Hablemos de los fideicomisos

  

“El gobierno es un fideicomiso, y los oficiales del gobierno son fideicomisarios. Y el fideicomiso y los fideicomisarios se crean para el beneficio del pueblo” (Henry Clay).

 

 

El tema de moda, que viene cargado de emociones encontradas y de enormes despliegues mediáticos donde la saliva corre caudalosamente, es el de los fideicomisos.

El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas (fideicomitentes o fiduciantes) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser física o jurídica) para que administre o invierta los bienes en beneficio propio o de un tercero llamado beneficiario, y se transmita su propiedad al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario, es decir cualquier persona que tenga autoridad para administrar los bienes de otra persona a quien se le permite hacer tareas sin lucrar de estas, y que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona.

Seguramente usted ya tiene una larga lista de adjetivos que aplicar a esta figura y muy probablemente le faltarán otros cuya contundencia hablará de su enojo, complacencia o indiferencia respecto a la desaparición de una figura legal de cuya existencia muchos no tienen idea.

El ciudadano de a pie generalmente no se entera de la existencia de bolsas o fondos cuya cuantía puede ser significativa, porque generalmente permanecen ocultos tras el velo de la supuesta respetabilidad de las instituciones involucradas, que pueden ser judiciales, deportivas, culturales, científicas, entre otras.

En cualquier caso, lo que está en juego es una cantidad de dinero que bien puede contarse por miles de millones de pesos, aunque de su administración no se sepa nada o casi nada.

Así pues, ahora nos enteramos que el cocinero Daniel Ovadia, primo de Salomón Chertorivsky exsecretario de Salud de Calderón, fue beneficiario de varios fideicomisos del CONACyT durante el gobierno de Peña Nieto; o que varios fideicomisos se crearon para proveer a las necesidades de los magistrados de la SCJN que van desde abultar sus pensiones, complementar su asistencia en materia de salud, o mejorar sus viviendas; habiendo otros de carácter cultural que apoyaron proyectos cinematográficos como las películas de Eugenio Derbez; o el fideicomiso que apoyaba a Sabritas para el desarrollo de nuevas frituras, entre muchos otros.

Son 109 fideicomisos los que desaparecen y cuyos fondos milmillonarios pasan a la administración directa de la Secretaría de Hacienda, lo cual alborota hasta la histeria a muchos de los, hasta el momento, beneficiarios de las bolsas siempre discretamente ocultas al escrutinio público.

La desaparición de los fideicomisos trae aparejada la revisión escrupulosa de su funcionamiento, lo cual significa que muchos administradores y beneficiarios van a salir raspados y prácticamente con boleto para montar algún espectáculo de tiendas de campaña, protestas en medios de comunicación, sainetes en los recintos legislativos, plantones y performances con el tema de la dictadura, el asalto y cancelación del derecho al bienestar personal, gracias al dinero público ordeñado en forma de apoyos y asignaciones a beneficiarios suertudos e impunes… hasta el momento.

Para no hacer muy largo el cuento, le comento que el monto total en la bolsa de los fideicomisos en México es de $835,477 millones 800,000 pesos, lo que equivale al 15.82% de todo el presupuesto de 2018 y al 4.12 del PIB (Fundar, A.C., 2018).

Lo anterior seguramente explica por qué los panistas, priistas, perredistas, emecistas y, de repente, los petistas aúllan desconsolados y se rasgan las vestiduras, mientras ven que no sólo vuelan las tiendas de campaña en el Zócalo de la CDMX, sino también las expectativas de engordar el cochinito personal a costa de dinero público.

La extinción de los fideicomisos sube la canasta y empuja al destete de la ubre que estaban alimentando a miles de parásitos presupuestales, becarios, traficantes de influencias, holgazanes empedernidos y farsantes de diversa ralea.

La extinción de los fideicomisos no significa la suspensión de los apoyos, sino la eliminación del manejo discrecional de los recursos.

Por eso el crujir de huesos y el rechinar de dientes en la Cámara de Diputados y en las cámaras empresariales. No es fácil ver cancelarse la puerta de acceso al botín de poco más de 800 mil millones de pesitos, aunque sean devaluados y que ahora pasan al control de la Secretaría de Hacienda. Por eso chillan como marranos.

       

 

Desinfección por decreto

 

“El liderazgo significa inspirarnos para superar nuestros temores. La demagogia significa explotar nuestros miedos con fines políticos. Existe una diferencia fundamental” (Al Gore).

¿Usted cree que una infección de niveles pandémicos puede atajarse con decretos, leyes y demás medidas que criminalizan un evento natural recurrente y, lo que es peor, a quienes no acatan las disposiciones coactivas y robóticas resultantes?

Sinceramente no es correcto ni útil para combatir bichos como los coronavirus, de asombrosa ubicuidad y capacidad contagiosa, soltarse emitiendo leyes o decretos que obliguen al ciudadano a observar tales o cuales medidas sanitarias que pretendan ir más allá de lo que disponen las autoridades federales de la materia, en coordinación con los organismos internacionales dedicados a la salud.

Busto de Campodónico,
en Rosales y Serdán.

Vemos que se ponen de moda los cubrebocas, y que al margen de las condiciones que hacen recomendable su uso, algunas autoridades estatales insisten en demostrar cuán obtusas pueden ser y de qué tamaño son sus impulsos represivos al proponer leyes que obliguen al ciudadano a determinadas conductas consideradas por los promoventes necesarias e incluso indispensables para librarnos de contagios, pero que caen en el terreno de los dogmas y se convierten casi en objeto de culto.

¿Será que es mucha su necesidad de aparecer bajo los reflectores del Congreso del Estado, demostrando que no sólo cobran generosas dietas sino que además son capaces de proponer algo, aunque sea ridículamente desproporcionado?

El impulsar una ley para declarar obligatorio el uso del cubrebocas cuando la curva de contagios va para abajo es una vacilada, como también lo es si se considera que es una medida auxiliar recomendada en lugares cerrados, con escasa ventilación o cuando no es posible guardar la sana distancia, para lo cual no se necesita legislar sino establecer una campaña informativa inteligente.

Es claro que algunos legisladores y otras autoridades locales prefieren optar por el garrote legal y la punibilidad de ciertas conductas antes que informar, convencer y, sobre todo, documentarse adecuadamente antes de abrir una causa contra el ciudadano y los derechos humanos. Primero fue el ciudadano y parece que ahora el blanco de la acción “legal” será el empresario.

Da la impresión que las medidas recomendadas para lugares públicos cerrados como comercios, bancos u otras instituciones con aforo de personas se acaban de inventar, en un ejercicio de muy poca memoria o de mucho protagonismo.

Cuando se trata de posar para la historia legislativa de Sonora no debe haber reparos de carácter médico, científico o técnico, y basta con montarse en la histeria colectiva creada por la propia desinformación que reina en el medio local para hacer de héroe sanitario y adalid en la lucha contra ese horrible bicho microscópico que “si te contagias, te mueres o quedas jodido de por vida”.

No dudo que los señores legisladores de Sonora vayan a levantar la mano volteando a ver si hay alguna cámara dispuesta a capturar el momento solemne en que pronuncia el “sí” a la iniciativa, pero “en favor de la salud” de los sonorenses y con cargo a los sufridos dueños de establecimientos, aunque con sanciones revisadas y atenuadas, porque lo importante es de carácter mediático y, desde luego, preelectoral.

Con lo anterior queda al descubierto la orfandad política, la poca formación legislativa y la ignorancia pedestre sobre el sentido de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud.

Con todo respeto, pero este tipo de decisiones no ayuda a la salud ciudadana, aunque fortalece la especie de mitología que se teje en torno al evento epidemiológico del año, y permite encaramarse en la desinformación para cosechar algún reconocimiento por haber levantado el dedo de la participación legislativa.

Así las cosas, no estaría de más que quienes toman las decisiones en materia de salud tuvieran el cuidado de coordinarse con las autoridades sanitarias nacionales y no siguieran empeñados en redescubrir el agua tibia metidos en una burbuja de autocomplacencia.

Señores y señoras legisladores de Sonora, basta de necedades. Si no tienen nada sensato y útil que proponer, mejor sigan pastando en la pradera del Congreso, cobrando sus generosos estipendios y dejando que la vida siga su curso.

Proponer una iniciativa de ley para luego bajarle la cafeína no tiene mucho sentido, porque hay que recordar que una epidemia describe una trayectoria cíclica: hay un período de auge, de estabilización y de declive. En este caso, la curva de la epidemia de Sonora va en descenso.

La mejor decisión para el ciudadano es actuar con responsabilidad y prudencia, acatar las medidas preventivas establecidas desde el inicio por la autoridad competente y mil veces reiteradas en cadena nacional por el doctor López-Gatell, y dejar de lado las tonterías pueblerinas coactivas o represivas que lesionan derechos ciudadanos. Más seriedad.

 

 

         

 

 

El derecho de protestar

 “El primer principio de la protesta pública o privada es que no puede estar relacionada con cosa alguna de lo que el que protesta pueda ser responsable” (P.D. James).

Según el diccionario, protestar significa “exponer una persona de forma vehemente su queja, oposición o disconformidad por algo que considera injusto, inadecuado, ilegal, etc.”, y ya entrados en gastos, diremos que vehemente significa que se manifiesta “con ímpetu, viveza o pasión”.

En ninguna parte de la definición existe elemento alguno que suponga que protestar sea sinónimo de vandalizar, que significa “cometer acciones destructivas contra la propiedad pública”.

De lo anterior se desprende que no es lo mismo protestar que vandalizar y que son acciones independientes que responden a propósitos políticos distintos.  

Mientras que la protesta es una expresión pública de objeción o desaprobación de una acción o idea, el vandalismo carece de propuesta y sólo daña la propiedad pública (o privada), lo que genera un clima de hostilidad e inseguridad social además de desvirtuar la inconformidad legítima, ya que se toma como pretexto de conductas antisociales. La primera busca vías de entendimiento mientras que el otro impone una agenda caótica a la sociedad.

Es claro que los ataques contra la propiedad pública no constituyen vías de conciliación o medios válidos para reivindicar un derecho.

En el mejor de los casos la toma de edificios públicos, destrucción de aparadores comerciales, ventanales, cajeros automáticos, plafones, paradas y unidades de transporte público, las pintas o el daño a vehículos privados, paredes, monumentos y equipamiento urbano, reflejan simplemente la falta de conciencia social, el subdesarrollo emocional y político de quien ejerce el vandalismo; y en el peor escenario, da cuenta de una agenda perversa de caos social y desestabilización política.

Queda claro que la protesta tiene fines de mejora social mientras que el vandalismo es, más que un desahogo visceral, el trabajo sucio de peones políticos.

Tenemos ejemplos recientes de actos vandálicos en las acciones de la turba de mujeres que se arman de pintura, martillos y otros objetos contundentes y la emprenden contra la propiedad y servidores públicos en un sainete ridículo, tan condenable como cualquiera de los que protagonizan las bandas de porros que se infiltran en las manifestaciones pacíficas.

A estas alturas, casi nadie duda que el clima de inseguridad resultante esté relacionado con la escalada de descalificaciones y francos ataques contra el actual gobierno federal, protagonizados por varios actores, entre los que se encuentran:

A) El grupo de despistados pastoreados por Gilberto Lozano, un fascista de guarache, instalado mediáticamente en una parte del zócalo capitalino, entre rezos y maldiciones contra el presidente legal y legítimo de los mexicanos;

B) Acciones sediciosas de empresarios y políticos ligados al viejo régimen;

C) Gobernadores con finanzas opacas que quieren sostener la discrecionalidad en el gasto y réditos electorales;

D) La intelectualidad mercenaria y la prensa lacayuna aficionada al chayote que hizo del ejercicio periodístico un negocio prostibulario cuya materia prima es negociar la verdad a cambio de pagos y estímulos monetarios, y finalmente:

E) Los grupos porriles de “feministas” financiados por empresarios tales como María Beatriz Gasca Acevedo, mano derecha del priista Raúl Beyruti de GIN group (El Universal, 28/09/20) o las reclutadas por la priista Xóchitl Fuentes Martínez financiada por Grupo Femsa (Revolución 3.0, 28/09/20), además de los grupos formateados ideológicamente por opinólogos como Denise Dresser, del ITAM.

Aquí es inevitable señalar que la manifestación por un “aborto libre, gratuito y seguro” escenificada violentamente en la Ciudad de México el día 26 de septiembre, carece de sentido, toda vez que ahí es legal y cuenta con las garantías de salud siempre y cuando no rebase las 12 semanas de gestación. Si es legal, entonces ¿qué es realmente lo que persiguen? ¿A qué intereses responden sus acciones violentas?

Al respecto, en el caso de Sonora, existen dos excluyentes de delito: cuando es producto de un evento involuntario, accidental o el embarazo es consecuencia de una violación, y cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. Aquí tampoco aparece como necesario el ejercer acciones destructivas o violentas contra personas o edificios, dado que existen vías institucionales para atender inquietudes o propuestas de la parte interesada.  

Desde luego que no falta quién apoye el desorden, la violación de la ley y los derechos humanos, con el pretexto de que el ruido y la destrucción hace que las autoridades “volteen a ver” a las víctimas de agravios, como si no fuera posible otra vía, como si el estado de derecho pudiera ser realidad en el caos, e ignorando convenientemente la perfectibilidad de las normas jurídicas y los esfuerzos que se hacen para erradicar la corrupción y el resultado de décadas de simulación y discrecionalidad. 

Hoy más que nunca se ha garantizado la libertad de expresión y la libertad de manifestación de inconformidades y disensos, sin embargo se ha incrementado el tono y la frecuencia de las descalificaciones, los llamados a la insurrección, los intentos de lograr por la fuerza lo que no se logró en las urnas electorales, los esfuerzos por descarrilar a un gobierno que está trabajando en la reconstrucción nacional y dignificando el servicio público, además de ser ejemplo internacional en materia de programas de asistencia social, como “Jóvenes construyendo en futuro”, replicado en Escocia (El gato político News, 23/09/20) y el de apoyos a adultos mayores en EEUU (El Financiero, 24/09/20).

Lo anterior da cuenta de que el viejo régimen da coletazos agónicos, que sus beneficiarios no quieren reconocer que el pueblo decidió mandarlos al basurero de la historia, que nos encontramos en la construcción de una nueva civilidad donde la justicia debe y puede ser para todos, sin influyentismos, sin chayote, sin corruptelas ni manoseos de la verdad.

Ahora, lo que queda es que el pueblo preserve su identidad y memoria, y siga ratificando con su actuar diario la decisión que tomó en el pasado proceso electoral para hacer realidad una sociedad mejor, donde todo mundo quepa y donde todo mundo cuente.

   

¿Es la menstruación tema legislativo?

 “Todas me odian, pero cuando yo les falte ahí las quiero ver llorando” (La Menstruación).

 

El martes 8 de este mes de la Patria se presentó una curiosa iniciativa por parte del colectivo “Menstruación Digna” en la Cámara de Diputados, a través de la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, aunque también apoyada por legisladoras de las distintas fracciones parlamentarias (Proceso, 9.09.20).

La iniciativa consiste en reformar el artículo 2º “A” de la Ley del IVA, para “implementar una tasa 0% de IVA a productos de gestión menstrual como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, entre otros”, aduciendo que el actual impuesto de 16% es “discriminatorio y atenta contra los derechos humanos de las mujeres”.

En su exposición de motivos, destaca además que “atenta contra el acceso a la salud, la vida digna, el trabajo y la educación de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes”.

La propuesta, dicen, tiene por objeto “posicionar la gestión menstrual como tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México, vivirla con dignidad”.

Desde luego se entiende que la tasa cero del IVA a artículos de higiene personal íntima femenina contribuye a la salud, porque al eliminar el gravamen se abaratan los productos y se hacen más accesibles a los consumidores, pero llaman la atención varios aspectos.

Si se trata de facilitar el acceso a productos de higiene personal, ¿no deberían entrar en la bolsa los jabones, champús, desodorantes, pasta dental, cepillos dentales, entre muchos otros de uso generalizado?

¿La tasa cero de un producto va a contribuir a la “gestión” de la menstruación? Para empezar, ésta es una función fisiológica periódica que no se gestiona, simplemente sucede. Se pueden gestionar recursos para la educación, para la salud, o soluciones a problemas personales, sociales, o a cuestiones administrativas, pero no una función orgánica.

Guardando las proporciones, pero está como decir que la tasa cero en el IVA del papel higiénico contribuye a la gestión de la defecación, lo que es más notable en tiempos de diarrea. Usted vacía sus intestinos con IVA o sin IVA, porque es una función fisiológica, tan natural e involuntaria como orinar o sudar, o la necesidad de alimentarse o respirar.

Por otra parte, no veo cómo el funcionamiento fisiológico normal de una mujer le puede impedir el acceso a la educación, al trabajo y a una vida digna, menos en tiempos en los que abunda la información y donde la tolerancia y la no discriminación son pauta social políticamente correcta.

Tampoco queda claro que además de las niñas, adolescentes y mujeres (sic) vaya a favorecer a “otras personas menstruantes”. Aquí es obligado preguntar ¿además de las mujeres (que por razones anatómicas y fisiológicas tienen útero y ovarios) hay otros seres humanos que también menstrúan? ¿Cuáles?

Si se trata de incluir a personas como los travestis, transexuales y similares, lamentablemente no se puede hablar de menstruación ni como posibilidad fisiológicamente remota, en todo caso, llamémosle por aproximación diarrea, misma que se “gestiona” de otra manera.

También llama la atención que se pretenda “posicionar la gestión menstrual como tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas”, siendo que por razones naturales y culturales la menstruación es un suceso natural, personal, periódico e íntimo, que en todo caso requiere orientación en materia de higiene por parte de las familias y en las escuelas del nivel básico. Las funciones fisiológicas no son fenómenos sociales, políticos o económicos, sino orgánicos.

En este punto, uno se puede preguntar ¿de acuerdo con qué idea de humanidad se puede sostener que las funciones fisiológicas requieren políticas públicas y, en particular, “que creen condiciones estructurales para permitir a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México, vivirla con dignidad”? ¿De qué nos estábamos perdiendo en milenios, siglos y décadas antes de esta revelación convertida en iniciativa de ley? ¿La menstruación actual ocurre sin dignidad?

No dudo que la iniciativa tenga una finalidad reivindicativa y que elimine la discriminación, no de la mujer y “otras personas menstruantes” (sic), sino de los productos en sí, tomando como criterio que los artículos de higiene personal no deberían pagar IVA por ser de primera necesidad, tanto personal como de interacción social.

Lo que llama la atención, además de las observaciones arriba señaladas, es el momento político en que se lanza la iniciativa y en hecho de que es presentada por Movimiento Ciudadano, que junto con el PAN, PRD y PRI constituyen un frente clara e histéricamente opositor al gobierno de AMLO, aunque, según la fuente informativa, también es vista con simpatía por legisladoras del partido guinda.

De acuerdo con lo antes expuesto, pudiera ser pertinente no sólo afinar los conceptos y las intenciones de la iniciativa en comento, sino dar una buena revisada a todo el articulado a la Ley del IVA, para resolver y actualizar posibles lagunas o desfaces y dar, si corresponde, un mejor sentido social a la recaudación de este impuesto al consumo.

Pero sobre todo, resulta pertinente que cuando se presenten iniciativas vayan debidamente fundamentadas y mejor redactadas, para la cabal comprensión de su contenido y clarificación de sus propósitos.

 

Emocionalmente débiles

 

“Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie” (AMLO, conferencia matutina, 31 enero 2019).

 

Recientemente leí una reflexión que creo vale la pena rescatar: “Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado. Porque “todo” es ofensivo… incluida la verdad.” Está firmada por Ferrer, supongo que se trata de David Ferrer García, profesor, escritor y poeta español contemporáneo.

 

Si una veintena de mujeres toma la sede de la CNDH, en vez de manifestarse frente a la Fiscalía General, ¿tendremos que dar por hecho que su acción es justificada, independientemente de que pueda ser una reacción extrañamente tardía al ultraje de una menor ocurrido hace cuatro años, y que se ocasionen daños a las instalaciones y a su contenido?

 No necesariamente, porque a estas alturas muchos advierten que la toma es desproporcionada y vandálica y que bien pudieran haber protestado durante el gobierno de Peña Nieto ante las autoridades competentes, además de que se niegan a entregar las instalaciones y a participar en una mesa de diálogo.

 A lo anterior habría que agregar que pretenden destinar el edificio de la CNDH como albergue “para muchas mujeres de todo el país” que tengan el mismo problema porque, dicen, esta es una acción “okupa” y están disponiendo de un bien público.

 Como sabemos, las acciones “okupa” originalmente se dieron en Europa, particularmente en España, consistente en la ocupación de edificios abandonados por personas que carecían de habitación, por lo que llamar “okupa” a la toma de un edificio público que cumple una función social es por lo menos absurdo cuando no perversamente intencionado, como lo es la sustracción y destrucción de expedientes. ¿Quién o quiénes resultan beneficiados con el caos? La respuesta la puede encontrar siguiendo la liga: https://youtu.be/4pG94dVQvo0  

 Algo similar ocurre en el país con otros eventos donde la causa del feminismo se ve reinterpretada por grupos como los incubados en instituciones como el ITAM, que ven apropiado volcar sus impulsos destructivos contra edificios públicos, comercios e incluso ciudadanos cuyo pecado es ser de sexo masculino porque estaban, según el criterio gringo, “en el lugar equivocado y a la hora equivocada”, con lo que pasamos de la lucha de clases a la lucha de sexos, perdiendo toda perspectiva que suponga una transformación socialmente progresista e incluyente.

 En Hermosillo tenemos varias muestras: el asalto vandálico a Catedral, al Congreso del Estado, al edificio del Poder Judicial, y daños a varios edificios públicos y privados, además de pintas en paredes y monumentos, en un contexto político nacional y local en el que las mujeres tienen peso y paridad electoral y donde, por mencionar algunos ejemplos, tanto el gobierno del estado y de la capital del país, así como la Cámara de Diputados y nuestro municipio son presididos por mujeres.

 Dichas acciones “feministas” curiosamente no se daban en los sexenios anteriores donde las mujeres marchaban ejerciendo su derecho a la manifestación, pero no vandalizaban. Al parecer, ahora es el momento propicio para las expresiones de irracionalidad destructiva y provocativa, justamente cuando está el gobierno de la 4T, por lo que las pulgas del neoliberalismo se le cargan a un gobierno que dialoga y que postula que “todo por la razón y nada por la fuerza”.

 

Los hechos referidos se puede relacionar con la histérica emergencia de grupos opositores ultraconservadores y fundamentalistas de la derecha de campanario que acusa al gobierno de llevarnos al desastre y, lo que es peor, al comunismo; o como el grupo de gobernadores del PAN y otros ideológicamente afines que lo mismo piden la renuncia del coordinador de la lucha contra la epidemia, Dr. Hugo López-Gatell, que forman una “alianza federalista” que decide salir de la CONAGO, que es la asociación civil de los gobernadores de México.        

 A lo anterior habría que agregar la virulencia de Felipe Calderón y su partido familiar “México Libre”, lo que parece estar siendo demostrado por la presión que se da entre estas feministas “okupas” para apoyar al esperpento político-electoral borolista, según nota del portal Revolución tres punto cero (Daniel Serrano, 8 de septiembre de 2020).

 Cada vez es más evidente que la política se ejerce en las instancias judiciales y en las calles mediante el financiamiento de grupos radicales que levantan banderas en muchos casos legítimas, pero cuyos objetivos no son necesariamente los que exhiben, a partir de las acciones caóticas y delictivas que emprenden.

 

Al respecto, el gobierno de López Obrador celebra la libertad de expresión y dice que no a la violencia, no a la represión porque “no somos los mismos”. Por mi parte diría que está bien que “no seamos los mismos”, pero que justamente por eso se espera que se cumpla la ley y se garantice la paz pública, lo que implica el diálogo constructivo entre pueblo y gobierno, no la complacencia ni la evasión de responsabilidades que solamente dan fuerza al delincuente.

 A veces da la impresión de que la ley sólo se puede aplicar en ciertas circunstancias y con las debidas excepciones, por razones de lo políticamente correcto en su interpretación más libre y acomodaticia, quizá para evitar que cualquier acción de orden público pueda ser desvirtuada por parte de quienes proclaman a berridos que vivimos en una dictadura o que el gobierno tiene una visión patriarcal de la sociedad y la familia.

 Así pues, mientras el imperio de la ley y el estado de derecho pasan a ser meras figuras retóricas, los delincuentes pululan con pasamontañas negros y exhiben sin inhibiciones su vulgaridad destructiva, pateando el interés público para dar paso a la mezquindad beligerante de los enemigos del cambio.

 

Nuestra sociedad sufre los embates de una generación hipersensible, egoísta y autocomplaciente, acostumbrada tanto al eufemismo como al agandalle: en la política por ejemplo se puede dotar de palos a campesinos chihuahuenses y lanzarlos contra la Guardia Nacional; los delincuentes de cuello blanco se pueden llamar perseguidos políticos,  y los tramposos pueden lograr la presidencia de la Cámara de Diputados mediante el chapulineo de legisladores que hacen temporalmente una mayoría artificial en beneficio de cierta fracción parlamentaria, la del PRI, independientemente del lugar que hayan alcanzado en las pasadas elecciones federales.

 En consecuencia, se tienen mayorías efímeras y coyunturales que tuercen la voluntad del electorado y la democracia en México, y movimientos cuyas acciones son formalmente punibles pero que la carga emocional y desinformativa que compartimos logra convertir en caricatura reivindicativa.

 En una sociedad dominada por la simulación, la ignorancia y los convencionalismos, la verdad es molesta e indeseable y en abierta oposición al imperio incuestionable de la subjetividad y el capricho. Aquí, en efecto, “todo es ofensivo… incluida la verdad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cadáver del PRI

 

“Cuando más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje” (Aldoux Huxley).

 

Ya ve usted cómo son las cosas, la Cámara de Diputados tiene, por lo pronto, la presidencia en manos de Dulce María Sauri Riancho, de trayectoria inseparable de la cloaca política llamada PRI y sin duda representante de los valores de ese instituto político.

En estos tiempos donde las militancias se escabullen de las definiciones clásicas hay quienes ejemplifican con sobrada suficiencia la cara perversa de la política al modo del viejo régimen, porque relativizan las pertenencias ideológicas en aras de alcanzar mayorías instantáneas para llenar requisitos y lograr hacerse con posiciones como, recientemente, la presidencia de la mesa directiva de los diputados.

Pero, más allá del natural asco que produce el hecho de que el PRI alcanzó el número de legisladores que le permitió ser la tercera fuerza en el seno de la cámara, hay que tener claro y señalar que fue gracias a las manipulaciones, las trapacerías, los acuerdos y el chapulineo coyuntural de los legisladores, ya que, según el resultado de la elección del 1 de julio de 2018, esta posición le correspondía al PT.

El problema se dio a partir del trasiego de diputados que pasaron por alto la voluntad popular y se cambiaron a conveniencia la camiseta, inflando en este caso la nómina del PRI, y donde participaron estelarmente los legisladores del PRD, flamante comodín del Prianismo organizado.

Tan terrible realidad denota la pobreza política de un pueblo acostumbrado a que lo chamaqueen, lo acarreen, lo engañen cada trienio o sexenio, le den despensas, materiales baratos de construcción, tortas y refrescos cada campaña electoral, y en cada acto masivo la consabida camiseta, sombrilla y gorra.

La costumbre que se refrenda en los períodos electorales está claramente reflejada en la presencia del PRI, que por razones de legalidad plasmada en el reglamento ahora preside la Cámara de diputados, donde se legisla por México, sin olvidar que Morena y aliados son la mayoría que decide realmente el sentido de las decisiones, que Morena es la primera fuerza y que el partido no está solo, porque lo avalan 30 millones de votos en una votación histórica plena de legitimidad.

En lo personal, me parece ridículo el solo hecho de que los priistas tengan un papel en la conducción de las sesiones, pero de eso a que manden, dirijan o determinen el rumbo de la cámara de diputados hay una gran distancia.

Si consideramos que, chapulineo aparte, el PRI alcanzó transitoriamente el número de legisladores suficiente y necesario para ocupar el tercer lugar en la composición de las fuerzas electorales, y que por ese sólo hecho le tocaba presidir la mesa directiva, y que la votación era para elegir al legislador que iba a presidir dicha mesa directiva, entonces tenemos dos cosas:

 Primera: Los diputados de Morena simplemente acataron lo que dicta el reglamento, y tuvieron que aceptar que la tercera fuerza era el PRI.

 Segunda: La votación fue para elegir al presidente de la mesa directiva, que le tocaba por la razón antes señalada, al PRI. En este punto lo más sensato hubiera sido la abstención, el “ahí se la echan”, sin embargo, muchos de Morena optaron por votar por ceñirse a la disposición reglamentaria.

Algunos se manifiestan escandalizados, traicionados, decepcionados, ofendidos y decididos a cambiar de partido, siendo que de lo que se trata es de fortalecer a Morena y en todo caso reformar el reglamento que permite que los legisladores cambien de camiseta según vaya el viento, para después regresarse cómodamente a su posición original.

En todo caso, los cambios de fracción parlamentaria deben ser fundados y motivados y claramente explicados, y ser de carácter permanente o con candados que impidan la migración infundada y el oportunismo de coyuntura.

A juzgar por los proyectos en marcha del actual gobierno, es lícito pensar que Morena sigue siendo la mejor opción y que hay que fortalecerla, lo cual no deja de lado la crítica apoyada en el conocimiento y el análisis desapasionado de los hechos, mismos que no necesariamente demuestran que se trate de revivir el cadáver del PRI. Tocamos madera.

 

 

 

La corrupción ¿es cultura?

 

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella” (Joan Baez).

 

Desde que el gobierno de López Obrador inició sus esfuerzos por poner orden en el país, han repuntado las noticias, trascendidos y revelaciones sobre asuntos que desde antes se sospechaban en los corrillos ciudadanos: el sistema funciona gracias a la corrupción, expresada en forma de saqueo al erario, nepotismo, tráfico de influencias, desviación de fondos supuestamente etiquetados a programas sociales, de desarrollo económico, de modernización administrativa, de actualización del sistema legal acusatorio. También en materia del escalafón en el sector público y los mecanismos de premios y recompensas; así como en la forma y motivaciones para dictar sentencias por parte de jueces y ministros, los criterios para ocupar plazas en la burocracia, así como en la forma en que se legitiman los registros sindicales y las formas de ascenso y permanencia de las dirigencias.

 

También tenemos ejemplos importantes de corrupción en el sector privado cuando se inflan precios y se provoca escases de determinados productos con el fin de encarecerlos, sin olvidar los trucos para lograr el despido injustificado de empelados, la contratación temporal y la tercerización del empleo, las subrogaciones, la evasión de impuestos y el absurdo expediente de las pérdidas consolidadas, tanto como la devolución o la exención injustificada del pago de impuestos.

 En los estados y municipios, un gobierno que busca “mochadas” en la concesión de servicios como el alumbrado o la recolección de basura y que compromete las finanzas públicas o que pacta la desincorporación de bienes públicos por compromisos con agentes inmobiliarios privados, es y será corrupto, como lo es el que firma contratos y da concesiones a cambio de mochadas sin reparar en el costo económico y político de sus acciones.

 

Las recientes revelaciones periodísticas nacionales sobre los intereses y relaciones de García Luna, Osorio Chong, Videgaray  o Lozoya; o en el escenario local,  los reportajes de Cayetano Lucero en Vigilia Sonora y las redes sociales sobre el acaparamiento de tierras y aguas o los negocios inmobiliarios que se han logrado a costa del patrimonio público, por ejemplo en el municipio Hermosillo y Caborca, entre otros que padecen la depredación ligada a los apellidos Beltrones, Bours, Coppel, Padrés, Pavlovich o Torres, por citar algunos.  

 El expresidente Peña Nieto dijo que la corrupción era un problema cultural, en una forma cínica y simplista de convertir en “tema” lo que es esencialmente un problema.

 Si hay corrupción es que hay corruptos, y si hay corruptos es que el sistema provee las condiciones, los medios y la justificación para ello. Por eso, contra la lógica de la simulación y el cinismo, la actual administración federal apoya el recurso de la denuncia, la transparencia y el respeto a la ley de cara a un sistema judicial preñado de corrupción, nepotismo y vicios en la interpretación de la ley.

 

Los ataques histéricos y la ola de información falsa o distorsionada que impulsa el prianismo encabezado por los expresidentes Fox y Calderón, en la que concurren la prensa chayotera, el empresariado ganón y apátrida, el ciudadano frívolo y corruptible que se convierte en cómplice gratuito de explotadores laborales o de líderes charros, confirman que la actual administración pisa callos, afecta intereses y despierta la furia de los léperos de siempre.

 ¿Qué hacer ante esta plaga llamada corrupción? Pues atacarla con la denuncia ciudadana y la acusación formal de los agravios; no aceptar ni complicidades ni atropellos; levantar la voz ante las instancias correspondientes y ejercer, finalmente, una ciudadanía responsable, autocrítica e informada.

 Necesitamos tomar en serio eso de que “nada ni nadie por encima de la ley”, por eso tiene que ser una tarea y compromiso colectivo, y una demostración cotidiana de la madurez y conciencia del ciudadano como sujeto político, como hacedor de los cambios y como artífice de la nueva sociedad.

 Sólo así daremos fuerza y vigencia a la idea de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.