Conspiración en Pémex

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miércoles, 9 de julio de 2014

Mireles y la punta del iceberg

El asunto del doctor Mireles parece como la punta del iceberg mexicano que revela una parte sensible de la descomposición social. Un luchador social que, harto de la impunidad y la violencia, se pone a defender al pueblo y a sí mismo mediante la organización de ciudadanos armados que buscan respeto y justicia en tierra de nadie. Lo primero que salta a la vista es la ausencia de gobierno y, cuando aparece, lo hace al lado de los transgresores de la ley. 

El agotamiento del respeto y credibilidad de la autoridad hace que la organización de los auto-defensas michoacanos sea una respuesta deseable en muchos lugares del país. No pocos ven como solución la organización ciudadana armada contra los usos y abusos tanto de autoridades como de criminales en actitud de dueños y señores de pueblos y ciudades. El país, según perciben cada vez más observadores, es víctima de la ingobernabilidad irrefrenable auspiciada, se dice, por el propio gobierno por comisión y por omisión. La ley, es este terreno, es el garrote con el que se castiga a la disidencia, a la oposición ciudadana al desorden y la intranquilidad convertida en sistema de relaciones locales y regionales.

Mientras que el poder ejecutivo impulsa medidas que son claramente reivindicatorias del supuesto derecho extranjero a usar y abusar de los bienes y recursos nacionales, el legislativo hace de comparsa incondicional en la entrega de la nación y el judicial avala los abusos y excesos de la banca y la iniciativa privada contra el patrimonio ciudadano y nacional. En este contexto, las voces de alarma se oyen por todo el territorio y reclaman el despertar de la ciudadanía y la exigencia de sus derechos arteramente vulnerados. 

En materia energética, se ha celebrado por parte de los legisladores del PRI y el PAN la reforma que entrega de nueva cuenta el petróleo y la electricidad al extranjero, en violento giro de reversa a la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización eléctrica de 1956. Sus peligrosas y nefastas consecuencias se han explicado de muchas maneras en diversos medios de comunicación por miembros de la comunidad académica nacional (http://youtu.be/UrIyjT5aJJM) así como por observadores extranjeros (http://www.youtube.com/watch?v=CUvl12En4fM).

La más reciente puñalada al interés nacional está representada por la reciente aprobación de la Ley de telecomunicaciones conocida como Ley Televisa que afecta seriamente libertades fundamentales en un Estado democrático en beneficio de un consorcio privado, con lo que se confirma que el interés privado está por encima del público y de la función social del gobierno (http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/002n1pol).

En todo este asunto de las reformas instrumentadas por el gobierno de Peña Nieto, ha sido evidente la presencia extranjera, en defensa obvia de sus intereses y con el propósito, a contrapelo de la historia post-revolucionaria, de favorecer a los mismos intereses que medraban en la laxitud legal y política del porfiriato. En este sentido, hablar de reformas es un simple eufemismo de entrega de los recursos al extranjero mediante una recolonización financiera y crediticia que irrumpe en el panorama nacional con la fuerza de hacer que el gobierno modifique las leyes y afecte el orden constitucional.

En la raíz de este desastre legal e histórico se encuentra la inmensa corrupción que campea en las instituciones de la república, cuya expresión más calar en ofensa al interés público son, precisamente, las reformas iniciadas en la década de los 80 que fueron profundizadas en los años 90 y que lograron, en este inicio del siglo XXI, regresar al país a la situación de anarquía y corrupción, tanto como complicidad apátrida con el extranjero, en forma de las reformas impulsadas por Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Fox Quesada y Calderón Hinojosa, para acelerarse dramáticamente con Peña Nieto.

El caso Mireles, expresa a su manera, las consecuencias del desorden nacional, la entrega absurda e irresponsable de nuestro patrimonio y el grado de descomposición social a que nos ha llevado la corrupción pública y privada. En este contexto, el ciudadano común se encuentra en la mira de la represión política disfrazada de legal, como puede atestiguar el propio doctor Mireles y quienes lo han acompañado en sus esfuerzos.

Quizá esta gota de ignominia nos persuada de que en México existen presos políticos y se persigue al ciudadano que señala los vicios y perversiones del poder público. Probablemente la ciudadanía despierte de la modorra futbolera y decida hacer algo en beneficio de ella misma, de su tranquilidad futura y de su autoestima como mandante, de acuerdo con la constitución mexicana. El horno nacional no debe estar para bollos emponzoñados (http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/013n1pol).

Somos el país de los gasolinazos, las alzas constantes en precios de las subsistencias populares, en el raquitismo permanente de la capacidad adquisitiva de los consumidores, en la dependencia alimentaria de empresas trasnacionales que envenenan cultivos, tierra, agua y ambiente, como es el caso de Monsanto, o la desmesurada ambición de los productores internacionales que priorizan el beneficio comercial respecto al fin de alimentar a la población nacional; padecemos el incremento de la delincuencia y de la intromisión extranjera en los asuntos nacionales, llegando a poner en manos de otros la seguridad nacional. Preferimos ser clientes en vez de productores, de ahí que la inversión en ciencia y tecnología sea insignificante en comparación con otros países. La educación, en este contexto, solamente prospera como negocio y no como vía para la superación personal y el progreso social (https://www.youtube.com/watch?v=tqek5N5qzuM).


La solidaridad con Mireles y el apoyo ciudadano a causas como el de las víctimas de la guardería ABC, son expresiones del hartazgo de voltear para otro lado cuando el país sufre por la corrupción institucionalizada, por la desposesión ciudadana de los derechos elementales que la propia Carta Magna y las convenciones internacionales reconocen y tutelan. En medio de este desastre, es alentador que grupos de ciudadanos conscientes por diversos medios apoyen las causas que a todos nos competen (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=145462).  Hay esperanzas. 

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