La mano tendida

“La corrupción es un problema cultural” (Enrique Peña Nieto).

¿Ha visto esas películas gringas donde un tipo conspira contra otro, contrata hampones para que lo madreen y tras cumplida la tarea va a visitarlo y le ofrece su apoyo en lo que necesite? Pues más allá de tramas cinematográficas donde la perfidia y el ánimo conspiratorio en niveles ratoneros son las estrellas, en Sonora vemos algo así como la versión política del caso y donde el papel protagónico lo llevan la gobernadora, los diputados prianistas y los legisladores electos. Unos luchan por agotar antes de su inicio al próximo gobierno y otros por defender su derecho y dejar constancia de que la voluntad popular ya se manifestó, pese a quien le pese. Los ciudadanos, en tanto, miran absortos la pantalla, comen palomitas de maíz y tragan sorbos de líquidos azucarados de difícil digestión y peor aprovechamiento en forma de promocionales y discursos del éxito que han tenido las reformas del holograma que habita Los Pinos.

Pese al evidente ninguneo de la voluntad popular la “gober” de Sonora pone cara de corrección política porque, sabedora de tener dos extremidades superiores, con una mano golpea a los diputados electos de Morena mientras que tiende la otra para posar en la foto de la conciliación mediática: “ya pasó la campaña y ahora debemos trabajar juntos”, dice, en un ejercicio lamentable de la vieja política priista del porrazo y sobada.

Sin embargo, en el contexto generado por el torpe golpe legislativo propinado al equilibrio de poderes de Sonora, nadie le cree y pocos pasarán a decir esta boca es mía salvo que sean prianistas libres de escrúpulos de conciencia. El pueblo ya decidió y parece que los funcionarios neoliberales de guarache que aún sufrimos no acaban de entenderlo. Triste papel, pero la historia como la vida misma se abre paso de cualquier manera.

La técnica de golpe y sobada parte del supuesto de que hay alguien tan poderoso que puede hacer de chicle no sólo la ley sino la autoestima y la dignidad de un pueblo largamente agraviado; pero ¿quién se engaña sino el que pretende verle la cara de tontejo al otro en un escenario tan claramente iluminado por el interés ciudadano? Existe memoria colectiva y conciencia crítica, aunque quienes están acostumbrados a las componendas, moches y complicidades no lo vean ya que su forma de vida y carrera se basa en el engaño, la manipulación, el juego de apariencias y la corrupción en sus muchas y variadas maneras. La verdad, la honestidad, la legalidad y el respeto a los demás no encajan dentro de sus esquemas de relación por lo que juegan con ellos mediante declaraciones políticamente correctas, pero sin asidero en la realidad cotidiana, por eso puede haber similitudes en el discurso sobre los grandes problemas sociales, aunque esencialmente distintos en cuanto a los verdaderos propósitos: las formas se podrán parecer, pero el fondo no es el mismo. Por un lado, se pretende conservar el poder para unos cuantos y, por otro, se trata de lograr un país donde todos seamos iguales en el ejercicio real de derechos y obligaciones.

Es claro que la mano tendida es simple y sencillamente una sobada mediática tras el golpe legislativo claramente inconstitucional y decididamente ofensivo a la voluntad del ciudadano elector pero, después de todo,  no hay cambio que no tenga opositores que luchan con fuerza para que todo quede en el lugar y condiciones de antes, y que haya personajes que se sientan con el derecho a seguir abusando del erario, del pueblo y de una posición privilegiada que aparenta ser democrática en los términos de la formalidad electoral, pero que perdió su esencia tras los casos comprobados de fraude, arbitrariedad y deshonestidad facciosa de los funcionarios electorales, tráfico de influencias, enriquecimientos “inexplicables”, violencia institucionalizada y crecientes lazos de dependencia con el extranjero.

Como se ve, en el prianismo hay manos que se tienden para golpear al ciudadano de una u otra manera, pero quienes luchan con honestidad y decisión por la justicia social no dan concesiones a la corrupción ni tienen esa cultura.

Las peras del olmo

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia” (Montesquieu).

Vemos en Sonora un panorama por demás preocupante, sombrío por decir lo menos, acojonante por decir lo más, desconcertante, por decir algo entendible pero difuso. Ya lo ve usted, recientemente se aprobó, “haiga sido como haiga sido” (Calderón dixit) la Ley 288, que quita facultades al Congreso para cederlas al titular del Ejecutivo, es decir, a la gobernadora que va en la mitad de su mandato en medio de cambios importantes en la política nacional y que hace lo posible por navegar como lo saben hacer los priistas, guardando precariamente las formas declarativas, pero actuando de manera autoritaria y discrecional. Aquí se ve que la conciencia política y los deseos democráticos y de respeto a las normas legales queda al libre juego de los intereses del momento que, como se acaba de ver el pasado lunes 13, terminan siendo ley aprobada y publicada en el Boletín Oficial.

Es inevitable recordar que esta reforma constitucional de Sonora se hizo con la típica mala leche del priismo (por fortuna en retirada), es decir, de manera opaca, mezquina y por la espalda, de manera que el pueblo que es quien elige a sus gobernantes por mandato legal quedó fuera de la jugada y el Congreso prianista la jugó en contra de su propia existencia soberana como representación popular quedando, en consecuencia, como un apéndice alcahuete y prostibulario del titular del Ejecutivo en turno.

Es historia conocida las protestas frente el edificio del Congreso del Estado y la tinta derramada en ocasión de esta trapacería legislativa y la no tan graciosa huida de los diputados maiceados con, según trascendió, cinco millones de devaluados pesos por aprobar el bodrio de referencia, de manera que no lo aburriré con detalles que seguramente ya conoce y que probablemente no le importen, así que solamente referiré algunos aspectos del panorama generado en tal argucia golpista.

Cuando se anunció la reforma constitucional en manos de la diputación permanente del Congreso hubo, desde luego, protestas y expresiones de franco rechazo, a lo que la gobernadora respondió con la recomendación de que dicha iniciativa quedara fuera de la agenda en tanto se analizara y difundiera de manera apropiada, dada su trascendencia y efectos. Los ánimos se calmaron y algunos cantaron victoria porque la suspensión se atribuyó producto de las manifestaciones populares. Ahora queda claro que en solapada acción se aprovechó el tiempo para operar en los ayuntamientos prianistas y lograr que, tras la repudiada aprobación del Congreso, de manera casi instantánea 57 municipios hayan dicho sí a la reforma.

Tenemos una acción en apariencia democrática, apegada a derecho, donde los diputados “hicieron su trabajo” en el período que les correspondía y de acuerdo a sus facultades, pero omitiendo un pequeño detalle: el pueblo que teóricamente representan decidió, el pasado 1 de julio, que este gobierno no era el que se necesita en Sonora y el país entero para llenar las expectativas de los ciudadanos electores. El PRI-AN-RD perdió en todo lo largo y ancho de Sonora y México, en consecuencia, ¿para qué emprender una reforma constitucional si no para coartar, obstaculizar, sabotear si se quiere la voluntad popular y la labor futura de los legisladores de Morena? ¿Por qué no preparar la transición y la entrega-recepción de tareas y responsabilidades legislativas de manera tersa y ordenada, con civilidad y sentido republicano, en vez de legislar contra el futuro Congreso estatal?

Es obvio que los tiempos legales no dan mucho margen de maniobra a la próxima legislatura en plan de promovente de acciones de inconstitucionalidad y restitución del estado de derecho en Sonora, pero también lo es la mala leche de quienes impulsaron y aprobaron la citada reforma, tanto como la necesaria y en este caso obligatoria respuesta política de los nuevos representantes populares al atropello sufrido por los sonorenses.   

Tristemente, el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, primera mujer que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo en Sonora quien declaró que Sonora estaba lista para tener una mujer gobernadora, nos deja un mal sabor de boca. En realidad, antes que tener una mujer por el hecho de serlo, estamos listos o urgidos de tener un titular del Poder Ejecutivo capaz y dispuesto a resolver problemas de inequidad, justicia y bienestar ciudadano. Alguien que, independientemente de su sexo, fuera respetuoso de la ley y consciente de los grandes rezagos existentes en materia de empleo e ingreso decentes, de salud y seguridad social, de mayor calidad de vida, de seguridad pública que garantizara la tranquilidad de las familias y contribuyera al logro de metas de justicia social y laboral, de cumplimiento largamente esperado. Es claro que nos equivocamos al creer que la imagen lo cambia todo, que la apariencia de cambio y progreso no son ni el cambio ni el progreso en sí, que el PRI o el PAN pueden cambiar siendo que son, desde los tiempos de Salinas de Gortari, las dos caras de la misma moneda. Pero, quizá esta experiencia nos sirva para entender que no se le pueden pedir peras al olmo.

Golpe legislativo

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo” (Abraham Lincoln).

Bueno, usted ya lo sabe. La mayoría de los señores diputados del PRIAN junto con ese extraño y torpe diputado accidental de Morena de apellido Rochín, dieron en limpiarse el trasero con la voluntad de pueblo sonorense y votar por la afirmativa las propuestas de la señora gobernadora beltronista,  y quedarse tan campantes porque las reformas “buscan el sano desarrollo de Sonora” y porque “hicieron su trabajo”. Igual cosa pudiera argüir un asesino a sueldo con la moral blindada por el estímulo económico y el conocido criterio de que “el cliente siempre tiene la razón”.

A los empleados legislativos de la gobernadora, que cobran como representantes populares en una legislatura que pasará a la historia por su lacayuna vocación de obsequiar votos a iniciativas que vienen “de arriba”, parece no importarles el impacto que estas tendrán en el desarrollo político y social de  nuestra entidad ni la pésima imagen que proyectan nacional e internacionalmente con ese asalto legislativo en despoblado, aunque este es sólo un recurso retórico para expresar lo que usted vio a través de la prensa y las redes sociales: asalto previo al recinto legislativo valiéndose de doñitas de barrio y una parvada de jovenzuelos acelerados de temprana vocación porril, cuya misión fue impedir el acceso al pueblo, la prensa y los diputados recién electos de Morena, saturando el recinto y armando bulla con consignas como la de no al aborto.

Una señora morena, desaliñada y entrada en carnes declaró a voz en cuello que ellos estaban “a favor del veto porque ¡López Obrador estaba a favor del aborto!” Tal declaración nos impresiona porque establece una conexión mágica entre el absurdo y la pendejada. ¿Qué tienen que ver una cosa con otra? ¿Quién y para qué defiende lo que no estaba planteado en el orden de la sesión?

Después de algunas fintas democráticas quedó claro que el Congreso está “pa´ servir al patrón”, en este caso, la dama priista que gobierna el estado por encargo del señor Beltrones. Algunos dirán que el proceso fue legal, apegado a la responsabilidad de los legisladores que trabajan hasta el último día de su encargo. Que las reformas son para el bien de Sonora, que se fortalece la división de poderes y el municipalismo… Sin embargo, la reforma constitucional propuesta y “analizada” en el Congreso confunde patas con bofe, manosea la división de poderes y concede al Ejecutivo facultades que legalmente corresponden al Legislativo.

Es claro que este despropósito de fin de legislatura no tendrá la acogida que quisieran sus autores, habida cuenta la sospechosa opacidad con que se trató el paquete de iniciativas hasta constituir un secreto bien guardado su contenido y los alcances de este. Nunca se ventilaron las partes sustanciales del documento, no se dieron a conocer a la opinión pública, no se permitió el acceso a la prensa y jamás se ofreció una versión completa o parcial de las mismas por parte de la comisión permanente o el Congreso en vísperas de la sesión extraordinaria donde se aprobaron de prisa estas reformas. El recinto legislativo estuvo cercado y vigilado por un número extraordinario de policías, como quien dice, en estado de sitio.

Del bunker legislativo salieron por la puerta trasera los señores diputados, representantes no del pueblo sino de la gobernadora, obedientes a su codicia, no a la lealtad que deben a sus electores; salieron manchados de deshonestidad que, según reveló a la prensa la alcaldesa electa Célida López, tuvo como premio cinco millones de pesos a cada diputado alcahuete. Los legisladores salieron huyendo, aunque protegidos por vallas y policías, manteniendo al pueblo a lo lejos, a una distancia que hoy es insalvable. La rechifla y las mentadas de madre fueron las cartas de intención de los agraviados. En Sonora, gracias a la soberbia de quien debiera entender que la soberanía radica en el pueblo, se rompió el famoso equilibrio entre poderes. Ahora sigue la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, por lo pronto el de Hermosillo, tierra de baches abiertos, opacidad presupuestal, escenario de saqueos inmobiliarios y eyaculador precoz, aprueba las reformas y se queda tan campante, como si hubiera hecho la tarea, como si respondiera a las necesidades de sus electores.

La evidente invasión de facultades correspondientes al Congreso por parte del Ejecutivo abre la puerta para la controversia constitucional y un largo proceso legal que, ganadores o perdedores, los indignados sonorenses que votaron por el cambio van a recordar como el fin del Prianismo en Sonora y el inicio de una larga lucha por recuperar la dignidad ciudadana y la confianza en los poderes públicos.  

Nuestro estado pasa a la historia política nacional como uno en el que la voluntad popular es irrelevante, estorbosa y molesta. Por eso se legisla a espaldas del pueblo, por eso el aparato de seguridad, por eso el silencio y la complicidad de cierta prensa, por eso el cinismo de los burócratas y apalancados políticos de la obscenidad neoliberal.

Empieza a dibujarse en el aire la pregunta ¿usted irá a la ceremonia del Grito a hacerle el caldo gordo a la gobernadora o participará en un acto cívico alterno, o se quedará en casa atento a las redes sociales?

Nuevo estilo de gobernar

“Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública” (Thomas Jefferson).

EL ARTÍCULO 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, fracción VI, dispone que es obligación del presidente municipal: “proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Policía Preventiva y al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental”. En este caso, nos encontramos con que la presidente electa, Célida López, optó por crear un comité que realice la selección de ternas con los nombres de los ciudadanos propuestos para ocupar los cargos más importantes de la administración, contando con el apoyo del presidente estatal de Morena, el delegado y el síndico municipal electo, según se publica en medios de información.

La decisión ha levantado críticas en el sentido de que los seleccionadores de las ternas se perciben como parte del aparato que ha jodido tradicionalmente a los hermosillenses, es decir, los mismos actores políticos y empresariales que se han sentido con el PRIAN los dueños del changarro. Célida López responde que será su estilo personal de gobernar y que no se echará para atrás en su decisión de democratizar o ciudadanizar el proceso. Los incluidos se quedan porque hay que gobernar con todos… Se espera, claro, que sea también para el bien de todos.

MIENTRAS se van perfilando las coordenadas del próximo gobierno municipal nos llegan aires de decadencia por el rumbo del palacio de gobierno estatal. Sucede que la gobernadora busca afanosamente la oportunidad de hacer declaraciones, aparecer en la foto y dejar constancia de que ella es la titular del Ejecutivo por los próximos tres años. Nadie puede negar esto último, pero tampoco dejar de sonreír ante la ironía de que en esa búsqueda de notoriedad caiga en la inauguración de tramos de calle que fueron bacheados, de taquerías puestas en marcha, de pequeñas cosas que si bien es cierto son benéficas a particulares corresponden más a la figura del presidente municipal o algún funcionario subalterno, porque se dan en el espacio de la administración municipal.

Desde luego que los programas estatales pueden ser presumidos o informados (depende del tono y las circunstancias) por la gobernadora, pero me parece que hay niveles de exposición a la prensa local. Gastar la pólvora del poder en pequeñeces a nadie beneficia en términos de la imagen pública y de la investidura oficial que, seguramente, da para más.

La señora gobernadora puede estar segura de que la comunidad sonorense sabe quién es y de dónde viene. A dónde irá es, desde luego, asunto suyo.

EL LUNES 6 del presente se cumplen cuatro años del infame e impune ecocidio perpetrado por Buenavista del Cobre, dependencia de Grupo México de Germán Larrea. Por una falla en la contención se vertieron 40 mil metros cúbicos de sulfuro de cobre y una serie de metales pesados en un arroyo que desemboca en el Río Sonora, afectando 17.6 kilómetros del Arroyo Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora hasta llegar a la presa El Molinito, que provee de agua a Hermosillo (El Sol de Hermosillo, 25 de abril 2018).

La doctora Reina Castro Longoria ha impulsado el análisis de la toxicidad del agua y sus impactos en la vida silvestre y humana del los pueblos asentados en la rivera del Río Sonora, dando fe del considerable daño infligido en la salud de los pobladores y en la flora y fauna de los lugares afectados. Se concluye que el daño ecológico y económico es terrible y ha cambiado quizá para siempre la vida de estas comunidades. El gobierno ha sido omiso en la procura de justicia y resarcimiento pleno de los ciudadanos y familias perjudicados. Impunidad es una palabra bastante común en el estado.

Mientras que la gobernadora busca reflectores y oídos obsequiosos, el dolor de sufrir una enfermedad irreversible o de difícil curación agobia a muchos sonorenses que esperan justicia plena. Para nada son de celebrarse las inauguraciones de calles donde se taparon baches o carretas donde expenden tacos, de cara a las graves carencias que tenemos, a los agravios de administraciones estatales y municipales groseramente simuladoras, terriblemente ineficientes y patéticamente corruptas. Por eso la gente votó por el cambio y espera que en efecto ocurra, no en automático y como sea, sino con trabajo, transparencia y honestidad.

ME DESPIDO con la idea de que la vida debe ir de tal suerte que vida quede en la muerte.

La ola reaccionaria

“Los que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta”
(John F. Kennedy).

Así como vienen las cosas así se van, pero existe una fuerte tendencia a conservar el bien presente contra lógica, contra viento y marea, a contrapelo, entre otros conceptos ilustrativos de la resistencia al rumbo electoral decidido en las urnas. Algunos se empeñan en permanecer en el status de privilegio que la coyuntura les concedió en medio de la algarabía del logro político, del ascenso al poder, del acceso a las bondadosas latitudes del presupuesto, de la holgura en el ingreso, de la manga ancha del gasto, de la impunidad que viene con el cargo y las conexiones hechas a golpe de promesas, complicidades y afinidades porque ¿cómo dejar ir lo que se supone un logro no sólo político sino patrimonial?

La seducción del puesto y sus prerrogativas, empezando con la posición que se ocupa en la escala alimenticia del sistema, la consideración social y el poder de manipular la voluntad de los demás que incluye la posibilidad de corromper las conciencias subordinadas y torcer el brazo de la ley a gusto y contento, son irresistibles a la mentalidad subdesarrollada de quien sube en la ola que se impulsa bajo los supuestos de un gobierno cuya maquinaria se aceita con venalidad, nepotismo, tráfico de influencias, fraude y enriquecimiento “inexplicable”. Estamos tan acostumbrados a la discriminación que parece natural que existan enormes contingentes humanos anclados en la carestía más profunda que se ve normal que algunos gocen de privilegios y excesos y qué mejor que ser uno de ellos y hacer camino pisando sobre las cabezas de los demás en la ruta del ascenso político, la riqueza personal y el reconocimiento social. 

En este contexto, resulta necesario que haya “arriba” y “abajo” en la sociedad, porque la horizontalidad democrática es un serio obstáculo para tener la sensación de superioridad, de pertenencia a ese estrato destinado al gobierno y la administración de la nación y sus recursos. Los horrores de una sociedad equitativa, justa e incluyente acogotan a los próceres y despiertan temores insuperables: ¿ahora cualquiera puede tener el privilegio de mandar?, ¿las elecciones pueden ser ganadas por cualquiera mediante el simple expediente de tener una mayoría de votos?, ¿puede llegar al poder la oposición chaira, grasienta, greñuda y corriente, la chusma que sigue a López Obrador? Tras el 1 de julio quedó claro que sí, pero también que los beneficiarios del sistema se resisten y lo seguirán haciendo, acostumbrados a ganar “haiga sido como haiga sido”.

Ya ve usted que pronto empezaron a surgir supuestas irregularidades, verdaderos actos de difamación contra AMLO y partido triunfante, destacando el INE como arma contra la oposición al viejo régimen prianista, así como reclamos airados de promesas incumplidas ¡a meses de la toma de posesión presidencial!

Tenemos un prianismo impúdico, faccioso y desesperado hasta el ridículo, que apenas logra mantener un tono aparentemente civilizado al reconocer la evidente derrota, pero sin dejar de regatear lo que es claro: AMLO y Morena ganaron mayoritariamente por la voluntad electoral de un pueblo harto, cansado y francamente indignado, aunque capaz de tener esperanzas del cambio verdadero. Perdió el PRIAN y ganó la posibilidad de tener un gobierno del pueblo y para el pueblo, así que la difamación y la calumnia son instrumentos que se emplean para socavar los cimientos de una sociedad que está por construirse. La ola reaccionaria descarga su fuerza contra la posibilidad de cambio, contra las expectativas de millones de ciudadanos que ya decidieron qué es lo mejor para todos, pero los estallidos de miseria política, de chismografía pura, de mala leche y poca madre no pasarán de ser parte del anecdotario popular.

La guerra contra el próximo gobierno incluye medidas como el aumento extraordinario en los sueldos de los altos funcionarios de gobierno, la resistencia de magistrados y jueces a la política de austeridad que afectará sus ofensivos ingresos, las manifestaciones ratoneras de personajes de opereta como el encapuchado que parasita Chiapas y que saca la cabeza cada vez que hay que atacar a López Obrador, las amenazas empresariales ahora matizadas, los contratos de deuda vía préstamos de organismos financieros internacionales y los golpes o intentonas de golpe legislativo como los de Morelos, Sinaloa y Sonora.

En el caso de Sonora llama la atención la absurda maniobra de citar a una sesión extraordinaria del Congreso para socavar y disminuir las facultades de este órgano legislativo que representa la soberanía popular en beneficio de la gobernadora, que podría vetar las iniciativas del cuerpo legislativo próximo a entrar en funciones e impedirle hacer reformas y atarlo de manos en materia presupuestal. Una verdadera caricatura del más bajuno autoritarismo que rompería el equilibrio entre poderes y socavaría los cimientos de nuestra de por sí endeble democracia. Como se sabe, el golpe autoritario no pudo consumarse gracias a que no cuajó el acuerdo entre PRI y PAN que garantizaría impunidad para personajes del albiazul, más la protesta popular y a la lógica de los tiempos legislativos, aunque aún podemos esperar nuevos intentos.

En los tiempos que corren se impone la prudencia, la valoración serena de lo que se dice y lo que se hace, la capacidad de discernir lo que mejor conviene al país y la ruta más viable para lograr el objetivo propuesto. Son tiempos de rectificar, de replantear las cosas, de asumir la responsabilidad del cambio, de orientar nuestros esfuerzos en aras de lograr un mejor futuro para todos. El PRIAN y satélites deben entender que ya perdieron, que el infame sistema que defienden debe cambiar, porque la sociedad ya cambió.

La nueva descentralización

“En materia de gobierno todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar” (Sir Francis Bacon).

¿Y usted, ya terminó de celebrar? Le diré que estamos instalados en un razonable optimismo debido a la llegada de una nueva opción en el panorama político nacional y local, que cambia la perspectiva de un sistema aburridamente depredador y lesivo para los trabajadores y sus familias, reproducido en los discursos y en las prácticas de quienes detentan el poder y mentalizado en el simple ciudadano de a pie.

La experiencia de décadas de civilidad ficticia nos reduce a algo así como conciencias estrujadas por una realidad traumática y lesiva, indignante y perversa, que se reconoce pero que sus daños hacen que el ciudadano común se resista a aceptar la posibilidad del cambio, víctima de la incertidumbre de que las promesas eventualmente se conviertan en una realidad que no acabamos de digerir. Imagínese usted ya no tener enfrente al PRI o al PAN para reprocharle lo jodidos que estamos y lo mal que tendremos que estar con este sistema de mierda que nos acojona un día sí y otro también. Da “cosa” tener que redirigir nuestras expectativas y posibilidades en la dirección del cambio, de la novedad que campea en la nación desde el 2 de julio. Es fácil ver cómo el neoliberalismo genera una especie de Síndrome de Estocolmo en sus víctimas, de ahí que podamos llegar a pensar que si cambiamos “perderemos lo que hemos logrado”.

No le voy a aburrir con el obligado recuento de las propuestas y cambios que trae consigo la llegada de Morena al poder, porque para eso está la prensa que recupera para los lectores la masa informativa que se sirve en el desayuno de cada mexicano y extranjero metiche acerca de los nuevos aires que soplarán en nuestra patria. Me limitaré a comentar algunos detalles que pueden ser relevantes o no y que podrán repercutir en el rumbo de la nación o no.

Las consignas evangélicas de “no robarás” y “no mentirás”, se juntan con la necesidad de honrar la palabra empeñada y no defraudar, así como procurar el bien común en vez del enriquecimiento personal, tanto como vivir en forma modesta, dejando el boato y la ostentación en el ejercicio del cargo para la historia sangrienta y putrefacta de los gobiernos neoliberales.

La esperanza de la honestidad como práctica de gobierno apoya la idea de que los cambios pueden ser saludables, aunque la anunciada descentralización territorial del sector público federal plantea ciertos interrogantes de índole puramente práctico. ¿Los chilangos se van a avecindar de buen grado en latitudes donde el clima y las circunstancias son distintas a las que están acostumbrados? ¿El traslado de familias enteras será posible sin alterar la dinámica de los afectados de manera importante o permanente? ¿La mudanza nacional es absolutamente necesaria para el logro de los objetivos de desarrollo “horizontal” que se propone el nuevo gobierno? ¿Los actuales mecanismos de coordinación intergubernamental y de control del gasto no son suficientes y hay que establecer la figura del “coordinador” de programas federales? ¿El gabinete presidencial repartido en el territorio nacional será funcional, eficiente y capaz de responder con la rapidez y pertinencia que se espera?

Cabe recordar que los propósitos de descentralización (¿deslocalización?) del aparato gubernamental ya se plantearon tras el terremoto del 1985 en el viejo Distrito Federal, dada la vulnerabilidad de éste ante eventos naturales, a lo que habría que agregar la actual situación de alta contaminación ambiental, escasez de agua y cuadros de ingobernabilidad propios de una megalópolis que sufre los efectos de la inseguridad y la deficiente cobertura y calidad de los servicios públicos, ya rebasados por la creciente densidad poblacional. ¿La descentralización propuesta aprovechará el viaje y tendrá entre sus objetivos y efectos de mediano y largo plazo resolver los problemas ambientales, administrativos y políticos de la Ciudad de México, o es la descongestión de ésta el origen de la descentralización del aparato gubernamental?

Recuerdo que el discurso descentralizador de la década de los 80 se apoyó en la idea de que las soluciones a los problemas y los medios para resolverlos deberían estar localizados en el mismo lugar donde se generan. De ahí surgió el fortalecimiento de estados y municipios y la hechura de los dos grandes sistemas que orientaron las acciones del sector público: el sistema nacional de planeación y el sistema nacional de coordinación fiscal; esto dio al gobierno armas técnicas y operativas poderosas, ya que cada acción debía fundarse en un diagnóstico, un pronóstico, un programa de acciones, un presupuesto que lo hiciera posible, así como mecanismos y procedimientos de control y evaluación de las acciones y del gasto. Se implementó un sistema de relaciones intergubernamentales donde se respetaban las áreas de competencia tanto del gobierno federal como de los estados y municipios. Así, los conceptos de coordinación y cooperación tuvieron presencia en el discurso de la administración pública nacional, tanto como los de pertinencia, eficiencia y eficacia.

La profesionalización de los servidores públicos fue una realidad que se degradó con la llegada de la corriente neoliberal que unió ignorancia con voracidad al despreciar al profesional de la administración en aras de favorecer y emplear a parientes, recomendados o la ola de nuevos apalancados políticos por trienio o sexenio, tanto como acatar las consignas del extranjero. Así, el servicio público fue relegado al papel de instrumentar ocurrencias, dejando de lado la planeación como ejercicio de racionalidad económica y administrativa. Como consecuencia, dejó de hacerse política para hacer negocios.

Hoy se plantea un tipo de descentralización física y operativa de gran calado que debe definirse con claridad y hacerse discernible a los ojos, no sólo de los profesionales de la administración pública, sino del simple ciudadano que lee los periódicos, ve los programas de noticias y comenta en el café o la cantina las nuevas de lo que puede ser el principio de una importante transformación en el quehacer público nacional, que nos lleve a una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Así pues, es importante apoyar al nuevo gobierno, pero de forma crítica, sin lambisconerías ni complicidades. Hagamos posible el cambio verdadero.  

Reconciliación

“En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza” (Confucio).

El acontecimiento electoral que sigue comentándose con entusiasmo en los corrillos palaciegos, los cafetines de moda y en las cantinas citadinas es el triunfo de una oposición con signo de izquierda y planteamientos reformistas. Diríase que la oferta para el próximo sexenio es el de “poner las cosas en su lugar” sin violentar los acomodos del sistema económico más allá de ciertos límites. La tolerancia de los gringos puede ser la medida o límite en que un país dependiente haga su trabajo histórico en el concierto de las naciones y México, como sabemos, es el traspatio de la nación más belicosa del rumbo.

Sabemos que la soberanía e independencia de las naciones tiene justificaciones históricas y culturales frente a las consideraciones económicas que pueden llegar a transgredir aspectos sentidos de identidad y visión de futuro. Estamos conscientes de que la vecindad con el Tío Sam nos ha costado medio territorio nacional en 1848 y, en la actualidad, una autoestima que tiende al autogol antes que la anotación de un triunfo frente a las transnacionales del comercio, la energía y los servicios, pero también sabemos que muchas de las derrotas han sido producto de la corrupción, la negligencia y la traición.

Más allá de la triste página histórica en la que Santa Anna rindió sus armas frente el extranjero pese a comandar un ejército con superioridad numérica, tenemos la implantación del modelo neoliberal, impulsado por Salinas y continuado por los ocupantes de la silla presidencial hasta Peña Nieto, último presidente claramente entregado a los caprichos de EEUU y organismos financieros internacionales, que ha profundizado la liquidación de los recursos nacionales y que ha legislado en favor de la desnacionalización del patrimonio y la injerencia extranjera en materia económica, financiera, ideológica y de seguridad nacional. Nadie puede negar los efectos perversos de la implantación de un modelo apátrida a partir de la década de los 90, pero tampoco que ha sido debido a la debilidad y desorganización de un pueblo que parece desear no saber, no oír y no ver que la pasividad lo condena a ser víctima del extranjero por temor a ejercer una soberanía que debe defenderse cotidianamente. El 1 de julio de 2018 es la fecha en que esa pasividad comodona parece resquebrajarse en aras de llegar a ser lo que debemos ser.     

Creo que la oferta de López Obrador no es revolucionaria pero sí reivindicativa; parece más de rescate del espacio público y de empoderamiento ciudadano que de transformaciones radicales que trastoquen nuestras relaciones con el exterior de manera dramática y unilateral. Se trata de limar las aristas de un modelo depredador que propicia enriquecimientos ilícitos, básicamente mediante la instauración de la transparencia, honestidad y probidad del ejercicio público en los términos de la honorable medianía que postulaba Benito Juárez. De ahí que el acento se ponga en el combate a la corrupción, el respeto a la ley y la modestia que debe observar en todo momento el funcionario público.

Lo anterior, desde luego, debe complementarse con el diseño de políticas públicas de carácter nacionalista, que permitan recuperar el crecimiento económico y los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso, en aras de lograr el impulso del empleo y el ingreso dignos. Como salta a la vista, la legislación laboral, educativa, financiera, comercial, energética e industrial, entre otras, habrán de revisarse en beneficio de los fundamentos legales de un nuevo proyecto de nación, pues de otra manera se quedaría en buenas intenciones, pero sin posibilidades reales de aterrizar en un plan de desarrollo que unifique y oriente los esfuerzos nacionales.

López Obrador ha planteado la necesidad de lograr la paz con justicia, frente a la ola de delincuencia que azota al país; y muchas voces expresan que debe haber, tras el triunfo, un proceso de reconciliación nacional. Es evidente que no puede haber reconciliación sin justicia, sin apego estricto a la ley. Es en ese sentido que las acciones de los anteriores gobiernos deberán analizarse y juzgarse de acuerdo a las normas jurídicas vigentes y, desde luego, a su constitucionalidad, más allá de cesiones y concesiones turbias y ajenas al interés nacional. Cabe recordar que los gobiernos neoliberales dieron en modificar la Constitución a modo, de acuerdo al interés de las corporaciones transnacionales, con una evidente y criminal intención de desmantelar el aparato productivo nacional y profundizar así la dependencia respecto, principalmente, a nuestros vecinos del norte. De estas acciones se desprende una legislación secundaria que tiene que ser revisada a fondo y reorientar las normas en estricto apego al interés nacional.

Es claro que la reconciliación debe tener como prioridad el interés general por encima del particular y apuntar siempre al logro del bien común. Esa, me parece, debe ser la tarea del próximo gobierno en todos sus órdenes: federal, estatal y municipal. De la congruencia de las normas y la coherencia de las acciones depende el futuro del país. Así pues, reconciliémonos.