Conspiración en Pémex

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martes, 13 de diciembre de 2016

Gobierno de recortes y rezagos

Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo” (Fidel Castro).


Parece que la moda económica es aportar recursos al crecimiento de una economía que no es nuestra, que capta inversiones haciendo cuenta de los recursos disponibles en Sonora, para beneficio de gringos deseosos de montarse en el carro de una “mega región” basada en la transnacionalización unilateral de las materias primas, la localización o ampliación de maquilas y el soporte oficial y oficioso de un gobierno apátrida, sin más proyecto que babear de emocionada sumisión a otra soberanía. ¿Debemos presumir de ser una entidad exportadora de importaciones?


Es claro que los acomplejados imitadores de Antonio López de Santa Anna tienen la memoria débil y la mirada puesta en el dólar que se gana fácil por vía de la entrega del espacio y los recursos del dominio nacional, sea mediante concesiones, desincorporaciones amañadas, figuras legales dedicadas al menoscabo de la soberanía, abandono y deterioro de instalaciones, equipo y altas cargas fiscales, ataque al sindicalismo, topes salariales y manga ancha a los incrementos en las tarifas de los servicios y encarecimiento de los bienes de consumo.

Así como se liquidan en baratas de banqueta los recursos nacionales, también se reduce el Estado, la sobriedad de las instituciones y la inviolabilidad constitucional; se hace porosa y endeble la seguridad nacional y se crean figuras fascistoides como la de “seguridad interior”, pretendidamente en manos de soldados y marinos, porque las policías “no son capaces de contener la criminalidad”. ¿Habrá policía capaz de actuar de acuerdo a sus funciones legales cuando la ley se convierte en una mercancía a disposición del mejor postor? ¿Podrá haber orden en una sociedad presa del saqueo y gobernada por una especie de “narcojotocracia”?

En todo caso, ¿por qué la capacitación de los policías tiene que estar a cargo de instituciones extranjeras? ¿Por qué los gringos tienen que “acreditar” la preparación y el funcionamiento de las fuerzas de la ley mexicanas? ¿Tenemos que imitar las prácticas gringas, así como su sistema de justicia penal? ¿Es un logro la desnacionalización del discurso jurídico y la caprichosa actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
 
Si el objetivo es el de quebrar las empresas estatales y venderlas al extranjero, parece que hemos avanzado bastante. El modelo privatizador cala hasta la médula y la desarticulación de la producción nacional abre paso a procesos de integración de lo que se ha atomizado para que, debilitada, tenga que acoger inversión extranjera en áreas prioritarias para el funcionamiento presente y futuro del país. La clave de esta operación está a la vista: las empresas estatales se sometieron a un tratamiento sistemático de deterioro y obsolescencia, de corrupción que desquició su administración y que se agravó mediante un régimen fiscal que constituyó un saqueo sistemático e implacable por parte del gobierno. Tal situación tuvo como complemento ideal la ausencia de reinversión, de actualización tecnológica, para pasar a la reducción de las plantillas de personal y la agresión a las organizaciones sindicales. Las liquidaciones y ventas de garaje son la consecuencia obligada. Las llamadas reformas estructurales son el broche de oro de un largo proceso de liquidación nacional.

Como todo país que se suicida, al mismo tiempo que se deja la economía y las finanzas en manos ajenas, se ataca la educación, la salud y la seguridad social, como enemigos a vencer por ser bastiones de identidad y autoestima. El trabajo decente, la justa remuneración y la cobertura social, propias de un Estado funcional y solidario, se convierten en un reproche intolerable que debe eliminarse para el logro de los objetivos de dominación trasnacional. Ello trae consigo la disminución presupuestal en renglones claramente ligados a los derechos de los trabajadores y sus familias, porque la entrega de empresas y recursos al extranjero limita el gasto y la capacidad de cumplir con los objetivos del bien común. El país y sus regiones pasan a ser zonas de expulsión poblacional que, eventualmente, emigra al norte para, en su momento, servir de fuerza de trabajo barata y sin derechos plenos en suelo extranjero. México pierde población trabajadora, pero gana cifras billonarias en remesas. Es la victoria pírrica de un modelo que busca la derrota nacional.


En este marco, ¿a alguien le puede extrañar el incremento de la inseguridad pública?, ¿el aumento de los costos de los servicios, y su concesión a manos privadas?, ¿la corrupción generalizada y el consecuente rechazo popular a medidas innecesarias, burdas y lesivas a la tranquilidad y al presupuesto familiar? Hora de decir basta.

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