¿Convendrá el nuevo convenio?

El pasado 28 de febrero apareció publicado en la página oficial del STAUS la propuesta del convenio modificatorio al actual Contrato de Prestaciones UNISON-ISSSTESON, donde en doce cláusulas y una transitoria redefine el contenido de dicho documento en cuanto al monto y las condiciones de las cuotas y aportaciones que deberá pagar tanto la universidad como sus trabajadores, bajo el principio de un incremento gradual hasta llegar a cumplir los porcentajes señalados en la Ley 38 reformada en 2005 por el gobierno de Eduardo Bours Castelo.

Según esto, la Universidad de Sonora homologaría sus cuotas y aportaciones en 2022 y todo mundo en paz, bajo el supuesto de que el Gobierno del Estado asignará los recursos necesarios para cubrir tales incrementos. Usted dirá con razón que ya no existe pretexto para no firmar el tan ansiado convenio por el cual el ISSSTESON se ha empeñado en presionar al la UNISON mediante el condicionamiento de sus servicios a los universitarios morosos, alegando que la UNISON “paga de menos”. Como en varias ocasiones hemos comentado, la institución no paga de menos sino que paga lo que está indicado en el contrato suscrito entre ésta y el ISSSTESON, que está no sólo vigente sino que es legal y legítimo.

Todo el armazón justificante del instrumento legal en comento radica en la eventual asignación presupuestaria del gobierno hacia la UNISON, que en esta ocasión se ha anunciado por el monto de 50 millones de pesos (Cláusula Transitoria Única del convenio) aunque, si es gradual el incremento de la carga que asumiría la institución es fácil entender que igualmente debería serlo la parte que corresponde al gobierno. Si no hay recursos disponibles resultaría inútil todo el despliegue discursivo del gobierno y el ISSSTESON para apoyar una mayor recaudación por concepto de los servicios de salud y otros de seguridad social a que tienen derecho los trabajadores afiliados. Lo anterior es relevante porque en el proyecto de convenio entre la UNISON y el STAUS que modificaría el actual Contrato Colectivo de Trabajo es frecuente que la administración universitaria rechace la propuestas sindicales bajo el supuesto de que “no existen recursos” para satisfacerlas. Así pues, la carencia de recursos financieros es la pieza clave de la negativa reiterada en una cantidad importante de cláusulas del contrato en la presente y anteriores revisiones contractuales y, siendo así, el convenio propuesto estaría colgado de alfileres.

Independientemente de la presión política a que está sometida la comunidad universitaria por parte del ISSSTESON en sus afanes recaudatorios, es inevitable pensar en la larga cadena de mentiras, manipulaciones y muestras claras de incumplimiento por parte del Instituto, ya que ha fallado en su obligación de proporcionar servicios de salud, pensiones y jubilaciones entre otros rubros importantes contenidos en el contrato vigente, a pesar de que a los trabajadores se les descuentan las cuotas pactadas sin  que se vea mejora en los servicios sino que, al contrario, un deterioro creciente en cuanto a cobertura y calidad.   

El texto del convenio modificatorio propuesto tiene como característica dominante la intención de homologar o armonizar el contrato con la Ley 38 reformada, particularmente en el aumento tanto en las cuotas como en el tiempo de cotización, con lo que se define como una reforma de carácter recaudatorio; sin embargo, no puede evitar reconocer el derecho de las generaciones llamadas “actuales” al amparo de la ley anterior al 29 de junio de 2005. Es decir, se asume implícitamente la no retroactividad de la aplicación de las leyes, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 14 constitucional, aunque presiona para que se satisfagan las expectativas económicas de la citada reforma. Lo anterior revela una seria contradicción que los sindicalistas debieran tener en mente a la hora de las negociaciones. Aquí, o gana la política o gana el derecho.

Este convenio de carácter recaudatorio presenta una “ventaja” o argumento cuyo atractivo consiste en dar facilidades de pago a la institución universitaria y a sus trabajadores, mediante el incremento gradual de sus obligaciones. Lo anterior recuerda el anzuelo que lanza la publicidad comercial que ofrece “abonos chiquitos para pagar poquito”. Tal oferta no es nueva, sino que data de varios años, pudiendo documentarse en 2015, y que se ha presentado en la cadena de relaciones cuya ruta es ISSSTESON-UNISON- Sindicatos.

Como bien lo sabe el sector de pensionados y jubilados, en el comprobante de depósito de la pensión aparece en el rubro 25 la deducción del 7 por ciento que se hace por concepto de servicio médico. En el convenio propuesto aparece en la Cláusula Sexta el descuento de siete por ciento como obligación tanto del trabajador como de la Institución. Lo anterior es grave si consideramos la cantidad importante de demandas que se han promovido justamente en contra de este descuento, habida cuenta que legalmente las pensiones no deben estar sujetas a ningún tipo de gravamen. Si el sindicato acepta y la institución firma el citado convenio, caeríamos en una fuerte contradicción o conflicto de intereses, ya que la organización sindical estaría avalando un gravamen ilegal y claramente contrario a los reclamos del sector de pensionados y jubilados integrado en la delegación sindical correspondiente.

De análisis preliminar de la propuesta, se desprende que su intención es puramente recaudatoria, que cae en contradicciones legales y que, aunque reconoce el carácter del contrato vigente y del propio convenio modificatorio como un “acuerdo de voluntades”, en los hechos ha acusado una grosera unilateralidad al echar mano de recursos intimidatorios, de difamación contra la institución universitaria, de incumplimiento de contrato y de grave irresponsabilidad al manipular los tiempos de emisión de los dictámenes jubilatorios, reducir los cuadros básicos de medicamentos, generar su desabasto, la cobertura y calidad de la atención médica y el temor continuo de los derechohabientes con enfermedades graves, crónico-degenerativas o de tratamiento urgente.

Consideramos que la propuesta no debe pasar así como está planteada y que, en todo caso, pudiera replantearse únicamente en lo relativo a la obligación que tiene la UNISON de reportar la totalidad de los pagos que hace a sus trabajadores derivados de su actividad laboral y proceder al descuento de cuotas y aportaciones con base los porcentajes contenidos en el contrato vigente. Este sería un paso importante y quedaría satisfecha la necesidad de un convenio modificatorio del actual contrato, en beneficio de los trabajadores.

Por lo pronto, el sector de pensionados y jubilados universitario ha manifestado su oposición a la firma del convenio exigido por el ISSSTESON, por las razones que arriba se han expuesto. Esperamos que la organización sea consecuente con sus deberes de solidaridad y defensa de los intereses de sus agremiados. Recordemos que los trabajadores unidos jamás serán vencidos.    

El gobierno de gira

“Quiero que me miren tal y como yo miro las revistas de viajes” (latravelista.com).

Algunos se quedaron con la idea de que lo de afuera es mejor que lo de adentro, lo cual tendría sentido si nos refiriéramos a la diferencia entre realidad y apariencia, entre la autenticidad del sujeto con o sin maquillaje; pero si hablamos de economía, educación o cultura el supuesto no necesariamente es correcto ni obligadamente pertinente y aplicable. Lo anterior viene a colación por la reciente gira por España que se dio la gobernadora y compañía.

Se puede entender que la compulsión neoliberal de “vender” Sonora al extranjero y atraer inversiones signadas por la proverbial gandallez de los capitalistas peninsulares, favorecidos por los gobiernos prianistas en los últimos 30 años, es una especie de imperativo categórico y una obligación más ideológica que económica en el marco de las competencias y obligaciones del gobernante. Lo anterior pudiera explicarse con razones de carácter subjetivo donde la imagen del que viaja, negocia y acuerda con el hombre blanco y barbado se toma como una realización que el político de cultura e identidad precaria busca para posicionarse, en el marco de su muy particular imaginario conceptual, aunque quizá influya la idea del aprovechamiento vulgar del puesto público para fines de satisfacción personal porque, después de todo, “los viajes ilustran”.

Este último aspecto pudiera ser la clave de la explicación sobre una gira que, vista de cerca, no tiene verdadero sentido en términos de las necesidades “de estado” por satisfacer y que revela, en todo caso, una deficiencia en la información relativa a los recursos que existen en el país en cuanto a posibilidades de capacitación, proyectos de desarrollo urbano e industrial, entre otros. En este asunto, estaría bien que alguien le informara a la titular del Ejecutivo de la existencia de universidades como la UNAM, la UAM y el IPN, entre otras de sólidas capacidades formativas, sin excluir a las locales UNISON, ITH y UES, por citar ejemplos.

¿Sabrán en el gobierno que en Sonora existe bastante camino académico recorrido en materia de aprovechamiento de energía solar, de agua y recursos marinos, de diseño y gestión de proyectos ambientales, de explotaciones agrícolas y pecuarias, de óptica, mecatrónica, turismo y gastronomía entre otros campos donde la UNISON, el ITH y la UES son referentes obligados?

  

Tampoco estaría mal que se le hiciera notar que estamos en un mundo absolutamente comunicado y que las redes dan cuenta de las condiciones y características de los destinos de inversión reales y potenciales que existen en el planeta, sin contar las unidades de inteligencia económica de que dispone cada país. Baste recordar las redes bancarias y sus áreas de investigación económica. Como se ve, ya no son necesarias las caravanas al extranjero para mostrar productos y abrir mercados, gracias a las maravillas de la comunicación y la información de que dispone la sociedad mundial. Por otra parte, cabe recordar que los españoles y resto de europeos ya saben lo que hay en el “nuevo mundo” desde hace rato, y los gringos también, como lo demuestran sobradamente las intervenciones armadas o comerciales donde lo que termina estando en juego es la democracia y la autodeterminación de los pueblos. ¿Sabrán en Palacio cuál es la posición de España respecto a Venezuela?  

¿Se imagina la importancia económica y social que tendría que el gobierno solicitara de manera permanente la elaboración de proyectos de ingeniería sanitaria para resolver problemas de drenaje, urbanismo, capacitación a docentes y funcionarios públicos a instituciones como la UNISON, UES, ITH, UPN o ISAP? ¿Se puede imaginar lo que se ganaría si nuestro gobierno promoviera la integración económica del Noroeste, mediante el intercambio comercial, educativo y cultural, y la gestión de proyectos conjuntos?

Estando así las cosas, ¿para qué viajar si la promoción económica del Estado depende fundamentalmente de la fortaleza de las instituciones que real o potencialmente hacen posible el funcionamiento del aparato productivo? ¿No resulta más lógico apoyar el esfuerzo formativo de las instituciones educativas sonorenses que hacen posible nuestro progreso, por ejemplo, mediante la contratación de sus servicios, incrementos de subsidios y prestaciones, apoyo y respeto a la autonomía institucional y diálogo permanente y constructivo con sus autoridades?

¿No tendría mayor sentido apoyar y promover el trabajo de los productores sonorenses mediante proyectos productivos y acuerdos o convenios con las autoridades de los estados vecinos de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa así como el resto del país, con el fin de fortalecer la economía de nuestra región? ¿Por qué no pensar en que los procesos de integración deben realizarse a partir de las entidades con mayor relación de proximidad y complementariedad? ¿Por qué no pensar que México y sus regiones son primero?

Da la impresión de que se perdió el rumbo, que se gobierna mediante ocurrencias, derroche y manipulación informativa. Se sigue la misma lógica del dispendio y los compromisos facilones que ponen en riesgo la soberanía nacional y estatal, con acciones y acuerdos de dudosa utilidad; los mismos que tradicionalmente han ofrecido los gobiernos neoliberales que han arruinado al país.  Por fortuna ya falta poco… y la tarea a cumplir es compleja pero necesaria: poner orden en Sonora y tratar de recuperar el tiempo perdido.

http://jdarredondo.blogspot.com

 

     

        

        

Hermosillo violento

“Entre todos los proyectos que ha emprendido el ser humano, la aventura de la ciudadanía ha sido la más arriesgada y la más sorprendente” (Carlos Fernández Lira).

La ciudad como totalidad refleja el ánimo, las condiciones y la idiosincrasia de sus habitantes; la ciudad es lo que somos, da cuenta de hacia dónde vamos y en qué nos estamos convirtiendo. Aquí la gran pregunta es cuáles son las expectativas de la ciudad de acuerdo con las de sus habitantes, que son su contenido mientras que ésta es la forma.

Como usted sabe, son frecuentes los asesinatos, asaltos con violencia, atentados y una larga cauda de ilícitos que se dan en el curso de nuestra historia reciente y presente; son cada vez más frecuentes las noticias de hechos de sangre, de violencia intrafamiliar, de transgresión a las más elementales normas de convivencia civilizada, de armonía social, de respeto a las leyes y a los representantes de la autoridad. Sin embargo, las autoridades nos dicen que la ciudad es tranquila y segura en comparación con otras de la región y el país.

Los ilícitos que trastornan la vida citadina van desde asaltos a instituciones y comercios, a casas particulares, a ciudadanos de a pie, a levantones y violaciones, a violencia intrafamiliar, a amenazas, bullying, hostigamiento laboral y acoso sexual entre otros, sin más respuesta que declaraciones, promesas y propósitos de reorganización de la seguridad pública y mayor apoyo logístico a las corporaciones policiacas. En este tenor encontramos las compras o donaciones de equipo, dotación de instrumentos, pruebas de confiabilidad y los esfuerzos académicos por dar mejor preparación a los agentes encargados de la operación de los planes de seguridad.

Somos una sociedad que juega con las estadísticas y elabora pronósticos y aseveraciones con base en criterios cuantitativos, de ahí que tengamos expertos que adquieren visibilidad gracias al manejo numéricos de situaciones que, en principio, son esencialmente cualitativas. En otras palabras, los números, los cuadros y gráficas no deben ser el fin de los esfuerzos analíticos porque simplemente son el reflejo o la formalización de los efectos de un fenómeno complejo. Desde luego que los números son importantes pero la investigación debiera dirigirse a las causas, a la naturaleza de los procesos que generan rupturas en el orden ciudadano y violencia en todas sus formas posibles.

Lo anterior supondría tener que reconocer que algo falla en nuestra forma de vida, que las desigualdades pesan más de lo que podemos suponer desde nuestra comodidad personal; que la multiplicación de los indigentes en las calles, bajo los puentes, en las alcantarillas, parques y plazas no son solamente una molestia visual sino una enfermedad social que tiene, como cualquier otra, sus causas, consecuencias y remedios. En el mismo sentido, la criminalidad sólo puede darse cuando existe en la sociedad un desajuste cuyo ingrediente principal es la exclusión.

En la actualidad, muchos buenos ciudadanos ven la marginación como algo natural, permisible, cotidiano, que no mueve a escarbar en ella porque no nos importa en realidad la masa purulenta que se oculta bajo nuestra indiferencia: “Mientras yo esté bien, que ruede el mundo”. Pero ¿qué pasa cuándo se rompe esa indiferencia, cuando las víctimas de los hechos violentos tienen nombre y apellido conocido, o cuando los acontecimiento se ligan con un rostro, afectos o coincidencias en el trabajo o el vecindario? El crimen como nota periodística de lectura eventual forma parte de las distracciones de quien se refugia en el periódico para matar el tiempo, de quien es, o cree ser, ajeno a la violencia mientras “rueda el mundo”, hasta que sabemos que nosotros estamos en ese mundo y que algo se rompió en nuestro entorno y nuestra conciencia.

Como usted sabe, recientemente manos criminales segaron la vida de un comunicador mientras que otro resultó gravemente herido en hechos violentos acaecidos en nuestra ciudad. Las causas inmediatas están por aclararse, pero lo que sí es evidente es el hecho de que alguien partió del supuesto de que una o dos vidas son prescindibles, que pueden ser tratadas como molestia o como ejemplo; pero los seres humanos en ningún caso son desechables, salvo que el sentido de la humanidad de los perpetradores se haya trastocado en tal forma que esté vacío de contenido. En este punto es necesario reflexionar sobre el sentido de la vida en un contexto social, comunitario, en el que todos debiéramos ser importantes, pero que dejamos de serlo para quienes nos convierten en cosas, en objetos desechables.

Independientemente del resultado de las investigaciones sobre el reciente hecho criminal en comento, es claro que nos hemos convertido en una sociedad acrítica, comodona, apática y carente de sentido de la solidaridad. Hay personas sensibles, preocupadas y temerosas de ser noticia en la sección de seguridad de los periódicos, pero no son necesariamente ciudadanos que trabajen por lograr el mejoramiento de su entorno, de su colonia, su barrio, su calle… ni siquiera su casa. Creo que es hora de revalorar el papel y significado de la palabra ciudadano, como responsable de lo que ocurre o deja de ocurrir en ese espacio común en el que vivimos y actuamos.

Las autoridades debieran pensar en que el combate a los efectos no resuelve el problema de las causas, y, en ese sentido, por fuerza nos hemos de topar con el sistema económico y su corolario político. Si el sistema económico está basado en la desigualdad y la inequidad distributiva, es claro que la política dominante será la de conservar esta desigualdad como premisa fundamental de todo el aparato ideológico y jurídico, de suerte que los valores sociales tendrán por fuerza que basarse en esas diferencias y que, en el mejor de los casos, se van a tratar de matizar con políticas y acciones asistencialistas de mayor o menor calado aunque sin cambiar el sistema.

Una política de empleo con ingreso digno apoyada por un modelo de seguridad social incluyente y solidario, con verdaderos efectos redistributivos; un sistema educativo que atienda la necesidad de ser equitativo, que fomente la inclusión, la solidaridad, la honestidad y la pertinencia social, y que responda a las necesidades de desarrollo integral de la sociedad puede sonar a utopía, a amenaza socialista, a ocurrencia de algún mesías trasnochado, pero, al menos debemos considerarlo como algo que podemos hacer entre todos y que sí nos puede cambiar la vida. Cabe recordar que una persona con empleo e ingreso dignos tiene menos posibilidades de inclinarse hacia el lado oscuro de la sociedad porque crea intereses, fortalece su autoestima, su sentido de pertenencia, su necesidad de respeto y reconocimiento social, y basa en ello sus expectativas de futuro en lo personal y lo familiar; por tanto, se asume como ciudadano con derechos y obligaciones y puede, en esa tesitura, demandar honestidad y cumplimiento a sus representantes políticos y a las autoridades legalmente constituidas. Una ciudad con ese contenido seguramente tendrá otra forma y un mejor destino.

    

    

      

       

Otra de seguridad social

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto” (Georg Christoph Lichtenberg).

Ya ve usted que el tema de la seguridad social está de moda, aunque debidamente encubierto con reduccionismos de coyuntura. El clamor por los medicamentos que un día se piden y no hay, y después volver a peregrinar por la farmacia del Isssteson para que le digan que todavía no está disponible, sigue en todo lo alto, a contrapelo con las declaraciones triunfalistas del director del Instituto, encaramado en su pedestal y encerrado en una burbuja donde la empatía carece de lugar. La gracejada de que el abasto está al 90 por ciento sigue estando de moda aunque solamente celebrada por quien lo dice y por la autocomplacencia de las autoridades estatales que tienen que ver y opinar al respecto.

Es común y, de hecho, ya forma parte de nuestras tradiciones conversatorias, traer a colación el asunto del desabasto, de las promesas que cada dos o tres meses se reiteran con tal seguridad que algunos todavía se las creen, aunque la mayoría de los ciudadanos dependientes de este servicio saben que nuevamente se tendrá que dar la marcha, el mitin y la exigencia de solución a este problema social donde se compromete la salud de los trabajadores y sus familias.

En este contexto, resulta pertinente recordar dos eventos, el primero referido a la inauguración de un nuevo Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS) situado en Nayarit y 12 de Octubre (El Reportero, 7.02.2019). Aquí de nueva cuenta la gobernadora resalta el hecho de que a pesar de recibir un estado quebrado sigue trabajando “sin llorar”, en beneficio de los sonorenses, como si la queja no fuera una especie de llanto político en busca del aplauso y la consideración del votante sonorense, como si no fuera evidente que su gobierno se ha dedicado a la autopromoción y al manejo mediático de acciones obligadas como pavimentar alguna calle, rehabilitar alguna escuela,  obras de drenaje y alcantarillado o inaugurar alguna obra, asuntos que bien pudieran ser anunciados por el presidente municipal correspondiente y no por el Ejecutivo estatal. Sin embargo, la necesidad de cámaras y micrófonos parece agudizarse en una especie de crisis de mitad de sexenio (El Reportero, 8.02.2019).

Por otro lado, se tiene la realización del Segundo Foro de Educación Superior de la Zona Norte de México, celebrado el viernes 8 en el Centro de las Artes de la UNISON, en el que se emitió un pronunciamiento por parte de las organizaciones académicas participantes donde destaca el punto número dos, referido a la seguridad social: “Nos comprometemos a luchar por nuestro derecho humano fundamental: el derecho a la salud; que, por incompetencia, corrupción y desdén por las obligaciones fundamentales del Gobierno Estatal, se encuentra hoy comprometido con la crisis artificialmente inducida del ISSSTESON. Nos pronunciamos por un rescate efectivo de la institución y el mejoramiento de los servicios, en base a compromiso claro del Estado y la recuperación de los recursos malversados y no aportados por las instituciones obligadas” (Staus en línea, 8.02.2019).

Como se ve, existen dos visiones sobre el mismo asunto: la que evade culpas sea pateando el bote de las responsabilidades hacia el gobierno anterior, o hacia los propios derechohabientes, las organizaciones sindicales o las instituciones que “pagan de menos” como ridículamente se difamó a la UNISON a pesar de que ésta paga lo que está estipulado en su contrato con ISSSTESON; y la que señala al propio gobierno como al verdadero responsable de la crisis, una crisis inducida cuyo origen está en la corrupción, tanto como en la irresponsabilidad de quienes lo han administrado.

Es importante señalar que el gobierno incurre en responsabilidad legal ya que la propia Ley 38 orgánica del ISSSTESON señala en su artículo 116 su obligación de proveer lo necesario para la subsistencia del Instituto en caso de algún eventual quebranto. Es claro que la administración estatal no puede ni debe evadir sus responsabilidades mediante el ridículo expediente de transferir culpas y responsabilidades o esperar a la eventual venta de bienes públicos, que son patrimonio del pueblo de Sonora y que, en todo caso, debieran tener una utilidad social y no servir para negocios privados. Aquí tenemos el curioso y facilón caso de sólo cargar la culpa al “gobierno anterior” y, sin embargo, retomar las propuestas de solución ofrecidas por ese mismo gobierno.

 El Ejecutivo parece ignorar que una forma de legitimar su ejercicio es a través de la capacidad de gestionar y ofrecer soluciones con claro beneficio social, de generar bienes y servicios de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la comunidad y de actuar siempre en estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales. La simulación, el engaño, la manipulación y la demagogia nada tienen que ver con lo que los ciudadanos esperan de quienes están a cargo del gobierno y la administración pública.   

La comunidad académica y el resto de los usuarios de los servicios del ISSSTESON difícilmente van a seguir aceptando disculpas, promesas y explicaciones desgastadas por su uso frecuente; no va a ser posible hacer comulgar con ruedas de molino a una enorme masa de derechohabientes permanentemente frustrados en su búsqueda de soluciones a los problemas acuciantes de la salud y la seguridad social. Recordemos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

     

   

El acuerdo para el rescate del ISSSTESON

“Los sindicatos no son organismos desligados de la política, toda vez que se inspiran en los principios de la lucha de clases. Y no puede ser de otro modo. Porque, ¿quién compone los sindicatos? Los compone la clase obrera: los panaderos, los albañiles, los metalúrgicos; en una palabra, los explotados” (José Díaz Ramos). 

Como se sabe, el gobierno ha retomado el proyecto padresista de vender terrenos y edificios entre los que se encuentran los emblemáticos estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, de Hermosillo y Ciudad Obregón respectivamente, con el fin de “rescatar” al ISSSTESON de la fea situación en que se encuentra debido principalmente a que el propio gobierno se sirvió con la cuchara grande en el uso y abuso de los recursos de esta especie de “caja chica” sexenal. Es decir, primero se roba, saquea, desvía y merma el fondo de pensiones y jubilaciones que los trabajadores y los organismos afiliados habían logrado construir mediante el pago puntual y estricto de sus cuotas y aportaciones, luego se reduce el cuadro básico y el abasto de medicamentos así como la oportunidad y calidad de los servicios; también se abandona la atención a las solicitudes de pensión o jubilación, se presiona a los organismos para que paguen más y se declara la cercanía de la quiebra por anemia financiera, para después ofrecer la solución mágica de la venta de bienes públicos, patrimonio de los sonorenses, para “salvar” al Instituto que se sirvieron saquear con mexicana alegría.

Como la medida de enajenar bienes públicos y ponerlos a disposición de los compradores particulares es impopular por la carga sentimental e histórica de inmuebles tales como los estadios, se buscó el apoyo de los sindicatos y organismos que son afectados por la ineficiencia generada por el robo sufrido por ISSSTESON a lo largo del tiempo, el cual llegó a su punto más dramático y evidente en el sexenio pasado. Se requería de una base social convencida de que la solución de la venta de patrimonio público era no sólo necesaria sino justificada por “razones humanitarias”, y qué mejor que los sindicatos que aglutinan al grueso de los derechohabientes afectados.

A los dirigentes se les recetó una terapia de choque con el fin de persuadirlos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un respiro al ISSSTESON con el fallo que permite limpiarse el trasero con las disposiciones legales y el antecedente de varios cientos de casos resueltos a favor de quienes demandaron nivelación pensionaria y declarar que “sólo se pagarán pensiones equivalentes al monto cotizado”. Se habla de mil 500 millones de pesos que el Instituto “se ahorró” por no haber prosperado las demandas, aunque se seguirán pagando a 50 suertudos exfuncionarios pensiones de lujo de entre 80 y 160 mil pesos, porque las leyes no se pueden aplicar retroactivamente.

Es claro que lo anterior obedeció a una decisión no legal sino política, perpetrada por el Ministro Eduardo Medina Mora y alentada por el gobierno del Estado de Sonora, ya que las demandas se resolvieron con base en la Ley del ISSSTE y no en la del ISSSTESON, que, como usted sabe, no es una delegación federal sino un organismo descentralizado de la administración pública estatal con su propio marco normativo. El Ministro Medina se voló la barda y apoyó un verdadero ultraje a cientos de demandantes “de a pie”, dejando felices y contentos a los gandallas de siempre.

Asimismo, como parte del tratamiento psicológico recibido por los dirigentes sindicales agrupados en el raro licuado político llamado Consejo Estatal Sindical y Social Permanente, siguió el lavado de coco catastrofista operado por el director del ISSSTESON, escupiendo amenazas de quiebra y vomitando cifras y datos que permitieron ablandar las resistencias y dar por buenas soluciones ya manejadas en sesiones previas entre él y el citado consejo sindical. Se les dio gato por liebre y cayeron en el garlito de los liderazgos defensores de los intereses del gobierno, sin reparar en las consecuencias sociales y políticas que ocasiona el privatizar patrimonio sonorense. Sin previo análisis y consulta con sus respectivas bases, firmaron la minuta de los acuerdos que dieron fin a la amenaza del paro de labores estatal anunciado para el día 30 de enero.

Recientemente se ha anunciado el interés del presidente López Obrador de que no se vendan los estadios, lo cual obliga a buscar soluciones entre las cuales debiera estar, en primer lugar, llamar a cuentas a quienes defraudaron a los sonorenses saqueando al ISSSTESON y congelar sus cuentas bancarias, aplicar la extinción de dominio a sus propiedades, inhabilitarlos del ejercicio de cualquier función pública y que paguen los años de prisión que les correspondan conforme a derecho. La prioridad es, debiera ser, la recuperación de los fondos robados y el castigo a los culpables, así como el acordar un financiamiento extraordinario en favor del ISSSTESON por parte del gobierno estatal así como de las instancias federales que sean competentes. Aquí, como en la decisión de dar palo a las demandas de nivelación pensionaria, la solución debe ser política.

Sería muy bueno que el delegado federal, Dr. Jorge Taddei, tomara el caso como prioritario e informara detalladamente al presidente López Obrador sobre la situación y se acordaran las medidas pertinentes. Urge poner orden en Sonora y es evidente que el gobierno estatal no sólo no da la medida sino que nos receta más de lo mismo. Por otra parte, es necesario que se de al pueblo de Sonora una explicación creíble por parte de los dirigentes sindicales sobre la absurda medida que se sirvieron apoyar con su firma. Sabemos que los lideres charros no tienen remedio, pero de los independientes se espera otra cosa.

           

    

   

   

Para torcerle el cuello al ISSSTESON

“Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio” (Confucio).

Usted seguramente está pasmado ante el absurdo de la derecha venezolana que, en el pellejo del orate Juan Guaidó, se “asume” como gobierno provisional de la nación bolivariana. Cosas de no creer por lo desmesuradas y que apenas un gringo puede tomar por correctas y argumentar “derechos humanos” cuando la baba le cuelga por el petróleo, oro, coltán y otros atractivos económicos que quieren convertir en reserva propia. Perversidades de la política internacional gringa al margen del derecho y a tono con la abyecta condición de sus corifeos en la ONU y organismos financieros a modo y que tienen al mundo con el Jesús en la boca por lo que pudiera desatarse en el hermano país y en la región en su conjunto, pero como estamos en el aquí y ahora de la ciudad capital de Sonora, lo que nos llega de cerca y con crudeza es el caso del triste y cándido ISSSTESON y su gobierno desalmado.

Como ha trascendido, un conjunto de organismos sindicales se ha movilizado para exigir algo obvio y elemental: que la institución encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados cumpla con honestidad y eficiencia las tareas y objetivos para los que fue creada. Nada más pero nada menos.

Como usted sabrá, el Instituto ha fallado en su misión por razones ligadas a la falta de recursos según la versión oficial, de suerte que su director se ha empeñado en sacar dinero de los bolsillos de sus derechohabientes apoyado, cuando conviene, en una curiosa interpretación de la Ley 38 que rige al ISSSTESON: en algunos casos acepta el principio de no retroactividad consagrado en la Constitución federal y en otros parcializa su criterio en aras de satisfacer su furor recaudatorio, ignorando que la ley como tal se aplica de acuerdo a los mecanismos y condiciones plasmados en el contrato o convenio que se establece entre el organismo afiliado y el Instituto; así pues, el contrato es la clave de la relación y fuente de derecho.

El director general del ISSSTESON ha señalado que la crisis se debe a que algunas instituciones no pagan y, en el caso de la Universidad de Sonora (UNISON), “pagan de menos”, razón por la cual ha enderezado contra quienes considera morosos o abusivos una serie de amenazas, suspensión de servicios, lentificación de trámites y desabasto de medicamentos, cuestión que afecta a prácticamente a toda la derechohabiencia. En este punto, los afectados no son sólo los universitarios sino todos los trabajadores afilados quienes han reclamado la regularización del abasto y la mejoría en los servicios desde hace muchos meses.

Los sindicatos han decidido tomar las calles y manifestarse públicamente y, ante la presión de un sindicalismo que se moviliza en defensa de sus derechos laborales y sociales, el director Contreras ha respondido con mentiras, medias verdades y una notable capacidad de manipular cifras, datos y situaciones, lo cual ha provocado el enojo de los trabajadores y la respuesta de los líderes de las organizaciones a las que pertenecen. En este contexto, han acudido al Congreso del Estado en busca de apoyo y soluciones a los problemas derivados de la deficiente operación del Instituto, planteando algunas exigencias entre las que destacan la regularización del abasto de medicamentos, materiales de curación y servicios de salud oportunos, así como la recuperación de los más de dos mil millones de pesos que corresponden a cuotas y aportaciones de los organismos afiliados y sus trabajadores que el Gobierno del Estado dejó de entregar al ISSSTESON, la reparación del daño patrimonial por más de seis mil millones de pesos causado por el saqueo de que ha sido objeto, así como llamar a cuentas a los causantes del desfondo pensionario, y garantizar el control de los recursos de manera efectiva y transparente.

Mientras que los trabajadores esperan la respuesta a sus demandas por parte de los diputados y el propio Poder Ejecutivo representado por la gobernadora, se da a conocer una aportación extraordinaria de cerca de 500 millones de pesos, aunque el déficit proyectado en este año rebasa los 800 millones. Lo anterior permite resolver algunos aspectos de la operación del instituto, pero no constituye en sí una solución digna de ser considerada como tal. Pareciera que el gobierno da migajas a los derechohabientes con el fin de sofocar la posibilidad del paro estatal sindical que se ha anunciado para el miércoles 30.

Las soluciones, por llamarlas de alguna manera, han sido mediáticas, verdaderas aspirinas para calmar el cáncer de la corrupción que desborda incluso la tolerancia de los organismos sindicales más apegados al gobierno. Sin embargo, ante la indignación general, el director del ISSSTESON se complace en recetar a los afectados un panorama donde destaca la posible quiebra y la necesidad de que los trabajadores universitarios paguen más e insiste, con total desparpajo, que los sindicatos deben presionar al rector de la UNISON para que firme un convenio que básicamente consiste en recaudar más sin nada mejor a cambio. En este punto, cabe aclarar que el Contrato de Servicios entre la UNISON y el ISSSTESON es vigente y no tiene porqué modificarse al gusto del director Contreras. Aclaramos que la institución universitaria no paga de menos sino justamente lo que debe pagar por contrato y que los sindicatos no son gatilleros del citado funcionario como tampoco están para torcerle el cuello al ISSSTESON.

Es claro que estamos en un parteaguas institucional: o el gobierno de Claudia Pavlovich acepta y asume que la fiesta de la corrupción debe acabar y es necesario poner orden en la casa o veremos problemas y estallidos de indignación social que no son deseables en Sonora. Se debe entender que la dirección de instituciones como el ISSSTESON no es mejor si está al frente una especie de sicario financiero, un funcionario que cumple encargos con mano dura pero sin necesariamente entender el contenido y las formas de la seguridad social que los trabajadores que pagan impuestos, cubren cuotas y tarifas y aspiran a una jubilación digna merecen y exigen. Es importante considerar que el juicio de los ciudadanos que hoy son manipulados y vistos como imbéciles es el que hace posible que un gobierno sea viable en términos de su imagen, aceptación, confianza y funcionamiento.

Para muchos está quedando claro que este gobierno tiene un fuerte acento mediático, que no responde a las necesidades reales y urgentes de los sonorenses, que sigue en la lógica del engaño y la manipulación, la corrupción y la demagogia, y que sostiene e impulsa a funcionarios que, como en el ISSSTESON, mejor estarían fuera de la función pública. Al respecto, otra de las demandas sentidas es la renuncia del director del ISSSTESON.

El tiempo avanza, los ánimos están caldeados y no parece que se puedan controlar con paliativos o distractores el enojo, la frustración y el desencanto de muchos trabajadores sonorenses víctimas de la corrupción gubernamental y de una burocracia que ignora sus problemas y pretende resolver con demagogia las apremiantes necesidades de la salud y la seguridad social. Hora de poner un alto a la autocomplacencia, al engaño y a las oscuras y vergonzosas manipulaciones privatizantes de las instituciones públicas, por el bien de Sonora.

        

Bocanada de aire al Isssteson

“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal (Martin Luther King).

La gobernadora del Estado considera, en relación con las muchas demandas por nivelación de pensiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juzgó improcedentes, que el fallo de la Suprema Corte en favor del ISSSTESON es una “bocanada de aire” para el Instituto, aunque “no están resolviendo el fondo del problema…”, y afirma que “era momento de parar este problema que venía de muchos años atrás para terminar con las pensiones abusivas…” e invita a “las instituciones y organismos que no pagan sus cuotas que lo hagan para que de esta manera podamos seguir trabajando” (El Imparcial, 19/01/2019).

Al respecto, seguimos sosteniendo lo ya señalado en este espacio: la lucha por la nivelación de pensiones es no sólo justa sino legal porque se apega a lo dispuesto en la ley 38 antes de la reforma de 2005 y al contrato suscrito con ISSSTESON de plena vigencia. Tan es legal y exigible que durante los años 2016, 2017 y 2018 se ganaron 210 demandas, según lo ha declarado el actual director general del Instituto, quien celebró (como ahora lo hace la gobernadora)  que la SCJN haya decidido en favor de no reconocer el derecho de los demandantes bajo el supuesto de que deben pagarse las pensiones de acuerdo con lo cotizado (El Reportero, 17/01/2019); es decir, ignorando la ley y el contrato y basándose únicamente en un criterio aritmético de suma y resta, así como el aspecto social y el procedimiento que rutinariamente se sigue en las instituciones de reportar al instituto de seguridad social cantidades inferiores al sueldo pagado al empleado, lo cual no es ni debiera ser imputable al trabajador. Esta situación es reconocida por líderes sindicales como, por ejemplo, Cuauhtémoc González, dirigente del STAUS, quien declaró: “En ese sentido es justo que, conforme se haya dado la cotización, se tenga el rubro del pago de esa jubilación; pero hay que señalar que a veces, como patrones, al trabajador le ponen un determinado nivel. Una más baja cotización de lo que gana” (El Imparcial, 16/01/2019).

Vista en contexto, la decisión de la SCJN cancela las posibilidades de acceder a la justicia laboral y social de un número considerable de trabajadores actuales y futuros y el peso de este criterio jurisprudencial amplía la brecha entre los jubilados y pensionados de primera y de segunda. Es público y notorio que muchos exfuncionarios, como Wenseslao Cota Montoya, Max Gutiérrez Cohen, Hilda Benitez Carreón, Arnoldo Hernández Peña, entre muchos otros (Proyecto Puente, 23/11/2018), se fueron pensionados con generosas cantidades de dinero, inimaginables e inalcanzables para la mayoría de los trabajadores retirados, pensiones abusivas que fueron denunciadas en su momento y que el gobierno  no pudo hacer nada para revertirlas porque eran legales, porque los tribunales competentes les dieron la razón a estos pensionados de primera. Ahora este nuevo criterio ahorrativo y justiciero se aplica en contra de miles de pensionados modestos, de segunda, precaristas de la seguridad social, y deja como están a los verdaderos abusivos y gandallas “porque no puede aplicarse retroactivamente la ley” (nótese cuál débil puede ser el ciudadano cuando la administración de la justicia es no sólo miope sino parcial).  Así pues, lo que era formalmente legal y exigible en los casos de demandas por nivelación de pensiones, por obra y gracia de la Sala Segunda de la SCJN, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora, ya no lo es para los alrededor de mil 500 casos pendientes que corresponden mayoritariamente a trabajadores de a pie, atrapados en la química presupuestal de las instituciones donde siempre es el patrón quien determina cuánto se reporta a la seguridad social y que, sin culpa alguna van a ser excluidos de la protección que le ley debiera otorgarles. Así, pues, la SCJN no tomó en cuenta los 500 o 600 juicios anteriormente decididos a favor de los trabajadores más los 210 casos juzgados en la actual administración estatal, basando su criterio en sólo cuatro casos donde el perdedor fue el trabajador.   

En este contexto, la “bocanada de aire” recibida por ISSSTESON fue a costa de los derechos de los ciudadanos demandantes y la solución de fondo que reclama la señora gobernadora, para ser justa, debe pasar por la recuperación de los fondos desviados desde el propio gobierno estatal y el castigo a los funcionarios perpetradores del ilícito, además de garantizar que en lo sucesivo habrá candados que eviten el manoteo en las arcas del Instituto. En resumidas cuentas, los beneficiarios de las “pensiones abusivas”, casualmente ligados al partido de la señora gobernadora, seguirán gozando de la protección legal y del privilegio de cobrar, mientras que los pensionados de bajos ingresos no verán la justicia por ningún lado ni el reconocimiento formal al derecho que les asiste.

Es inevitable la conclusión de que aquí no ganó el derecho sino la política, como también lo es pensar que en Sonora la justicia es selectiva y que cada vez se siente con mayor intensidad la ausencia del Estado de Derecho, del verdadero compromiso del gobernante con el pueblo que lo elige, de la empatía y el apoyo que debieran recibir los trabajadores retirados que han hecho posible la existencia y la legitimación de los liderazgos sociales y políticos de nuestra entidad. A estas alturas, ya no es posible esperar que haya un cambio favorable en la forma de hacer gobierno del partido político en el poder estatal y lo deseable es que pronto llegue a su fin un gobierno que sólo ha servido para profundizar más las diferencias. La seguridad social es para todos pero por justicia distributiva debe centrar su atención en los que menos tienen, aunque el caso de los pensionados nos demuestra que no es así. Por otra parte, es sintomático que hasta ahora no hay una sola voz de protesta por parte de los organismos sindicales de los afectados, ni una exigencia de que la parte patronal asuma sus responsabilidades o que proponga mecanismos compensatorios, pero así estamos y este es el sindicalismo que tenemos.  

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