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viernes, 19 de junio de 2015

Los memes de la política

                                                      Toda necedad sufre el fastidio de sí misma (Séneca).

Cuando parecía que todo estaba visto y que la capacidad de asombro no podía ponerse más a prueba, una diputada suplente del partido Verde Ecologista de nombre Selma Guadalupe Gómez Cabrera, nos regala una verdadera perla legislativa en forma de iniciativa de Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen (¡uuuuffff!), porque “debe haber esta ley para protegernos a todos de la difamación porque es muy fácil escribir un mensaje sin tener una base…” (Expreso, 18/06/2015), en referencia al uso libre que se les da a las redes sociales para hacer señalamientos, denuncias, críticas y cotorreos. La legisladora señala que los memes constituyen una forma de difamación que atenta contra la dignidad del funcionario y afecta la integridad de las familias.

La preocupación por la defensa del trasero mediático de los funcionarios públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno no puede menos que conmovernos. Los electores quedarán en calidad de delincuentes cuando osen colgar imágenes y proferir comentarios jocosos o simples denuncias contra la mendacidad, frivolidad, ignorancia y venalidad de los legisladores y otros personajes públicos cuya función es la de servir al pueblo. Según el criterio de la señora Gómez, la imagen de quienes ostentan el poder es intocable y exenta de crítica, y toda expresión de sentido del humor político deberá ser penalizada.

Parece que la sapiente dama pasa por alto el ejemplo de Belisario Domínguez, así como los esfuerzos de personas de ideas opuestas al sistema opresor, como los Flores Magón y José Guadalupe Posada y la relevancia para la democracia de medios como El despertador americano, Siglo XIX, el Hijo del Ahuizote y Regeneración. La prensa, formal e informal a lo largo de nuestra historia política y social ha constituido un sólido pilar en el despertar de la conciencia crítica nacional, y ha sido importante indicador del rumbo y fortuna de la administración púbica. Es la vox populi plasmada en texto e imagen.

La insólita iniciativa permite aventurar algunas explicaciones acerca de la verdadera naturaleza de la propuesta. Puede ser simple afán protagónico cuando el foco de atención está en los que vienen más que en los legisladores que se van, lo cual lejos de contribuir a la normalidad democrática permite saborear cierto sabor represivo.

Otra posibilidad es la de curarse en salud, es decir, generar los instrumentos legales para tundir a los opinantes opuestos al sistema y, como consecuencia, eliminar la expresión de disidencias y la comunicación lúdica entre ciudadanos. Considerando el papel del Verde Ecologista en la lógica del sistema neoliberal liderado por el PRI, la iniciativa nos lleva inevitablemente a sospechar que pudiera presagiar un próximo gobierno ajeno al interés público y altamente nocivo para las mayorías, de suerte que se trate de evitar la información y las posibilidades de organización de grupos ciudadanos con reclamos acerca del ejercicio de las funciones públicas.

¿Será posible que siendo la diputada suplente del partido Verde, actúe como sicario legislativo y su iniciativa obedezca a un afán represivo anticipando las reacciones ciudadanas ante nuevos episodios de entreguismo a intereses privados, opacidad, corrupción y violación sistemática de los derechos ciudadanos? ¿Se sacrificará el bienestar de las familias por proteger acuerdos y componendas? ¿Se trata de garantizar la impunidad de nuevas generaciones de depredadores públicos amparados por el poder? En todo caso, ¿a quién puede beneficiar una sociedad amordazada?

Por otra parte, cabe suponer que la iniciativa puede obedecer a una ignorancia patética de nuestras leyes al resucitar el delito de difamación, sin olvidar que los medios electrónicos de comunicación no obedecen a la legislación local sino que son materia federal. En cualquier caso, todo intento de coartar la libertad de información supone un retroceso en el marco legal mexicano, ahora más que nunca sujeto a obligaciones internacionales donde se privilegian los derechos humanos, destacando en este caso la comunicación entre particulares y la libertad de prensa.

¿En qué estaba pensando la señora legisladora Gómez? No lo sabemos y ni siquiera es relevante. Lo verdaderamente importante es, en todo caso, la ligereza con que se legisla en nuestro estado y país. ¿Tendrán remedio? Lo cierto es que la diputada se convirtió por su propio esfuerzo en un “meme” legislativo. 

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