¿Y los trabajadores cuándo?

“Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia” (Marcelino Camacho).

Se hacen los preparativos para el desfile del 1 de mayo, conmemorativo de la huelga iniciada por los trabajadores que reclamaban la extensión de la jornada de trabajo y exigían que fuera de ocho horas, en Chicago, EEUU, 1886. Los huelguistas fueron duramente reprimidos y la matanza en manos de las fuerzas policiacas tiñó de rojo las calles y la memoria de esta lucha laboral que finalmente resultó triunfante.

Estamos a punto de conmemorar el 133 aniversario del sacrificio de los huelguistas y mucha agua ha pasado por debajo del puente de la justicia laboral en México y el mundo que orbita la hegemonía del dólar y el modelo económico que impulsa y defiende nuestro vecino del norte. Para nadie es desconocido que el sistema capitalista labró su modernización mediado por el avance tecnológico y científico, y que una nueva concepción del mundo y la vida se fue perfilando en la memoria colectiva y en la conciencia internacional, emergiendo la clase obrera como el elemento genético-dinámico de la nueva sociedad y sus cambios sucesivos. Sin embargo, por el lado del capital muy pronto se erigieron verdaderas murallas legales para coartar las libertades conquistadas y se empezaron a regatear derechos fundamentales e inalienables como son la seguridad en el empleo, el ingreso y la seguridad social.

Las expectativas de una vida digna fundada en el trabajo como generador de riqueza se convirtieron en una utopía, en un sueño frente a una realidad donde el capital se lleva la mayor parte y el trabajador debe conformarse con las migajas del salario mínimo, los topes salariales y la privatización del ahorro generado en los sistemas de pensiones y jubilaciones. La seguridad social se privatiza en el último tramo del siglo XX y la expectativa de una vejez en condiciones decorosamente humanas se topa con las minusvalías de los sistemas privados de administración de fondos pensionarios, Afores, donde las comisiones aumentan y los ahorros disminuyen a la par que los ingresos de los trabajadores retirados presentan severos quebrantos.

Queda claro que los ahorros de los trabajadores deben protegerse y jamás ponerlos en manos de empresas privadas que buscan recursos frescos para sus aventuras de especulación y riesgo de dinero que no les pertenece y sobre el cual escasamente reconocen alguna responsabilidad en caso de pérdidas, como queda demostrado en nuestra experiencia tras las reformas de las Leyes del IMSS y del ISSSTE. Es un hecho que las afores ligadas a la banca trasnacional han proliferado y que buscan afanosamente hacerse con los ahorros de los trabajadores, pero también lo es que un fondo pensionario no debe participar en juegos de ruleta y, en todo caso, debe tener el respaldo del gobierno o las instituciones públicas regidas por las leyes nacionales para garantizar su permanencia y recuperación. En el momento histórico presente, las luchas por recuperar los fondos pensionarios en manos de empresas privadas es cosa de todos los días a lo largo y ancho de nuestro continente y México no es la excepción en el reclamo por restablecer el sistema de reparto solidario.

En este marco, resulta verdaderamente incongruente que las instituciones que permanecen en el sistema de reparto solidario traten de pasar a otro de carácter privado. La evidencia histórica demuestra que el Estado debe ser el garante de la seguridad social, como lo establecen los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país desde antes de la época neoliberal inaugurada por Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. En Sonora, debemos hacer valer los derechos de la clase trabajadora y decir un categórico NO a la privatización de la seguridad social. Aquí, como en muchas otras causas sociales, los universitarios están llamados a honrar su carácter de conciencia crítica de la sociedad y salvaguardar los avances que en materia laboral y social ha logrado el movimiento universitario a lo largo de sus luchas, desde la fundación de los sindicatos STEUS y STAUS en la Universidad de Sonora, y ser solidarios con las luchas de sus compañeros de clase que laboran en otras ramas de la actividad económica estatal.

Muchas cosas han cambiado desde los aciagos días de mayo 1886; mucha sangre ha corrido por los veneros de las fábricas, los comercios, las explotaciones rurales y las universidades; imposible dejar de lado lo que se ha perdido y lo que se ha logrado. La experiencia manda y llama al compromiso, porque el respeto por una tradición de lucha que nos identifica y nos une no se puede ignorar y menos traicionar. De otra manera, el desfile del 1 de mayo sería solamente un acto público de efectos mediáticos, pero carente de contenido y trascendencia. Seamos congruentes y cumplamos con nuestro deber.

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De Francia con amor.

“Los que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta” (John F. Kennedy).

Ya ve usted cómo son las cosas. El segundo día de la Semana Santa ocurre un incendio supuestamente accidental en la Catedral de Notre Dame de París y de inmediato el mundo se declara consternado por la catástrofe cultural e histórica que significa. No es cosa común ver arder más de 850 años de historia arquitectónica envueltas en el gótico francés. Las vestiduras de Occidente se rasgan con prontitud y, como era previsible, empiezan a fluir las aportaciones en dinero, de suerte que a estas alturas ya hay alrededor de mil millones de euros reunidos, cifra que resulta un tanto difícil de digerir para el hombre de la calle, el ciudadano de a pie, el trabajador que se parte el lomo diariamente para rascarle el salario mínimo y prestaciones sociales a veces inexistentes o insuficientes a la dura cantera de la clase patronal que se dispone a retomar actividades tras unas “merecidas vacaciones”.

La rápida respuesta del capital a la tragedia parisina mira a lo alto de la estructura y las torres sobrevivientes de la catedral como buscando la cara de Dios para hacerle un guiño y decirle que están, como siempre, presentes y dispuestos a echarle la mano a Notre Dame, pero su mirada siempre en alto bien debiera situarse en la superficie de la tierra con toda su simplicidad, con toda su esencia cotidiana que, siendo tan trivial, trasciende cuando el vigor de un par de pies se ve acompañado por diez, cien, mil o diez mil que marchan al unísono y dicen: “ya basta de tanta inequidad, tanta desigualdad, tanta jodida hipocresía”. Sí, como también era previsible los chalecos amarillos hicieron su aparición y conminan a Macron, presidente de Francia, a ver hacia abajo, a su alrededor, y que recuerde la historia escrita por el pueblo francés hacia el final del siglo XVIII. La Revolución francesa situó en la cúspide del protagonismo político al ciudadano, y transformó para siempre la forma en que se ve y entiende la autoridad.

En el marco del primer mundo y en la esfera de las relaciones imperialistas y colonialistas que lograron fortuna y bienestar para las clases ancladas en el comercio y la industria las desigualdades sociales siguen presentes. Desapareció la aristocracia como clase dominante pero el poder queda en manos del capitalista, con distintas formas y medios pero con la misma petulante distancia respecto al pueblo llano, independientemente de la igualdad ante la ley de todo ciudadano. Igualdad formal que no pasa de ser una utopía que alimenta las esperanzas y permite la manipulación del pueblo, el soberano de acuerdo con la constitución política pero esclavo asalariado según la estructura laboral que priva en los hechos.

Las actuales revueltas populares francesas debieran ser una advertencia para el mundo sobre el agotamiento de un sistema que terminó víctima de sus excesos, por corrupción generalizada, por injusticias reiteradas, por el desprecio hacia lo humano. Curiosamente, Notre Dame de París pone los reflectores mundiales en otros incendios, en otro desplome de techumbres de complicidad y autocomplacencia, en la necesidad de recuperar valores y de replantear el futuro del pueblo representado por quienes protestan por la política económica del régimen, por la sordera de quien gobierna, por los propósitos y formas del quehacer económico y por la política de Estado que propicia las desigualdades y fundamenta las protestas. Francia nuevamente se mueve y conmueve al mundo con un incendio que nace de las calles, las plazas y las conciencias y que invita a repensar y valorar en el actual contexto las palabras “libertad, igualdad y fraternidad”.

En nuestro caso, como mexicanos, tras casi 40 años de neoliberalismo, tenemos nuestros propios incendios, así que ¿podremos ser autocríticos? ¿Seremos capaces de ver hacia abajo y señalar en nuestro entorno lo que está mal? ¿Tendremos la voluntad de cambiar lo que deba cambiarse y dejar de lado la mezquindad típicamente prianista de criticar lo que haga el nuevo gobierno sin mover un dedo para apoyar lo que sabemos que es justo apoyar? ¿Tendremos el valor de reconocer nuestra identidad mestiza y ser consecuentes con nuestra herencia nacional o seguiremos encadenados a un eurocentrismo que nos despersonaliza y nulifica? ¿Podremos reconciliarnos con el pasado y el destino que tenemos como latinoamericanos?

Ciertamente París bien vale una misa, pero ¿cuántas vale Acteal, Aguas Blancas, Ciudad Juárez, Pasta de Conchos, la Guardería ABC, Ayotzinapa, y la contaminación del Río Sonora? Aquí y en Francia, el pueblo es el soberano, pero falta que hagamos posible que el poder esté al servicio del ciudadano y no del capital, so pena de un incendio capaz de acabar con los mismo cimientos de la actual institucionalidad.  

  

               

Bueno, pues hay huelga.

“Durante el período escolar, el estudiante ha estado mentalmente inclinado sobre su escritorio; en la universidad debe ponerse de pie y mirar a su alrededor” (Albert North Whitehead).

Como es del conocimiento público, la Universidad de Sonora es el escenario de una suspensión de labores decidida el día 2 del presente por los académicos y trabajadores manuales y administrativos, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo y guardando las formalidades del caso.

Como era de esperarse, tanto el rector de la institución como la gobernadora del Estado se aprestaron a hacer declaraciones donde el común denominador es lamentarse por la afectación que pudieran sufrir los alumnos, habida cuenta que la UNISON es “por y para los estudiantes”, dejando de lado y lo más en la sombra posible el correspondiente a los que hacen posible la formación que los dichos alumnos y que sufren no hoy sino cada día no sólo el ninguneo de las autoridades sino también la caprichosa aplicación del Estatuto de Personal Académico, que cambia cada vez que se le ocurre a la cúpula institucional, violando el Contrato Colectivo de Trabajo y haciendo inalcanzable la obtención de una plaza académica o de la promoción que permita el avance en la superación profesional y personal de los docentes. En efecto, la universidad es para los estudiantes pero hecha posible por los académicos.

La UNISON es una paradoja laboral en el sentido de que proporciona servicios educativos a una población creciente mientras que mantiene a una planta laboral que no ve oportunidades de obtener la estabilidad que requiere para un mejor desempeño de sus labores; que no cuenta con garantías de seguridad e higiene en áreas riesgosas como son los laboratorios y que debe pasar por el drama semestral de las programaciones, muchas veces decididas por fobias o filias ajenas al mérito profesional y que crean clientelas enquistadas en las diversas áreas formativas, impidiendo mejorar la docencia y la investigación. Y ni qué decir de la expectativa salarial que se ve frustrada en cada revisión, sujeta a los topes que decreta el gobierno y a la discrecionalidad presupuestal interna.

En este marco, la gobernadora se complace en ignorar las necesidades presupuestales de la institución y no menciona más que de pasada el incumplimiento de su gobierno respecto al subsidio a la UNISON, pactado entre la propia institución, el Estado y la SEP, echando la culpa preferentemente a los recortes presupuestales derivados de la política federal; y el rector, por su parte, ofrece disculpas a los estudiantes y se regodea con lamentaciones que solapan el peso de inercias, indolencia, salarios y prestaciones de ensueño para la alta burocracia universitaria, recontrataciones por honorarios de personas que son jubilados y que siguen ocupando un lugar en el espacio del gasto corriente, en un juego de reacomodos que perfila clientelas de lujo y una administración agónica por su propia renuencia a oxigenarse. Así, tenemos una burocracia añeja, obesa y reumática, instalada en la autocomplacencia y el dispendio. Los resultados saltan a la vista: la ineficacia en las gestiones presupuestales se agrava con la ausencia de voluntad y el acartonamiento en el proceso de negociación con los sindicatos. En este contexto y hablando de realidades, los más afectados son los trabajadores universitarios porque son parias en su propia fuente de trabajo.

En medio de toda la problemática interna, cabe agregar las campañas ratoneras contra el sindicalismo y su legítimo derecho a la huelga. Ya vio usted cómo se pretende echar por delante a los estudiantes, y generar una imagen negativa de quienes sólo defienden su derecho a una mejor calidad de vida, que están en la realidad laboral y que pagan impuestos, sufren descuentos y que tienen  que bregar todos los días con la política excluyente y empobrecedora del modelo neoliberal, que reciben sueldos bajos y servicios de salud y seguridad social deficientes o prácticamente inexistentes, amenazados con la suspensión de los mismos mientras que surgen empresarios privados dispuestos a “resolver” el problema de los servicios médicos así como la administración de las pensiones de los trabajadores en retiro.

Sin duda es preocupante que haya suspensión de clases, pero cabe recordar que la Universidad ha pasado por esto otras veces y no hay alumno que deje de cumplir sus expectativas profesionales ya que existe el mecanismo de ajuste de calendario, de suerte que no hay semestres perdidos: Los derechos de los estudiantes están garantizados y tutelados por el Reglamento Escolar y las previsiones administrativas en caso de conflicto.

En este conflicto laboral se han cuidado las formalidades que marca la ley y se han respetado los derechos de los tesistas que hacen investigación en laboratorios tanto como los de los investigadores con trabajos en curso y que no deben suspenderse. Sin embargo, hay voces que expresan no sólo incomprensión sino franca oposición a los derechos laborales que con libertad y transparencia están ejerciendo los trabajadores universitarios, llegando a insinuar que existen actores políticos ajenos a la institución universitaria que intervienen enturbiando las aguas laborales de Sonora. El propio gobierno del Estado parece interesado en politizar el conflicto mediante declaraciones temerarias, calumniosas y francamente estúpidas. La verdad es una sola y no se puede tapar el sol con un dedo, por más que éste pertenezca a la ociosa y absurda “secretaría del trabajo” estatal cuya existencia es altamente cuestionable, habida cuenta que la materia laboral es exclusiva del gobierno federal.   

Sonora es una entidad que sufre la ilegalidad como sistema, el golpeteo de la politiquería prianista y la red de complicidades que nos afectan en todos los niveles y terrenos, y la Universidad no está exenta de sufrir los embates de léperos y prevaricadores. Los universitarios ven la huelga como un proceso que se pudo evitar y que representa, en cualquier caso, una acción legal extrema en defensa de los derechos de los trabajadores y, por ende, de sus hijos, entre los que se encuentran muchos estudiantes universitarios. Entre los trabajadores existe la voluntad de lucha y la exigencia de diálogo respetuoso entre las partes, así como el rechazo al manoseo político de parte del gobierno u otra instancia de poder legal o fáctico. La gobernadora seguramente entiende que sin respeto ni honestidad no puede ser posible en la realidad el lema universitario de “el saber de mis hijos hará mi grandeza”.

La bronca universitaria por venir

“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” (Concepción Arenal).

En medio de las complicadas negociaciones sindicales por las revisiones contractuales y salariales de diversas instituciones de educación superior en el país, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, “consideró que las universidades que se escudan en su autonomía para no ventilar actos de corrupción deben ser investigadas, y sus responsables perseguidos y castigados por la justicia” (https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/corrupcion-en-universidades-debe-investigarse-graue-3244124.html).

Tan importantes palabras, viniendo de donde vienen, nos ponen a pensar en la imperiosa necesidad de revisar a fondo el monto y destino de los recursos con que cuentan las universidades nacionales, donde tenemos algo así como “castas divinas” de funcionarios que no se conforman con un modesto y razonable complemento por las tareas y responsabilidades que asumen, sino que aspiran a alcanzar sus calenturas adolescentes de fama  y fortuna a través de su empleo universitario, lo cual es, esencialmente, una fea y evidente contradicción si consideramos los fines y propósitos de la educación superior pública y autónoma. Es tan ridículo como aspirar al enriquecimiento personal mediante el servicio público en el gobierno federal, estatal o municipal, en el sistema judicial o en las tareas legislativas.

Aquí cabe recordar el discurso pronunciado por Benito Juárez ante la X Legislatura de Oaxaca, el 2 de julio de 1852, en la parte que dice: “bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio ni a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, quedando claro que quienes quieran “salir de pobres” de manera súbita y definitiva, deberán buscar por los rumbos de la iniciativa privada y no por el servicio público.

Desde luego que hay formas “legales” de torcerle los renglones a la sentencia juarista y hacerse de sueldos y prerrogativas propias de un gerente o director corporativo de alguna empresa transnacional, y burlar la necesaria política de austeridad a la que están obligadas las diversas instancias públicas, organismos descentralizados y entidades que reciban aportaciones o subsidios gubernamentales, como es el caso de quienes han solicitado amparos que mantengan su impunidad en los abusos, de cara a la política iniciada por el actual gobierno morenista y en franca oposición a hacer justicia a quienes con su trabajo hacen posible el funcionamiento cabal de las instituciones. En este punto, es inevitable referirnos a la Universidad de Sonora, en la que los sindicatos STAUS y STEUS se encuentran en el proceso de negociaciones con la administración, sin resultados significativos hasta el momento.

En el caso particular del sector académico, representado por el STAUS, hay reclamos que encajan en la lógica de la transparencia y el ajuste del gasto universitario a la nueva política de austeridad y, en congruencia, se demanda un programa que considere la disminución de los sueldos de la alta burocracia y la disminución de los puestos de confianza, habida cuenta que se tienen funcionarios que rebasan el sueldo mensual del Presidente de la República, como es el caso del Rector ($127,825.00), la Secretaria General Académica y la Secretaria General Administrativa ($110,729.00 cada una), mientras que el personal académico debe sujetarse al tope salarial del 3.35 por ciento de aumento y el 1.8 por ciento en prestaciones, lo que hace imposible la recuperación de la capacidad adquisitiva rezagada por aumentos salariales por debajo de la inflación. Cabe señalar que los altos cargos administrativos cobran salarios y prestaciones por encima de lo autorizado por la SEP, de acuerdo con información en poder del STAUS.

Si el dispendio y la inequidad en materia de salarios y prestaciones es un asunto grave, tenemos que agregar que el Gobierno del Estado no cumple cabalmente con la parte que le corresponde en el convenio de financiamiento a la UNISON de este año, al dejar de pagar 108 millones de pesos. El gobierno del Estado y el Federal aportan cada uno el 50 por ciento del total del subsidio que sostiene a la Institución universitaria, por lo que es esencial que cada una de las partes cumpla con sus aportaciones, cuestión que, como se ve, tiene sin cuidado a la señora gobernadora.  

Hoy, por desgracia, la Máxima Casa de estudios de Sonora libra una batalla, en donde en uno de los frentes tiene al propio Gobierno del Estado y en el otro a la administración que debiera empeñarse en hacer la mejor de las gestiones en beneficio de la comunidad universitaria. Tenemos indolencia, autocomplacencia e irresponsabilidad como llagas supurantes que manchan la solemnidad y el respeto a lo que representa el Edificio Principal del Alma Mater. En este desierto donde es opresora la carencia de valores republicanos como la austeridad y la buena gestión de recursos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, se levanta la voz del sindicalismo universitario reclamando justicia, respeto y diálogo. La huelga está emplazada para el martes 2 de abril, mientras que el reloj sigue su marcha inexorable hacia las redefiniciones institucionales.

En otro asunto: nos oponemos a la venta de los estadios y demás patrimonio de los sonorenses. No se debe lucrar con bienes públicos.

  

   

La muerte y el PRI

“Tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores” (Winston Churchill).

Como se sabe, los organismos vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. A la vida y su disfrute pleno sigue la falla y caducidad de las funciones vitales y la muerte, con lo que se cierra un ciclo que deja para los sobrevivientes experiencias y memoria. En el caso del PRI tenemos la curiosa circunstancia de una trayectoria vital que ha cambiado de piel por varias ocasiones, jalonando la acción política hacia una difusa idea de permanencia y continuidad sin coherencia programática, pues pasó de ser una estructura política que recogía los ideales de la revolución de 1910-17 a otra que los negaba. La inmensa base popular de la revolución y su impulso transformador pronto se congeló en estructuras “institucionales” y dio poder a una burocracia cada vez más distante de sus ideales fundacionales: una revolución que se institucionaliza termina cayendo en contradicciones profundas y negando aquello que le dio legitimidad y pertinencia.

En el largo y fluctuante tramo que recorre desde 1929, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que pronto se ve transformado en una cúpula traidora que asume la obligación de acatar el llamado acuerdo o pacto de Bucareli, en una evidente traición al espíritu y la letra del artículo 27 Constitucional, pasando por su reestructuración en forma del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) donde se retoman los impulsos nacionalistas que reivindican la propiedad soberana de la nación sobre sus recursos naturales, para volver a sumirse en la concesión de éstos al dominio extranjero y apátrida con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre todo a partir de los años 80. Se puede decir que el PRI fue una reacción a tono con los deseos de los gringos para contrarrestar la política expropiatoria cardenista. Si en el PNR se incubó la estructura para nulificar el dominio de la nación sobre sus bienes, con el PRM se rescata para perderlo nuevamente con el PRI. Aquí tenemos el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio, donde dos economías desarrolladas industrialmente se unen a la nuestra aún anclada en el sector primario-exportador, con un creciente déficit en cuenta corriente, conflictos políticos que van desde la aparición del EZLN a los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del mismo partido. Así, economía y política se conjugan para reforzar nuestra dependencia y la traición se hizo gobierno bajo el modelo neoliberal.

En nuestros días el PRI está fuera del gobierno nacional merced a la emergencia de una nueva fuerza política de corte populista con un gran ímpetu reformador; sin embargo, se sufren inercias que hacen sumamente complicado seguir por el camino franco de las transformaciones esperadas. Sucede que somos un país en vías de nuevas definiciones tanto en la economía como en la política, que sean palpables en la vida cotidiana tanto como en el gobierno en cualquiera de sus órdenes, ya que subsisten compromisos de alcance internacional y fuerzas motrices ancladas en los intereses de carácter tanto externo como interno del modelo económico dominante. Hoy cambiamos la forma pero el contenido aún sigue siendo igual en lo sustancial.

Sin demeritar los impulsos de humanizar el sistema y limar las aristas y paliar los daños del capitalismo salvaje capitaneado por nuestros vecinos del norte, cabe reconocer que nuestra nación discurre por un equilibrio precario, con graves y evidentes riesgos y peligros que demandan una conducción pública políticamente alerta y económicamente cauta, con gran sentido de la responsabilidad, razón por la cual no es posible esperar cambios drásticos y espectaculares. El caldo mexicano se cuece a fuego lento, a pesar de las necesidades y reclamos de sus comensales.

En este sentido, es imperativo tener conciencia de la complejidad del contexto internacional y de la herencia nefasta que recibe el actual gobierno, tanto como la urgencia de apoyar la gestión pública porque no podemos ni debemos ser el país de un solo hombre. Recordemos que somos muchos y, al menos, 30 millones decidieron pacíficamente despedir al PRI y su cauda de corruptelas y concesiones al margen de la ley y de los intereses nacionales. De todos depende lograr construir una nueva ciudadanía, congruente con la necesidad de cambio, inteligente en la elección de los métodos y los tiempos que hagan posible los supuestos de la llamada Cuarta Transformación, hoy propósito más que realidad.

Entendamos que el PRI debe terminar de morir, y con él su forma de hacer las cosas, su enorme capacidad corruptora, su habilidad para manipular las conciencias de los ciudadanos, incluso levantando muertos y haciendo hablar a fantasmas. Este primer cuarto de siglo de la firma del TLC, el surgimiento del EZLN y la muerte de Colosio marca el principio del fin de una forma perversa de hacer política y gobierno. Ya es tiempo de superar las heridas e influencia del pasado entreguista y apátrida y dar paso a la vida. Mientras se construye el futuro, hagamos justicia al presente y dejemos a los muertos en paz.

¿Los universitarios viejos son desechables?

“Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara” (Michel de Montaigne).

Uno de los rasgos más absurdos del pragmatismo neoliberal lo encontramos en el trato a los adultos mayores, donde la demagogia de la inclusión choca con la realidad de los procesos de exclusión que atiborran el saber y el hacer de las burocracias, que incluyen vergonzosamente a la universitaria. Los académicos jubilados son condenados a una muerte anticipada a manos de la administración que guarda y dispone de los expedientes y cuida la integridad del muro de contención puesto para evitar compromisos y borrar de la memoria deudas y gratitudes: no hay lealtad salvo en los discursos; no hay solidaridad a menos que exista presión social que la obligue; no hay lazos transgeneracionales, salvo en el esquema de complicidades que teje la alta burocracia con sus sucesores.     

Según estudios internacionales, la población considerada de tercera edad va en aumento por diversos factores, entre los que se encuentra el incremento de la esperanza de vida por la mejora de las condiciones que la hacen posible. La oferta de servicios de salud, vivienda, educación y empleo, al menos en su cobertura básica, han sido preocupación de los gobiernos de los países agrupados en la ONU y OCDE, independientemente del carácter de la seguridad social ofrecida, que puede ser pública, privada o mixta.

Si bien es cierto que la oferta de seguridad social ha transitado de lo público a lo privado y que en países como Estados Unidos si no se tiene la cobertura de un seguro la gente se puede morir por falta de atención médica, hay otros en los que la cobertura de salud es gratuita por el solo hecho de ser nativos del país; asimismo, tenemos países donde sus servicios tienen un componente público y otro privado, completando un panorama complejo cuya característica es la heterogeneidad. Aquí resalta el hecho de que muchos países que privatizaron los servicios ligados a la seguridad social y donde emergieron los sistemas de pensiones privados que en México tienen la forma de Afores, ahora tienen que reconocer que dichos sistemas han fracasado y se encuentran completamente desacreditados. En nuestro caso, es cada vez más claro que el sistema privado de pensiones no ha funcionado ya que condena a los ahorradores a la miseria y a vivir el resto de su existencia en forma precaria e insolvente, por lo que se concluye que el Estado debe reasumir su responsabilidad en materia de seguridad social y honrar los acuerdos que se tienen firmados con la ONU y la OIT entre otros organismos, donde el gobierno  mexicano se obliga a proveer lo necesario para garantizar los derechos de los adultos mayores.

Es evidente que el reconocimiento de las conquistas laborales y las relativas a la protección y salvaguarda de la tercera edad choca con el pensamiento neoliberal que convierte al sujeto portador de derechos en “cliente”, por lo que la relación resulta eventual y sin obligación alguna para con los usuarios de los servicios y, por tanto, se considera a la seguridad social no como como un derecho humano ni una conquista laboral y social sino como una “opción”, ligada a la capacidad económica y de acceso a los mercados que tenga el trabajador. Tal concepción cruza la lógica de las negociaciones de los contratos colectivos y, desde luego, las revisiones salariales que deben realizar periódicamente, entre otros, los trabajadores universitarios.

En la actualidad, la Universidad de Sonora y sus dos sindicatos, STAUS y STEUS, están en el arduo proceso de las negociaciones que, lamentablemente, describen un camino sinuoso y lleno de obstáculos. A las demandas económicas la administración responde que no cuenta con recursos, mientras que opta por no reconocer las violaciones al contrato colectivo de trabajo que señala la parte sindical, así como remitir las decisiones unilaterales tomadas en perjuicio de los trabajadores académicos a la exclusiva competencia de los órganos colegiados, lo cual manifiesta una disposición esquizoide a la par que un evidente desprecio por los intereses de los trabajadores. Si es así con los académicos activos, la cosa no es mejor para los pensionados y jubilados porque, en cada intento de incorporar este sector a los beneficios logrados por los sindicatos (como son, entre otros, los descuentos en eventos y servicios que proporciona la universidad y que están contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo) la respuesta ha sido negativa.

 La administración prácticamente ha declarado la inexistencia de los universitarios retirados a pesar de los elogios a la antigüedad y a las aportaciones de las viejas generaciones, y de estar aportando una pequeña cantidad mensual por concepto de despensa y la correspondiente al fondo mixto que sirve como complemento a la exigua pensión que reciben del ISSSTESON, sin contar el llamado estímulo a la jubilación que, como los anteriores, está establecido contractualmente. Con esto, se puede afirmar que la institución se debate en una lucha entre conservar sus raíces humanistas y honrar su historia y compromiso o aplicar la torva y excluyente política de corte neoliberal que cosifica a sus trabajadores y privilegia el boato comodón y ridículo de una administración que sofoca y margina a quienes hicieron y hacen posible el cumplimiento de las funciones sustantivas institucionales y emplea recursos en beneficio de la apariencia, en evidente olvido de aquello que en otros tiempos marcaba su misión: “El saber de mis hijos hará mi grandeza”. Hoy, mientras la academia languidece la burocracia engorda.

El sindicato académico STAUS ha acordado que el 2 de abril será la fecha del emplazamiento a huelga. El reloj está marcando la cuenta regresiva y, como le decía al principio, la seguridad social es considerada por los administradores neoliberales de huarache como una “opción” sujeta a las leyes del mercado mientras que relativizan los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores, en evidente pugna con quienes, como los universitarios, tienen reclamos fundados tanto en el derecho como en la lógica de los cambios nacionales y están dispuestos a dar la batalla por mejorar las condiciones de vida de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadores, actualmente ninguneados tanto por las autoridades universitarias como por las del ISSSTESON. Es claro que la lucha de los universitarios debe ser por el futuro, por lograr una institución y una sociedad incluyente, democrática y justa para todos, lo cual plantea la necesidad de tomar las medidas legales y políticas a que haya lugar.   

  

Entre abucheos te veas

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” (Platón).

En esta primera visita presidencial de AMLO se han agitado las aguas de la corrección política porque se oyeron abucheos ante la presencia o mención del gobernador en turno. Desde luego, surgió la hipótesis de que habían sido orquestados, programados y hasta exigidos por aviesas manos políticas de intolerancia a la ahora oposición, es decir, a los políticos del régimen que fue vencido en las elecciones federales próximo-pasadas. Algunos, como nuestra Claudia, al parecer fueron rodeados de una especie de blindaje, al apresurarse los priistas a colmar espacios y posicionarse con gargantas afinadas y matracas dispuestas a contrarrestar las posibles muestras de repudio y así sofocar la indignación popular. El que grita más fuerte gana el concurso del día consistente en maquillar el registro del sonido en las grabaciones.

Como ha trascendido, algunos gobernadores han dicho que no estarán presentes durante el acto público de la visita presidencial por aquello de evitar que se desaten los gritos y la iracundia popular, porque una mala gestión y su cauda de abusos debe ser del consumo exclusivo de las víctimas que deben conformarse con rumiar su malestar en privado o en círculos alejados de los medios de información, porque las protestas afean el glamur del evento y arruinan la imagen del gobernante local. ¿Cómo recibir en vivo y a todo color el rechazo del pueblo cuando la costumbre es el aplauso, las porras y la calidez domesticada de la masa agradecida por la torta y el refresco de ocasión? ¿Acaso no se han inaugurado tramos de calle o repartido espejitos y cuentas de colores entre los pobladores más necesitados de salir en la tele o en los boletines de prensa? ¿Puede, ante la maravilla de tener una gobernadora, tener algún peso negativo el haber modificado a modo la Constitución local para restar poder al Congreso del Estado?

Al parecer es más importante conservar en el aire la figura holográfica antes que permitir la materialización de los defectos, torceduras y perversiones del personaje real ante los ojos de quienes deben ver solamente el traje del emperador, esa envoltura que da el poder, capaz de convertir sapos en príncipes y desnudos patéticos en ricas vestiduras.

El temor a la crítica sin bozal y la afanosa indisposición del gobernante a recibir la condena popular frente a la prensa que escapa de las manipulaciones y trapacerías locales genera reacciones cursimente defensivas, pero que de ninguna manera son capaces de persuadir a nadie de que las cosas van bien y de que la crítica es infundada y facciosa, a pesar de que el propio presidente ha tratado de hacer el quite a los gobernadores señalados por quienes se sienten agraviados.

Se entiende el discurso de la “reconciliación” pero ¿acaso no es un logro colectivo materializado el pasado 1 de julio que el ciudadano ejerza libremente su voluntad política? ¿Acaso la expresión de la inconformidad no se tradujo en victoria? Nadie, ni siquiera el presidente, puede sofocar o condicionar el derecho ganado por el pueblo de señalar y condenar los errores, omisiones, abusos y desviaciones de quienes han ejercido el poder mediante la corrupción y la represión. Para dar vuelta a la hoja deben saldarse las cuentas, porque no puede haber reconciliación sin justicia.

Es claro que un buen gobierno debe partir de una base social sólidamente constituida por ciudadanos conscientes de la necesidad de equilibrios, de contrapesos políticos tanto como de la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Una ciudadanía responsable y activa es garantía de una buena conducción de la cosa pública, porque es capaz de señalar problemas y proponer soluciones. El gobierno debe ser producto de esta ciudadanía consciente, por lo que el pueblo no puede ser apéndice del poder.

La llamada Cuarta Transformación debe caminar por el camino trazado por el pueblo y ser expresión de su voluntad en la ruta por recuperar la soberanía y el dominio de la nación sobre su patrimonio y destino. Si esto es así, no se puede pedir ni siquiera suponer un gobierno que promueva la pasividad o el conformismo ciudadano, y la obediencia a la forma negando su contenido. Recordemos: sólo el pueblo puede salvar al pueblo.