NO ESTAMOS EN NARNIA

 “Las críticas no serán agradables, pero son necesarias (Winston Churchill).

Llama la atención el llamado que hace una periodista de Contralínea, a propósito de la grosera y condenable agresión digital que sufrió la legisladora Andrea Chávez por parte del monero Antonio Garci Nieto.

Hace un llamado a los hombres a “romper el pacto” y no solapar este atropello, con lo que nos pone en el plan de cómplices instantáneos y parte de un pacto patriarcal que, según ella, obliga al silencio, la complicidad y la protección entre hombres.

Le aseguro que nunca he suscrito ni defendido un pacto en el cual no tengo parte ni evidencia de su existencia. Creo, en cambio, en la justicia y en que una serie de prejuicios sociales del pasado se han venido superando en beneficio de una mejor convivencia social.

Las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley no sólo por mandato constitucional sino por madurez y convicción social. Así pues, durante el siglo XX, las mujeres mexicanas han venido ocupando puestos de diversa importancia en la economía, la política, la administración y los diversos organismos de representación social.

Son empresarias, funcionarias públicas y privadas, profesionales de las más diversas disciplinas universitarias y, por otra parte, figuran en la dirección del crimen organizado en sus variadas modalidades. Así como hay profesionales de la salud también hay reconocidas asesinas y sicarias. Baste ver la historia de la administración pública y las legislaturas estatales y federales para saber que la presencia de la mujer es parte de la normalidad.

En este sentido, no se explica (salvo por razones ideológicas) la insistencia en declararlas objeto absoluto de marginación y abuso, siendo que el panorama nacional e internacional dice lo contrario.

Tampoco se puede negar la existencia de individuos capaces de abusar, agredir e incluso matar a una mujer, pero no debemos hacer la vista gorda en los casos de asesinato, robo y violencia de las mujeres entre sí y contra los hombres, cuestión comprobable con la simple revisión de los periódicos y medios digitales.

Para todos debiera estar claro que la violencia, el abuso y los instintos criminales no son patrimonio exclusivo de tal o cual sexo, y que los actos delictivos son condenables independientemente de quien los cometa, pero de ahí a prejuzgar, politizar y judicializar incluso las relaciones personales y familiares hay diferencia.

El actual marco legal permite dar cauce a cualquier denuncia que se haga sobre situaciones como las señaladas, e incluso puede afirmarse que la igualdad entre hombres y mujeres ha sido rebasada, habida cuenta la existencia de leyes y disposiciones explícitamente en favor de la mujer.

Hay casos de denuncias que siendo falsas se dan por ciertas y el hombre queda prácticamente en estado de indefensión legal, política y social. Una acusación por violencia de género, cierta o no, puede acabar con una carrera política o profesional. Al respecto, resulta ilustrativo leer el libro del abogado Francisco Serrano, La dictadura del género, editorial Almuzara, España, donde expone el origen, desarrollo y consecuencias de esta ideología en la sociedad española. 

En este marco, es posible afirmar que la igualdad que se consagra en el artículo 4º constitucional ha sido desdibujada en la legislación secundaria y que ahora se profundiza la desigualdad “legal” con las innecesarias reformas a los artículos 4º, 21º, 41º, 73º, 116º y 123º constitucionales propuestas por la titular del Ejecutivo Federal.

Tales reformas abren paso a la criminalización del hombre porque queda prácticamente cancelada la presunción de inocencia, además de condicionar la voluntad popular mediante la consagración de las cuotas “de género”. Como quien dice, el poder de la democracia como igualdad aritmética avanza a costa de la democracia como expresión política de las mayorías, independientemente de su sexo o condición social.

El pueblo mexicano votó por el Plan C y el segundo piso de la 4ª Transformación, y el 62% de los votos en favor de la Dra. Claudia Sheinbaum fueron de hombres. ¿Son por definición machistas, abusones, cómplices de violadores y acosadores de mujeres quienes la llevaron a la presidencia? (https://lc.cx/CcNdkj)

Votamos en favor de consolidar el humanismo mexicano impulsado por López Obrador y no para satisfacer agendas transnacionales, ni reproducir aquí las ideas del Ministerio de la Igualdad encabezado por Irene Montero en España, donde se creó un clima legal persecutorio y fuente de injusticias que han abierto una brecha enorme de recelo y distancia entre mujeres y hombres.

Debe prevalecer la cordura y el sentido de la justicia, habida cuenta que la ley no puede ni debe ser un garrote en manos de una parte de la sociedad para usarlo contra la otra. Tampoco estamos en Narnia, sino en un país donde los valores familiares se deben respetar porque garantizan estabilidad, unión y fortaleza.

Muchos crecimos en hogares donde el respeto y el cariño a los mayores, a los padres y hermanos era la clave de la convivencia y donde el respeto a las mujeres se inculcaba desde muy temprana edad. Estas costumbres han sido la base de hogares sólidos y, aunque nadie niega que existan excepciones, áreas oscuras en la sociedad e influencias mediáticas perniciosas, no deben pagar justos por pecadores.

No perdamos lo que tenemos en aras de una “modernidad” parasitaria que viene de la anglosfera, de las cloacas académicas gringas y del estercolero europeo.

 

HABLEMOS DE LA DEFENSA DEL ISSSTESON (II)

 El comentario anterior se refirió a que los derechohabientes del ISSTESON tienen un marco legal que hasta el momento no han sabido aprovechar, será porque los abogados “especializados” en seguridad social han dedicado sus esfuerzos en sacarle dinero al Instituto, sin más propósito de gozar de honorarios simplemente nadando de muertito en las aguas del tiempo procesal a costa del esperanzado cliente.

Se entiende que una opción rentable para mantener el estatus, es promover recursos legales contra el ISSSTESON por el cobro de los servicios médicos (el 7 por ciento de la pensión), o por no actualizar el pago de acuerdo con los incrementos que por ley se conceden cada año, o por no proveer medicamentos a pesar de haber una prescripción médica de por medio, entre otras razones litigiosas.

Sin embargo, abundan las quejas sobre otros asuntos que quedan impunes, como, por ejemplo, las afectaciones en la salud e integridad física de los pacientes cuando no se les atiende a tiempo o en forma deficiente, encontrando que muchas muertes o incapacidades son evitables. Es en este sentido que mencionábamos el artículo 122 de la ley 38.

En el mismo sentido, cuando se trata de un descalabro al patrimonio e integridad funcional del propio Instituto donde tanto de la Junta Directiva como el director general incurren en responsabilidad administrativa o penal, deben pagar por ello, conforme lo dispone el artículo 125 de la ley del ISSSTESON.

Así pues, el daño patrimonial, administrativo, social y político que pueden sufrir las instituciones como el ISSSTESON y sus afiliados, pueden ser resarcidos por vía jurisdiccional, que para eso están los abogados, aunque la dimensión y repercusiones de algunos asuntos probablemente no sean tan atractivos para patrocinarlos.

A muchos les tiembla la mano cuando se enfrentan al gobierno, a la propia Universidad cuando son parte de la comunidad académica, por aquello de que sean vistos con malos ojos “de arriba”, que sean marginados, caigan en desgracia o que se les tache de poco institucionales, como si serlo equivaliera a complicidad.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 38 establece que, “En caso de enfermedad no profesional, el trabajador y el pensionista tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

I.- Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El reglamento de servicios médicos determinará que se entiende por este último concepto.”

Llamo la atención sobre el segundo párrafo: “El Instituto no estará obligado a proporcionar servicios de cirugía cosmética, ni a proveer dentífricos, cosméticos, aparatos de prótesis,de odontología o aparatos de prótesis de ortopedia.”

Todos estaremos de acuerdo en que la edad de los pensionados y jubilados permite que los esquemas privados de seguros médicos logren jugosas ganancias, y que la seguridad pública debe cubrir esta ausencia.

Sin embargo, el propio Reglamento para los Servicios Médicos, sólo cubre los casos de riesgo profesional “debidamente calificado por el Departamento de Salud Ocupacional” (artículo 5), lo que significa que quienes no están en el servicio activo tampoco están en el radar de la protección institucional, en caso de tener que enfrentar alguna de las excepciones que señala el artículo 23.

Así que, cuando se llega a la edad de las caídas con fractura de cadera, deterioro y daño en las rodillas y cualquier problema que amerite la instalación de una prótesis, nos vamos enterando de los costos de la edad y que la exclusión social e institucional existe y es una de las variadas formas de la discriminación prohibidas por la Constitución.

Por tanto, si alguna reforma en la ley orgánica del ISSSTESON tendría sentido, sería lo relativo a la cobertura integral de servicios referidos a los riesgos de la tercera edad donde las palabras ortopedia y prótesis son no sólo muy importantes sino vitales.

Tampoco es cosa menor lo relativo a los pagos por concepto de impuestos a las pensiones, ya que, según el artículo 66 de la ley “es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta Ley establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley.”

Algunos dirán que es cosa de interpretación y se afanarán en buscar precedentes, acuerdos y nudos en los amasijos de telarañas que algunos llaman jurisprudencia, y podremos estar de acuerdo o no en que la Junta Directiva se pasó esta disposición por el arco del triunfo al gravar las pensiones que rebasen las 15 UMA (criterio tomado de la miscelánea fiscal) con el pretexto de ajusticiar a los megapensionados, quienes seguramente se partieron de risa al oír las balas de salva institucionales.

Pero, mientras la discusión de la absurda sustitución de salarios mínimos por UMA sigue adelante, esperamos que el gobierno, ahora sí, recoja el reclamo de los trabajadores jubilados y abandone este criterio de 2016 asumido por la SCJN, que es parte del jolgorio neoliberal peñanietista.

Mientras pasa la novedad gubernamental, preparémonos para lo que venga, y como dijo uno de mis maestros de secundaria al señalarme la salida, el movimiento se demuestra andando.

 

HABLEMOS DE LA DEFENSA DEL ISSSTESON (I)

 “Hechos, no palabras” (frase atribuida a Catón el viejo).

 

Parece que quejarse de las fallas en los servicios es un deporte local, y adquiere particular relevancia cuando se trata de la seguridad social y los beneficios que, por ley, corresponden a los afiliados del ISSSTESON.

Los derechohabientes reclaman en diversas formas y en variados foros “lo que a su derecho conviene”, se convocan ruedas de prensa, marchas, mítines y plantones donde la ciudadanía manifiesta qué tan molesta está y cuánto daño le hace la falta de medicamentos, insumos, equipo, servicios y especialistas que forman parte de las obligaciones a cargo del Instituto que hace posible la salud y seguridad social de los afiliados sonorenses.

La cara más sensible, solidaria y distributiva del gobierno parece ocultarse avergonzada por causa del afeamiento que produce la mala administración de sus recursos, la ausencia de control de sus flujos financieros, la rapiña sistemática y su constante amenaza de colapso, falacia que algunos sostiene a pesar de lo previsto en el artículo 116 de la propia ley 38, que establece que el déficit deberá ser cubierto a) por el Estado, b) los organismos afiliados y c) los propios derechohabientes en los términos de la propia ley.

Así pues, el gobierno del Estado es responsable en primera instancia de mantener funcionando la seguridad social y no hay vuelta. Los organismos afiliados a su vez están obligados a aportar un monto mensual y los derechohabientes la cuota que la ley establece.

Ahora, si se ocasionara un daño al Instituto o a sus derechohabientes (como es evidente que ha ocurrido por años), la ley previene que los funcionarios y trabajadores del Estado y organismos afiliados responsables serán acreedores de sanciones (artículo 122); sin perjuicio de que los miembros de la Junta Directiva y el director, estarán sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público (artículo 125).

Como es cada vez más claro, el ISSSTESON pasó de ser la caja chica a la caja grande de los sucesivos gobiernos, y que los recursos por concepto de cuotas y aportaciones de organismos y usuarios no se entregan al Instituto, siendo cuchareados o simplemente retenidos por el gobierno estatal para fines ajenos a su objeto original.

¿Cómo se va a revertir el desfondo que hizo crisis desde hace años si se sigue ordeñando la vaca de la seguridad social? Visto lo presente, ¿cuándo se va a aplicar la ley y se fincarán responsabilidades a los funcionarios públicos encargados del servicio? ¿Tendremos otro gobierno que se pase por el arco del triunfo los artículos 122 y 125 de la ley del ISSSTESON? ¿Cuándo veremos acciones legales y propositivas por parte de las representaciones sindicales?

Durante muchos años hemos insistido en el ámbito sindical universitario que, ante los problemas en el servicio de salud y el desabasto de medicamentos, se exija a la administración universitaria que demande al Instituto por incumplimiento del convenio de prestación de servicios vigente, suscrito por las partes en los términos de la propia ley del ISSTESON y en cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, que en su cláusula 141 incorpora la seguridad social estatal al catálogo de derechos de sus agremiados.

El silencio sindical, en esta parte del espectro de las luchas que los trabajadores universitarios han emprendido, no tiene explicación fácil, a pesar de que los impactos de un servicio ineficiente se ven y se sienten entre sus agremiados, activos y jubilados.

Pareciera que el tema del ISSSTESON se reserva para las lamentaciones en los chats, en las asambleas, en los corrillos y las antesalas de hospitales y módulos de atención, o en las especulaciones de dirigentes debidamente enchufados, sin un interés real en que se intervenga institucionalmente de manera directa y decidida para intentar poner orden.

A veces parece que existe entre las dirigencias sindicales la consigna de “el ISSSTESON no se toca”, a pesar de ser uno de los más oscuros objetos del deseo tanto del gobierno como de las empresas privadas proveedoras de materiales y servicios de salud, por vía de las subrogaciones o por compras de dudosa transparencia.

No es rara la existencia de negocios privados a la sombra del poder público, lo que adquiere particular relevancia en el ánimo de los derechohabientes y hace que cobre plena vigencia aquella consigna de “¡pena de prisión a las ratas del ISSSTESON!”

Podrá haber mil marchas, mítines y plantones, pero si sólo son para fines de constancia mediática valen tanto como un pedo de borracho en despoblado. Es tiempo de que la lucha legal se sume a la lucha política y mediática.

Considerando que la ley provee los recursos necesarios para que los derechos de los trabajadores y usuarios de los servicios realmente tengan vigencia, ya basta de hacerle al tío Lolo. Demandemos por la vía jurisdiccional y sigamos el proceso hasta las últimas consecuencias y sigamos poniendo el reflector en el rescate de la seguridad social que deberá ser siempre solidaria y distributiva.

Es tiempo de acciones afirmativas no de palabras distractoras. 

UNA DUDOSA IGUALDAD

“No todo lo que brilla es oro” (Aforismo del siglo XII).

 

Las frases recurrentes van perfilando la cara del tiempo que corre, tiempo de mujeres, dicen, a partir de que llega a la presidencia la doctora Sheinbaum y proclama que no llega sola, sino que llegaron todas.

Suena esperanzador el discurso que incluye nuevas disposiciones legales en favor de la mujer, en busca de lo que se ha llamado igualdad sustantiva que, según se entiende, formalmente figura en nuestras leyes desde el 14 de noviembre de 1974, cuando se aprueba la reforma al artículo 4º constitucional y establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, es decir, con igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre.

Para cualquiera que sepa leer, la reforma evita que la mujer sea víctima de cualquier tipo de discriminación por razones de su sexo, lo que supone un avance en materia de derechos humanos que todos celebramos.

Ahora, si ya existe esta disposición gravada con el fuego constitucional, ¿para qué ponerle apellidos que resultan no sólo redundantes sino innecesarios?

La reforma constitucional que ahora se propone parece desconfiar del significado preciso de los conceptos y del acatamiento que la sociedad hace de las normas que, al parecer, nunca son suficientes. La redundancia, reiteración o insistencia formal en subrayar lo que ya está escrito, da a sospechar que sus razones no son necesariamente de protección jurídica sino de reafirmación ideológica.

La doctora Sheinbaum se ha declarado feminista, y quizá eso lo explique, pero también ha manifestado su afiliación al humanismo mexicano como asidero ético del quehacer publico mexicano promovido por la 4T.

La reforma supradicha se ve fortalecida con una serie de modificaciones adicionales que apuntan en la misma dirección, y añade la promesa de que habrá una cartilla de los derechos de las mujeres, lo que despierta cierta inquietud toda vez que ya teníamos claro que ante la ley hombres y mujeres somos iguales.

 La duda radica en qué tan posible es que las disposiciones legales de observancia general sean dirigidas a un sector de la población en particular, sin que esto sea contradictorio con el espíritu no discriminatorio del propio artículo 4º constitucional y, consecuentemente, las leyes que de él emanen.

Otro elemento que da a pensar en la misma línea de la discriminación es la instauración de un programa que apoya a las mujeres de 60 a 64 años, por considerar que el trabajo (sic) de cuidar de su familia es acreedor de remuneración.

El planteamiento tal como se lee y argumenta en la iniciativa y varias publicaciones al respecto (por ejemplo https://lc.cx/Be89Xq), parece partir del supuesto del feminismo radical de que el trabajo o, más bien, las actividades realizadas por la mujer en el seno del hogar son una especie de explotación que el estado debe compensar de alguna manera, ya que no es posible por ahora proscribir la familia y así liberar a la mujer del yugo patriarcal.

Es claro que, si la familia se entiende como una unidad patriarcal de explotación de la mujer, el cuidado de los hijos sería una forma de la plusvalía femenina que se extrae en beneficio de terceros, entre los que eventualmente pueden figurar sus padres, su cónyuge, o familiares.

Habría que ver si la llamada perspectiva de género obedece en realidad al humanismo mexicano que, según se entendió en el pasado gobierno, es incluyente, no discriminatorio y respetuoso de la igualdad tutelada por la Ley Suprema de la nación.

También habrá que ver qué tan necesario y pertinente es el feminizar cualquier palabra sin tomar en cuenta su etimología y carácter incluyente como, por ejemplo, presidente o comandante.

Me parece que se está privilegiando la forma sobre el contenido, quizá porque no existe una idea clara de la realidad nacional al considerar a la mujer como desinserta de un contexto que genera sus propias necesidades y respuestas. La familia crea lazos y compromisos de carácter ético y moral que, según se entendió en su momento, eran fundamentales y gozaban de la protección del humanismo de AMLO.

La mujer que cuida, cuida a alguien y lo hace porque forma parte de un conjunto humano unido por la sangre y la afinidad, cuyos lazos íntimos y emocionales van más allá de la simple y vulgar relación comercial que pone precio a las cosas y a las personas.

Espero que sigamos por la ruta de la recuperación, o si se quiere, la regeneración nacional, evitando el quemar la pólvora constitucional en diablitos, que ponen en duda el supuesto de la igualdad.

Por último, creo absolutamente necesaria la reforma judicial, el fin de la impunidad y el respeto absoluto a la no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres que, por cierto, a estas alturas de la evolución social no depende de una visibilización forzada ni de imposiciones desde el poder.

 

LA LUCHA POR EL ISSSTESON

 

“Pena de prisión a las ratas del Isssteson” (consigna popular).

 

El martes 24 se realizó una rueda de prensa frente a Palacio de Gobierno. En la mesa representantes de la Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS, en la calle algunos representantes de medios locales y un grupo de derechohabientes de la tercera edad que reclamaban lo que a su derecho convino: garantía de que las jubilaciones saldrán dictaminadas en tiempo y forma, cumplimiento en las citas médicas y las intervenciones quirúrgicas, abasto de medicamentos, justicia y prontitud de repuesta en el trato de problemas de la competencia de la Institución.

Dentro de los problemas expuestos sigue siendo tema recurrente la falta de transparencia que parecía resuelta en el tiempo en que fue director Jesús Manuel Acuña Méndez, cuya gestión terminó cuando apenas se estaban viendo resultados por causas que aún permanecen ocultas en los entretelones de la política palaciega.

Acuña Méndez supo establecer un diálogo directo, claro y franco con la derechohabiencia, construyendo puentes de comunicación que revelaban las posibilidades de que, por fin, la Institución de seguridad social de los sonorenses pudiera responder a las necesidades y reclamos de sus afiliados.

Se inició la puesta en orden de los inventarios, su actualización y situación real, se revisaron y eliminaron subrogaciones, poniendo en evidencia el abuso y el agandalle de las anteriores administraciones.

Se reveló el obsceno esquema de complicidades entre el gobierno y la iniciativa privada para lucrar a costa del erario, así como la existencia de empleados deshonestos y negocios particulares a la sombra del poder público.  

Por primera vez se supo del monto de los recursos que ingresaban al Isssteson y cuánto y en qué se estaba gastando. Por primera vez los usuarios sintieron que eran tomados en cuenta y que la interlocución entre pueblo y gobierno podía dar buenos resultados. Su gestión dignificó el trato institucional y la imagen el gobierno de Durazo.

Sin embargo, pesa en el ánimo de los derechohabientes un retorno al pasado que se dijo combatir y la puesta en duda de la promesa de que “no se iba a patear el bote” en este gobierno. Es revelador el hecho de que la sección de información financiera que incorporó el director Acuña desapareció de la página oficial del Instituto.

Han ido y venido directores generales, se han pronunciado discursos, promesas y justificaciones, pasando por las explicaciones de la novedad en el cargo, problemas presupuestales donde destaca el costo de la nómina de pensiones respecto a lo que se recibe por concepto de cuotas y aportaciones.

Hasta la fecha, nadie informa por qué no se ha resuelto el desfondo pensionario que hizo crisis en los tiempos de Guillermo Padrés con Teresa Lizárraga en la dirección general, y que ha seguido sin resolverse a pesar de la caravana de directores y danza de los millones que pasaron de un desfondo de 6,000 a quizá el triple de la cantidad declarada, lo que permite sospechar que los malabares contables y las excusas sólo son una distracción de un problema mayor: El Isssteson sigue siendo la caja chica de la administración.

En este contexto, cualquiera puede preguntarse ¿qué pasa con las cuotas que puntualmente pagan vía descuento en nómina los trabajadores? ¿Qué pasa con las aportaciones que entregan los organismos afiliados, sean universidades, ayuntamientos u otros organismos públicos? ¿Por qué no se entregan los recursos al Isssteson en vez de quedar entrampados en la administración estatal para fines ajenos a su propósito?

Y, muy importante, ¿qué pasa con las acciones legales contra los defraudadores de los ahorros de los trabajadores y causantes del daño patrimonial del Isssteson? ¿Por qué no se establecen responsabilidades y se aplica la ley?

La lucha por el Isssteson es la lucha de los ciudadanos afiliados a la seguridad social del Estado, que debiera ser garante de la misma, en los términos de la Ley 38 orgánica del Instituto. No es problema menor y sí una realidad que habla de la capacidad redistributiva del producto social de Sonora, distorsionada por la incapacidad o simplemente por una posible complicidad en la corrupción.

Convertir en negocio privado un bien público no tiene relación con la idea de cambio, de revolución pacífica contra los males y la perversidad del régimen neoliberal, ya que refrenda el modelo que se dice combatir.

Es claro que se gobierna con la calidad y cobertura de los servicios a cargo del Estado. En este caso, nos ha faltado gobierno.

 La lucha por el Isssteson es la lucha por la salud y la seguridad social, por el respeto al derecho ciudadano al bienestar, la paz y la no discriminación. Si queremos una sociedad igualitaria, democrática e incluyente, empecemos por el acceso a los servicios que la sociedad requiere.

Los trabajadores jubilados y pensionados de Sonora exigen con toda razón un trato justo e incluyente, y el Isssteson es un referente obligado y esencial del bienestar.

Los universitarios han dado un paso importante en la visibilización de este problema social. Hagamos que funcione.

 

PORRISMO INSTITUCIONAL

 

“Los abogados, con su habilidad, nos enseñan a confundir lo verídico con lo verosímil” (Marco Tulio Cicerón).

 

No habíamos visto espectáculo parecido en un foro tan dado a las formalidades como lo es el Senado de la República. De hecho, en cualquier otro sitio, como las calles de México, ya no resultan tan extraños actos vandálicos y gritería intransitable como es el caso las marchas locas con pasamontañas, pañuelo o paliacate protector de identidades vociferantes; pero, ¿en el templo de la civilidad republicana y el pacto federal?

Una buena cantidad de trabajadores y estudiantes (hijos algunos de connotados opositores) arremetió contra las puertas del Senado con el ánimo de tronar la sesión en curso referida a la iniciativa de Reforma Judicial que había sido aprobada por los diputados. La sesión se pausó y cambió de lugar.

A estas alturas aún me parece insólito, y grotesco que una horda gritona e histérica haya llegado a este nivel de desprecio por la ley y la institucionalidad que de ella emana. “Somos abogados, no somos acarreados”, coreaban como una justificación a la caída libre que sufrieron en el campo de la ilegalidad. La defensa de privilegios no puede se una lucha justa. ¿El nepotismo es defendible? (https://lc.cx/BCOMxp).

¿Qué objetivo tenían al atacar porrilmente un poder soberano? ¿Qué clase de formación jurídica tienen cuando ignoran que la función del Poder Legislativo es justamente legislar? ¿Qué sentirá Norma Piña al bajarse de su pedestal judicial y hacer de activista ocasional y marchar por cerca de 20 o 30 minutos y seguir atizando el conflicto?

El contenido de la reforma, antes que objeto de análisis para la corrección de fallas, excesos y desviaciones, se convirtió en asunto de litigio para las huestes de la toga y el birrete. El interés por la justicia es menos atractivo que el interés bancario.

Por otra parte, llama la atención la sintonía de los porros judiciales con la oposición panista, sus diálogos y miradas cómplices ya en el salón de plenos de la Cámara de Senadores. Apapachos y sonrisas que dejaban muy poco margen a la sospecha.

Durante las horas del debate parlamentario, que continuó en sede alterna, el porrismo siguió presente pero ahora en los zapatos de los legisladores de la oposición Prianista-emecista.

La grosería y las malas maneras de conducirse en el debate fue la tónica que marcó una oposición redundante, hueca, sin argumentos legales, políticos o históricos dignos de ese nombre. Las poses prepotentes, las descalificaciones, el clasismo y hasta el racismo tuvieron su momento estelar.

Morena y sus aliados actuaron en todo momento con prudencia y respeto institucional. Soportaron la grosería de las intervenciones, las provocaciones y la injuria gratuita y sebosa de quienes se atrincheran en la investidura senatorial para comportarse como verdaderos patanes.

Brilló con mérito propio “nuestra” Lilly Téllez, agresiva y amiga de los discursos vacíos y de arrolladora mentecatez convertida en coraza protectora de ausencias y debilidades formativas y miserias emocionales.

Es casi imposible no pensar en las graves consecuencias de tener una representación legislativa sin maldita idea de para qué sirve el cargo, lo que nos pone en el caso de visualizar lo absurdo de tener candidatos más mediáticos que aptos para los puestos de elección. A qué intereses sirve una legisladora hueca y sin vocación de servicio, es cosa del dominio público.

La estulticia, la carencia de argumentos y de empatía hacia el simple ciudadano fue la aportación de las bancadas opositoras a la reforma, en un desfile de vanidades, poses dramáticas, mentiras y distorsiones, chantajes emocionales, rutinas de circo y sainetes.

Aquí, los herederos de Miramón y Mejía, posaron para los medios gringos y europeos, disfrazados de pueblo “en lucha por la libertad y la democracia”, los dos gusanos conceptuales con los que pican los tiburones corporativos occidentales (https://lc.cx/WP6Icp).

Los jueces y magistrados seguramente babean ante la expectativa de atención mediática externa que puede tener su “lucha”, e imaginan sus efectos en quienes dirigen los organismos internacionales que trabajan por la inmovilidad del sistema global, por la homogeneidad anodina del ciudadano lobotomizado que consume noticias, ideas y costumbres excretadas por la anglosfera.

La sesión senatorial que culminó en la madrugada del miércoles 11 de septiembre de 2024 es, en efecto, histórica.

Puso a los legisladores y al pueblo de México frente al porrismo judicial, la insidia mentirosa, manipuladora y agresiva del Prian-mc, en una lucha entre la violencia y la prudencia, entre el avance de la privatización del Poder Judicial y quienes defienden el carácter ciudadano de la función pública. Aquí ganó el pueblo, y prevaleció su mandato.

En otro asunto: el 11 de septiembre se cumplieron 51 años del golpe de Estado patrocinado por la embajada gringa en Chile, en el que fue asesinado el presidente legítimo Dr. Salvador Allende. La derecha aquí y allá huele a violencia, traición y dólares.

 

 

MES PATRIÓTICO, DÍAS DIFÍCILES

“En asuntos internacionales, la paz es un período de trampas entre dos luchas” (Ambrose Bierce).

 

Aún se levanta el polvo mediático del 6º informe presidencial. Los vídeos circulan a la velocidad de lo efímero, de lo que debe saberse para luego dar paso al olvido por acumulación informativa.

Las “lecturas” de los especialistas florecen y los rostros y los gestos marcan el paso a la interpretación de un hecho que resulta una especie de mega-mañanera en el marco de la rendición de cuentas que ordena la Constitución, en forma verbal y escrita.

Lo escrito se cumplió al entregar el documento al Congreso de la Unión, lo verbal se acató ante el soberano, el pueblo, al aire libre, en la plaza pública que constituye el mayor escenario político de la nación.

No entraré en detalles sobre el estado que guarda la administración pública, que usted seguramente conoce por ser asuntos del dominio público, aunque no estaría de más señalar que la economía no va tan mal como algunos quisieran.

Es claro que hay serios y viejos problemas pendientes, pero el empleo ha crecido, la pobreza ha disminuido y se ha recuperado algo del espacio económico comprometido gravemente por los gobiernos anteriores, tan amigos de organizar ventas de garaje de los activos y recursos nacionales en favor de las empresas extranjeras.    

Los empeños de dar reversa a las reformas neoliberales que en paquete se llamaron “Pacto por México” celebrado por el PRI, PAN y PRD, tuvieron (y tienen) un Poder Judicial dispuesto a batear cualquier iniciativa presidencial con olor a nacionalismo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su red de tribunales con magistrados y jueces arracimados en torno a la defensa del interés extranjero y privado, se declaró en guerra con el escudo y el garrote de “la ley”, en una andanada de amparos y descalificaciones a las iniciativas que avanzaron en el Poder Legislativo.

El pueblo de México ha visto en este sexenio cómo un poder de la Unión se convierte en censor y enemigo de los otros, asumiendo una superioridad ficticia agarrada precariamente de formalismos fuera de contexto donde se ataca a la Constitución diciendo que se la defiende, exhibiendo una jerigonza engañosa y falaz.

Muchos pensamos que se trata de una intentona de golpe de Estado por la vía judicial, lo cual posible si se entiende que México está en la óptica de las trapacerías que nuestros vecinos del norte cometen a escala global.

Queda claro que el tener cerca (muy cerca) a Estados Unidos no nos hace ni amigos ni mucho menos socios confiables, toda vez que el T-MEC resulta ser la alberca donde ocurren los ejercicios natatorios de tiburones y sardinas.

Ha sido demasiado evidente el desprecio que sienten los vecinos por la ley, la soberanía y la paz social del país que parasitan. Es claro que se sienten capaz de imponer su visión supremacista a quien cae en su área de influencia, y más si lo ata a su lógica imperial mediante préstamos, acciones de cooperación, fondos para el desarrollo, para la democracia, la salud, contra la corrupción, el terrorismo, contra el narcotráfico, fortalecimiento de la justicia y todo lo que quepa.

El embajador de EUA en turno ha metido la cuchara en el asunto de la reforma judicial, y los argumentos que esgrime son los mismos que emplean las huestes judiciales que a gritos y sombrerazos defienden la inviolabilidad del régimen de privilegios de que gozan ministros y jueces. No lo han dicho tal cual, pero en el fondo de cada pronunciamiento, paro o documento público está la consigna de “la Corte no se toca”.

La evidencia de la función política que asume la SCJN la tenemos a la vista: dos jueces “ordenan” al Poder Legislativo que no discuta la reforma judicial ni proceda, en su caso, al trámite legislativo, excediendo sus facultades y mandando al carajo la división de poderes.

¿Cómo es posible que un órgano jurisdiccional pueda ignorar que la función y facultad del Poder Legislativo es legislar? ¿En qué marco legal se apoyan para impedir el cumplimiento de las competencias que la Constitución concede a los legisladores? ¿Ahora las leyes serán dictadas según el antojo de quien debiera vigilar el cumplimiento de las normas de acuerdo al interés nacional?

En forma simplificada, el Poder Legislativo es la representación del pueblo y las entidades federativas y le corresponde establecer el marco normativo nacional; al Poder Ejecutivo le corresponde atender la cosa pública y proveer lo necesario para el cumplimiento de los objetivos nacionales marcados por las leyes, y al Poder Judicial vigilar el cumplimiento y la constitucionalidad de las normas.

El Poder Judicial no legisla, no hace leyes y sólo vigila la correcta observancia del marco jurídico. Quien legista es el Poder Legislativo, y al Poder Ejecutivo (presidencia de la república) ejecuta el mandato popular en el marco del derecho.

La rebeldía del Poder Judicial de la mano de la intervención declarativa de Canadá y Estados Unidos rompe el equilibrio de poderes, huele a traición, a asociación delictuosa, a falta grave de respeto a la decisión del pueblo y, para variar, intervención extranjera.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben poner orden de acuerdo a su competencia, porque la ley no se negocia ni la traición se perdona. Con un Poder Judicial sumido en la ilegalidad, los días de septiembre serán difíciles pero definitorios para el país y el próximo gobierno. Y sí, aquí la tolerancia resulta igual a complicidad.