Reconciliación

“En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza” (Confucio).

El acontecimiento electoral que sigue comentándose con entusiasmo en los corrillos palaciegos, los cafetines de moda y en las cantinas citadinas es el triunfo de una oposición con signo de izquierda y planteamientos reformistas. Diríase que la oferta para el próximo sexenio es el de “poner las cosas en su lugar” sin violentar los acomodos del sistema económico más allá de ciertos límites. La tolerancia de los gringos puede ser la medida o límite en que un país dependiente haga su trabajo histórico en el concierto de las naciones y México, como sabemos, es el traspatio de la nación más belicosa del rumbo.

Sabemos que la soberanía e independencia de las naciones tiene justificaciones históricas y culturales frente a las consideraciones económicas que pueden llegar a transgredir aspectos sentidos de identidad y visión de futuro. Estamos conscientes de que la vecindad con el Tío Sam nos ha costado medio territorio nacional en 1848 y, en la actualidad, una autoestima que tiende al autogol antes que la anotación de un triunfo frente a las transnacionales del comercio, la energía y los servicios, pero también sabemos que muchas de las derrotas han sido producto de la corrupción, la negligencia y la traición.

Más allá de la triste página histórica en la que Santa Anna rindió sus armas frente el extranjero pese a comandar un ejército con superioridad numérica, tenemos la implantación del modelo neoliberal, impulsado por Salinas y continuado por los ocupantes de la silla presidencial hasta Peña Nieto, último presidente claramente entregado a los caprichos de EEUU y organismos financieros internacionales, que ha profundizado la liquidación de los recursos nacionales y que ha legislado en favor de la desnacionalización del patrimonio y la injerencia extranjera en materia económica, financiera, ideológica y de seguridad nacional. Nadie puede negar los efectos perversos de la implantación de un modelo apátrida a partir de la década de los 90, pero tampoco que ha sido debido a la debilidad y desorganización de un pueblo que parece desear no saber, no oír y no ver que la pasividad lo condena a ser víctima del extranjero por temor a ejercer una soberanía que debe defenderse cotidianamente. El 1 de julio de 2018 es la fecha en que esa pasividad comodona parece resquebrajarse en aras de llegar a ser lo que debemos ser.     

Creo que la oferta de López Obrador no es revolucionaria pero sí reivindicativa; parece más de rescate del espacio público y de empoderamiento ciudadano que de transformaciones radicales que trastoquen nuestras relaciones con el exterior de manera dramática y unilateral. Se trata de limar las aristas de un modelo depredador que propicia enriquecimientos ilícitos, básicamente mediante la instauración de la transparencia, honestidad y probidad del ejercicio público en los términos de la honorable medianía que postulaba Benito Juárez. De ahí que el acento se ponga en el combate a la corrupción, el respeto a la ley y la modestia que debe observar en todo momento el funcionario público.

Lo anterior, desde luego, debe complementarse con el diseño de políticas públicas de carácter nacionalista, que permitan recuperar el crecimiento económico y los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso, en aras de lograr el impulso del empleo y el ingreso dignos. Como salta a la vista, la legislación laboral, educativa, financiera, comercial, energética e industrial, entre otras, habrán de revisarse en beneficio de los fundamentos legales de un nuevo proyecto de nación, pues de otra manera se quedaría en buenas intenciones, pero sin posibilidades reales de aterrizar en un plan de desarrollo que unifique y oriente los esfuerzos nacionales.

López Obrador ha planteado la necesidad de lograr la paz con justicia, frente a la ola de delincuencia que azota al país; y muchas voces expresan que debe haber, tras el triunfo, un proceso de reconciliación nacional. Es evidente que no puede haber reconciliación sin justicia, sin apego estricto a la ley. Es en ese sentido que las acciones de los anteriores gobiernos deberán analizarse y juzgarse de acuerdo a las normas jurídicas vigentes y, desde luego, a su constitucionalidad, más allá de cesiones y concesiones turbias y ajenas al interés nacional. Cabe recordar que los gobiernos neoliberales dieron en modificar la Constitución a modo, de acuerdo al interés de las corporaciones transnacionales, con una evidente y criminal intención de desmantelar el aparato productivo nacional y profundizar así la dependencia respecto, principalmente, a nuestros vecinos del norte. De estas acciones se desprende una legislación secundaria que tiene que ser revisada a fondo y reorientar las normas en estricto apego al interés nacional.

Es claro que la reconciliación debe tener como prioridad el interés general por encima del particular y apuntar siempre al logro del bien común. Esa, me parece, debe ser la tarea del próximo gobierno en todos sus órdenes: federal, estatal y municipal. De la congruencia de las normas y la coherencia de las acciones depende el futuro del país. Así pues, reconciliémonos.