía de mercado. Si tan solo funcionara, si no fuera una rémora para las finanzas públicas, si no tuviéramos que pagar su incompetencia, como lo demuestran el Fobaproa y el Ipab.
Tenemos un empresariado parasitario, inepto y apátrida. Como lo demuestra la historia reciente de despropósitos ligados a la incapacidad de la iniciativa privada de generar empleos, a la poca iniciativa que tienen en la innovación tecnológica, al desaseo con que se manejan sus estados contables y a la poca seriedad de sus reclamos. La IP ha servido de prestanombres de los inversionistas extranjeros, y ahora de empleados comodones de los mismos. El que antes era director de su propia empresa ahora parece cómodo como gerente de un consorcio extranjero, aunque la razón social permanezca, para despiste del observador superficial.
El empresariado neo-porfiriano que padecemos, carente de nervio y músculo para valerse por sí mismo, se amamanta de la ubre del erario, mediante un ISR especialmente diseñado para proteger la evasión y la elusión de impuestos, para pagar poquito y en abonos, para seguir llorando como empresarios lo que no pudieron defender como ciudadanos. Pero cabe decir que la casa-cuña en la que habitan, es patrocinada por el poder legislativo federal.
Los “representantes populares” del nuevo liberalismo oligárquico mexicano, hacen patria protegiendo y ocultando la identidad de los miembros de la clase parasitaria, y les permite disfrutar de un aumento en el tributo que pagan para su sostenimiento y dispendio los causantes cautivos, a través de la caja recaudadora del gobierno. Los nuevos profesionales y puristas del atraco, incrustados en el poder legislativo hacen su tarea, justamente en sentido contrario a los legisladores de principios del siglo XX. Por eso la Constitución se viola, se ignora y se transgrede. Los ejemplos están a la vista: el gobierno de Calderón y sus corifeos legislativos. Quizá la solución radique en nuevas y generalizadas formas de oposición y organización ciudadana, que permitan recuperar la dignidad de legislativo y la responsabilidad del ejecutivo. En este país muchos problemas se solucionarían si tan solo se cumpliera con lo que expresamente manda la Constitución y las leyes que de ella emanan.
La críptica aseveración dará mucho de qué hablar, pero solamente en los círculos del esoterismo legislativo, habida cuenta que, para el ciudadano que es causante cautivo, la cosa es más que clara y simple: el PRI se plegó a los requerimientos del gobierno panista que a su vez lo hizo al gusto de los 422 grandes empresarios que no pagan impuestos y que quieren seguir navegando en el limbo fiscal, cuando no en las seguras aguas del régimen de excepción tributaria que les confiere licencia para no pagar sus adeudos al fisco. El grupo de choque designado fue la fracción del PAN en San Lázaro y en Xicotencatl, protegido por el priismo salinista y por la venalidad de una prensa facciosa y mercenaria, a cargo de la desinformación, la manipulación y el engaño de las víctimas.
Así las cosas, presenciamos los barruntos de una tormenta política y económica que se cierne amenazante sobre los que aun cuentan con empleo e ingreso en la esfera de la formalidad laboral, primero en contra del sindicalismo al atacar al SME y desaparecer su fuente de trabajo, Luz y Fuerza del Centro; luego la andanada de lodo contra los liderazgos de oposición entre ellos el de López Obrador, y el remate, la estocada al pueblo de México con la famosa reforma fiscal o paquetazo económico 2010. La creatividad del panismo organizado y famiglia asociada parece exacerbado aunque recurrente y monotemático: se hizo lo mejor por el país.
Bajo este supuesto, los patrióticos diputados y senadores libraron una batalla contra el déficit, fortalecieron las defensas de la fiscalidad y dotaron al gobierno de recursos legales para el saqueo de villas y lugares por razones de estado. Se trataba de cambiar para no cambiar, para conservar el status quo, para demostrar a la cobardona e incompetente iniciativa privada trasnacionalizada que en México se respetan los fueros empresariales a costa, incluso, del país.
Las 422 empresas que gozan de la protección y privilegios fiscales son una nueva edición de aquella oligarquía parasitaria que servía de base social al porfiriato. Son las que no pagan impuestos y lo poco que pagan se les devuelve en señal reverente por parte del gobierno. “Si la leche es poca, al niño le toca”, frase que otrora indicaba el sentido de las prioridades familiares distributivas, ahora se aplica con ánimo condescendiente a un sector empresarial que se supone puede llegar a constituir una ventana al progreso y la puesta al día de nuestra economía de mercado. Si tan solo funcionara, si no fuera una rémora para las finanzas públicas, si no tuviéramos que pagar su incompetencia, como lo demuestran el Fobaproa y el Ipab.
Tenemos un empresariado parasitario, inepto y apátrida. Como lo demuestra la historia reciente de despropósitos ligados a la incapacidad de la iniciativa privada de generar empleos, a la poca iniciativa que tienen en la innovación tecnológica, al desaseo con que se manejan sus estados contables y a la poca seriedad de sus reclamos. La IP ha servido de prestanombres de los inversionistas extranjeros, y ahora de empleados comodones de los mismos. El que antes era director de su propia empresa ahora parece cómodo como gerente de un consorcio extranjero, aunque la razón social permanezca, para despiste del observador superficial.
El empresariado neo-porfiriano que padecemos, carente de nervio y músculo para valerse por sí mismo, se amamanta de la ubre del erario, mediante un ISR especialmente diseñado para proteger la evasión y la elusión de impuestos, para pagar poquito y en abonos, para seguir llorando como empresarios lo que no pudieron defender como ciudadanos. Pero cabe decir que la casa-cuña en la que habitan, es patrocinada por el poder legislativo federal.
Los “representantes populares” del nuevo liberalismo oligárquico mexicano, hacen patria protegiendo y ocultando la identidad de los miembros de la clase parasitaria, y les permite disfrutar de un aumento en el tributo que pagan para su sostenimiento y dispendio los causantes cautivos, a través de la caja recaudadora del gobierno. Los nuevos profesionales y puristas del atraco, incrustados en el poder legislativo hacen su tarea, justamente en sentido contrario a los legisladores de principios del siglo XX. Por eso la Constitución se viola, se ignora y se transgrede. Los ejemplos están a la vista: el gobierno de Calderón y sus corifeos legislativos. Quizá la solución radique en nuevas y generalizadas formas de oposición y organización ciudadana, que permitan recuperar la dignidad de legislativo y la responsabilidad del ejecutivo. En este país muchos problemas se solucionarían si tan solo se cumpliera con lo que expresamente manda la Constitución y las leyes que de ella emanan.
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